Opinión
¿Para quién genera riqueza la industria militar y a costa de qué?

En nuestro libro sobre la conversión, ya explicamos (con documentación demostrativa) cómo, tras observar que el gasto militar europeo llevaba una curva de decrecimiento desde finales de los 80 del siglo pasado, a principios del actual XXI los mercaderes de la muerte europeos decidieron organizarse, e imitando el modelo estadounidense se estructuraron en forma de lobby, naciendo así en 2004 ASD (Aerospace, Security and Defence Industries). A partir de ahí su estrategia se centrará, también a imitación de la estadounidense, en procurar la infiltración en los órganos de decisión de la Unión Europea.

Esa estrategia consigue sus objetivos en una década, lo que se traducirá en un giro copernicano de la política de la Unión Europea ante el gasto militar: pasará de estar excluido de los presupuestos de la UE, a ir contando poco a poco con cada vez mayor número de partidas presupuestarias parciales (la mayoría ligada a la subvención a la industria militar), hasta culminar en la actualidad con un Comisario de Defensa de la UE, una partida presupuestaria propia y la reciente propuesta del Programa de ReArme por el que se pretende incrementar el gasto militar europeo en 800.000 millones de euros.

También comentábamos que esa dinámica iba a provocar un conflicto entre lobbies, pues el fortalecimiento de la industria militar europea, y las medidas proteccionistas aprobadas por la UE en su apoyo (por ejemplo, los programas que financie la UE deben tener un importante tanto por ciento de producción propia), iba a suponer recortar beneficios a los financiadores de la campaña de Trump, sus amigos del lobby militar estadounidense.

Hay quienes vieron venir la jugada, y en los últimos años comenzaron a tomar parte en las principales empresas de producción militar europea: los grandes fondos de inversiones estadounidenses. Así, pase lo que pase en esa competencia entre lobbies, ellos saldrán ganando. Un solo dato que habla por sí mismo: Blackrock es el principal inversor en el sector a nivel mundial, donde cuenta ya con 542 empresas participadas.

En ese contexto de la creación de lobbies y de impulso político económico de la producción para el desperdicio y la guerra (la industria militar) es donde hay que enmarcar los llamamientos de Zedarriak (el lobby vasco del sector) y la abyecta apuesta del Gobierno Vasco de fortalecer la Producción de Euskal Herria para el Desperdicio y la Guerra (PEHDG) para hacer negocio. Sobre lo que supone esa apuesta gubernamental desde el punto de vista ético y político, se han pronunciado con claridad algunas voces, desde ámbitos como el sindical, de la cooperación, los derechos sociales, el feminismo, el ecologismo, el movimiento juvenil, o, con elogiable contundencia, el profesorado universitario. También, por supuesto, el espacio antiguerras y el antimilitarismo. Pero más allá de las fundamentales cuestiones éticas, conviene abordar otros ángulos del debate en los que Zedarriak y el Gobierno Vasco no parecen querer profundizar.

A menudo se nos sugiere que el sector armamentístico va a crear riqueza social y puestos de trabajo, pero el dinero destinado a programas de armamento se detrae de las partidas de gasto social, lo que demuestra que lo que genera es más pobreza social.

Por ejemplo ¿para quién y por qué es un gran negocio? A menudo se nos sugiere que el sector va a crear riqueza social y puestos de trabajo. Pero los datos lo desmienten. El dinero destinado a programas de armamento se detrae de las partidas de gasto social, lo que demuestra que lo que genera es más pobreza social. En cuanto a los puestos de trabajo, veamos un ejemplo cercano, el de Sapa Operaciones: mientras sus beneficios en el quinquenio 2015 a 2019 pasaron de 42.057 euros a 5,1 millones (en el 2018 fueron de 22,5 millones), durante el mismo periodo la plantilla se redujo de 159 a 140. Esto en sí mismo es ya un chollo empresarial, pero hay mucho más.

En los debates sobre el sector de la producción para el desperdicio y la guerra se suele omitir una cuestión básica: su condición de monopsonio, esto es, un sector que vive única y exclusivamente de dinero público (son los ministerios de defensa o los organismos de defensa internacionales quienes les compran), por lo que no arriesga capital, y no solo eso, sino que, además, cuenta habitualmente con financiación pública previa (muchas veces sin intereses) e importantes ayudas a la investigación, así como a la creación de nuevos centros tecnológicos y de producción. Todo ello a través de subvenciones, préstamos y avales de los Ministerios de Industria y Comercio, pero también del Gobierno Vasco, las Diputaciones e incluso los Ayuntamientos.

Pero aún hay más ventajas para el sector. Como señala Alejandro Pozo, la forma de funcionar del sector es parecida a la siguiente: “si yo soy la industria, y como Ministerio de Defensa me pides un tanque y te digo que vale 10 millones y tú me dices que eso es mucho y yo te digo “bueno, pídeme diez y te vale cinco cada uno; y tú me dices “Pero es que solamente quiero uno.” Yo (industria) te digo “bueno, pues uno para ti y nueve los exportamos. Yo gano cinco veces más. Tú pagas la mitad. Y con los otros nueve haces relaciones internacionales”.

¿Todo ese dinero público, esas capacidades de las plantillas, esas instalaciones, no podrían dedicarse a otro tipo de producción, que tuviera como objetivo abordar las cuestiones realmente importantes y urgentes ante las diversas crisis y colapsos que nos amenazan?

Todas estas ventajas se multiplican cuando se impulsa la carrera de armamentos, aumentando compulsivamente los contratos de material militar. Así, volviendo al mismo ejemplo de antes, aún antes del anuncio de los 800.000 millones que la UE va a despilfarrar en armamento (insistimos, que van a salir de nuestros bolsillos vías impuestos), la vasca Sapa, gracias a la guerra en Ucrania, incrementó su facturación en 2023 en cerca de un 20%, y alrededor de un 50% en 2024.

A ello hay que sumar los 200 millones en que se han revalorizado en tres años las acciones que a empresa de Aperribay tiene en la mayor española del sector, Indra. Pues bien, paralelamente a esta situación, la plantilla de Sapa, en marzo de 2024, se vio obligada a iniciar una huelga indefinida que, tras tres semanas, sólo consiguió garantizar la subida del IPC. Así que, cuando el lobby Zedarriak y el Gobierno Vasco nos dicen que la producción vasca para el desperdicio y la guerra genera riqueza, ya sabemos que es exclusivamente a sus dueños, los mercaderes de la muerte.

Reivindicando la ingenuidad, cabría preguntarse ¿por qué Zedarriak y el Gobierno Vasco no nos aportan estos datos para que el debate sobre la armagintza se pueda hacer desde el conocimiento de su realidad?

Apuntemos una posible respuesta: Porque podría suceder que la población atáramos cabos, y viendo que el rearme no supone ningún tipo de aumento de seguridad y defensa (ya hemos visto que se exporta a hipotéticos enemigos) sino que nos acercará el riesgo de guerra, que implica un importante recorte en los gastos sociales, que es una de las causantes del daño medioambiental del planeta, que sólo enriquece a los mercaderes de la muerte dueños de las empresas (y a los fondos buitres que en ellas invierten), y que todo ello se hace con dinero público, con el dinero de nuestros impuestos, igual nos da por plantearnos ¿pero todo ese dinero público, esas capacidades de las plantillas, esas instalaciones, no podrían dedicarse a otro tipo de producción, que tuviera como objetivo abordar las cuestiones realmente importantes y urgentes ante las diversas crisis y colapsos que nos amenazan? Esa es la cuestión que abordaremos en el siguiente capítulo de este serial, también disponible en euskera en Argia.