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Urbanismo
Apuntes sobre capitalismo, pandemia y ciudad neoliberal
Con el pretexto y el discurso de la “sostenibilidad”, “la regeneración urbana” o “reactivación de la economía” a causa del covid-19, estamos vivenciando de manera acelerada y transparente la lógica predominante que atraviesa y articula la ciudad neoliberal en la actual crisis del capitalismo tardío.
«El problema agrario era por eso fundamental en el mundo de 1789, y es fácil de comprender por qué la primera escuela sistemática de economistas continentales -los fisiócratas franceses- consideraron indiscutible que la tierra, y la renta de la tierra, eran la única fuente de ingresos. Y que el eje del problema agrario era la relación entre quienes poseen la tierra y quienes la cultivan, entre los que producen su riqueza y los que la acumulan».
La era de la revolución 1789-1848, Eric Hobsbawn.
La ciudad no es algo natural, tampoco es una cosa o entidad abstracta ajena a la realidad existente. Ni es una simple forma de “asentamiento humano” aséptico. La ciudad es un espacio de poder producto (histórico) del proceso de urbanización que condiciona la vida del conjunto de agentes que la conforman. Durante la pandemia hemos visto claramente cómo el virus sí entiende de clase y se inscribe en lógicas urbanas. En los barrios acomodados el contagio ha sido (y es) casi tres veces menor que en las las zonas con menor renta [1] que se caracterizan por calles más estrechas, viviendas más pequeñas (con mayor número de personas), mayor dificultad para evitar el transporte público, menos espacios abiertos (plazas, parques, zonas verdes), etc.
Son las formas de relacionarse, la distancia en la que viven nuestros seres queridos, la distancia hacia el trabajo (el cómo ir y el dónde), la forma-ocio que destaca en ese espacio (qué tipo o alternativas de ocio nos ofrecen), los servicios que nos brindan las distintas instituciones (públicas o privadas), etcétera, los condicionantes de nuestra cotidianeidad: «Es el lenguaje de la gente» y sus prácticas, sostenía Lefebvre. Un ejemplo claro de ello se refleja en la Comunidad de Madrid en donde la esperanza de vida se corresponde según los barrios, existiendo hasta 10 años de diferencia en la esperanza de vida media entre zonas del norte y sur de Madrid [2].
Gran parte de las ciudades se conforman a partir de la concentración geográfica y social de un excedente en la producción. Esto nos hace pensar la ciudad -así define Harvey- como un sumidero de capital excedente. La urbanización capitalista está ligada intrínsecamente al conflicto, o lo que es lo mismo, a la “obligatoria” necesidad de extraer un excedente para los constantes intentos de valorización. Lo dicho también se debe, como manifiesta Harvey, a una «relación inversa», es decir, el sistema capitalista también necesita de la «urbanización para absorber el sobreproducto que genera continuamente». Existe una alta correlación entre la curva de crecimiento capitalista y la urbanización mundial. En el capitalismo tardío la ciudad es una mercancía que deviene en marca-ciudad, experiencias o estilos de vida [3], para estimular y atraer a sectores del capital financiero e inmobiliario al circuito económico donde se inscribe.
Las ciudades se insertan en la búsqueda permanente de zonas rentables para la producción, reproducción y absorción de capital —con el beneplácito, la ayuda y la pasividad, en la mayoría de casos, del conjunto de instituciones que configuran la administración pública; y el correspondiente dispositivo jurídico-normativo favorable—. Se articulan y modulan, predominantemente, a partir del beneficio y el rédito económico: la lógica del valor de cambio que incrementa a raíz del debilitamiento del régimen de acumulación fordista. Y lógica que se vio modificada mediante la supresión —en los 70/80/90 el capitalismo en su forma neoliberal, globalizante y (relativamente[4]) financiarizada—de algunos obstáculos geográficos al capital. Ejemplo de ello fue y sigue siendo la sucesiva privatización del espacio urbano y la «lógica financiera crecientemente articulada con la generación y distribución de plusvalía a nivel mundial» [5]. Lo que agilizó la rotación y el flujo de capital a la par de los procesos de valorización de algunos espacios. Con 2 claros efectos: 1) procesos de desvalorización de otros espacios y 2) aumento en la desigualdad y proletarización de las clases populares.
