Pensiones
Escrivá aumenta la presión sobre Unidas Podemos para aprobar su plan de pensiones privadas de empleo

El Proyecto de Ley para impulsar los planes de pensiones de empleo tiene que estar aprobado a finales de junio para cumplir con Bruselas y destrabar miles de millones de euros de los fondos Next Generation. Sin embargo, a escasas semanas de que acabe el plazo, el Gobierno no cuenta con los apoyos necesarios y la negociación de las enmiendas promete ser entretenida.

La ley de Escrivá superó su primer examen en el Congreso el pasado 24 de marzo, cuando PSOE y Unidas Podemos votaron junto con PP, Vox, Ciudadanos y PNV para que el proyecto siguiera su trámite parlamentario. Por su parte, BNG, ERC, EH Bildu, Más País-Equo, CUP y Compromís votaron en contra del plan. 

La ley que promueve los planes privados de empleo de Escrivá vuelve a dividir a los socios del Gobierno

Martín Cúneo

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Pensiones públicas La ley que promueve los planes privados de empleo de Escrivá vuelve a dividir a los socios del Gobierno

Martín Cúneo

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Después de que la ley de Escrivá haya pasado el primer trámite parlamentario con los votos de PSOE, UP, PP, Vox, Cs y PNV, el movimiento pensionista redobla la presión para que esta “privatización encubierta” del sistema público de pensiones nunca vea la luz.

El negocio de las pensiones El macrofondo de pensiones privadas de Escrivá detraerá millones de euros del sistema público

Ahora, para aprobar el texto definitivo, el Gobierno tiene los apoyos contados. El PP no parece dispuesto a respaldar la ley después de que el PSOE se negará a incluir en la norma el impulso a los planes de pensiones individuales, mayoritarios en España y castigados fiscalmente en los presupuestos generales y en el proyecto de Escrivá. Otros socios tradicionales, como ERC o BNG, ya han mostrado su oposición frontal. Escrivá no cuenta, ni siquiera, con el voto garantizado de Unidas Podemos para sacar adelante un proyecto de ley que las organizaciones de pensionistas califican como un “ataque al sistema de pensiones públicas”. 

Dirección contraria

El plan de Escrivá consiste en la creación de un macrofondo público de pensiones privadas de empleo, gestionadas por bancos, aseguradoras o grandes fondos de inversión y negociadas entre empresas y sindicatos. Para que los empresarios acepten participar de este sistema de ahorro complementario —que ahora apenas llega al 3% de la población activa—, el Gobierno ofrece en la ley ventajas fiscales y un ahorro a las empresas en cotizaciones a la Seguridad Social de 115 euros mensuales por cada trabajador incluido en estos planes, una medida que se traduciría en más de 400 euros al año que dejaría de ingresar la Seguridad Social por trabajador adscrito a estos planes.

En la propia memoria económica de la Ley, elaborada por el Ministerio, se reconoce el impacto que tendría esta promoción de planes privados en las cuentas públicas. En concreto, y solo teniendo en cuenta los cotizantes actuales de los planes de empleo que se verían afectados por esta exclusión en las cotizaciones, apenas unos 353.000, la pérdida para la Seguridad Social sería de 189,9 millones de euros al año. 

Si este tipo de planes privados de empleo llega al 50% de la población activa, objetivo declarado del plan de Escrivá, el impulso de estos planes privados supondrían varios miles de millones de euros menos de ingresos en la Seguridad Social

“Si, como pretenden, hay un efecto incentivador de la cobertura de planes de empleo complementarios, y el número de participantes crece, el coste público crecería proporcionalmente”, señalan fuentes de Unidas Podemos. Si este tipo de planes privados de empleo llega al 50% de la población activa, objetivo declarado del plan de Escrivá, el impulso de estos planes privados supondrían varios miles de millones de euros menos de ingresos en la Seguridad Social. 

Y eso sin tener en cuenta el dinero que dejaría de ingresar el Estado por las desgravaciones. Con las cifras actuales y solo contando con 618.634 cotizaciones, el coste para las arcas públicas de las ventajas fiscales sería de 166 millones de euros anuales, según la memoria económica. En el caso de que el plan de Escrivá funcione y los planes de empleo lleguen a la mitad de la población activa, más de diez millones de personas, esta merma de ingresos para el Estado aumentaría de forma proporcional: aproximadamente otros 3.000 millones de euros. Para la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, este plan supone “favorecer con dinero público las pensiones privadas”, una hoja de ruta que lleva “al aumento de la desigualdad y el trasvase de rentas desde las personas que menos ingresos tienen a los de mayores ingresos”. 

