Opinión
De invasores, fronteras y cuerpos sacrificables

Hay palabras que no solo describen la realidad. También la producen. Y la palabra “invasión” es una de ellas.

Cuando se utiliza para hablar de personas que migran, no estamos simplemente escogiendo un término neutro. Estamos cambiando el marco desde el que miramos esas vidas. Dejamos de hablar de personas que se desplazan por unas determinadas condiciones materiales, históricas y políticas, y pasamos a hablar de una amenaza. De cuerpos que llegan. De cuerpos que ocupan. De cuerpos que supuestamente ponen en peligro algo.

Y cuando un cuerpo es construido como amenaza, determinadas respuestas empiezan a parecer normales. La vigilancia deja de ser excepcional. La militarización deja de ser una decisión política y pasa a presentarse como una necesidad inevitable. La violencia deja de ser una violencia ejercida sobre personas concretas y empieza a justificarse como una defensa frente a un peligro amplio.

Por eso el problema no está solamente en la palabra. Está en todo lo que permite. En todo lo que evoca.

La palabra “invasión” transforma un fenómeno social en un problema militar. Desplaza la mirada desde las causas, las trayectorias y las condiciones que explican la movilidad humana hacia una lógica de defensa frente a un supuesto enemigo. Cuando la migración es interpretada bajo un marco bélico, las personas dejan de aparecer como sujetos con historias, derechos y proyectos de vida, y pasan a ser representadas como una fuerza externa que debe ser contenida. De esta manera, una cuestión profundamente política, económica y social comienza a gestionarse desde categorías propias de la seguridad, amenaza, control, vigilancia y protección del territorio. Porque ante una invasión hay que prepararse, hay que armarse.

No existe una única manera de construir una frontera. Existen decisiones políticas que producen consecuencias determinadas

La frontera no es únicamente una línea geográfica. Es un modelo político. Una forma concreta de organizar quién puede moverse, quién puede entrar, quién puede quedarse y bajo qué condiciones. No existe una única manera de construir una frontera. Existen decisiones políticas que producen consecuencias determinadas.

Y cuando esas consecuencias son muertes recurrentes, no estamos ante un simple fallo del sistema. Estamos ante el resultado de un sistema que funciona bajo unas determinadas lógicas. Las muertes en Ceuta no pueden entenderse como un hecho aislado. Las más de 141 vidas quebradas, entre ellas niños y niñas, no son una cifra más dentro de una estadística migratoria. Son vidas concretas perdidas dentro de un modelo de frontera que sigue produciendo muerte y que, además, continúa sin generar responsabilidades políticas proporcionales a la magnitud de lo ocurrido. Y sabemos que se repetirá la impunidad. Porque la ausencia de consecuencias no es un elemento secundario. Forma parte del problema.

La investigación sobre responsabilidades internacionales requiere pruebas, tiempo y diplomacia. Pero la respuesta humanitaria no puede esperar. Mientras se discuten cuestiones geopolíticas, diplomáticas y de seguridad bajo unos marcos ideológicos concretos, existe una realidad material que no debería desaparecer. Aquellas personas quienes perdieron la vida. Las personas que están ahora mismo en las fronteras necesitan protección, alimentación, asistencia sanitaria y condiciones dignas. La tragedia de la frontera no puede convertirse en una cifra más.

Un porcentaje importante de quienes llegan son menores de edad. Son niños, niñas y adolescentes que aparecen dentro del debate público no como sujetos de derechos, sino como parte de un supuesto problema de seguridad. Y aquí aparece una cuestión fundamental, qué ocurre cuando esa lógica de frontera comienza a desplazarse hacia los cuerpos.

Porque no todos los cuerpos son vigilados de la misma manera. No todas las personas son leídas igual. Una persona marroquí, o una persona que socialmente es identificada como marroquí, puede pasar a ser interpretada bajo la sospecha de formar parte de esa amenaza construida. La frontera deja entonces de estar únicamente en el territorio y empieza a aparecer en la vida cotidiana. En quién es parado por la policía. En quién debe demostrar constantemente su asimilación e integración.

El problema de llamar invasores a quienes migran es que convierte una situación política y económica compleja en una relación de conflicto entre poblaciones. Y dentro de ese marco cualquier persona marroquí (o leída como tal) puede terminar cargando con una sospecha colectiva.

De ahí surge también algo realmente preocupante. La exigencia de que esas mismas personas se posicionen frente a la supuesta invasión. El inmigrante debe posicionarse frente a la inmigración. Así, primero se construye un colectivo como amenaza y después se pide a quienes forman parte de él que demuestren que no lo son. Se establece una responsabilidad constante y deshumanizante en el otro. De tal forma que una acusación colectiva exige entonces una defensa individual. Se busca así particularizar a los buenos migrantes.