Teniendo en cuenta que la economía del Estado español depende y se articula a partir de 4 vectores por excelencia: construcción, turismo, comercio y servicios financieros, ¿cuáles son los mecanismos para reproducir las condiciones de producción a la vez que -de manera sincrónica- se produce?
Una de las estrategias, que nos atañe en este artículo, en las que pivota la ganancia del Reino de España -acelerada desde la pandemia- pasa por la liberalización del suelo y la recalificación y construcción sin límites, en busca de la atracción de capitales, flujos de inversión y turismo. Ello trae aparejado sus terribles consecuencias [6]: estigmatización(zonas en proceso de abandono, que potencian: pobreza, violencia, reducción de servicios públicos y el abaratamiento y deterioro de inmuebles/suelo: el barrio del Albaicín en los años 70/80), especulación (compra de inmuebles y propiedades por parte de agentes económicos que se han visto atraídos por el bajo coste de esa misma zona; lo que se materializa a posteriori en el encarecimiento de la vida y el suelo de ésta: el mismo Albaicín en la actualidad), y expulsión (el encarecimiento de la vida en el mismo barrio -pensemos de nuevo el Albaicín-, empuja a los residentes más afectados hacia espacios asumibles económicamente).
Se configuran consecuentemente ciudades-mercancía que se “venden” como centros comerciales, parques temáticos compuestos por un conjunto variado de marcas-barrios para su atracción e inversión en perjuicio de las clases populares.
Lefebvre explica que el espacio no se produce de la misma manera que 1 kilo de azúcar, no es una simple mercancía ni la suma de lugares o sitios. El espacio se construye socialmente, no es externo u objetivo, no viene dado, intervienen en su construcción relaciones sociales en un marco de capital/trabajo (relaciones de producción y reproducción). El espacio se construye bajo dicha direccionalidad, es el resultado de la acción social, las prácticas y las relaciones sociales, a la vez que configura a las mismas. En síntesis, la dualidad del espacio se explica en tanto éste produce relaciones sociales y estas mismas lo producen a él: «redes de cambio, flujos de materias primas y de energías que configuran el espacio y que son determinados por él».
Como explica quien escribió “el derecho a la ciudad”, las ciudades se “producen” a partir de espacios previos/existententes (pensemos Granada: vestigios andalusíes, históricos y religiosos: mezquitas convertidas en parroquias) que “hacen” de base. Por su parte, las relaciones que articulaban ese espacio, se “disuelven” y se “crean” nuevas sin desaparecer en su totalidad. Este proceso que aparece como coherente, lógico y natural configura un espacio nuevo que se erige y nace aparentemente distanciado de la realidad social ocultando damnificados y beneficiados.
Esta pandemia ha puesto de relieve de manera explícita, la tipología y el modelo de gobernanza, la falsa apariencia natural o azarosa (a lo que construcción y reproducción respecta) de las ciudades y sus espacios. Aquí se expondrán sólo algunos ejemplos.
Pensemos el espacio “público” de gran parte del territorio y los pueblos del Estado durante el covid-19 y en la actual etapa de nueva (a)normalidad. Este espacio se ha articulado predominantemente por y para el turismo, en perjuicio de la mayoría de la población local (como vimos en el caso de las Islas Baleares durante el pasado mes de junio. Mientras los habitantes del archipiélago balear no podían desplazarse a territorio peninsular (fase 3), turistas transitaban a sus anchas el espacio de las Islas [7]).
Espacio(s) para el rédito económico y la oferta turística se despliegan en mitad de una pandemia: terrazas, sillas, mesas y toldos, que se traduce en una reducción drástica del espacio público (limitación de su valor público, compartido y de uso), y en el descuido y desatención de zonas que no reportan (tanto) beneficio económico (desvalorización del espacio). De esta manera, el espacio se diluye, absorbe, cubre y dificulta observar el conflicto y las contradicciones que se dan en él.
Teniendo en cuenta la especificidad de la estructura económica del Estado español y considerando la ciudad y el espacio -en términos de Neil Smith- como dispositivos de control político y de supervivencia de la economía (ejemplo de ello ha sido el apartheid segregacionista-policial propuesto por Ayuso en 37 áreas del sur de Madrid), ¿cuáles son los mecanismos para reproducir las condiciones de producción (de manera simultánea a lo que ya se produce)?
