Racismo
Homologaciones: entre la frontera administrativa y el limbo vital

El viernes 14 de julio hay una manifestación convocada frente al Ministerio de Universidades. El reclamo: exigir que se cumpla con la homologación de títulos obtenidos en el extranjero. No es la primera vez que sucede, en los últimos años ha tomado forma un movimiento de personas graduadas y licenciadas que habiendo obtenido sus títulos en universidades fuera de España, demoran años en conseguir que la administración pública reconozca su titulación, condenándoles en algunos casos a no poder ejercer las profesiones para las que se formaron durante años.

La convocatoria del próximo viernes, revela, en este caso, la no funcionalidad de la solución a la que se había llegado tras varios años de protestas. Y es que en octubre del 2022 una nueva propuesta legislativa, el Real Decreto 889/2022 venía a acortar los plazos en los cuales deben resolverse los expedientes de  homologación presentados. La trayectoria era preocupante, con la normativa anterior, el Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre de 2014, y la introducción de las profesiones reguladas con másteres habilitantes en virtud del Plan Bolonia, el tiempo dedicado a estos trámites se extendía durante años, perdiéndose con recurrencia expedientes por el camino como, antes de los convocantes de la movilización del viernes, venían denunciando diversos colectivos de personas con títulos extranjeros en los últimos años. Año y medio después de la aprobación del decreto de 2022, las personas afectadas señalan las falencias en su aplicación.

“Queremos denunciar públicamente la pasividad de la Administración Pública y la situación de inactividad en la resolución de nuestros expedientes de homologación por parte del Ministerio de Universidades. Pedimos que se cumplan los plazos que se prometieron con el RD 889/2022 ya que con el antiguo Decreto no se cumplieron”, resumen la situación las personas afectadas en el comunicado de convocatoria. “A algunos de nosotros nos hicieron desistir del antiguo decreto y ahora nuestros expedientes están en el limbo, otros duplicados, y, la mayoría, paralizados. Todo esto a pesar de haber sido trasladada la solicitud al nuevo decreto tal y cómo nos indicó el servicio de información al ciudadano que tiene habilitado el Gobierno”, explican, dando cuenta de las problemáticas que se están dando en la transición entre ambas normativas.

Desde finales de 2021 son varios los colectivos de profesionales titulados en el extranjero que denuncian que la administración les condena a un limbo con sus titulaciones, impidiendo que sean homologadas

Si bien admiten que los plazos en los últimos tiempos han mejorado respecto a un pasado en el que estos procesos estaban directamente paralizados, apuntan que “los planes de contingencia no están resultando lo suficientemente efectivos ni siquiera para que nos sintamos atendidos”. En su comunicado señalan que este silencio administrativo implica un acto de violencia institucional y tiene repercusiones en la economía y la salud mental de las personas, llamando a la organización y a la movilización como respuesta, mientas apelan a la solidaridad de otros colectivos profesionales que estén sufriendo este tipo de violencia.

La situación señalada en la convocatoria no es nueva, desde finales de 2021 son varios los colectivos de profesionales titulados en el extranjero —principalmente migrantes pero también españoles que han obtenido su título en universidades del exterior— que denuncian que la administración les condena a un limbo  con sus titulaciones, impidiendo que sean homologadas con las consecuencias a nivel laboral, económico y emocional que esta dinámica genera. Estos distintos colectivos se unieron a través del paraguas del Frente Interprofesional Migrante.

Desde los colectivos se han publicado varios informes en los que se sistematiza algo que era conocido por las personas que lo sufrían pero de lo que no se contaba con suficiente información. Un diagnóstico en el que los problemas transversales, que afectan a todos los colectivos que desean homologar, conviven con problemas específicos que atañen por separado a cada grupo profesional.

