País Vasco
El modus operandi del PNV en Mundaka: “Invita a tres personas, el resultado va a ser uno”

“Invita a tres, pero el resultado va a ser uno. El asesor jurídico hay que ponerlo sí o sí”. Estas son las palabras que pronuncia Alfonso Menoyo, presidente de la Junta Municipal del PNV en Mundaka, en una conversación grabada por el exregidor Mikel Bilbao, en la actualidad teniente alcalde tras presentarse por una plataforma independiente.

Pocos meses después de haber sido elegido como cabeza de lista de la formación jeltzale, Bilbao había expresado sus reticencias a llevar a cabo una contratación pública que entendía como “fraudulenta” y donde el modus operandi del partido erosionaba el interés de la ciudadanía, según un informe del interventor de la localidad vizcaína. “No es en base a la ley, es en base al dictamen de un señor que está haciendo una interpretación. De eso sé un rato”, replicaba Menoyo.

Debido al conflicto político con la formación nacionalista, Bilbao decidió aplicar el método empleado por la denunciante del ‘caso De Miguel’ durante su etapa al frente del consistorio vizcaíno y grabó algunas conversaciones con los máximos representantes del PNV en Bizkaia a nivel institucional (la Diputación de Bizkaia) y a nivel de la organización de la formación política (Bizkai Buru Batzar, máximo órgano del partido en la provincia).

Algunas de estas conversaciones, celebradas entre los años 2019 y 2020, tuvieron lugar durante reuniones en el batzoki de Mundaka y en la sede central del partido en Bilbao, Sabin Etxea, y permiten escuchar por primera vez el modus operandi del PNV, la manera en que se moviliza el clientelismo del partido para beneficiar a empresarios afines. 

La mecha con la que estalló el conflicto se encendió con la decisión del alcalde de dar por concluida la relación entre el Ayuntamiento de Mundaka y su asesor jurídico, Javier Aldamiz-Etxebarria, afiliado al PNV desde 2005, candidato de la formación jeltzale al Congreso y miembro del equipo del partido en el municipio de Sukarrieta. Como denunciaba Bilbao en la época, el PNV “quería utilizarme para aprobar una permuta urbanística ilegal traída desde el Batzoki, con la garantía de una asesoría jurídica contratada por el anterior ayuntamiento”.

“[El PNV] quería utilizarme para aprobar una permuta urbanística ilegal traída desde el Batzoki, con la garantía de una asesoría jurídica contratada por el anterior ayuntamiento”, afirma Mikel Bilbao

En lugar de obedecer las instrucciones de los distintos cargos del partido, Mikel Bilbao decidió atenerse a los informes redactados por el secretario municipal, quien vela porque la gestión de los ingresos se ciña al derecho público, y canceló el contrato con la asesoría de Aldamiz debido a la existencia de irregularidades. Al fin y al cabo, hacer caso omiso al informe de reparo del secretario ya había generado problemas legales en un municipio cercano, Bakio, con un asunto vinculado al negocio de un exalcalde jeltzale que fue condenado por prevaricación en 2017. 

A este respecto, según se cita en el documento que lleva como título “informe jurídico del secretario municipal en relación con la procedencia del contrato administrativo de servicio de asesoría jurídica externa” al que ha tenido acceso Hordago-El Salto, el artículo 308.2 de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 señala “de forma expresa que en ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos menores”. 

Este era el caso de la contratación administrativa del asesor externo Aldamiz-Etxebarria, sobre la que el informe alerta porque puede encubrir una relación estatutaria o el ejercicio de potestad de autoridad, funciones reservardas a funcionarios de carrera. “De forma que no cabe la licitación”, indica, ya que “podría encubrir una relación laboral encubierta”. En puño y letra del secretario, sobre la externalización que intentaba llevar a cabo la Junta Municipal del PNV, insiste en que “corresponde exclusivamente a los funcionarios de carrera al servicio de la administración local el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales”.

El informe del secretario municipal de Mundaka alertaba sobre la política de externalizaciones de funciones públicas detrás del modus operandi del PNV concluyendo que el contrato de externalización del servicio de asesoría de Aldamiz bien podía responder “a una necesidad permanente”, por lo que el consistorio “debería de dotar una plaza en plantilla para atender dicha necesidad con personal funcionario propio”. Además, el citado informe advertía “el uso inadecuado” de estos servicios por tratarse de “funciones reservadas a funcionarios públicos”.

Las advertencias del jefe del Batzoki

De acuerdo con el escrito remitido a la Fiscalía por el propio Bilbao, el contrato por el cual Javier Aldamiz-Etxebarria prestaba servicios como asesor del Ayuntamiento de Mundaka expiró el 22 de septiembre de 2019. En una reunión celebrada el 12 de diciembre de ese mismo año por parte de la Junta Municipal del PNV de Mundaka, con asistencia de los concejales del municipio, se iniciaron las presiones para seguir contratando a Aldamiz y así continuar los asuntos en trámite. Ocurrió otra el 9 de enero de 2020, donde las presiones denunciadas por Mikel Bilbao se hicieron más explícitas.