Vemos como el sector inmobiliario y el capital financiero, con el impulso y ayuda de la mayoría de las administraciones competentes tratan de estimular un nuevo ciclo especulativo. Aunque también se puede redactar al revés, cómo el poder político en sus distintas dimensiones, fracciones y competencias trata de estimular, como explica Jaime Palomera, el «ciclo inmobiliario en el mercado de alquiler y hacerlo atractivo para el capital financiero, local e internacional».Ladrillo, especulación y turismo, es la lógica y el motor predominante del capitalismo del Reino de España. Y parte de la receta que nos llevó a la brutal crisis de 2008.
No es casual ni difícil de entender porqué el Estado español es el territorio del continente europeo donde más casas construidas por habitante encontramos, a la vez que también es la zona donde más viviendas vacías se localizan. Tampoco es fortuito, como reflejan y denuncian los carteles [8] del colectivo y contrapoder Distrito 14, del distrito madrileño Moratalaz, que 8 de cada 10 jóvenes no puedan emanciparse, que el alquiler medio en Madrid sea de 819 euros (mientras el salario del 50% de los jóvenes es inferior a 1000 euros) o que en el anterior año (2019) se llegase a la escalofriante cifra de 162 desahucios diarios (frente a las 19 ocupaciones diarias, en su mayoría -el 80% concretamente- a bancos o fondos buitre). Al igual que tampoco es casual, frente a la gran crisis habitacional y la necesidad de concientización y desarrollo de luchas por el derecho a una vivienda digna, la falaz y sensacionalista campaña en defensa de la sacrílega propiedad privada, confundiendo conscientemente datos y terminologías, como el «allanamiento de morada», art. 202.1 del Código Penal, con la «usurpación» (“ocupación”), regulado por el art. 245.2 del mismo [9]. Lo primero se puede solucionar en 24 horas, lo segundo (“Ley antiokupa” 5/2018), cuando el propietario es un particular, en menos de 5 días [10].
Entre la alternancia de gobiernos socialistos y populares, las clases trabajadoras se han enfrentado desde 2008 hasta 2019 a 684.385 desahucios y más de 1,7 millones de personas han sido expulsadas de su techo[11].
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, proponía a finales de abril, como solución a la actual crisis socioeconómica del covid-19 (con el asentimiento del portavoz del PSOE, Ángel Gabilondo); avivar la colaboración público-privada, no limitar el precio de la vivienda y liberar el suelo, ya que “parte de la recuperación vendrá por la construcción” [12]. Con el pretexto de “dinamizar la crisis económica”, lo dicho por la presidenta se cristalizaba en un cambio legislativo parcial para con la “Ley del suelo”. En la práctica esto supondría concebir Madrid como un “laissez faire” urbanístico, un paraíso para la especulación y la atracción de promotores inmobiliarios, ya que estos últimos no necesitarían de una licencia urbanística. Las consecuencias socioeconómicas sobre la desigualdad (“la triple E” mencionada antes: estigmatización, especulación, expulsión) y el impacto ambiental se obvian, y se supeditan a la lógica del valor de cambio, del rédito económico.
Pero no es algo nuevo, no es una mala gestión o capricho malévolo de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid. Muestra de ello ha sido la cesión de suelo público a colegios concertados, de 1999 a 2013, por parte de la misma Comunidad, saltándose la ley. «[Se] cedió al menos 45 edificios, terrenos o complejos a instituciones privadas para construir o ampliar colegios o escuelas concertadas» [13].
En Andalucía, la comunidad donde el 50% de la tierra -cultivable- la poseé el 2% de las personas propietarias, el gobierno de la junta aprobó un decreto-ley que trastocaba la friolera de 21 leyes y 6 decretos, con el pretexto de “eliminar trabas burocráticas [y ser] un instrumento para la reactivación” [14] buscando realizar una operación relativamente parecida al PP en Madrid (desregular) en la que se dota de autonomía-legal a las promotoras privadas inmobiliarias respecto a las licencias urbanísticas (ya no serían necesarias). Así mismo, se trataba de modificar la ley 7/2002 de 17 de diciembre, que clasificaba el suelo andaluz en urbano, no-urbanizable o urbanizable; reduciéndolo en la actualidad a urbano/rústico, siendo esta última (el suelo rústico) muy ambiguo a lo que definición y uso respecta, ya que la gran parte de este suelo “rústico” es urbanizable. En este sentido, se ha llevado a cabo otro “laissez faire” urbanístico. Este “dejen hacer, dejen pasar” urbanístico en el caso Andaluz arroja (más) sal sobre la herida de la desigualdad. Caldo de cultivo para procesos de privatización, especulación y acumulación por desposesión (expulsión de familias, destrucción socio-ambiental y territorial…).
