Querella argentina contra los crímenes del franquismo
María Servini, la jueza que a los 84 años se resiste al retiro y a la impunidad del franquismo

La magistrada que investiga los crímenes del franquismo es una síntesis de la política argentina de los últimos cuarenta años. Fue jueza durante la dictadura, restituyó los primeros bebés robados por el terrorismo de Estado, puso en jaque la impunidad del pinochetismo y fue acusada de “jueza del poder” en la década del 90. Este es el perfil de la “dama de hierro” de la justicia argentina.
2 nov 2021 06:00

La mañana del 5 de agosto de 2014, la presidenta de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, recibió una llamada telefónica que la descolocó. “Necesito contarte algo en persona, es urgente”, le dijo del otro lado de la línea la jueza María Romilda Servini de Cubría, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1.

Carlotto dejó lo que estaba haciendo, cogió un taxi y llegó hasta el despacho de la magistrada.

— Mirá Estela, tengo que darte una muy buena noticia. Hemos recuperado a un nieto más, el número 114 — dijo a modo de introducción.

— Es el tuyo, Estela. ¡Es tu nieto!— agregó tras dejar dos segundos de silencio.

Carlotto se llevó las manos a la boca, se levantó de su silla y empezó a gritar de la emoción. La jueza la abrazó. “Es el tuyo, es el tuyo”, repetía con lágrimas en los ojos.

“Nos abrazamos con la jueza y lloramos juntas las dos. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Ella siempre se propuso encontrarlo, ya había restituido a varios nietos. La alegría fue enorme”, recordó la titular de las Abuelas de Plaza Mayo en un reportaje del medio argentino Cosecha Roja, que reconstruyó, en detalles, aquel inolvidable momento.

La jueza le mostró el legajo, las copias de los análisis de ADN y la foto de su nieto, a quien buscaba desde julio de 1978, cuando un grupo de militares secuestró a su hija Laura, embarazada. Aquel expediente judicial ponía punto final a 36 años de una tortuosa y dolorosa búsqueda.

No era la primera vez que Servini, la jueza que semanas atrás procesó al exministro del Interior Rodolfo Martín Villa por cuatro homicidios “producidos en un contexto de crímenes contra la humanidad”, la única magistrada en el mundo que investiga los crímenes del franquismo, restituía la identidad de un bebé robado por la dictadura argentina (1976-1983).

Fue Servini la que en pleno genocidio le devolvió la identidad a los dos primeros chicos que fueron restituidos a sus familias biológicas: Cecilia Méndez (1976) y Emiliano Hueravillo (1977).

Fue ella, como jueza de Menores, la que, en pleno genocidio, le devolvió la identidad a los dos primeros chicos que fueron restituidos a sus familias biológicas: Cecilia Méndez (1976) y Emiliano Hueravillo (1977). “Fui la única jueza que atendió a las Abuelas de Plaza de Mayo en plena dictadura y ellas mismas pueden decirlo, tenían una lista y fuimos buscando. Era lo que correspondía que hiciera”, se jacta sobre su rol judicial durante el terrorismo de Estado.

Crímenes del franquismo
Justicia Argentina redefine la historia de España: “Toda la estructura represiva montada por el régimen franquista siguió funcionando”
El auto de la jueza María Servini de Cubría, del Juzgado Criminal y Correcccional Federal 1 de Argentina, dictamina el procesamiento del exministro del Interior entre 1976 y 1979, Rodolfo Martín Villa, por cuatro homicidios agravados en un contexto de crímenes contra la humanidad ocurridos en Gasteiz e Iruñea en 1976 y 1978.

Tenía 37 años cuando, en 1976, fue nombrada Jueza de Menores, cargo que ejerció durante toda la dictadura. En ese época, dentro de los tribunales, muchos la conocían como “la mujer de”, por su vínculo amoroso con el brigadier Juan Tomás Cubría, a quien el teniente Ramón Agosti, integrante de la Junta Militar, obligó a retirarse de las Fuerzas Armadas en 1977.

Sus detractores utilizan su carrera judicial durante la dictadura y su matrimonio con un brigadier del Ejército (falleció en 2010) para achacarle una “connivencia” con los años más oscuros de la historia argentina.

 — ¿Nunca tuvo ningún problema con la dictadura?, le preguntó la periodista Marta Dillon en una entrevista publicada en 2002 en Página 12.