Durante ese periodo, entre septiembre y enero, hubo reuniones semanales o bisemanales donde, según otro documento remitido a Fiscalía, Mikel Bilbao se mostraba incómodo con las directrices del partido. “Empiezo a ser consciente de que el único fin de dichas reuniones es gobernar el ayuntamiento desde el Batzoki sin tener en consideración las vías legales y sin tener ninguna consideración sobre las consecuencias legales que podrían suponerme algunas de las actuaciones que me proponen”.

“Empiezo a ser consciente de que el único objetivo es gobernar el ayuntamiento desde el Batzoki sin tener en consideración las vías legales y sin tener ninguna consideración sobre las consecuencias legales que podrían suponerme algunas de las actuaciones que me proponen”, afirma Mikel Bilbao

“Todo esto empieza a cobrar sentido y a estar más claro en el momento que vence el contrato municipal de asesor jurídico del Sr. Aldamiz Echevarria y se manifiesta la imposibilidad legal de volver a contratarlo en esa función”, enuncia Bilbao en la documentación remitida. De hecho, el presidente de la Junta Municipal del PNV en Mundaka, Alfonso Menoyo, llama “con tono hostil, dándome instrucciones claras y directas sobre la obligación de contratar sí o sí a Aldamiz”.

En dicho documento, Mikel Bilbao acusa a Menoyo de incitarle a cometer prevaricación: “Hasta tal punto que, a través de una conversación telefónica, se me sugiere que manipule el concurso para tal puesto convocando a tres invitados para asesor jurídico, y en actuación contraria a la Ley, haga creer a los otros dos invitados que cumplimos la ley pero que finalmente el elegido, y repito textualmente ‘sí o sí’ debía ser el Sr. Aldamiz”.

Si bien Menoyo no ha respondido a las preguntas de esta revista, el PNV estimó en su momento que las grabaciones aportadas por Bilbao a la Fiscalía son de “especial gravedad” y no prueban las supuestas irregularidades denunciadas por el exalcalde: “Esas grabaciones sólo han servido para reforzar la postura de la Fiscalía por la que ha archivado la causa”.

La llamada telefónica

“Para que tú estés cómodo o no, total libertad, pero [Aldamiz] va a estar para varios temas”, comienza diciendo Menoyo por teléfono en el audio al que ha tenido acceso Hordago-El Salto, fechado en enero de 2020. Cuando Mikel Bilbao hace referencia a que ello no tiene base legal e indica que no puede ir en contra de lo que dice el secretario municipal, encargado de realizar informes para evitar la malversación pública, Menoyo insiste: “El asesor jurídico hay que ponerlo sí o sí”. A continuación le propone asignarle algunos temas y hacer “contrataciones por resultados”.

Cuando Bilbao insiste en que el secretario desaconseja la contratación por no cumplir con la normativa, Menoyo vuelve a la carga contra el informe: “No es en base a la ley, es en base al dictamen de un señor que está haciendo una interpretación. Y de eso sé un rato”. A continuación, Menoyo insiste. “Lo que te estoy dando es una opción para que te sientas cómodo, pero el resultado va a ser el mismo, ¿vale?”.

Cuando el exalcalde de Mundaka dice que la decisión del PNV no tiene base legal, el Presidente de la Junta Municipal insiste: “No es en base a la ley, es en base al dictamen de un señor que está haciendo una interpretación”. Y añade: “El asesor jurídico hay que ponerlo sí o sí”.

Lejos de sentirse cómodo, el alcalde vuelve a recordarle que el informe jurídico del secretario municipal exige que se inviten a tres personas distintas para contratos menores de resultados, es decir, que no puede tener lugar una asignación a dedo. “No pasa nada, invita a tres, pero el resultado va a ser uno”, afirma el presidente de la Junta Municipal del PNV en Mundaka.

Mikel Bilbao responde que puede contratarse a otro asesor jurídico, respetando así el procedimiento de contratación y la libre concurrencia a los contratos públicos, como se recoge en la legislación vigente. “Es Javi [Aldamiz] el que lo va a terminar. Eso ya te lo digo yo. Esto no es discutible” afirma Menoyo. “Para mí puede ser Javi como cualquier otro”, le dice Bilbao una vez más. “Mira, no sé cómo decirlo tan claro: no es discutible. Es que ya no es un tema de entender o no, es una instrucción de la Junta”.