A partir del decreto desregulador de la Junta, algunas zonas de la comunidad han aprovechado las nuevas modificaciones. El pasado mes de marzo, con el falaz pretexto de dotar al pueblo de Nerja de —según Nieves Atencia, la concejala de Urbanismo del municipio malagueño— “una infraestructura de alto nivel, atraer al turismo y generar empleo” se puso en marcha el convenio para el “desarrollo urbanístico de Maro” [15]. Convenio urbanístico de carácter público-privado, en el que colabora el Ayuntamiento de la localidad y la empresa Sociedad Azucarera Larios Inmobiliaria (con la que el Ayuntamiento está endeudada, casualidades de la vida). Un megaproyecto que incluye [16] un opulento uso hotelero, un campo de golf de 18 hoyos y 680 viviendas. Se llevará a cabo la recalificación del suelo de más de 1,8 millones de metros cuadrados (no urbanizables), lo que permitirá al Ayuntamiento de Nerja solventar parcialmente su deuda con el grupo empresarial Larios. Favor por favor.
De llevarse a cabo esto supondría para la localidad aumentar la dependencia en los servicios y el turismo: especulación, precariedad y explotación. Al igual que la destrucción, la turistificación y la gentrificación de un paraje natural, un enclave paisajístico de lujo para el uso y disfrute de los malagueños. Más pobreza y subalternidad.
Este “patrón” y lógica mercantil predominante que administra el espacio, se observa también en el intento de destrucción de uno de los enclaves naturales más bellos del sur de Europa, la playa de Valdevaqueros [17] y el litoral de Tarifa (Cádiz). Aprovechando el decretazo de la Junta de Andalucía, la inercia expansionista y el pretexto de incentivar la economía a causa del covid, se trató de recalificar lo que era suelo no urbanizable de especial protección. Procesos de acumulación por desposesión (mediante la atracción turística: 350 viviendas y 1.400 plazas hoteleras “y con previsiones de construir más de 7.000 viviendas, hoteles y centros comerciales” [18]) a partir de la destrucción de un espacio único, público y de interés social, aunque fue tumbado tras la organización y el recurso presentado por Ecologistas en Acción-Cadiz. Rara avis.
La estrategia y objetivo de principal interés del segundo circuito de acumulacion del capital es el (dominio del) espacio y su producción. El 9 de junio el gobierno de Andalucía llevaba a cabo otro decreto desregulador, que nos sirve para esclarecer la idea de Neil Smith sobre las ciudades y el espacio como dispositivos de control político y de supervivencia de la economía. La “clase política” andaluza, vía decreto-ley y con el paraguas del covid, trata de levantar (más aún) regulaciones y normativas que obstaculizan la edificación en: 1) suelo rural no urbanizable y 2) suelos de especial protección [19]. Previo a este decreto, al respecto de ambas tipologías de suelo, solo se podía edificar si los planes urbanísticos lo recogían expresamente. En cambio, ahora, para el segundo tipo de suelo o situación (suelo no urbanizable de especial protección), la edificación solo se verá parada si son “incompatibles con el nivel de conservación del lugar en cuestión”. Esto se traduce en mayor autonomía y libertad (desregulación) para agentes y grupos inmobiliarios y financieros, es decir, “laissez faire” urbanístico, a la vez que se potencian y aceleran procesos degentrificación y turistificación. Esto supone una mayor relación de dependencia para con el monocultivo turístico-inmobiliario; como lo refleja el nuevo decreto que aprobó la Generalitat [20] donde “[se] incorpora la figura de hogar compartido, [lo] que permitirá a cualquier persona alquilar su vivienda con fines turísticos”. Un nuevo empujón a la especulación y a la más absoluta precariedad (tú, pobre, a compartir tu casa).