— Ninguno. Te voy a explicar por qué: porque mi marido era una persona que llegaba a casa y no comentaba nada de su trabajo. Y yo llegaba a casa y no comentaba nada del mío. Y al poco tiempo, por no estar de acuerdo con algunas cosas, fue pasado a retiro. Nunca tuvo un destino operativo ni ninguno que tuviera que ver con esas cosas.

— Pero sabían lo que sucedía.

— No, no todo el mundo sabía.

— Sin embargo, estando en la Justicia habría escuchado, recibido hábeas corpus.

— Sí, y se tramitaban como era debido. Y por eso los dos primeros chicos restituidos fueron en mi juzgado.

De “Reina de la Primavera” a defensora de Isabel Perón

Servini nació el 1 de diciembre de 1936 en la ciudad de San Nicolás, al norte de la provincia de Buenos Aires. Se recibió de maestra en un Colegio Normal y se mudó a Capital Federal para estudiar la carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Siempre quise ser abogada, el estudio jurídico de mi papá (juez de un tribunal Civil y Comercial) estaba en la esquina de casa, así que desde chica jugaba con mi hermano a que éramos abogados, nací con eso adentro”, dice sobre el despertar de su vocación.

La mudanza a la “gran ciudad” se precipitó, sin embargo, por un inesperado galardón: la joven y bella María había sido electa “Reina de la Primavera” de San Nicolás. Las miradas de todos los hombres del vecindario estaban sobre ella, la “Chuchi”, apodo que conserva al día de hoy. Las maletas fueron la mejor forma que encontró su madre para que su hija recuperase el anonimato.

Mal no le salió: a los 21 años, María ya estaba casada y con un hijo. Lo que no imaginó doña Romilda fue el desarraigo. El matrimonio se trasladó e instaló en Río de Janeiro. Las Fuerzas Armadas argentinas designaron a Tomás Cubría como agregado militar en Brasil.

Cuando volvió, dos años después, en 1963, María se recibió de escribana. Empezó a trabajar como adscripta en un estudio. Salía a las seis de la mañana de su casa y volvía a las once de la noche. Terminó la carrera de abogacía después de tener a su segundo hijo. En 1974 fue nombrada Defensora Oficial de Pobres, Incapaces y Ausentes en la Justicia Penal de la Capital Federal.

“En cuanto tuve la oportunidad, entré en la carrera judicial. Fui la primera mujer que entró en la justicia penal, como defensora. Eran siete hombres y yo, todos muy buenos compañeros”

“En cuanto tuve la oportunidad, entré en la carrera judicial. La escribanía era muy sacrificada, preferí ganar menos y tener un sueldo fijo pero no abandonar a los chicos de la mañana a la noche. Fui la primera mujer que entró en la justicia penal, como defensora. Eran siete hombres y yo, todos muy buenos compañeros. Fui la que más iba a la cárcel y los presos siempre tenían un regalito para hacerme, una medallita con mi nombre, alguna artesanía. La mía era sangre joven y entusiasta”, ha contado sobre aquellos años.

En febrero de 1976, poco antes de ser derrocada por los militares, la presidenta Isabel Perón (1974-1976) firmó su ascenso a jueza de Menores. Su último trabajo como defensora oficial fue, justamente, representar a la viuda de Juan Domingo Perón, destituida y encarcelada tras el Golpe de Estado. Esa “ayuda” terminó con el pase a retiro de su marido de las Fuerzas Armadas.

La jueza del poder

Servini cumplirá en diciembre 85 años. Hace 20 que podría estar jubilada. “No piensa retirarse, tiene una lucidez y vitalidad que asombra”, dicen quienes la rodean en un despacho que, por antigüedad, es como su segunda casa. Lleva más de 30 años como  jueza nacional en lo criminal y correccional Nº1 con competencia electoral. Es la única mujer y la más longeva— entre los 12 jueces federales de Comodoro Py, el edificio donde funcionan los tribunales federales.

Servini cumplirá en diciembre 85 años. Hace 20 que podría estar jubilada. “No piensa retirarse, tiene una lucidez y vitalidad que asombra”

Desde el sillón de su juzgado vio desfilar a nueve presidentes. Ningún mandatario marcó tanto su carrera como Carlos Saúl Menem (1989-1999), quien, en noviembre de 1990, la nombró en su actual cargo. Durante esos años, algunos sectores judiciales la trataron de “menemista” y de “jueza del poder”. Fue la magistrada que llevó la causa conocida como “Yomagate”, un caso de narcotráfico que vinculaba a la cuñada de Carlos Menem y secretaria de Presidencia, Amira Yoma.

