Pueblo gitano
El caso de Daniel Jiménez, o cómo resistir al antigitanismo desde el derecho

El pasado 24 de abril el juzgado nº 4 de Algeciras retomaba la investigación por la muerte de Daniel Jiménez, el joven gitano que falleció en la madrugada del 1 de junio de 2020 en la comisaría de Algeciras. Su muerte, bajo custodia policial, hace casi cuatro años, puso en el centro el debate sobre el antigitanismo institucional, primero por las circunstancias en las que se dio y luego por los derroteros que tomaría el caso judicial.

En esta ocasión, fueron abogados gitanos quienes se hicieron cargo del caso, Manuel Reyes, en representación de la familia, y Luis Mendoza, en nombre de la Asociación de Juristas Gitanos. Si no fuera por el recurso de amparo que los letrados de la familia pusieron ante el Tribunal Constitucional, denunciando la vulneración de derecho de tutela judicial efectiva, el caso de Jiménez había quedado archivado sin dar respuestas a la familia del joven, que nunca ha creído que, como afirmó la versión policial, Jiménez se suicidara ahorcándose con jirones de una manta atados a los barrotes verticales de su celda.

“Creo que hay una labor desde el activismo, desde la recuperación de los derechos del pueblo gitano, que se tiene que pelear desde la sede judicial”

“Lo conseguido con el caso de Daniel marca un imposible hace escasamente tres años, cuando empezamos, y yo creo que es la línea a seguir”, explica Israel Cortés, director y uno de los socios fundadores de Juristas Gitanos, una organización nacida en el año 2020, al calor de años de auge de la lucha el antigitanismo liderada por las propias personas gitanas. Es desde el derecho que este abogado y sus compañeras y compañeros trabajan cotidianamente contra el antigitanismo: “Creo que hay una labor desde el activismo, desde la recuperación de los derechos del pueblo gitano, que se tiene que pelear desde la sede judicial. Evidentemente, con el respaldo y la implicación de todas las demás organizaciones que están trabajando en el ámbito social y político”. 

Así, el pulso de varios años ha servido para que la jueza haya ordenado finalmente la identificación y toma de declaración de los agentes encargados de la custodia de Daniel Jiménez durante aquel 1 de junio. Diligencia que fue denegada en el primer juicio. La jueza también aceptó proceder a la identificación del resto de detenidos que se hallaban en los calabozos en el momento de la muerte de Jiménez, y la declaración de la doctora que habría atendido al detenido algunas horas antes. 

En las horas previas a su deceso, Jiménez había llamado a su padre para comunicarle que al día siguiente saldría de comisaría. Además, la autopsia encontró en la cavidad gástrica de su cuerpo un guante de látex. Estos fueron algunos de los elementos por los que la familia acudió en su momento a la justicia, decidiendo el juzgado de instrucción el sobreseimiento del caso. Desde Juristas gitanos, lamentan que la recuperación de las pruebas y testimonios será más complicada años después de la muerte del joven.

Una trabajadora de Sabadell denuncia haber sido despedida de un supermercado Consum por ser gitana

Lucía Ramos Aísa

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Laboral

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El despido ocurrió después de una baja laboral por los insultos que recibía. “Por primera vez en 19 años que tengo me siento orgullosa de ser gitana”, asegura la joven.

El archivo de casos similares, con personas gitanas fallecidas bajo custodia policial, sin que la familia tuviera nunca una respuesta, es algo que no resulta ajeno al pueblo gitano, explica Cortés, quien apunta a que tomaron el caso de Jiménez con la esperanza de poder “cambiar la historia”. “Éramos conscientes de que estábamos derribando una pared de décadas, la suma del desconocimiento por parte de las familias, de la falta de recursos, de la falta de voluntad a veces desde la judicatura por esclarecer los hechos, hacía que muchos casos como este terminaran de forma similar, con un archivo”. 

Cortés destaca que solo una de cada 100 demandas de las que llegan al Tribunal Constitucional se atiende. “Era realmente una lucha entre David y Goliat. Y aún así no perdimos nunca la esperanza”. Aceptando el recurso de amparo, el abogado reconoce que el Tribunal constitucional “se alinea con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que viene a decir que en este tipo de situaciones donde hay una merma de derechos por parte de la persona que está recluida, que no tiene acceso a medios de prueba, que tiene una situación de subordinación con su agresor potencial, ha de hacerse una investigación más exhaustiva si cabe”. 