Las lógicas mercantiles que articulan el espacio y la ciudad también nos son útiles para comprender la dinámica en la que se insertan muchas ciudades-capitalistas. Su gestión y administración está mediada, en muchos casos, en el reposicionamiento de las marcas-ciudad en la competencia del mercado internacional de ciudades. Para entender esto nos puede ser de utilidad el concepto de «renta de monopolio» que expone Harvey. Esta renta surge y hace referencia a un grupo o agente social que, mediante el monopolio-legal-exclusivo que tiene sobre el suelo, trata de atraer capitales y flujos de inversión a partir de la diferenciación (capital simbólico colectivo) entre ciudades, en ese mercado internacional. Es decir, procesos en los que un grupo social minoritario obtiene rédito económico a partir del control de algún “artículo” o espacio de la ciudad (directa o indirectamente comerciable) que en términos generales, se podría clasificar como “único” o “irreproducible”.
Aterrizemos esto a la realidad de alguna de las ciudades del Estado español, como el caso de la Granada-capitalista como marca-ciudad, o lo que es lo mismo, como inversión en capital cultural. Según entienden Rodríguez y Salguero -en Granada(s),un tronco, muchas ramas- la cultura en su dimensión más mercantil es el principal vector (a partir del turismo cultural) que orienta la ganancia de la ciudad andaluza. Granada se descompone -explican ambos antropólogos- en muchas “marcas”: la Granada de la Alhambra, la Granada de los deportes de invierno, la Granada de los barrios históricos (Albaicín y Sacromonte), la Granada nocturna (era la del botellón y las despedidas de soltero), la Granada universitaria, la Granada “Lorquina” (mientras Federico García Lorca se retuerce en alguna cuneta perdida), la Granada de las tapas, etcétera. Dichas marcas intentan atraer principalmente a 2 actores, a saber, las inversiones de la dupla financiero-inmobiliaria y el visitante (turista o erasmus).
¿Qué nos encontramos?, como apunta Nail Smith, la ciudad como «fuerza geográfica motora de la acumulación de capital», o lo que es mismo, como «fuente de producción de abundantes plusvalías». La construcción y reproducción de la ciudad-capitalista pensada por y para estos dos agentes minoritarios, en detrimento de las clases populares que se ven afectadas por remarcados procesos de distinción, segregación y desigualdad.
En el mismo capítulo del libro, Rodríguez y Salguero describen el Albaicín como un claro ejemplo de lo esbozado. De ser un barrio marginal en los 80’ (afectado además por la despoblación y el envejecimiento de los vecinos), pasó a ser en la actualidad una zona “única” e “irreproducible”, en un sentido “positivo”. ¿Por qué ese cambio? Por la declaración (Patrimonio de la Humanidad) en el 84’ por la UNESCO del conjunto Alhambra-Generalife y posteriormente por la declaración de ese barrio como Patrimonio de la Humanidad en el 94. El suelo -tal como lo conceptualiza Harvey- es una «forma ficticia de capital» que genera nuevas posibilidades de renta. Se llevó a cabo una reconversión del barrio en producto turístico, con la ayuda de fondos europeos, inmobiliarias, la alfombra roja de las distintas administraciones competentes y el “respaldo” del marco normativo-jurídico. Esto trajo consigo la expulsión de muchos vecinos con rentas antiguas (para reutilizar y especular con esos suelos e inmuebles), despoblación en zonas de rentas bajas (también llevó a la quiebra a una variedad de pequeños comercios que “vivían” a partir de esos vecinos) e impactantes procesos de gentrificación y turistificación. Vecinos y residentes, o lo que es lo mismo, parte del colectivo que ha participado (y participa) cotidianamente en la producción y reproducción de la ciudad y los espacios que la constituyen, se encuentran desposeídos de un bien común como es el uso, vida y derecho a la ciudad.
Estos ejemplos expuestos para tratar de “solventar la crisis del covid” por las distintas CCAA, no son planes contingentes, ni “malas ideas” de un grupo de señores/as. Es el modelo estructural de desarrollo y lógica de la administración socioeconómica del espacio. Es una solución mercantil que trata de acabar con todo tipo de barrera que dificulte potenciar otro ciclo de acumulación y ganancia. No es natural o pre-social, y mucho menos neutral, es el modelo como tal. La urbanización capitalista está inserta en la reproducción del capitalismo.
