Opinión
La gestión de los incendios en Andalucía necesita más prevención, transparencia y participación local

El ser humano se ha constituido tal vez en el factor ambiental reciente más importante de los ecosistemas forestales mediterráneos y se podría argumentar, con cierta cautela, que el actual paisaje vegetal es una herencia del pasado antrópico de nuestros paisajes vegetales. Aun así, se pueden distinguir muy claramente en nuestro territorio dos tipos de masas forestales: las naturales o seminaturales (como los bosques y las dehesas) y los cultivos forestales (sobre todo de eucaliptos y de pinos diversos). Las primeras requieren de escasas transformaciones del medio, han sido moldeadas a lo largo de milenios por el hombre y los ganados, son resistentes y resilientes a los incendios, presentan una heterogeneidad de especies y mantienen una elevada biodiversidad y son socialmente muy aceptadas; las segundas requieren importantes transformaciones del medio, se incendian con facilidad, no son resilientes, mantienen una baja biodiversidad y su valor social está limitado a los recursos económicos que son capaces de producir.

Complementariamente, es preciso considerar que el fuego en la cuenca del Mediterráneo juega desde hace decenas de miles de años un importante papel como factor selectivo que ha obligado a las especies vegetales a adoptar determinadas estrategias adaptativas para su mejor supervivencia. Los diversos mecanismos de adaptación al fuego que presentan algunas de nuestras especies mediterráneas, como la gran capacidad de rebrote (de alcornoques, encinas, acebuches, madroños, brezos) o la facilidad de germinación de las semillas tras los incendios (sobre todo de los pinos y de las jaras), permiten suponer que dichas estrategias son muy antiguas, desarrolladas tras miles de años en que los fuegos eran sucesos frecuentes y recurrentes. 

De la prevención no disponemos apenas de datos,  la Junta de Andalucía no facilita información clara y transparente. Al parecer, se han invertido 60-70 millones de euros de un total de 211 dedicados a incendios, es decir, un tercio del total. 

En la actualidad, el mayor riesgo de incendios en las masas forestales está relacionado con la utilización en los cultivos forestales (repoblaciones) de especies resinosas o con aceites esenciales altamente combustibles (eucaliptos y pinos de varias especies), la acumulación de excesivo material combustible que se produce anualmente y no es consumido por el ganado, la proximidad de pueblos, aldeas y urbanizaciones a los espacios forestales sin infraestructuras de amortiguación y la casi desaparición de la ganadería extensiva y de los modos de vida del medio rural que se han ido difuminando a pesar de los “esfuerzos” de la Unión Europea con la puesta en marcha de la Política de Desarrollo Rural (pilar II de la PAC) y de su plasmación en Andalucía como Plan de Desarrollo Rural (PDR) que incluye medidas agroambientales con ayudas específicas para la gestión sostenible de las dehesas, el pastoreo extensivo y otras ayudas forestales que no siempre han sido lo cuantiosas que debieran e incluso no se han llegado a articular por parte de la Junta de Andalucía en un claro desprecio hacia el medio rural y sus habitantes. 

Si a todo ello le juntamos las escasas precipitaciones y las altas temperaturas veraniegas (propias del clima mediterráneo, pero agravadas en intensidad y duración debido al cambio climático) y la fuerte velocidad (a veces) de los vientos, tenemos todo un cóctel que propicia que se produzcan grandes incendios forestales.

La superficie calcinada en España en estos momentos supera las 382.000 ha (228 incendios, de los cuales 52 son grandes incendios que superan las 500 ha) y vamos camino de agrandar ese dato tan estremecedor con comunidades autónomas muy afectadas como Castilla y León, Extremadura y Galicia. 

En vez de aumentar el presupuesto, dados los indicios del cambio climático y el previsible aumento de grandes incendios muchas veces incontrolables y devastadores a pesar de los medios técnicos empleados, parece que la Junta de Andalucía prefiere aumentar los presupuestos para caza y tauromaquia emulando a la vecina Extremadura

Aquí en Andalucía no tenemos que reportar ningún gran incendio hasta el momento, pero eso no impide que se puedan mejorar determinados aspectos, sobre todo de la prevención y también de la extinción. Es preciso que se dote a los equipos de bomberos forestales de todo el equipamiento adecuado (EPI) para su propia protección y de los vehículos terrestres adecuados para transitar por carriles, algo que ya han denunciado los sindicatos antes del inicio de la campaña de incendios. Incluso aún hay retenes incompletos a estas alturas del año y se han detectado problemas de avituallamiento a algunos retenes. Por el lado de la prevención no disponemos apenas de datos, otro problema añadido de la Junta de Andalucía, que no facilita información clara y transparente. Al parecer, se han invertido 60-70 millones de euros de un total de 211 dedicados a incendios, es decir, un tercio del total. Nos preocupa bastante que en la Adecuación del Plan Forestal Andaluz aprobada por el Gobierno autónomo el 21 de noviembre de 2023, las cantidades asignadas a las inversiones forestales vayan disminuyendo. Así, en el apartado de Prevención y lucha contra los incendios forestales se contemplaban 216,3 millones de inversión en 2023, 200,3 en 2024, 167,6 en este año 2025, 168,8 en el 2026 y 165,3 en el 2027. En vez de aumentar el presupuesto, dados los indicios del cambio climático y el previsible aumento de grandes incendios muchas veces incontrolables y devastadores a pesar de los medios técnicos empleados, parece que la Junta de Andalucía prefiere aumentar los presupuestos para caza y tauromaquia emulando a la vecina Extremadura. 

Desde la Plataforma por el Monte Andaluz creemos que las inversiones en tratamientos selvícolas, repoblaciones en las cabeceras de cuencas hidrográficas y la lucha contra las plagas y enfermedades, junto con un apoyo económico decidido para la investigación forestal y para las asociaciones que venimos luchando por el bien forestal común, deben ser objetivos prioritarios. El dinero que llega de Europa debe circular y ayudar a la reconstrucción de los paisajes calcinados y de los bienes perdidos por los ciudadanos. Proponemos además que se faciliten los procesos de regeneración natural de la vegetación tras los incendios y que se tengan en cuenta las ventajas de mantener al menos por un tiempo la madera muerta en su lugar. En este sentido, proponemos también un Comité científico y ciudadano multidisciplinar en Andalucía para evaluar y asesorar en los procesos de restauración una vez extinguidos esos incendios. 

Los incendios forestales, por desgracia, continuarán produciéndose y provocando importantes daños sociales, como la pérdida de vidas o desplazamientos de la población e importantes efectos ecológicos por pérdida de biodiversidad, emisión de gases de efecto invernadero, erosión de suelos, efectos sobre el paisaje y alteraciones en el ciclo hidrológico. Y por supuesto económicos, tanto por la valoración de los anteriores efectos descritos como por los gastos en extinción o el impacto en la producción de materias primas, bienes y servicios del sector forestal. Por todo ello, debemos redoblar nuestros esfuerzos para adecuar nuestros bosques a las nuevas condiciones climáticas, tomando las medidas necesarias para disminuir al máximo el número de incendios y sus perniciosos efectos.