Palestina
Unidas por Extremadura pide a Vara mediar ante Israel para liberar a la cooperante extremeña Juana Ruiz

Unidas por Extremadura ha registrado el 27 de abril una pregunta en la Asamblea de Extremadura, dirigida a la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID), con el propósito de requerir información acerca de las gestiones que dicho organismo estuviera llevando a cabo para ayudar a la cooperante de origen extremeño.

Unidas por Extremadura señala en un comunicado que “estas detenciones y la sustracción, el pasado 8 de marzo, cuando el ejército israelí allanó la oficina central de Health Work Committees, de material informático y documentación del departamento de contabilidad de HWC, hacen sospechar que los responsables buscan demostrar algún tipo de delito vinculado con la financiación de los proyectos que realiza HWC y que pretenden involucrar a Juana Ruiz y a sus dos compañeros en esta acusación”.

Desde la misma formación han solicitado públicamente al presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, mediación directa con la embajadora israelí en España, Rodica Radian Gordon, para la liberación inmediata de Juana Ruiz, ya que en otras ocasiones, afirman, “el presidente regional se ha reunido con la embajada de este país para tratar diferentes temáticas de ámbito científico y cultural, y no es menos importante su papel para intermediar en este grave atropello a los derechos fundamentales”.

Contra todo protocolo diplomático, no se informó de su arresto, en ningún momento, ni al Ministerio de Asuntos Exteriores ni al Consulado General de España en Jerusalén

La cooperante y activista extremeña, de 62 años, lleva más de 35 residiendo en las proximidades de Belén (Cisjordania) junto a su marido, Elías Rismawi, de nacionalidad palestina. Desempeña su labor en Ramala, sede de la Autoridad Palestina, en calidad de coordinadora de proyectos de la organización sanitaria palestina HWC (Comités de Trabajo para la Salud en Palestina).

La detención por el ejército israelí tuvo lugar en su residencia el sábado 13 de abril, en un operativo en el que participaron numerosos efectivos militares. Contra todo protocolo diplomático, no se informó de su arresto, en ningún momento, ni al Ministerio de Asuntos Exteriores ni al Consulado General de España en Jerusalén. Desde entonces, sigue a la espera de la presentación de cargos en su contra, recluida en el penal de Hasaron, al norte de Tel-Aviv, desconociendo por completo los delitos de los que se le acusa y siendo periódicamente trasladada al centro de interrogatorios de Ashkelon, a cargo del Shin Bet, el servicio de inteligencia de Israel. Su situación depende del tribunal militar de Ofer. Cabe destacar que se le ha aplicado el mismo régimen jurídico castrense que al resto de la población cisjordana, excepción hecha de los colonos israelíes, que permanecen sujetos a tribunales civiles ordinarios. Dicha dualidad judicial, por completo irregular, es permanentemente objeto de numerosas críticas.

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La cercanía de los check-points a la escuela acrecienta los ataques a profesores y alumnos. La escuela de Burin ha sido incendiada tres veces por los colonos israelíes.

Junto a otros dos empleados de la misma ONG (Tayseer Abu Sharbak y Saeed Abbad), la cooperante permanece en situación de detención administrativa, una práctica irregular y contraria a los convenios internacionales suscritos en materia de garantías procesales y derechos humanos, y duramente denunciada en diferentes foros. Esta modalidad de arresto permitiría prorrogar su situación hasta 75 días.

En el ámbito institucional europeo ya han tomado cuerpo varias iniciativas solidarias. Así, una carta firmada por los diputados del Parlamento Europeo adscritos al grupo la Izquierda Europea, señala que la detención “no pretende otra cosa que continuar con la persecución contra quien trabaja en el ámbito humanitario y de defensa de los derechos de la población palestina”, 

Por su parte, el grupo Confederal Unidas Podemos-En Común Podem-Galicia En Común ha registrado este martes, 27 de abril, una iniciativa parlamentaria para urgir al Gobierno a mediar por la liberación inmediata de Juana Ruiz. En palabras del diputado y vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, Antón Gómez Reino, el propósito de la misma sería conocer, “de primera mano, qué acciones prevé llevar a cabo el Estado para acelerar la liberación de Juana Ruiz, una trabajadora española de 62 años que lleva más de 35 años residiendo en Israel y desarrollando su labor humanitaria en una ONG palestina”. “Juana Ruiz es una cooperante retenida por la fuerza sin cargos, sin pruebas y sin juicio, algo que contraviene claramente el derecho internacional”, ha subrayado Gómez-Reino. 

Permanece en situación de detención administrativa, una práctica irregular y contraria a los convenios internacionales suscritos en materia de garantías procesales y derechos humanos, duramente denunciada en diferentes foros

La familia de Juana ha reclamado públicamente al gobierno español que interceda por la detenida. Desde hace días se viene desplegando una intensa campaña pública de denuncia de su encarcelamiento, con una recogida de firmas en torno a un manifiesto donde se exigen, entre otras medidas, la inmediata liberación de la encarcelada, respeto al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos de la población palestina por parte de Israel y la reparación material de los bienes dañados y/o confiscados a la HWC, algunos de ellos financiados por la cooperación española.

HWC, como señalan desde la campaña a favor de Juana, “ha realizado decenas de proyectos sanitarios y sociales con ayuda de la cooperación de nuestro país. Son actividades como llevar la prevención sanitaria a las aldeas de Cisjordania, vacunar a los niños y niñas de Jerusalén Este, que el Gobierno Israelí se ha negado sistemáticamente a vacunar, llevar la salud prenatal y natal a las mujeres de Cisjordania, realizar campañas de información y formación en innumerables cuestiones relacionada con la salud, con los hábitos sanitarios o con la prevención de las enfermedades más comunes en la zona, atender gratuitamente al 40% de sus pacientes en las 14 clínicas que tiene la HWC por el territorio bajo la Autoridad Palestina y otras actividades por el estilo que, difícilmente, podrían considerarse sospechosas de constituir ninguna clase de delito”.

Concluyen que “a pesar de su carácter humanitario y sanitario, o quizá precisamente por eso, la HWC está siendo atacada intermitentemente por el Estado de Israel en una política de represión, desgaste y desmantelamiento de las organizaciones de la sociedad civil palestina”.