Reforma laboral
Una reforma laboral al gusto de Europa

La Unión Europea exigió a España dos cosas en materia laboral para transferir el segundo tramo de los fondos Next Generation (12.000 millones de euros): poner fin a la temporalidad y a la precariedad. A la UE poco le importa si Mariano Rajoy impulsó una reforma en 2012 que pauperizó aún más los salarios de la clase trabajadora, y que seguía la estela iniciada por José Luís Rodríguez Zapatero en su texto de 2010, que sentó las bases para anular la negociación colectiva, que la indemnización en un despido sea de 20 o de 45 días por año trabajado y quién firma un convenio laboral, si los sindicatos estatales o las centrales mayoritarias en Euskadi y Galicia. Yolanda Díaz ha cumplido con lo prometido en Europa: alcanzar un acuerdo a tres bandas para impulsar medidas contra la temporalidad y la precariedad asociada a la falta de ingresos constantes. A cambio de alcanzar el consenso con la patronal, algo bien visto en Bruselas, ha incumplido el pacto firmado entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral. 

El coordinador de la coalición soberanista, Arnaldo Otegi, fue claro ayer:  “No avalaremos esta reforma laboral”, al considerar que no elimina “los aspectos más lesivos” —control administrativo e indemnización en los despidos colectivos, estatalización de la negociación de los convenios—. 

El texto será aprobado en el último Consejo de Ministros del año, el próximo martes 28 de diciembre. Justo a tiempo para que al día siguiente sea publicado en el BOE antes de que termine 2021. A la vuelta de las vacaciones navideñas, la reforma laboral tendrá que someterse a votación en el Congreso de los Diputados. Necesitará un mayoría simple de 176 votos. La inclusión de nuevas enmiendas dependerá del relato del pacto y de la presión que ejercerán desde hoy los sindicatos a los partidos políticos que consideran que pueden representarles en la Cámara Baja. 

Para los sindicatos territoriales, el texto ningunea las dos reivindicaciones fruto de su trabajo en los conflictos laborales: autorización administrativa en los despidos colectivos, prevalencia provincial de los convenios 

La ratificación del borrador de 48 páginas fue aprobada por unanimidad por Comisiones Obreras y UGT a primera hora de la tarde de ayer. También unánimemente ha sido rechazado por la Federación Metalúrgica de la CGT, el primer y el segundo sindicato de Euskadi —ELA y LAB—, el mayoritario en Galicia —CIG—, y la Intersindical de Catalunya. Para la Federación Metalúrgica, la reforma laboral de Yolanda Díaz supone “una traición a la clase trabajadora, la cual tenía muchas esperanzas puestas en un Gobierno supuestamente progresista, es un acuerdo hecho por y para la patronal”. Para los sindicatos territoriales, el texto ningunea las dos reivindicaciones fruto de su trabajo en los conflictos laborales: despidos colectivos, negociación de los convenios. 

El borrador acordado no recupera la autorización administrativa para los despidos colectivos perdida con Rajoy. Y modifica la negociación colectiva en un solo aspecto: habrá prioridad sectorial-estatal únicamente en materia salarial. No hay más cambios. 

Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguraron a El Salto que modificar la prioridad aplicativa de los convenios no figuraba en los compromisos que recoge la Componente 23, “por lo que no es objeto de debate en el marco social”, zanjaron. El compromiso del Gobierno con la Unión Europea se fijó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en su Componente 23 (Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo). 

Modificar la prioridad aplicativa de los convenios no resulta de interés para las dos grandes centrales estatales, CC OO y UGT, más proclives a primar acuerdos estatales que territoriales, aunque ello vaya en contra de la clase trabajadora, tal y como alertó en 2003 el Banco de España en su informe El sistema de negociación colectiva en España: un análisis con datos individuales de convenios: “Se observa cómo en el nivel intermedio de la negociación (sector-provincial) se llega a incrementos salariales que son, en general, superiores tanto a los que se pactan a un nivel centralizado (sector-nacional) como a un nivel más descentralizado (empresa)”.

Yolanda Díaz expuso su hoja de ruta el 22 de marzo en su comparecencia de tres horas en la comisión del Congreso de Diputados, donde explicó su intención era modernizar el Estatuto de los Trabajadores, no de derogar la reforma laboral

Un reguero de pistas

Yolanda Díaz dejó un reguero de pistas en los nueve meses que han durado las negociaciones en la mesa de diálogo, formada el 17 de marzo por el Ministerio de Trabajo, CC OO, UGT y las patronales CEOE y Cepyme. La hoja de ruta la expuso el 22 de marzo en su comparecencia de tres horas en la comisión del Congreso de Diputados, donde explicó a miembros de la Cámara Baja que su intención era modernizar el Estatuto de los Trabajadores. Anunció que iba a “simplificar los contratos”. Y así ha sido. Desaparecen los contratos temporales y de relevo: los contratos se presumen indefinidos. Los contratos por duración determinada solo podrán justificarse por circunstancias de la producción o por sustitución de la persona trabajadora. Los actuales obra y servicio quedan eliminados y los temporales —máximo de seis meses, ampliables a un año si se pacta por convenio— se podrán firmar en casos “ocasionales e imprevisibles” de la producción. Además, se crea un contrato específico para actividades ocasionales —una campaña de Navidad, por ejemplo—, con una duración máxima de 90 días. 