LAB acuerda suspender su participación en las EPSV al debilitar el sistema público de pensiones

Gessamí Forner

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País Vasco LAB acuerda suspender su participación en las EPSV al debilitar el sistema público de pensiones

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Tras 25 años participando en las Entidades de Previsión Social Voluntarias, el sindicato vasco ha decidido en un debate interno con su militancia revocar esta línea que “no sirve como herramienta colectiva”.

La otra gran crítica del movimiento pensionista y de todos los socios del Gobierno a la izquierda del PSOE, incluido Unidas Podemos, es que este plan torpedea otro de los puntos clave de la reciente reforma de las pensiones: la sostenibilidad del sistema público en un momento en el que la precariedad laboral, el envejecimiento y la jubilación de la generación del baby boom solo pueden ensanchar el déficit de la Seguridad Social. La separación de los “gastos impropios” de esta entidad —que sirve de alivio temporal para ese déficit— y el aumento de las cotizaciones sociales de un 0,6% —el famoso nuevo Factor de Equidad Intergeneracional— son dos medidas que van en la dirección contraria de un plan de impulso de planes de pensiones privadas cuyo éxito depende de detraer dinero del fondo que paga las pensiones públicas y de unos presupuestos con los que se financian los gastos sociales.

Las prisas de Escrivá

Las negociaciones cruzadas entre PSOE y Unidas Podemos, con EH Bildu y Esquerra, incluso con PDeCAT y Ciudadanos llevan semanas en plena intensidad, cuenta a El Salto una fuente de Unidas Podemos. Para la aprobación del plan, el Gobierno no puede contar con ERC, que está “enrocada” en rechazar la totalidad del texto. Ciudadanos está más cerca del sí después de que el Gobierno haya aceptado aumentar los incentivos fiscales para las empresas y que haya conseguido lo que Inés Arrimadas llama la “despolitización del fondo, eliminando el derecho de veto en las inversiones”. 

Tanto Más País como EH Bildu, así como otros pequeños partidos que han apoyado al Gobierno en otras votaciones, aún no han definido su voto. Tampoco está cerrada la postura de la formación de Yolanda Díaz, que presentó una enmienda parcial para suprimir el principal incentivo del plan para los empresarios, la exclusión de 115 euros al mes en la cotización de cada trabajador. Esta medida, según el texto de la enmienda, significaría “recuperar medidas que implican una reducción de ingresos para el sistema público de pensiones”. En el texto, Unidas Podemos apunta que este “privilegio de exención se daría en favor exclusivamente de las rentas del trabajo más altas, con mayor capacidad marginal de ahorro, que son los que normalmente tienen acceso a planes de pensiones complementarios”. 

Euskadi: ¿punta de lanza o zona cero de los planes de pensión de empresa?

Juanen Elua

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Opinión

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Juanen Elua

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Los planes de pensiones de empresa (EPSV en Euskadi) se han tomado como referente para impulsar la privatización del modelo de reparto de la Seguridad Social mediante el proyecto de ley que debe aprobar el Gobierno central antes del 30 de junio.

La presión de Escrivá para contar con el apoyo de Unidas Podemos se ha acentuado y crece a medida que se acaba el tiempo, cuenta esta fuente de UP. La inminencia de las elecciones en Andalucía y el rechazo del PSOE a incluir “la mayoría” de las enmiendas del PP, según palabras de Alberto Núñez Feijó, convierte en poco probable “el plan inicial de Escrivá”, sacar adelante el proyecto con los votos de la derecha.

La gran crítica del movimiento pensionista y de todos los socios del Gobierno a la izquierda del PSOE, incluido Unidas Podemos, es que este plan torpedea otro de los puntos clave de la reciente reforma de las pensiones: la sostenibilidad del sistema público de pensiones

La recomendación 16 del Pacto de Toledo y el compromiso con Bruselas de impulsar los planes complementarios de empleo, dice esta fuente a El Salto, no obliga a “detraer recursos de la Seguridad Social”. Las ayudas fiscales y las desgravaciones pueden ser un “mal menor” aceptable en la negociación con el PSOE, añade, pero “tocar la caja de la Seguridad Social en medio del debate sobre si hay que jubilarse más tarde”, no lo es. Más allá de estas afirmaciones, el sentido del voto definitivo de los diputados morados depende de más factores y “tampoco hay mucho margen”, matiza. La decisión final dependerá de la estrategia marcada por la dirección del partido, atrapada entre el día a día de la gobernabilidad y sus líneas rojas fundacionales.

El problema de fondo, dice este experto en pensiones de UP, es que Escrivá sueña con tener los fondos de pensiones que tienen países “donde la protección social pública basada en la solidaridad intergeneracional es raquítica o inexistente”, como Estados Unidos o países del norte de Europa. “Por muchos incentivos que meta, Escrivá no lo va a conseguir, a menos que se acometa una reducción sustancial de las cotizaciones obligatorias al sistema público”, concluye.