La Asociación de Profesionales de la Salud Argentinos en España publicó un informe en este sentido en el año 2021 donde desglosaba los problemas que profesionales de diversas disciplinas venían años verbalizando en los foros, explica el psicólogo José María Casas a El Salto. “Ahí aparecen los problemas transversales que son la pérdida de documentación, que no se asignaba en muchos casos el número de expediente hasta que pasaban dos años de la solicitud, entonces vos no podías hacer seguimiento, no había una comunicación directa con alguien que te pudiera explicar qué estaba bien o qué estaba mal en tu expediente, también la aplicación de criterios aleatorios”, enumera. Se trata de los mismos problemas que motivan las protestas del próximo viernes. Casas explica que estas dificultades afectan principalmente a carreras como Medicina, y en particular a otras carreras donde la homologación ha devenido una quimera, como son Psicología, Odontología o Ingeniería, disciplinas cuyos licenciados y licenciadas enfrentan a su vez dificultades específicas.

Médicas atrapadas en la homologación

Sara Plaza Casares

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Medicina

Sanidad Médicas atrapadas en la homologación

Sara Plaza Casares

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Miles de médicas y médicos de países extracomunitarios esperan hasta cinco años para conseguir convalidar sus formaciones y acceder al MIR, mientras invierten hasta 4.000 euros anuales en academias de preparación y buscan las vías para regularizar su situación.

Desbandada en primaria Solo un pediatra y veinte médicos de familia nuevos para todo Madrid

Autoorganización y solidaridad

Casas forma parte de la mesa de coordinación del Frente Interprofesional. Proviene del Movimiento de Psicólogas y Psicólogos Migrantes, y participó en las negociaciones que empezaron a finales de 2021 para abordar la situación  de este colectivo, cuyos profesionales con título extranjero no pueden acceder al máster habilitante que se les exige para ejercer en el sector sanitario. Al mismo tiempo, encuentran serias dificultades para que sus titulaciones sean tenidas en cuenta en sectores no sanitarios como pueden ser Recursos Humanos o Intervención Social. Durante las reuniones con el Ministerio coincidieron con el movimiento de profesionales de la Odontología, dramáticamente afectado por la dificultad de homologar. “Entramos en contacto, empezamos a hablar de lo que nos pasaba, nos dimos cuenta que algunas sensaciones que teníamos eran correctas porque le pasaban también a ellas y nos invitaron a una manifestación el 28 de enero de 2022”. De ahí surge la idea de armar este Frente de enlace que cuenta con sus propios canales de difusión para ampliar las luchas de cada colectivo.  La plataforma común permite también, explica Casas, difundir ciertas denuncias a nivel común sin que esto comprometa a los colectivos afectados. Y es que las negociaciones no son fáciles y cada uno de los grupos profesionales parte de la conciencia de que se juega mucho y la precaución para no romper puentes se impone. 

Gabriela Frías Goytia también pertenece al Frente y al Movimiento de Psicólogas y Psicólogos Migrantes. Para ella la autoorganización —que en 2022 motivó cuatro manifestaciones— es fundamental “frente al silencio, la falta de respuesta y la desesperación”. Cuenta Frías que la mayoría de los integrantes del Frente provienen de Venezuela y de Argentina “luego fue uniéndose más gente, pues ya somos casi 30 nacionalidades, incluida gente española que hizo el grado o la licenciatura fuera de España. También entre las personas afectadas figuran quienes tuvieron su título en universidades europeas, en países como Portugal o Europa”, lo que mostraría los fallos del Plan Bolonia (por el que los títulos europeos deberían de ser equiparables). Junto a odontólogas y psicólogas, personal sanitario o personas graduadas en ingeniería, afrontan las disfunciones del sistema.

Para Casas, todas estas dificultades reflejan la presión de los Colegios Profesionales que buscan formas de complicar el acceso de licenciados provenientes del extranjero en el mercado laboral en igualdad de condiciones, “buscan leyes que puedan ser interpretables para instrumentalizar y bloquear los expedientes”. El activista recoge que esta situación desespera a las personas que esperan la homologación “terminan diciendo bueno, si en realidad no nos querían homologar, no nos hubieran prometido que se podía. Al existir un procedimiento. Vos tenés un derecho”, recuerda Casas, “un derecho del que se alejan los hechos”, añade.

