País Vasco
El Gobierno Vasco acusa de estafa a la firma contratada para gestionar el marketing del Basque Culinary Center

El 27 de febrero de 1913, un incendio en el palacio de Bellas Artes donostiarra se cobró la sede de la primera escuela de cocina vasca. Su fundador, Félix Ibarguren no se rindió. Poco después fue becado por la Diputación vizcaína con el fin de “crear una escuela culinaria para la clase obrera”, tal y como recordaba la periodista Ana Vega Pérez de Arlucea en un artículo de 2018. Decía que “los carteles proclaman la identidad de Euskadi como 'culinary nation' o nación culinaria” para seguir con sus tareas habituales de concentración de mercado. A la postre, escribría, “significa lo mismo pero al parecer suena menos guay”.

Ahora el PNV quiere hacer lo mismo, presentar como nuevo algo bastante viejo: los carteles en torno al Basque Cuilinary Center. De acuerdo con el programa electoral de Imanol Pradales, se establecerá “una estrategia de comunicación que refuerce el posicionamiento de Euskadi” para “hacer de Euskadi la “Culinary Nation” (el país de la gastronomía).”

La única diferencia es que ahora no se trata de un incendio, sino de las turbulencias políticas creadas por los servicios de marketing para el proyecto de Culinary Nation, adjudicados en 2018 al Grupo Arista. Esta empresa fue denunciada en 2020 por el Director de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco aludiendo a un “delito de falsificación documental y tentativa de estafa”, caso que fue aceptado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Donostia de diciembre de 2022.

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Auto judicial en exclusiva

Hordago-El Salto ha tenido acceso a una sentencia emitida hace solo unos meses, la de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que confirma el Auto dictado sobre la empresa adjudicataria del servicio de marketing del Basque Culinary Center. En términos más técnicos, se acepta la “continuación de las actuaciones por los trámites del Procedimiento Abreviado por la presunta comisión de estafa y falsedad documental”. Otra de los aspectos importantes del auto judicial en exclusiva es que desestima el recurso presentado por el Grupo Arista.

Después de que el Director de la Oficina de Control Económico del Gobierno Vasco presentara la denuncia y esta siguiera su recorrido, la Diputación de Gipuzkoa se ha considerado perjudicada por el delito y se ha personado en el proceso judicial. Sobre las causas de la estafa, en la denuncia contra el Grupo Arista se indica que la empresa “solicitó a Bankia el adelanto de dos facturas de 38.115 euros correspondiente al futuro pago por el Gobierno Vasco a la mencionada sociedad por unos presuntos servicios prestados”. Pero tras realizar unas comprobaciones, concluye que “dichas facturas no se corresponden con ningún pago que debía hacer el Gobierno Vasco”. 

Se ha comprobado que tres facturas presentadas en Bankia por la firma contratada para gestionar el marketing del Basque Culinary Center, correspondientes a un pago del Gobierno Vasco, “estaban soportadas en documentación falsificada”

Por otro lado, tras la denuncia también se comprobó que “otras tres facturas presentadas en Bankia estaban soportadas en documentación falsificada”. La Directora General de Régimen Jurídico y Función Pública de la Diputación de Gipuzkoa asegura que “lo reflejado en las tres facturas no es veraz pues no se corresponde con la realidad”. También señala que “el correo electrónico en el que figura como remitente el Director de Comunicación de la Diputación Foral de Gipuzkoa es falso ya que el remitente no es Director del ente foral y ese no es su correo electrónico”.

La Fundación Basque Culinary Center había encargado al Grupo Arista los “servicios de marketing para el proyecto de Culinary Nation” por 35.756 euros. En el fondo, el objetivo era promocionar el concepto aprovechando la celebración en el Palacio Euskalduna de Bilbao durante la gala The World's 50 Best Restaurants en 2018, una suerte de los “Oscar de la gastronomía” cuyo acto inaugural se realizó en el Museo Guggenheim. Para ello, también se contó con una ayuda del Gobierno Vasco, que entregó una partida de 142.000 euros

Debe añadirse que años antes, en 2011, cuando la fundación culinaria echaba a andar, también utilizó los servicios de Arista para promocionar el “proyecto Suka”, “platos de alta cocina no elaborados, empaquetados con todos los ingredientes necesarios y las instrucciones para prepararlos”, un producto de la empresa de platos precocinados Ameztoi que se vendió a través de supermercados e Internet. 

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Quiebra a lomos de la administración pública

Pese a todo, hasta su quiebra a finales de 2023, entre los clientes más importantes del Grupo Arista figuraron el Gobierno Vasco, las diputaciones de Gipuzkoa y Bizkaia, Palacio Euskalduna y Hazi, entidad del Gobierno Vasco creada para “impulsar la competitividad y la sostenibilidad de la cadena de valor alimentaria” y donde se colocó el exburukide Alfredo de Miguel, antes de entrar en la cárcel. Pero el contrato que impulsó el volumen de negocio de Arista fue la gestión de la página web del Museo Guggenheim a finales de la década de los años 90.

Pese a los favores del sector público, la firma que ha contratado el Basque Culinary Center “está totalmente deshecha, el balance presentado declara cero euros de activo” y “el cobro de las deudas por parte de los acreedores afectados se antoja imposible”

Los favores del sector público fueron incapaces de garantizar la solvencia de la empresa y en 2020 los días de vino y rosas de la agencia de marketing quedaron atrás. A finales del año pasado, Crónica Vasca publicó que el Juzgado Mercantil número 1 de Donostia había declarado el concurso de acreedores del Grupo Arista. “La firma está totalmente deshecha, el balance presentado declara cero euros de activo y algo más de 2 millones de pasivo”, añadió, y concluía que “el cobro de las deudas por parte de los acreedores afectados se antoja imposible”. 

Según documentación recabada por Hordago-El Salto, el Juzgado de Instrucción número 8 de Bilbao acordó a finales de 2021 imponer como medida cautelar una fianza de 568.611 euros al Grupo Arista como querellado por insolvencia punible. Mencionaba para ello un informe confeccionado por la consultora Albia Capital, que ese mismo año fichó a Javier Zarraonandia, hasta entonces Viceconsejero de Industria del Gobierno Vasco, “para ser entregado a los accionistas exclusivamente, vinculado a un plan de negocio futuro de la compañía”, aunque el querellante, un profesional de la banca, considera que “dicho informe puede constituir el artificio, maquinación o engaño del que se habría valido” el grupo Arista.