Opinión
La caída del escudo social, un retroceso gravísimo en la protección del derecho a la vivienda

La caída del escudo social y de la moratoria que permitía suspender los procedimientos de desahucio en los casos en los que los servicios sociales habían acreditado la existencia de familias vulnerables supone un retroceso gravísimo en la protección del derecho a la vivienda. Estas medidas no eran un privilegio ni una concesión injustificada, sino un mecanismo imprescindible que permitía a las familias permanecer en su vivienda mientras las administraciones públicas, obligadas legalmente a ello, debían buscar una alternativa habitacional. Una obligación que, en un inmenso número de procedimientos, no se cumple, amparándose en la falta de recursos, de vivienda pública o de voluntad política.

Con la desaparición de estas protecciones, miles de familias quedan expuestas a ser desalojadas sin que exista ninguna solución prevista para ellas. Hablamos de hogares con menores a cargo, familias procedentes de ejecuciones hipotecarias que habían accedido a un alquiler social ya finalizado, personas enfermas, personas jubiladas con pensiones bajas o unidades familiares que no pueden acceder a una vivienda en el mercado actual por los precios desorbitados del alquiler. Se estima que más de 60.000 familias pueden verse afectadas directamente por esta situación, con consecuencias sociales, económicas y humanas de enorme gravedad.

Para favorecer el rentismo y la especulación inmobiliaria estas fuerzas políticas han demostrado estar dispuestas a sacrificar derechos fundamentales.

Es importante recordar que estas medidas ofrecían cobertura únicamente cuando el desahucio era instado por grandes tenedores, como bancos, fondos de inversión o grandes propietarios, mientras que en los casos en los que quien promovía el procedimiento era un pequeño tenedor, el juez podía rechazar la suspensión. Por tanto, no estamos ante una carga impuesta a particulares vulnerables, sino ante una limitación mínima y proporcionada al poder de actores que concentran vivienda y capacidad económica, y que operan con una posición de fuerza evidente frente a familias en situación de necesidad.

Pese a ello, Partido Popular, Vox y Junts han votado en contra de la renovación de estas medidas, justificando su decisión mediante un discurso del miedo, agitando de forma interesada el espantajo de la ocupación. Sin embargo, la ocupación representa un porcentaje mínimo de los casos y no guarda relación con la inmensa mayoría de los procedimientos afectados por la caída del escudo social. Al mismo tiempo, estas formaciones políticas gobiernan administraciones que no están cumpliendo con su obligación de garantizar alternativas habitacionales, demostrando una absoluta incapacidad —o falta de voluntad— para dar respuesta a una emergencia social que no deja de agravarse.

Mientras se eliminan las escasas medidas de protección existentes miles de familias vulnerables quedan abocadas al desahucio, convertidas en daños de una política que prioriza la especulación frente a la vida.

Esta estrategia política no es neutra ni accidental. Para favorecer el rentismo y la especulación inmobiliaria, y proteger los intereses de quienes hacen negocio con un bien básico como la vivienda, estas fuerzas políticas han demostrado estar dispuestas a sacrificar derechos fundamentales. Amparados en el mismo discurso del miedo y la supuesta contención del gasto, han llegado incluso a impedir la revalorización de las pensiones, condenando a miles de personas mayores a la pérdida de poder adquisitivo, mientras se blinda el beneficio de fondos de inversión, bancos y grandes propietarios.

De este modo, mientras se eliminan las escasas medidas de protección existentes y no se ofrece ninguna alternativa real, miles de familias vulnerables quedan abocadas al desahucio, convertidas en daños colaterales de una política que prioriza la especulación frente a la vida de las personas. PP, Vox y Junts pasan a ser responsables directos de los desahucios que se van a producir, tras haber dicho no a la protección sin poner absolutamente nada en su lugar, olvidando que detrás de cada procedimiento hay seres humanos, no cifras ni titulares alarmistas.