Se trataría, dicho de otro modo, de “trasladar la carga de la prueba a la Administración Pública”, que sea esta la que debe disipar cualquier duda. “Creo que es de justicia que la familia al menos tenga luz sobre lo que sucedió a Daniel Jiménez. Por otra parte, abrimos una puerta para que nunca más se vuelva a repetir un caso similar”. Y es que, como recuerda Cortés, no es la primera vez que el juzgado de instrucción archivaba un caso de muerte bajo custodia en la misma Comisaría. Solo cuatro meses antes de la muerte de Jiménez el joven marroquí Imad Eraffali moría del mismo modo, ahorcado con jirones de manta. Su caso fue archivado.

Resistencias gitanas desde la justicia

Frente a la impunidad, otra familia gitana conseguía el año pasado ganarle el pulso a la impunidad policial y revertir el archivo de una causa, también emblemática del activismo gitano, se trata de la familia de Eleazar García. El joven, que tenía discapacidad, resultó muerto en la tarde en la que acudía a un partido de fútbol en el Estadio de Riazor después de que primero cinco agentes de seguridad le redujeran contra el suelo, y luego otros cuatro agentes hicieran lo mismo en el centro de salud a donde le habían derivado. 

La presentación de un informe forense detallado encargado por la familia, conseguía reabrir el proceso el pasado septiembre, después que la Audiencia Provincial de Oviedo archivó la causa en marzo de 2021, resolviendo que la muerte del joven se habría debido a “causas naturales”. “No solamente asesinaron presuntamente a Eleazar sino que también ha habido muchos atropellos después de eso, mucha injusticia en el trato hacia nosotros y mucha condescendencia. Eso es lo peor, duele mucho”, explicaba Diego, tío del joven y portavoz de la familia a El Salto, el pasado otoño.

La familia de Eleazar García logra reabrir su caso a cuatro años de su muerte

Sarah Babiker

Antigitanismo

Violencia policial La familia de Eleazar García logra reabrir su caso a cuatro años de su muerte

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El juicio se retomará el próximo 24 de octubre, después de que los allegados del joven gitano, fallecido tras ser golpeado e inmovilizado por parte de guardias de seguridad y agentes de la policía local, hayan presentado un nuevo informe forense.

Para que no sean solo las familias las que deben llevar esta lucha en solitario, y cada vez haya más juristas gitanos que puedan acompañar, Juristas Gitanos continúa trabajando desde su fundación, explica Cortés, a pesar de un contexto marcado primero por la pandemia y segundo por la dependencia de fondos externos y de profesionales voluntarios y voluntarias que apoyan desde el compromiso.  “Estamos trabajando mentorización, formación e investigación. También en orientación jurídica y en defensa legal y en particular el desarrollo del litigio estratégico, que probablemente será la pieza fundamental, la que tiene mayor impacto”. 

Cortés considera que “el derecho es una herramienta clave de la transformación social”, y como organización, les gustaría ser referente de otras entidades del activismo gitano, aunque no siempre resulte tan fácil tejer alianzas, considera, también por esa especie de competencia por recursos a la que a veces se ven abocadas las entidades. 

“Creo que es necesario que podamos abrir las puertas a una generación de abogados y abogadas gitanos en los juzgados, es desde esa posición donde más y mejor pueden contribuir a la lucha contra la discriminación”

Así, junto a cierta “falta de cultura de independencia de la Administración Pública, de la cofinanciación o de la obtención de recursos alternativos”, aprendizajes en los que la asociación está inserta, hay otra dificultad que les preocupa, y es que más allá de su propia red, no son numerosos las y los profesionales de derecho gitanas que se decantan por la abogacía. 

“Tenemos un grupo de estudiantes a los que les damos apoyo. Se programan mensualmente unos talleres guiados por alguno de los abogados que están con nosotros”, explica Cortés, quien pese a constatar que cada vez hay más estudiantes de derecho gitanos y gitanas, lamenta que muchos de ellos opten por otros derroteros profesionales: “Te diría que el 90% de los estudiantes que terminan sus estudios de derecho o que incluso llegan a colegiarse, se mantienen vinculados al asociacionismo”.

El director de Juristas Gitanos entiende que es normal que las personas quieran trabajar en ámbitos en los que muchos han desempeñado sus prácticas y sus primeros trabajos, y que además son fundamentales en la lucha contra el antigitanismo. Pero le gustaría ver más profesionales gitanos en los grandes despachos, o en el turno de oficio. “Creo que es necesario que podamos abrir las puertas a una generación de abogados y abogadas en los juzgados, es desde esa posición donde más y mejor pueden contribuir a la lucha contra la discriminación y en aras de ganar en igualdad de derechos en favor de la población gitana”, concluye.