La no homologación de los títulos extranjeros ha sido señalada como una política atravesada de mirada colonial que minusvalora las formaciones académicas de los países del sur. “Hay como una inseguridad respecto a las propias formaciones que hace que se desprecie todo, como tenerle terror a lo que venga de fuera”. Opera, piensa Casas, la idea de que “si no es español, no es bueno. En lugar de optar por un intercambio de conocimientos y de saberes”. 

“Hacer un congreso de odontología y traer un catedrático de Venezuela a dar una conferencia está bien. Ahora, si a esa persona le gusta España y decide mudarse, pasa a ser un paria que no sabe nada”

Desprecio en lugar de respeto, se lamenta Casas, quien recuerda que el problema se activa solo cuando el profesional decide vivir en el Estado español, “hacer un congreso de odontología y traer un catedrático de Venezuela a dar una conferencia está bien. Ahora, si a esa persona le gusta España y decide mudarse, pasa a ser un paria que no sabe nada”.

Distintas disciplinas, diversas barreras

Cuando se piensa en las personas que han sido particularmente afectadas por el limbo vital que implica no poder trabajar de aquello a lo que has dedicado una vida de formación, destaca la situación de las y los odontólogos. Su homologación, que se supedita a un examen, ha devenido algo prácticamente imposible. Frías explica que de hecho los exámenes para homologar odontología deberían salir cada dos años, algo que en la práctica no se da. En las dos últimas convocatorias, explican en un informe publicado a través del Centro de Estudios sobre la Migración, la Discriminación, y el Racismo Institucional, el primer examen se suspendió por parte de las Universidades tras reclamar estas al Ministerio presupuesto específico para su realización, y en el de marzo de 2023, el examen se celebró sin que se contase con una bibliografía o un temario, suspendiendo la inmensa mayoría de quienes se presentaron. 

Casas señala la ironía de que se impongan tantas dificultades precisamente a este cuerpo de profesionales. “En España, en un momento para ser odontólogo había que ser médico, entonces no había muchos odontólogos. La carrera llegó después de que existiera en Latinoamérica, y se creó a la imagen y semejanza de la carrera en Argentina y en Venezuela, consultando nuestras universidades y a sus profesionales”, explica el activista. Hoy quienes llegan al país con títulos provenientes de estas universidades pioneras ve cómo no se reconocen los títulos.

El caso de los Psicólogos y Psicólogas tiene que ver con los títulos habilitantes introducidos con Bolonia, y que exigen aprobar un máster para ejercer en determinadas áreas. La cuestión que preocupa a este sector, es que pese a que el marco tiene su propia fórmula para que estos profesionales puedan ejercer, un máster habilitante para situarse en el ámbito sanitario, o la equivalencia para otro tipo de especialidades, el sistema de equivalencias no es comprendido y  muchas personas quedan excluidas del reconocimiento de sus títulos. Así, por un lado, hace cinco años que no se homologan títulos de psicología, con lo que no se puede acceder al máster habilitante, mientras que por el otro: “No podemos ejercer en otras áreas porque nos encontramos ante la negativa de los colegios de psicólogos de colegiarnos en base a las equivalencias”.

Ante este callejón, muchas personas vuelven a las universidades con el fin de convalidar algunas asignaturas y cursar otras para lograr el título español. En este marco lo que aflora es la arbitrariedad: “la universidad evalúa todos tus programas, tus créditos, la documentación que traes y decide cuántos créditos te reconoce. Y eso es muy arbitrario porque puede variar muchísimo entre una y otra persona”. Al final acaban volviendo a hacer el grado en gran parte, en estas situaciones, remarca Frías, es habitual que el promedio baje, algo que perjudica a la hora de optar al famoso máster habilitante cuya nota de corte es bastante alta. Son muchos quienes se tienen que ir a la privada, con el costo que esto implica. Frías apunta a una última contradicción: sin título español no les dejan entrar al máster habilitante para ejercer en el ámbito sanitario, pero sí pueden optar a ser Psicólogos Internos Residentes (PIR), es decir, internarse en un escenario sanitario en un largo proceso de prácticas. 