Una tarde, mientras analizaba los papeles del expediente en su juzgado, sonó el teléfono de su escritorio. Era un juez español llamado Baltasar Garzón, ignoto y desconocido por aquel tiempo en los tribunales argentinos. Desde Madrid, su colega le pedía asistencia jurídica para investigar el entorno familiar y político del presidente Menem en un asunto de blanqueo de dinero.

Una tarde sonó el teléfono de su escritorio. Era un juez español llamado Baltasar Garzón. Desde Madrid, su colega le pedía asistencia jurídica para investigar el entorno familiar y político del presidente Menem en un asunto de blanqueo de dinero.

Garzón tenía en su poder la declaración de un narcotraficante arrepentido, quien acusaba a Amira Yoma, al esposo de ésta y a otros colaboradores presidenciales, de transportar maletas con dinero entre Buenos Aires y Nueva York para una organización de narcotraficantes sudamericanos.

Servini viajó a Madrid y se reunió con Garzón (marzo de 1991). Utilizó el encuentro para grabar la conversación privada sin el consentimiento de su interlocutor, lo que desató un escándalo judicial entre ambas orillas. Se la acusó de paralizar las gestiones de Garzón y de evitar la extradición a España de Yoma, clave para el avance de la investigación.

“Yo tuve que grabar una conversación con Garzón porque era la única prueba con que contaba para demostrar que la detención de Amira [Yoma] no se había pedido”, justificó en la citada entrevista a Página 12. Por esa grabación ilegal ,y por otros errores dentro del proceso, fue sometida a múltiples juicios políticos. De todos salió ilesa. Aunque, finalmente, fue apartada del caso.

Los caminos de Garzón y Servini se volvieron a cruzar dos décadas más tarde, en 2013, cuando el juez español viajó a Buenos Aires para declarar en la causa que investiga los crímenes del franquismo. El encuentro fue mucho más ameno y relajado que el anterior.

Garzón entregó en mano toda la documentación que recopiló en su infructuoso intento de juzgar a los responsables de la dictadura española. Esa información forma parte del auto de procesamiento contra Villa. “Es el único espacio que queda a las víctimas del franquismo para reclamar justicia. La jueza tiene todo mi apoyo”, le dijo a la prensa argentina tras aquella declaración.

La censura previa

Servini protagonizó uno de los episodios de censura más resonantes de la democracia argentina. Fue en mayo de 1992, en medio del “Yomagate”, cuando le prohibió al cómico Tato Bores que la mencionara en su programa. Desde su despacho, la magistrada logró interponer un recurso para que uno de los segmentos de aquel ciclo ,el de más audiencia de la televisión argentina, no saliera al aire.

Se trataba de un sketch en el que uno de los personajes de Bores (un arqueólogo del futuro) hacía mención a la irrisoria multa de 60 pesos (60 dólares de aquella época) que la Corte Suprema de Justicia le estaba haciendo pagar a Servini de Cubría por alguna de sus irregularidades.

Bores simulaba investigar las ruinas de una desaparecida Argentina en 2492. En su búsqueda por encontrar “objetos del pasado”, hallaba una constancia de esa polémica multa. Un día antes de que se emitiese el programa, la jueza recibió una llamada anónima que la alertaba de unas supuestas escenas “injuriosas y difamantes hacia su persona”.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal aceptó en un trámite de urgencia el reclamo de la magistrada y censuró dos fragmentos del programa. El sketch se emitió con placas negras donde se podía leer “censura judicial”.

Artistas y figuras muy reconocidas del espectáculo argentino apoyaron a Bores en su reclamo de censura. Reunidos en el estudio de televisión, a modo de coro, entonaron el famoso estribillo “La jueza Barú Budú Budía es lo más grande que hay”, en irónica y sarcástica alusión a Servini. La canción se transformó en uno de los tantos símbolos de la Argentina menemista.

Servini siempre achacó aquel polémico episodio a una “operación en su contra” para apartarla de otra causa con impacto internacional: su investigación por el presunto lavado de dinero del BCCI (Bank of Credit and Commerce International).

Servini siempre achacó aquel polémico episodio a una “operación en su contra” para apartarla de otra causa con impacto internacional: su investigación por el presunto lavado de dinero del BCCI (Bank of Credit and Commerce International).