Ante lo dicho, la(s) izquierda(s) y las clases populares tenemos distintas alternativas para aminorar, en un primer momento, el ciclo de acumulación capitalista mediante la “palanca” de la administración mercantil del espacio. De las que cabe destacar la ingenua alternativa de esperar un cambio partidista o institucional, o tratar de potenciar barreras y obstáculos geográficos a la circulación de capital y al “laissez faire” urbanístico. Lo primero supondría implícitamente partir de la errónea tesis de que la organización espacial capitalista es un problema exclusivo (o en su mayoría) de gobernanza (político-institucional) o legalidad. Lo que nos lleva a pensar que sustituyendo “elemento(s) por elemento(s)” se solucionaría, o por lo menos en parte, desplazando la dinámica/inercia a otro lugar. Conforme razona Rolando Astarita [21], ¿cómo aminorar la lógica predominante que articula la ciudad, en el corazón de una de las peores crisis del último siglo, a partir de leyes o cambios institucionales, sin trastocar o tensionar las relaciones que son el fundamento de estos mismos?
La segunda alternativa no excluyente a la primera, siendo conscientes de su “carácter” y sus límites, implicaría necesariamente la articulación de luchas/fuerzas (contrapoderes), que conformen a su vez un “bloque”, un “todo”, es decir, un sujeto totalizante/general que sea consciente de las múltiples contradicciones y particularidades donde se erige, que rompa con las distintas relaciones de bestialización de nuestro pasado más reciente y viviente y que promulgue una ruptura, como expresa Iñaki Gil de San Vicente, con “la mercancía ideológica del «ciudadanismo»” falazmente progresista que se funda sobre la defensa acrítica de la institucionalizada y reaccionaria (idea de) España como la unidad de destino en lo universal.
Esto implica promover un todo compuesto por un amalgama de fuerzas que absorban y proyecten demandas-luchas sobre las distintas esferas de dominación y explotación. Una fuerza/sujeto, en el que a partir de un mismo proyecto y estrategia política, el de anular y superar “el estado de cosas actual”, y mediante el conflicto organizado en distintas escalas/niveles, hibriden el conjunto de luchas. Luchas en el caso concreto de la ciudad por reconfigurar y sustituir el sentido y la concepción moderna, emanada de la “comunidad ilusoria”, del “buen ciudadano”: del ciudadanismo-consumidor desclasado que “vive” en la ciudad, por el sujeto político consciente que la habita, la apropia y la produce.
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[2]https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2019-03-05/barrios-madrid-esperanza-vida-renta-brecha-norte-sur_1852006
[3] En: Mansilla, J., Marcús, J., Boy, M., Yanes, S., Aricó, G., (2019). La ciudad mercancía: turistificación, renovación urbana y políticas de control del espacio público. Recuperado dehttps://leerlaciudadblog.files.wordpress.com/2016/05/marcc3bas-mansilla-boy-yanes-y-aricc3b3-la-ciudad-mercancc3ada.-turistificacic3b3n-renovacic3b3n-urbana....pdf
[4] Ver: Astarita, R. Financiarización, ¿qué evidencia empírica?https://rolandoastarita.blog/2020/07/15/financiarizacion-que-evidencia-empirica/
[5] Ver: Astarita, R. Lógica del capital y crítica marxista (4) https://rolandoastarita.blog/2014/09/11/logica-del-capital-y-critica-marxista-4/
[6] Ver: Moya, L. (2017). El proceso de gentrificación en España (tesis de pregrado). Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Universidad Politécnica de Madrid.
[8] https://twitter.com/DistritoCatorce/status/1298155122699251713
[9]https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/cortinas-humo_129_6168031.html
[14]https://www.eldiario.es/sociedad/crisis-covid-19-debilitar-proteccion-ambiental_1_5963929.html
[15]https://ethic.es/2020/06/nerja-un-paisaje-natural-en-peligro-de-construccion/
[16]https://www.diariosur.es/axarquia/larios-cifra-millones-20200414001817-nt.html
[17]https://www.eldiario.es/andalucia/cadiz/Valdevaqueros_0_1029247490.html
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