Política
Vox y el PP pactan en Aragón acabar con la ley de memoria, el veto parental e ignoran la crisis climática

Derogación de la ley de la memoria histórica, posibilidad de aplicar el veto parental, impulsar una sanidad público-privada, rebaja de impuestos en Sucesiones y Patrimonio, supresión de las políticas lingüísticas, modificar la ley trans autonómica y “sacar la ideología de las aulas”. Son algunos de los 80 puntos del pacto de coalición de Gobierno en Aragón entre el Partido Popular y Vox. El acuerdo, de profundo peso ideológico, roza el negacionismo. Aunque hay un apartado de medio ambiente, en ninguna de las más de 13 páginas, consultadas por esta redacción, menciona la crisis climática, aún teniendo los Pirineos amenazados por las empresas privadas. 

Al acto de presentación no ha acudido el líder del PP de Aragón, Jorge Azcón. Lo ha hecho su portavoz y número dos: Ana Alós. Por parte del partido de extrema derecha de Vox, ha acudido a la firma Alejandro Nolasco quien, según recoge el diario El País, ha afirmado que “hoy es un día alegre”. El acuerdo de gobierno entre sendos partidos supone la vicepresidencia y dos consejerías para el partido ultraderechista. En las pasadas elecciones del 28 de mayo, el PP obtuvo 28 escaños y Vox 7, alcanzando entre ambos la mayoría absoluta. Es el cuarto gobierno autonómico del PP que integra a la ultraderecha en el marco legislativo.

El acuerdo de gobierno entre sendos partidos supone la vicepresidencia y dos consejerías para el partido ultraderechista

El acuerdo, de un total de 10 puntos divididos en 80 subapartados, se focaliza en derogar la ley de Memoria Democrática de Aragón, a la que consideran “ideológica”. También suprimen la Dirección General de Política Lingüística, un departamento creado para la investigación del patrimonio lingüístico del catalán y del aragonés. Trasladan sus funciones a la Dirección General de Cultura y Patrimonio, eliminando “las ayudas a entidades sin ánimo de lucro en materia de política lingüística” concedidas por el Gobierno autonómico y redirigir ese presupuesto a ayudas para empresas turísticas “que promuevan las fiestas locales y las fiestas artesanales”. Según el texto, en cuanto a la promoción de las lenguas, tienen el objetivo de “prevenir cuantas interpretaciones interesadas perviertan su verdadero espíritu de respeto hacia la libertad de los hablantes”.

En contra del machismo, pero hay violencia intrafamiliar

Los documentos firmados por el partido de Feijóo y el de Abascal en Aragón hablan en el punto ‘Bienestar Social y Familia’ de disminuir los discursos machistas, pero también invisibiliza la violencia sistemática contra las mujeres al hablar de víctimas de “violencia intrafamiliar o doméstica”. Según Alós, del PP, “ambas violencias no son excluyentes. Igual que existe la violencia contra las mujeres, existe la doméstica”. 

Para las personas que realizan las funciones de cuidados en sus casas, plantean reducciones impositivas: “establecer una deducción por realización de laborales no remuneradas en el hogar por uno de los cónyuges de la unidad familiar”, que en su inmensa mayoría son mujeres y garantizar “una deducción por cuidado de hijos menores de 14 años” y ampliar las deducciones al IRPF por nacimiento o adopción de hijos. 

La palabra “igualdad” no aparece en todo el apartado, por lo que se desconoce si habrá algún órgano específico dedicado a luchar contra las desigualdades entre hombres y mujeres. Sí establecen la realización de un informe que “identifique todos los organismos superfluos que dependen de los fondos públicos y que realizan funciones duplicadas o inútiles para su inmediata disolución”. 

“Inicialmente proponemos la disolución, dentro del gabinete de Presidencia, de los comisionados para la Agenda 2030, Infancia y Despoblación”, aseguran. Y, en este sentido, prometen racionalizar las subvenciones a agentes sociales. Pactan también intentar aumentar la natalidad con el uso de “cheques bebés”. En la ley trans, hablan de “reforma autonómica”, pero no la especifican.

Política de vivienda contra la ocupación

Si bien en los últimos dos años las denuncias por delitos de usurpación de y allanamiento de morada disminuyeron un 20% en 2022 —en Aragón un 16,67%— según datos del CPGJ y hay una denuncia por cada 1.553 viviendas, la política de Vivienda del pacto de los partidos se centra en “luchar contra la ocupación ilegal”. Aseguran “aplicar de forma rigurosa el desahucio exprés en 24 horas de los ocupas”, “luchar contra las mafias de ocupación” y “que los ocupas no puedan recibir prestaciones en materia de vivienda o acceder a vivienda de alquiler social promovida por el Gobierno de Aragón”, a través una nueva Ley de Vivienda de la comunidad. 

Lo cierto es que mientras los juicios por delitos de allanamiento de morada han bajado en Aragón, los desahucios han subido. En 2022, con 267 desalojos a familias de sus casas, ha aumentado la cifra de lanzamientos un 18% respecto al año anterior. Pese a estos datos y que el acceso a la vivienda es un Derecho Humano, el pacto entre PP y Vox no incluye ningún punto en el que se hable de protección de la vivienda para las familias más desfavorecidas. 

Bajada generalizada de impuestos

Otro de los puntos en los que se centra este acuerdo es el de bajar los impuestos. El que más polémica ha causado en cuanto a la política fiscal ha sido el de reducir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones: “reducir el impuesto autonómico estableciendo una bonificación del 99% entre padres, hijos, abuelos y cónyuges. Reducir gradualmente el impuesto actual entre hermanos, tíos y sobrinos mediante bonificación en la cuota”. Reducen también el impuesto de transmisiones patrimoniales al 6%. 

Intentan “solucionar” la situación previa —a la que definen de “infierno fiscal”—  bajando impuestos a los sectores con más recursos económicos. También habrá una rebaja fiscal al medio punto de los primeros cinco tramos del IRPF para rentas inferiores a 50.000 euros. 

Sanidad público-privada y educación

En la Consejería de Sanidad, el pacto contempla la “auditoría de la capacidad operativa real de los hospitales aragoneses”, incluyendo para ello la colaboración “público-privada” para reducir las listas de espera y el acceso a los servicios sanitarios.

En materia educativa, dicen que es necesario “primar la libertad en las aulas” y la “libertad de elección de los padres” para elegir centro escolar. Esto significará también que aprueban el veto parental respecto a los contenidos extraescolares en los colegios. No lo mencionan expresamente, ya que no es legal en España, pero defienden: “los padres elegirán libremente y en su caso autorizarán el contenido de las actividades extracurriculares”. También aseguran “sacar la ideología” de las aulas, pero sin especificar esa medida, pero sí que aumentarán la “inspección educativa”.