Estos relatos terminan por desplazar el foco. Las personas que migran no aparecen de la nada. Sus condiciones materiales están atravesadas por una historia de colonialismo, relaciones neocoloniales, desigualdades económicas y una estructura internacional profundamente desigual y extractivista. Europa no es un actor ajeno a esas dinámicas. Por el contrario, es génesis de ese modelo. Sus decisiones económicas, políticas y estratégicas han contribuido históricamente a configurar el mapa de las condiciones que hoy explican determinados movimientos migratorios.

Esto no significa afirmar que las migraciones tengan una única causa ni reducir la complejidad de las decisiones individuales a una explicación exclusivamente estructural. Significa reconocer que la movilidad humana ocurre dentro de un mundo profundamente desigual y complejo. Y que esa desigualdad es inherente al propio sistema mundo.

Una frontera no solamente separa territorios. También distribuye derechos, recursos, oportunidades y posibilidades de vida

Entre todo ese contexto las personas migran bajo la pluralidad de motivaciones. Asumir esta realidad implica rechazar las retóricas por las que o bien son leídas como invasoras o por el contrario pasan a convertirse como víctimas sin agencia como si simplemente fueran producto de fuerzas que actúan sobre ellas.

Existe algo problemático en reducir a miles de personas a simples sujetos utilizados por otros (por Europa, por los Estados de origen como Marruecos, por las mafias, por los mercados laborales, etc). Aunque esas estructuras existan y condicionen profundamente sus vidas, las personas no desaparecen dentro de ellas. Migrar también implica decidir, organizarse, asumir riesgos, construir estrategias de vida, establecer redes, etc. Reconocer la desigualdad estructural no significa negar la capacidad política de quienes migran. Estas dos lecturas coinciden en algo fundamental, el despojo de su condición de sujetos.

Por eso el debate no debería limitarse a cómo defendemos una frontera. Debería empezar por preguntarnos qué tipo de frontera queremos construir y qué vidas estamos dispuestos a poner en riesgo para mantenerla. Porque una frontera no solamente separa territorios. También distribuye derechos, recursos, oportunidades y posibilidades de vida.

En el caso de la frontera entre España y Marruecos, Marruecos tiene responsabilidades, evidentemente. Pero también las tiene España como Estado que define, financia y participa en la construcción de ese régimen fronterizo. De ahí que el desplazamiento de la discusión se de en torno a las motivaciones de los Estados, de si Marruecos usó o no a la gente, diluya la pregunta sobre la arquitectura política que hemos construido para gestionar la movilidad humana y qué vidas estamos dispuestos a poner en riesgo para mantenerla.

Porque quienes son presentados como “invasores” no son una fuerza militar ni un ejército extranjero. Son personas que migran. Muchas de ellas son jóvenes y, en un porcentaje importante, menores de edad. Son niños, niñas y adolescentes a quienes un determinado discurso político coloca dentro de la categoría de amenaza. Paralelamente España y Europa no se lee como una amenaza para terceros países que influye en las condiciones materiales de vida de las personas que deciden inmigrar.

La cuestión de fondo no es únicamente cómo gestionamos las fronteras, sino qué jerarquías humanas estamos construyendo alrededor de ellas. Una frontera nunca es solamente una herramienta administrativa. También puede convertirse en un mecanismo que distribuye de manera desigual quién merece protección, quién merece movilidad y quién debe demostrar constantemente su derecho a existir en un lugar.

Cuando una persona es nombrada como invasora antes incluso de ser reconocida como sujeto de derechos, la frontera deja de estar únicamente en un territorio y empieza a instalarse en los cuerpos. En la piel, en el origen atribuido, en el nombre, en el acento, en la sospecha permanente sobre quienes son leídos como extranjeros, aunque formen parte de las sociedades.

Una sociedad no se define únicamente por las vidas que decide proteger, sino también por aquellas cuya pérdida aprende a considerar aceptable

Por eso una mirada antirracista no consiste únicamente en rechazar los discursos de odio más explícitos. Implica cuestionar las estructuras y narrativas que convierten determinadas vidas en más prescindibles que otras. Implica analizar cómo las fronteras no solo separan territorios, sino que también producen diferencias entre quienes son reconocidos plenamente como sujetos de derechos y quienes son colocados permanentemente bajo sospecha.

El desafío político y ético no puede reducirse a gestionar mejor los límites territoriales. Debe partir de una cuestión más fundamental, cómo situamos en el centro a las personas, sus derechos y sus vidas. Ninguna política fronteriza puede considerarse legítima si necesita convertir a determinados seres humanos en una amenaza permanente o aceptar su sufrimiento como un coste inevitable.

Porque una sociedad no se define únicamente por las vidas que decide proteger, sino también por aquellas cuya pérdida aprende a considerar aceptable. Y una frontera democrática debería ser aquella que no pregunte primero cómo impedir que lleguen quienes buscan una vida digna, sino cómo garantizar que ninguna vida tenga que ser sacrificada para sostener un determinado orden político.