Análisis
María Campuzano, una defensora de los derechos humanos
“Ayer fue día de locos y hoy también. Tenemos acción ahora en Endesa y no sé a qué hora voy a salir. Si salimos” (mensaje de María Campuzano, 8 de noviembre de 2016)
“Acaba de saltar la noticia de que ha muerto una señora de 80 años, a la que le habían cortado la luz, en un incendio” (mensaje de María Campuzano, 14 de noviembre de 2016)
1. El agua
Conocí a María Campuzano como activista de Enginyeria Sense Fronteres (Ingeniería Sin Fronteras o ISF) en la lucha internacional por el agua pública. Desempeñó un papel clave en la articulación política de espacios como Aigua és Vida, la Red Agua Pública (RAP) y el Moviment per l’Aigua Pública i Democràtica (MAPiD).
Junto a Eloi Badia, Míriam Planas o Miquel Carrillo, entre otras personas, contribuyó a aterrizar en Cataluña y Barcelona el debate sobre la mercantilización del agua, tejiendo una red ciudadana en defensa de su gestión pública y democrática.
Impulsó la remunicipalización, el control social del recurso y la lucha contra los cortes de suministro, defendiendo el reconocimiento efectivo del derecho humano al agua.
2. Las industrias extractivistas
Formó parte del núcleo impulsor de la Plataforma de Seguimiento de las Industrias Extractivas (PSIE), creada en 2007 por Ingeniería Sin Fronteras junto a otras organizaciones como un espacio de análisis, denuncia e incidencia frente a los impactos de las industrias extractivas (mineras, petroleras y gasísticas).
ISF se situó en el centro de redes que conectaban distintas luchas contra el poder corporativo —extractivismo, deuda ecológica y control de transnacionales— como RETS (Respostes a les empreses transnacionals), la Campanya Qui deu a qui? o la propia PSIE.
María formó parte de ese ecosistema militante, actuando como articuladora entre lo local y lo global, y entre lo político y lo jurídico
El trabajo de María se centró en visibilizar violaciones de derechos humanos y daños ambientales asociados a estos sectores, cuestionar el papel de las políticas públicas españolas y fortalecer vínculos entre Europa y comunidades afectadas del Sur global. También contribuyó a generar formación y discurso crítico desde la ecología política.
Ayudó a introducir el debate sobre extractivismo en espacios institucionales, consolidar un marco crítico sobre el poder corporativo en el Estado español y sentar bases para campañas posteriores sobre regulación de transnacionales y justicia climática. En este proceso, actuó como puente entre redes locales e internacionales.
3. Tribunal Permanente de los Pueblos y Enlazando Alternativas
Hace más de veinte años compartimos la construcción de la red birregional Enlazando Alternativas, que articulaba resistencias frente a los acuerdos comerciales entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe y promovía el juzgamiento de empresas transnacionales en el Tribunal Permanente de los Pueblos.
María se implicó en el desarrollo de mecanismos desde abajo para denunciar la impunidad corporativa. En ese camino, aprendimos —junto a muchas otras personas— que la lucha no entiende de fronteras: América Latina y Europa se convirtieron en territorios conectados por conflictos y agresores comunes y resistencias compartidas.
El Tribunal Permanente de los Pueblos, creado en 1979, ha funcionado como un tribunal ético internacional que juzga violaciones de derechos humanos cuando el derecho oficial no actúa. Desde 2006 celebró varias sesiones sobre empresas europeas en América Latina y el Caribe, coordinadas por la red Enlazando Alternativas, convirtiéndose en una herramienta de denuncia y articulación internacional frente a las cumbres de Jefes de Estado y de Gobierno UE–América Latina y el Caribe (tales como Viena, 2006; Lima 2008 o Madrid, 2010).
Las risas y las amistades se colaron entre los debates intensos de reuniones y asambleas interminables. Recuerdo su capacidad de escuchar, de cuidar los procesos, de sostener lo colectivo incluso cuando todo parecía frágil.
Estas dinámicas permitieron visibilizar la complicidad entre gobiernos y corporaciones e impulsar la exigencia de normas vinculantes. María formó parte de ese ecosistema militante, actuando como articuladora entre lo local y lo global, y entre lo político y lo jurídico. Supo transformar la denuncia en acumulación política y construcción de alternativas.
