Pobreza energética
Apagón crónico: lugares donde no volverá la luz, a pesar de la restauración del sistema eléctrico

El pasado lunes al mediodía la vida en el Estado español se paralizó, por lo menos su transcurrir cotidiano. Un apagón eléctrico histórico nos daba una jornada llena de imágenes inusuales o recordadas de contextos distintos: semáforos apagados, viandantes enganchados a un transistor a pilas, colas kilométricas para comprar pan en los únicos establecimientos abiertos o para sacar dinero en los cajeros con generador propio. Un día que para todas las personas que habitan el estado pivota entre varias preocupaciones: llegar a casa sin medios de transporte, poder hablar con los seres queridos, la imposibilidad de trabajar (o las posibles consecuencias de no poder hacerlo) y no poder hacer cosas tan cotidianas como cocinar, ducharse con agua caliente o mantener los alimentos en buen estado.

En Cañada Real (Madrid) más de 4.500 personas, entre ellas 1.800 menores, viven con cortes de luz diarios desde de octubre de 2020

Desde las seis de la mañana del martes, cuando la Red Eléctrica anunciaba que se había restablecido en un 99% el servicio en todo el país, ya todo se encamina a ser un hecho extraordinario que quedará en el consciente colectivo estatal como una anécdota. Sin embargo, dentro del Estado español hay miles de personas que se enfrentan diariamente a estas circunstancias en distintos puntos del territorio: expertas y expertos de los generadores eléctricos, de ducharse con agua fría y de vivir a la luz de las velas.

Lugares como Cañada Real en Madrid donde más de 4.500 personas, entre ellas 1.800 menores, viven con cortes de luz diarios desde que el 2 de octubre de 2020, cuando la compañía Naturgy decidió cesar con el suministro. Una situación dilatada en el tiempo que ha llevado a que el pasado febrero el Comité Europeo de Derechos Humanos del Consejo de Europa condenaba al Estado español por vulnerar diez derecho básicos de esta población, entre los que se encuentra el derecho a la vivienda, el derecho a la salud y el derecho a la protección frente a la pobreza y la exclusión social. 

En la condena, impulsada por la demanda de la Plataforma Cívica de Apoyo a la Lucha por la Luz de Cañada Real Galiana, CAES y Gentium, además recoge que esta vulneración de derechos supone el incumplimiento de la Carta Social Europea. “Cada día es un desafío. Cocinar, calentar las casas y que los niños puedan vivir una infancia digna es casi imposible. El acceso a la educación está gravemente afectado. “Pero seguimos resistiendo porque no aceptamos que se nos condene a estas condiciones”, explicaba a El Salto diario Houda Akrikez, vecina de la Cañada y presidenta de la Asociación Tabadol.

Las movilizaciones de la población que habita Cañada de Real no paran de sucederse. A principios de abril, decenas de vecinas y vecinos se manifestaban para denunciar las políticas que se han aplicado, o no se llegan a aplicar en el territorio, por parte de todas las administraciones: Gobierno estatal; Comunidad de Madrid y ayuntamientos de Madrid y Rivas Vaciamadrid.

Barrios marginalizados

“Es en toda España así que hoy lo arreglan”, expone uno de los vecinos almerienses afectados por los continuos cortes de luz que atraviesan barrios como Pescadería o el Puche de forma continua, especialmente en los picos de mayor consumo durante el invierno y en las olas de calor que definen el verano andaluz. El comentario hace referencia a la falta de solución que desde las instituciones les han brindado a los miles de vecinos que viven en la zona. 

Una situación que se repite en la zona norte de Granada, que desde 2019 se enfrenta a este tipo de intermitencias en el suministro que pueden durar hasta días. A pesar de que la movilización vecinal ha llevado a emprender un proceso judicial contra la energética Endesa, el pasado 2024 se desestimaba por parte de la Justicia.

Más de 11.000 personas en Almería y Huelva viven sin luz en los asentamientos de trabajadoras del sector agrícola de ambas provincias; además, tampoco tienen acceso a agua potable

Los cortes de luz en estos barrios granadinos han supuesto en 2024 el 15% de las demandas atendidas por el Defensor de Granada. El propio defensor ha señalado frente a la alcaldesa Marifran Carazo que se necesita “un cambio legislativo que reconsidere el incremento de indemnizaciones a los afectados por cortes de luz". 

En Sevilla, los cortes de electricidad pueden llegar a afectar a más de 40.000 personas de barrios como Amate, Palmete o Torreblanca. Una situación especialmente crítica durante las olas de calor, que llevó a que durante el verano de 2023 los vecinos organizados ocuparan distintos espacios institucionales que sirvieron de refugio climático ante la imposibilidad de poder refrigerar sus hogares a temperaturas de más de 40 grados. 

Cientos de vecinos llevan años organizando movilizaciones, encierros y decenas de denuncias a Endesa, una resistencia que ha tenido como consecuencia la detención de uno de los activistas en 2024 durante una movilización. Además, desde Barrios Hartos, uno de los colectivos que organizan las movilizaciones por los cortes de luz, denuncia que se produce de forma continuada una “criminalización de los barrios obreros” al tener como toda respuesta por parte de la empresa y los ayuntamientos la vinculación de estos apagones con unas supuestas plantaciones ilegales de marihuana. Los apagones son comunes en decenas de barrios periféricos de distintas localidades del país.

Invisibles ante las instituciones

Más de 11.000 personas en Almería y Huelva viven sin luz en los asentamientos de trabajadoras del sector agrícola de ambas provincias; además, tampoco tienen acceso a agua potable. Miles de personas que viven en infraviviendas construidas con plásticos y que se exponen a las inclemencias del tiempo y a posibles accidentes. “Estas infraviviendas son construidas utilizando materiales desechados, sin electricidad ni agua corriente, lo que ha provocado incendios en los asentamientos”, explican Diego Boza Martínez, Coordinador General APDHA, y Fernando Plaza del Pino, APDHA Almería, en el informe Frontera Sur 2025 elaborado por esta entidad.

“Los habitantes, arriesgando la vida, se encargan de crear mecanismos con cables alargadores para llevar el suministro hasta cada chabola e infravivienda”, explican en este informe. Una realidad de cables expuestos a la lluvia y generadores expuestos a altas temperaturas que es la causa de muchos incendios y otros accidentes que han provocado la muerte de varios habitantes de estos asentamientos en los últimos años.

Todos estos casos tienen en común una falta de resolución por parte de las instituciones competentes: ayuntamientos, gobiernos regionales y gobierno central. Una realidad en la que en muy pocas ocasiones reparan en la elaboración de sus políticas a pesar de la denuncia social y de colectivos internacionales y de que la ONU considere una vulneración de Derechos Humanos la falta de acceso a electricidad.