Pueblos recuperados
El CSIC advierte de que la demolición de Fraguas es ilegal

Todo el conjunto del pueblo de Fraguas es susceptible de estar protegido por la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha. Así lo ha advertido Felipe Criado-Boado, director del Instituto de Ciencias del Patrimonio (Incipit), organismo que forma parte del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en una carta recibida el pasado 26 de marzo por el Juzgado de lo Penal número 1 de Guadalajara.

La carta enviada por el Incipit por decisión unánime de sus miembros señala que en el pueblo de Fraguas “existen elementos susceptibles de ser protegidos por la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha en las categorías de patrimonio histórico y patrimonio etnográfico”. Destaca el estilo de arquitectura negra del pueblo, visible en la iglesia, que sí había sido excluida de la demolición, pero también en todo el conjunto del pueblo. Desde la institución reclaman que, antes de que se lleve a cabo el derribo, se realice una investigación independiente sobre los elementos a proteger en Fraguas. 

El juzgado arriacense condenó en julio de 2019 a seis de las personas que desde 2012 viven y reconstruyen el pueblo de Fraguas, en la sierra norte de Guadalajara, a un año y nueve meses de cárcel por delitos contra la ordenación del territorio, sentencia después confirmada por la Audiencia Provincial de Guadalajara y contra la que no dejaron que presentaran recurso ante el Tribunal Supremo, lo que denunciaron ante el Tribunal Constitucional, pero esta institución rechazó estudiar el caso. La sentencia les condenaba también al pago de una multa de 1.080 euros por el mismo delito, otra de 2.160 euros por usurpación, y, además, al pago de la demolición del pueblo, valorada por Tragsa en más de 32.000 euros, según el último informe remitido por la compañía pública al juzgado, después de que rebajara los trabajos en cerca de 8.000 euros al excluir una de las construcciones. 

“Se pasearon por el pueblo durante media hora y en el informe dijeron que, como no se podía saber lo que había antes de que llegáramos y lo que construimos nosotros, pues se derriba todo”, explica Lalo Aracil, uno de los pobladores de Fraguas condenados, sobre el informe de demolición.

Aracil explica que, cuando les llegó la documentación sobre el estudio arqueológico realizado por Tragsa en el que se entendía que pretendían demolerlo todo, decidieron hacerlo público. “Un historiador de Guadalajara al que la demolición de Fraguas le parecía una vergüenza, se puso en contacto con el CSIC”, añade.

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Ese historiador es Alan Enrique Herchhoren, que colabora con el CSIC en la recuperación de elementos arquitectónicos relacionados con la guerra civil. “En la práctica, lo que hay en Fraguas es una serie de viviendas construidas de una manera concreta, que es la arquitectura negra, que es típica de esta zona y que está explícitamente protegida en la Ley de Patrimonio de Castilla-La Mancha”, explica Herchhoren, que 16 de marzo también registró una solicitud en la Consejería de Educación, Cultura y Depotes de Castilla-La Mancha para que declararan a Fraguas bien de interés cultural o patrimonial. “El hecho de derribar estas viviendas supone una pérdida patrimonial de primer orden”, subraya. 

Según explica este historiador, según han cifrado los propios vecinos de la zona, Fraguas data del siglo XII. “Este pueblo estuvo vivo durante 900 años, hasta que fue despoblado por el Icona en los 60”, explica.

“Lo único que han hecho esos chicos, ya que la administración ha hecho dejación de funciones, es mantenerlo. Mal que le guste a la administración, que ha limpiado sus calles y ha hecho la labor de reconocimiento de que existía este pueblo llamado Fraguas han sido sus repobladores”, concluye Herchhoren.