4. Contra la economía verde
También tuvo un papel destacado en el ciclo de Río+20 desde la Alianza ¿Economía Verde? ¡Futuro Imposible!, contribuyendo a construir una crítica sólida a la llamada economía verde como nueva vuelta de tuerca del capitalismo global basada en la privatización, mercantilización y financiarización de la naturaleza.
La Alianza conectó luchas locales y globales y participó activamente en la Cumbre de los Pueblos en Rio de Janeiro (2012). María fue una de sus voces de referencia, llegando a debatir con el entonces ministro Miguel Arias Cañete sobre la privatización de bienes comunes.
Su aportación consistió en traducir análisis complejos en discurso político accesible, reforzando la denuncia pública y la articulación colectiva. Formó parte de una generación que fortaleció la lucha internacional contra la impunidad de las transnacionales y supo tejer alianzas duraderas.
5. El Tratado Vinculante
De estos procesos surgió en 2012 la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder de las Transnacionales y poner Fin a la Impunidad, una coalición internacional que impulsó tanto un Tratado de los Pueblos como la demanda de un tratado vinculante en Naciones Unidas.
Uno de los hitos más importantes de la campaña tuvo lugar en 2014, en Ginebra, cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 26/9. Esta resolución, impulsada por países del Sur global como Ecuador y Sudáfrica y apoyada por una amplia red de movimientos sociales —entre ellos la campaña internacional contra el poder corporativo en la que participaban redes como Enlazando Alternativas—, estableció un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar un tratado internacional jurídicamente vinculante para regular la actividad de las empresas transnacionales en materia de derechos humanos.
El significado político de este paso fue enorme: por primera vez, el sistema internacional reconocía la necesidad de pasar de marcos voluntarios (como la responsabilidad social corporativa) a obligaciones legales vinculantes para las empresas. Era una reivindicación histórica de los movimientos sociales, que llevaban décadas denunciando la impunidad corporativa a través de iniciativas como el Tribunal Permanente de los Pueblos.
Sin embargo, desde el inicio el proceso estuvo marcado por fuertes tensiones. Potencias como Estados Unidos y la Unión Europea se opusieron o adoptaron posiciones obstructivas, presionadas por intereses empresariales. Esto se tradujo en intentos de diluir el alcance del tratado, limitar su aplicabilidad o retrasar las negociaciones. Desde entonces, el tratado ha estado condicionado por la correlación de fuerzas global: entre quienes buscan mecanismos efectivos para controlar el poder de las transnacionales y quienes tratan de mantener un marco internacional que garantice su impunidad.
María actuó en 2020 como una de las voces públicas y políticas de la APE que empujaron la ampliación de la protección frente a los cortes de agua, luz y gas durante la pandemia
Cuántas horas pensando estrategias, denunciando tratados injustos, señalando a las transnacionales que operan con total impunidad. Pero lo más importante no era solo lo que combatíamos, sino cómo lo hacíamos. Aprendimos que la firmeza no está reñida con la ternura, que la radicalidad puede ser profundamente humana.
6. Acabar con la pobreza energética
A partir de 2014, María se volcó con cuerpo y alma en la Alianza contra la Pobreza Energética, nacida en el contexto de la crisis económica iniciada en 2008, caracterizada por desempleo masivo, empobrecimiento y pérdida de derecho. En esos años, decenas de miles de familias no solo perdían su vivienda —en paralelo a la oleada de desahucios denunciada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)— sino que, incluso quienes lograban mantenerse en sus casas, empezaban a sufrir cortes de luz, agua y gas por impago de facturas.
Este escenario reveló una nueva forma de exclusión: la pobreza energética, entendida no como un problema individual sino como el resultado de la combinación de precios elevados por el oligopolios energético, bajos ingresos de la clase trabajadora, especulación financiera y un mercado energético dominado por grandes compañías. A ello se sumaba la falta de mecanismos de control del Estado y protección eficaces de las personas vulnerables: los servicios sociales llegaban tarde o eran insuficientes, y las empresas podían cortar suministros esenciales sin apenas control.
La Alianza contra la Pobreza Energética surgió como una respuesta organizada desde abajo, inspirada en el ciclo de movilización abierto por el 15M y por la PAH, que combinó acompañamiento directo a familias, denuncia pública, presión institucional y acción directa para situar este problema en el centro del debate político. En la calle, esto se tradujo en concentraciones frente a la Generalitat y ocupaciones de oficinas de las empresas eléctricas y de gestión de agua, como la protesta en Barcelona tras la muerte de Rosa en Reus, donde la APE y la PAH exigieron responsabilidades y reclamaron que se aplicara de verdad la Ley 24/2015, una norma que la propia APE presentó como una herramienta que salva vidas porque obliga a consultar a servicios sociales antes de cortar el suministro.