“A mí Tato Bores me gustaba mucho, incluso había soportado durante todo un año que me ridiculizara de maneras que no condecían con mi condición de mujer y de jueza, haciendo striptease en mi despacho, fumando hachís en pipa. Pero una tarde me llamó alguien a quien consideraba mi amigo para decirme que otra vez iba a aparecer haciendo striptease en el programa de Tato. Y no, no me causó gracia. Tenía un abogado enfrente que me ofreció hacer un amparo. Pero es evidente que el amparo ya estaba hecho, yo no tuve ni tiempo de mirarlo y el resultado fue que me golpearan a mí. Fue algo armado para que no siguiera adelante con esa causa”, se defendió años más tarde.

La crisis de 2001

Cuando la presidencia de Menem llegó a su fin (1999), Servini tenía su cabeza en Chile. Había logrado lo impensado: la confesión de Michael Townley, un exagente de la Dirección de Inteligencia Nacional de ese país (DINA), sobre cómo se planeó y ejecutó el crimen del general Carlos Prats, exjefe del Ejército chileno en la etapa de Salvador Allende, en Buenos Aires (1974).

En su investigación, la jueza argentina concluyó que el exdictador Augusto Pinochet había tenido una implicación directa en el atentado la explosión de un coche bomba— que terminó con la vida de Prats y de su mujer. Lo procesó y pidió su extradición, solicitud que nunca prosperó.

La debacle del gobierno de Fernando de la Rúa (1999-2001) la obligó a girar la brújula de su juzgado a la política doméstica. El jueves 20 de diciembre de 2001 (jornada que terminó con la renuncia de De la Rúa), la jueza, con competencia en el operativo de seguridad montado ante la marea de manifestantes, abandonó su despacho y salió a la calle.

“Estoy de turno y me enteré de la represión. Vine para aquí porque no quiero represión”, decía por televisión mientras caminaba por la Plaza de Mayo entre disparos, gritos y barricadas.

“Estoy de turno y me enteré de la represión. Vine para aquí porque no quiero represión”, decía por televisión mientras caminaba por la Plaza de Mayo entre disparos, gritos y barricadas.

“Me comuniqué temprano con los responsables y me dijeron que estaba todo bien, todo tranquilo. Pero cuando llegué al despacho del juzgado me enteré por la radio que estaban tirando los caballos encima de la gente. Entonces le dije a mi chofer, vamos a la Plaza a ver qué pasa. Dejé la cartera, el saco, y salimos. Me escondí detrás de las columnas de la Catedral y me puse a observar cómo trataban a la gente que estaba tranquila y con la plaza desalojada. Me pareció tan espantoso y horroroso que no pude más que salir y pedir que paren eso.”, reconstruyó sobre ese día.

Y agregó: “Si no hubiera puesto a mi personal a recorrer hospitales a ver cuántos heridos, cuántos muertos había, no sé adónde hubieran ido a parar esos muertos. No sé cuándo los familiares hubieran tenido los cuerpos. Porque tuvimos que salir nosotros, yo me enteré antes que los responsables que había muertos”.

De la Rúa siempre responsabilizó a Servini por el accionar de la Policía Federal en la feroz represión que terminó con manifestantes asesinados. “Todo eso ocurrió porque la jueza ordenó actuar a la Policía”, afirmó el exmandatario en 2015, cuando fue citado a declarar por aquella masacre.

En su investigación (instruyó una causa por esos delitos), Servini concluyó que la orden de reprimir salió del Ministerio del Interior y de la Secretaría de Seguridad. “Quisieron engañarme, pasarme por encima, pero no pudieron”, se jactó con el paso del tiempo sobre la intención del poder político de achacarle responsabilidad en aquella represión.

La última gran cruzada de Servini fue, nada menos, contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En 2017, el máximo tribunal argentino estableció que todos los jueces estaban obligados a jubilarse a los 75 años. La magistrada dijo que la resolución estaba “digitada en su contra” debido a su investigación contra el titular del cuerpo, Ricardo Lorenzetti, salpicado en una causa por defraudación contra el Estado. “No podemos vivir de aprietes, basta de aprietes", repitió ante los medios de comunicación.

Servini repite que no le teme a la vejez ni a la muerte. Sí a un mal global: “Tal vez a lo que más le temo es a la injusticia”.

Por estos días, la jueza trabaja encerrada en su despecho para garantizar que las próximas elecciones legislativas (14 de noviembre) se desarrollen con absoluta normalidad. En su última decisión, obligó al gobierno de Alberto Fernández a posponer, hasta después de los comicios, el plan de entregar dinero a los jóvenes para consumos culturales.

Servini repite que no le teme a la vejez ni a la muerte. Sí a un mal global: “Tal vez a lo que más le temo es a la injusticia”.

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