Para justificar la orden, que Mikel Bilbao considera una manipulación en la contratación, Menoyo habla de la ineficiencia en el Consistorio, de “enfangarse hasta el cuello”, apela a “tener un Ayuntamiento parado” y desde la Junta da la orden al Ayuntamiento de Mundaka de contratar al barón del PNV, Javier Aldamiz-Etxebarria. Entonces se verbaliza “el punto de inflexión”, se habla de “error de gestión”, de corregirlo, y de “palos en la rueda”. “[Esto] no puede ser”, dice Menoyo y añade: “Tienes que saber dónde estás”.

Cuando el exalcalde dice “para mí puede ser Javi como cualquier otro”, el cargo orgánico del PNV responde: “Mira, no sé cómo decirlo tan claro: no es discutible. Es que ya no es un tema de entender o no, es una instrucción de la Junta... Tienes que saber dónde estás”.

Cuando Bilbao responde que es independiente, que no está afiliado y que su única función debe ser potenciar el programa, Menoyo lo intenta una vez más. “Te explico por qué tiene que ser uno: tiene que ser una persona de confianza para que tenga las herramientas necesarias para que la gestión sea lo más ágil que está siendo. Lo hacemos porque tenemos que hacerlo”.

La conversación termina de manera rotunda por parte del presidente de la Junta Municipal del PNV en Mundaka: “En mis casi 30 años de experiencia profesional es la primera vez que me encuentro con esto. Escucha, escucha: Javi sí termina. El objetivo hay que ponerlo en marcha. Para que estés cómodo vamos a hacerlo por resultados y con una convocatoria a tres. Te lo estamos poniendo fácil, no voy a perder el tiempo discutiendo contra algo que no tiene ningún sentido. No podemos seguir así”.

El último episodio de la pugna llegó el 14 de marzo de 2022, cuando en el Ayuntamiento de Mundaka tuvo entrada una notificación de la Fiscalía que no encontraba indicios de delito en dos cuestiones concretas: la operación sobre la parcela de Basamortu y la contratación de un asesor jurídico.

A través de un requerimiento al PNV por parte de esta revista, se ha intentado recoger las versiones, sobre estos hechos y sobre contenidos de conversaciones grabadas de Alfonso Menoyo (en calidad de presidente de la Junta Municipal del partido en Mundaka), de Unai Rementeria (en calidad de alcalde de Mundaka entre los años 2007 y 2013, exdiputado General de Bizkaia entre 2015 y 2023 y miembro del Bizkai Buru Batzar entre 2008 y 2012); y de Itxaso Atutxa (en calidad de presidenta del Bizkai Buru Batzar), pero no han respondido.

Una historia de contratos de dudosa legalidad

Tanto el por entonces alcalde de Mundaka como el secretario municipal conocían bien las repercusiones legales que genera el modus operandi del PNV en materia de externalizaciones. En 2018, la Fiscalía de Bizkaia había apercibido a la Alcaldía de Mundaka por la subcontratación del servicio de arquitectura debido a una denuncia interpuesta por el concejal del PSOE en Pastrana (Guadalajara), Fernando Jabonero, quien había acudido ante la Audiencia Nacional para señalar que 72 ayuntamientos podrían estar incurriendo “de modo recurrente y crónico en infracción urbanística” al emplear como arquitectos municipales a profesionales del sector privado para que tramitaran expedientes, una función que por ley corresponde en exclusiva a funcionarios.

La denuncia llegó al Tribunal Supremo, que ordenó a todos sus fiscales provinciales de Urbanismo y Medio Ambiente investigar el asunto. A partir de este suceso, el PNV decidió encomendar a la Diputación de Bizkaia establecer un servicio de asistencia urbanística a los municipios.

Unai Rementeria,  como alcalde de Mundaka, contrató a la empresa de arquitectura de Iskander Atutxa, quien años después realizó unas polémicas obras en un chalé de su propiedad ubicado en ese municipio.

Asimismo la investigación judicial en torno a la gestión jeltzale en un municipio cercano, Bakio, había terminado con un exalcalde del PNV condenado como autor de un delito de prevaricación administrativa. También sacó a la luz que Iskander Atutxa, hermano del exburukide Asier Atutxa (exdirector del Puerto de Bilbao y presidente de la zona norte de la consultora PwC), estaba monopolizando buena parte de los servicios de arquitectura municipal externalizados en diversos municipios de Bizkaia. El consistorio de Bakio había sido asistido en varios juicios por el propio Aldamiz. Todo este asunto no era ajeno a Mundaka.

Unai Rementeria, en su etapa como alcalde de Mundaka, también contrató a la empresa de arquitectura de Iskander Atutxa, quien años después realizó unas polémicas obras en un chalé de su propiedad ubicado en ese municipio. A su vez, Iskander Atutxa y el asesor jurídico del consistorio de Mundaka, Javier Aldamiz-Etxebarria, crearon la empresa Euskaser, ligada a una operación urbanística en Lezama que tampoco estuvo exenta de polémica y provocó problemas legales en 2010 a la exalcaldesa del PNV del municipio.