Durante la pandemia de covid-19, estas desigualdades se agravaron, reforzando la necesidad de medidas como moratorias de cortes y condonación de deudas.
María actuó en 2020 como una de las voces públicas y políticas de la APE que empujaron la ampliación de la protección frente a los cortes de agua, luz y gas durante la pandemia. El primer decreto, el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, prohibía durante un mes los cortes solo a consumidores vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social; la propia APE señaló enseguida que esa cobertura era insuficiente porque dejaba fuera a muchas familias en vulnerabilidad del mercado libre. La APE explicó que el Real Decreto-ley 11/2020 amplió esa prohibición “a todos los consumidores personas físicas en su vivienda habitual” durante el estado de alarma, y lo presentó como una corrección que la organización había reclamado desde el primer día.
La gran victoria de la APE no fue solo jurídica, sino política: logró que la pobreza energética dejara de verse como un problema individual y se entendiera como una violación de derechos
En síntesis, ella fue una activista importante en la presión política y comunicativa que llevó a endurecer y ampliar la protección frente a cortes en pandemia y en los años después, insistiendo en que el derecho a la energía y al agua no podía depender ni del tipo de contrato ni de la capacidad de pago inmediata de una familia.
Entre sus logros políticos más claros de la APE destacan dos: primero, evitar miles de cortes desde la entrada en vigor de la Ley 24/2015, gracias a la presión social y a la defensa insistente del principio de precaución; segundo, arrancar consecuencias materiales a las compañías, como la campaña de condonación de deudas, que la APE lanzó contra Gas Natural Fenosa, y la victoria frente a Aguas de Barcelona/Agbar, que tras una acción de la APE acabó aceptando un proceso de mediación y liquidando más del 90% de la factura pendiente de miles de familias de Barcelona y otros municipios. La APE también forzó al Govern a abrir expedientes y sanciones, aunque denunciando que eran insuficientes y que la Generalitat seguía sin hacer cumplir la ley con la contundencia necesaria.
La gran victoria de la APE no fue solo jurídica, sino política: logró que la pobreza energética dejara de verse como un problema individual y se entendiera como una violación de derechos vinculada a oligopolios, impunidad empresarial y negligencia institucional, mientras consolidaba un repertorio de lucha muy eficaz basado en la combinación de movilización, asesoramiento, litigio político y presión pública.
7. Juicio a las eléctricas
Durante todos estos años, María participó en numerosos espacios sobre democracia energética. La última vez que la vi fue en el “juicio popular a las eléctricas” de 2023, una acción simbólica frente al Congreso que denunciaba abusos del oligopolio y la complicidad institucional.
Inspirado en formatos como los tribunales éticos, el acto escenificó un juicio en el que se acusaba a empresas energéticas por prácticas como precios abusivos, acumulación de beneficios extraordinarios en plena crisis y vulneración sistemática del derecho a suministros básicos.
El juicio puso el foco en varios elementos claves, tales como los cortes de suministro o amenazas de corte a familias vulnerables, la deuda acumulada de hogares empobrecidos sin mecanismos reales de condonación, los beneficios récord de las grandes energéticas frente al aumento de la pobreza o la complicidad institucional por falta de regulación efectiva o sanciones suficientes del Gobierno español.
La acción también simbolizaba la pedagogía política que empleó Maria durante todos estos años, orientada a visibilizar los conflictos estructurales. Su papel fue central en la construcción del relato, conectando experiencias concretas con análisis estructural y reforzando la legitimidad de la acción.
En definitiva, ejerció como referente moral y político en la defensa de derechos básicos.
Hoy me duele pensar en todo lo que queda por hacer sin tu presencia. ¡Maldición de cáncer que nos arrebatado una persona tan especial y comprometida! Pero es imposible no sentirte en cada lucha que continúa, en cada red que sigue tejiéndose, en cada persona que compartió contigo camino y acción. Tengo la certeza de que no te vas. Estás en lo que construimos, en lo que defendemos, en lo que está por venir.
Gracias, María, por tanto. Por la claridad, la honestidad y el sostén. Por enseñarnos a no rendirnos y a hacerlo, además, de la única forma que importa: juntas. Con todo el cariño y la rabia que también nos enseñaste a sostener. Te echaremos mucho de menos.
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