“Se supone que con el nuevo Real Decreto 889 del 2022 del año pasado las homologaciones iban a salir más rápidas. Mucha gente desistió de sus procesos con el anterior decreto pensando que se iban a agilizar. Hasta ahora no ha salido ninguna”

“Al final, nos hemos quedado atrapadas en una especie de círculo, atadas laboralmente y en un escenario super confuso y difícil de explicar”, desarrolla Frías. De ahí la necesidad de constituir el movimiento. Sin embargo, ven sus esperanzas en los resultados de la presión ejercida decaer: “Se supone que con el nuevo Real Decreto 889 del 2022 del año pasado las homologaciones iban a salir más rápidas. Mucha gente desistió de sus procesos con el anterior decreto pensando que se iban a agilizar. Hasta ahora no ha salido ninguna homologación y se supone que tenían que salir en seis meses”. Las equivalencias reconoce, sí que han salido más rápido, algo que no era difícil: “estaban en torno a los tres años, cuando debe de ser un proceso de nueve meses”.

Interlocución con el gobierno

Los avances conviven con los retrocesos y todo ello pasa a segundo plano cuando se trata de trasladar los acuerdos y las políticas a la práctica. Por ejemplo, con las movilizaciones desde los colectivos se consiguió incluir la posibilidad de que los títulos extranjeros permitieran el acceso al master general sanitario, sin necesidad de homologar, gracias a una transformación de la Ley de salud pública. Este avance se aplica de manera muy dispareja en las universidades, denuncian. Por otro lado, quienes proceden de la odontología han  visto cómo el plazo con el que cuentan para cumplir con los requisitos complementarios para la homologación se ha reducido a cuatro años, de los seis con los que se contaba, en un marco donde es la administración la que ralentiza los procesos.

Y es que persiste, como se denunciará en la próxima convocatoria, el no cumplimiento de plazos: “estamos hablando de años de espera en los que primero el número de expediente no aparece, luego no hay movimiento de tu expediente. Luego, cuando tú escribes a los correos que te aparecen nadie te responde”.  La situación, reitera Frías, es de urgencia, “porque le está costando la salud y la economía a muchas personas”. Recuerdan también que tanto la odontología como la psicología son ramas muy feminizadas: “esto nos empuja a la precarización y a situaciones muy duras a nivel de salud mental”.

Pese a que estos últimos años se ha visibilizado más que nunca el problema, a través de los propios colectivos, pero también de la implicación de senadoras y diputadas o el Defensor del Pueblo, que ha informado repetidamente sobre las limitaciones del sistema, con especial atención a odontología y psicología, Casas considera que falta voluntad política para solucionar el problema. Además, el sistema con los defectos actuales beneficia a algunos actores: “Hace falta un sinceramiento real sobre lo que es generar desde las barreras burocráticas un mercado negro de trabajo para la explotación de la gente”. Las imágenes que usa para ilustrarlo son potentes: Odontólogas expertas en cirugía maxilo facial que acaban trabajando de asistentes por el salario mínimo para los mismos dentistas que impiden que se homologue desde el Colegio Profesional. O en medicina, recuerda que sí se homologa el grado pero, “les tienen 7 u 8 años por homologar la especialidad. Entonces vos tenés un cardiólogo con lo mismo 20 o 25 años de experiencia profesional que no deja de ser cardiólogo por no estar en su país. Lo ponen a trabajar como cardiólogo, pero contratado como médico general y cobra muchísimo menos. Esto lo hace la administración para ahorrar dinero en sanidad pública, el propio Estado que no te tramita la homologación”. 

Para el movimiento para la homologación el adelanto electoral supone en cierta medida empezar de cero.  Desde sus interlocutores en el ministerio, hasta las diputadas y senadores con los que habían tejido cierta confianza, todo podría cambiar tras las elecciones.  La demanda sigue siendo la misma: “que  se tramiten los expedientes de homologaciones y que se apliquen criterios coherentes y racionales”, explica Casas desde el Frente. También considera que se debería investigar la relación de AENECA (institución encargada de los títulos) con intereses de las Universidades y los Colegios. Pues, teniendo en cuenta que la Universidad se beneficia con los máster habilitantes y la convalidación, y que muchos de los expertos que participan ahí, forman también parte del Colegio de Psicólogos, Casas considera que en cierto modo serían juez y parte de una misma decisión.