La contratación temporal fraudulenta será castigada con el aumento de las cotizaciones sociales y con multas de hasta 10.000 euros por trabajador, en vez de por empresa. Para los sectores con producciones estacionales, como la agricultura y el turismo, las empresas estarán obligados a utilizar los contratos fijos-discontinuos. La empresa paga el sueldo en época de producción; el Estado paga el paro en época de sequía.

El texto del borrador también rebaja el periodo de tiempo para que un trabajador sea considerado fijo: si en dos años una persona ha estado contratada más de 18 meses para el mismo puesto u otro diferente en la misma empresa, mediante dos o más contratos por circunstancias de la producción, pasará a ser indefinido. 

Pero nada cambia en los despidos. Despedir seguirá siendo económicamente mucho más barato que antes de 2012: 20 días por año trabajado en caso de despido procedente, 33 en improcedente. La reforma prefiere optar por consolidar los ERTE a través del mecanismo RED. Los ERTE han funcionado como un escudo social para los trabajadores durante la pandemia, pero también han servido para que las empresas despidan sin causa justificada, como judicialmente se demostró en los casos de Tubacex e ITP Aero. Además, el sostén económico de los ERTE recae de nuevo en las arcas públicas. 

“Hay faustos, anuncios y engaños, pero no una derogación laboral”, valora Paco González, del sindicato gallego CIG

Galicia, Euskadi, Catalunya

La nueva redacción del Estatuto de los Trabajadores no ha gustado especialmente a los territorios donde la presencia de Comisiones Obreras y UGT es menor —y la conflictividad laboral mayor—. “Hay faustos, anuncios y engaños, pero no una derogación laboral”, valora Paco González, del sindicato gallego CIG, quien tras leerse el texto lo define como “bastante ridículo” y “peor de lo que pensábamos”. “Los cambios que introduce no tienen que ver con propuestas sindicales, sino con empresariales”, y se muestra escéptico incluso con los contratos de formación: “Esta reforma laboral abre una nueva espita a que estos contratos sean un nuevo marco de explotación laboral, dado que cualquier organización empresarial puede montar su propio ciclo de Formación Profesional, y en cinco años nadie se va a hacer cargo”. Sobre la subcontratación, un tema aún poco valorado, González considera que la reforma “traslada un cúmulo de sentencias judiciales, pero tampoco es que se cambie gran cosa”.

Desde Euskadi, Pello Igeregi, del sindicato ELA, añade que “es gravísimo que el diálogo social haya terminado así, aceptando el veto de la CEOE y, en consecuencia, con el Gobierno sin cumplir su palabra de derogar al reforma laboral de 2012”. “Para nosotros es sangrante la estatalización de los convenios y el regimen actual de despidos”, añade. El texto no ha traspuesto el acuerdo de la mayoría sindical vasca alcanzado con la patronal vasca, Confebask, para blindar que los acuerdos provinciales y autonómicos prevalezcan, y extenderlos a Nafarroa, tal y como era su deseo.

Sergi Perelló, de la Intersindical catalana, reconoce que “hay diversos puntos que tocan la temporalidad y los contratos que podríamos calificar de avance, pero para nosotros es difícil de asumir la prevalencia de una negociación colectiva estatal y los despidos colectivos sin justificación administrativa”. Alaba también recuperar la ultraactividad indefinida. Como sus compañeros gallegos y vascos, considera que el texto firmado es “insuficiente” y que “da pie a movilizaciones”.

“Un día histórico”

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, calificó el acuerdo alcanzado ayer por la mesa de diálogo social como de “día histórico”, al entender que el texto “suma derechos”. Comisiones Obreras y UGT también se mostraron satisfechos: “Nos encontramos ante un acuerdo resultado de la firmeza y la constancia. Firmeza y constancia frente a la imposición unilateral del 2012 de una normativa que desequilibro la regulación laboral de forma radical en contra de las personas trabajadoras. Pero también visión, porque se ha buscado el acuerdo con el fin de poder dar una estabilidad jurídica a los derechos de los trabajadores y trabajadoras de este país. Por primera vez en democracia, se acomete una modificación del calado que supone este acuerdo, no a favor de las pretensiones de la empresa, sino de la clase trabajadora”, valoraron.