Personas refugiadas
Activistas del Rif: huir de la represión para ser encerrados en un CIE

“Viví estos días en el CIE (Centro de Internamiento de Extranjero) con la voluntad de seguir defendiendo a mi pueblo y ahora siento la obligación de defender a los que todavía siguen dentro”, relata Jamal Mouma, activista e integrante del Hirak, el movimiento de protesta que estalló en la región del Rif a finales de 2016. “Lo pueden llamar con el nombre que quieran”, increpa Jamal, “pero el CIE es igual que la cárcel”.

Su participación en las manifestaciones del movimiento le costaría dos años de encierro en la prisión de Casablanca, acusado de “instigar contra la unidad territorial” de Marruecos. Recuperó su libertad y volvió a las pisar las calles de su pueblo, pero las autoridades marroquíes volvieron a detenerle, condenándole, en primera instancia, a ocho meses de prisión por portar la bandera del Rif. Huyendo de la persecución policial y el asedio que el Estado marroquí continúa ejerciendo en aquella región, el pasado 18 de enero, Jamal y otros 15 rifeños llegaron en patera hasta las costas de Andalucía.

Tras su entrada en territorio español, fueron trasladadas al CATE de Motril (Centro de Atención Temporal de Extranjeros) donde la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) denuncia que han visto afectados sus derechos esenciales, “especialmente su derecho a solicitar asilo, pese a haberlo manifestado así desde el primer momento”. Reclaman que la única asistencia jurídica recibida fue vía telefónica y expresan su malestar con los servicios de interpretación y traducción recibidos, que podrían haber obviado la necesidad manifiesta de los activistas de solicitar protección internacional.

“Si son deportados a Marruecos podrían correr la misma suerte que otros compañeros suyos, que se encuentran privados de libertad con condenas de hasta 20 años de prisión”

Casi tres días más tarde, este grupo de 16 personas era trasladado al CIE de Murcia, donde permanecen privados de libertad mientras el Ministerio de Interior tramita su expulsión. “Si son deportados a Marruecos podrían correr la misma suerte que otros compañeros suyos, que se encuentran privados de libertad con condenas de hasta 20 años de prisión”, señala en un comunicado el Movimiento Popular Rifeño en la Península Ibérica. A las detenciones y la persecución judicial, se suma la política de dispersión de los presos, ubicados en cárceles alejadas de sus localidades natales, lo que dificulta también las visitas de sus familiares, por lo que desde el 20 de enero varios activistas encarcelados iniciaron una huelga de hambre indefinida.

Reda Benzaza, portavoz de la plataforma de apoyo al Rif, apunta que existe una presencia policial “muy notoria”, que efectivamente afecta en lo psicológico y lo emocional a la población. “Para ir de una ciudad a la otra, tienes que pasar muchísimos controles, incluso cuando son ciudades colindantes. Entre Nador y Alhucemas hay actualmente cuatro controles fijos y seis móviles. Estamos hablando de un control y de una represión brutal”, declara.

Un informe publicado recientemente por la ONG Human Rights Watch (HRW) señala que en los últimos años Marruecos ha “detenido, procesado o encarcelado” a varios activistas utilizando “acusaciones dudosas”. “Algunos de estos procesos parecen estar motivados por razones políticas”, relata el informe. Una dinámica de represión a la que ya hacía referencia Amnistía Internacional con el informe específico sobre el Hirak en el Rif, publicado en 2018, en el que se documentan hasta 54 casos de duras condenas judiciales por haber participado en el movimiento de protesta.

Solicitudes de protección internacional

A pesar de que varios activistas relatan haber manifestado su intención de solicitar asilo en el CATE de Motril, no fue hasta llegar al CIE de Murcia cuando comenzaron a hacerse efectivas las tramitaciones de sus expedientes. El apoyo de la diáspora rifeña y de colectivos por los Derechos Humanos ha sido determinante para conseguir que al menos 11 hayan iniciado la solicitud de asilo político y de protección internacional. Uno de ellos también ha esgrimido persecución por motivos de orientación sexual. 

“Tenemos el convencimiento de que si estas personas vuelven a Marruecos, van a ir a la cárcel directamente. Por haber participado en las manifestaciones del Hirak y también por haber pedido asilo en España”, explicaba el abogado de los activistas Sergio Ramos, el pasado jueves. El letrado celebraba que la solicitud de asilo hubiese servido en ese momento para poner en libertad a Jamal, a quien se sumó un segundo activista, liberado esa misma jornada. Sin embargo, ayer 29 de enero, a las 20:00, se comunicaba a seis de los activistas que todavía seguían en el CIE que su solicitud había sido denegada. Entre las peticiones rechazadas se incluye la del activista perseguido por motivos de orientación social, quien contaba con un informe positivo de Acnur, según denunciaba Ramos en las redes sociales.

Acaban de denegar las solicitudes de asilo de seis de los presos políticos rifeños en el CIE de Murcia. Lo hacen además a las 20 hrs ,justo cuando les quitan sus teléfonos para dormir . Imposibilitando que nos manden toda la información (HILO) pic.twitter.com/zFLPNjieUC

— Sergio Ramos Ruiz 🔻 (@SergioRamosRuiz) January 29, 2021

“Una persona que solicita asilo político nunca debería entrar en un CIE. Una vez llegan a España deberían ser puestos directamente en el trámite de asilo, por lo que reclamaremos una investigación del Ministerio del Interior”, declara el abogado el jueves, añadiendo: “Hemos presentado imágenes que demuestran que estuvieron en las manifestaciones, pero cuando huyes de un país hay cosas que son difíciles de documentar. Entendemos que el Estado español debería ser mucho más consciente de la situación que se vive en el Rif en este momento”.

Condiciones en el CIE de Murcia

“Confiamos que por el relato que están aportando y por el perfil de estas personas se admitan a trámite sus solicitudes y que no pasen más tiempo en el CIE”, apuntaba el jueves Juan Guirado, portavoz de Convivir Sin Racismo en Murcia, una organización que realiza visitas periódicas a las personas encerradas en el CIE. “Las condiciones del CIE de Murcia no son diferentes a las de otros centros de internamiento y continúa siendo un lugar muy poco apropiado para encerrar a personas en un contexto de pandemia”, explica.

“Se está respetando el máximo de dos personas por celda, pero continúa siendo un sitio frío y con aspecto carcelario. No hay aseos en las celdas por lo que la policía debe abrir manualmente cada vez que necesitan ir al baño. Tampoco hay atención psicológica y han limitado las visitas a habitaciones separadas por lo que sólo podemos hablar con ellos a través de una mampara”, reclama el portavoz y concluye: “Estas 16 personas requieren que se escuche su relato, porque no es fácil huir de la persecución y confiar en un sistema que habitualmente no protege”.