Renta básica
IMV: una concentración recuerda el hartazgo ante una gestión que castiga a las familias perceptoras

Ayer 27 de noviembre, el gobierno anunciaba que abría la puerta a que una de las medidas estrella de la anterior legislatura, el Ingreso Mínimo Vital, pasara a ser gestionado por las Comunidades Autónomas que así lo soliciten, como ya sucede en el País Vasco y Catalunya. En pocas horas, eran ya varias las comunidades autónomas que habían adelantado que tomarían esta vía, según informaba Europa Press en la tarde de ayer. Sin embargo, entre la mayoría de estas comunidades se explicitaban ciertas reservas respecto a si el gobierno derivaría a las administraciones los recursos necesarios para llevar esta empresa a cargo. Además, dadas las graves dificultades de gestión que han afectado al IMV desde que se aprobara, en mayo de 2020, algunos líderes autonómicos han querido poner en valor su experiencia gestionando las rentas mínimas autonómicas frente a la reciente trayectoria del IMV.

Más de dos millones de Ingresos Mínimos Vitales concedidos: las vidas tras la estadística

Sarah Babiker

2

Renta básica

Ingreso Mínimo Vital Más de dos millones de Ingresos Mínimos Vitales concedidos: las vidas tras la estadística

Sarah Babiker

2

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha tramitado positivamente 2.013.439 prestaciones en el marco del Ingreso Mínimo Vital. Beneficiarias y colectivos muestran las sombras y problemáticas que persisten tras esta cifra.

Roberto Borda forma parte del colectivo RMI Tu Derecho, que ha convocado para la jornada de hoy, a las 12h, una acción de protesta ante el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Este colectivo, que reúne a diversos grupos de apoyo mutuo y entidades, lleva desde que inició el IMV batiéndose porque este sea funcional y llegue a quienes tiene que llegar. Borda, al frente de la Asociación Apoyo, que acompaña a personas empobrecidas, recibe con prudencia el anuncio del gobierno. RMI Tu Derecho surgió justamente para responder a las limitaciones de la Renta Mínima de Inserción, la ayuda autonómica de la Comunidad de Madrid. Explica que, de hecho, si el IMV existe es porque Europa urgió a España a unificar sus rentas mínimas en respuesta a la desigualdad, fallas de gestión y límites en el alcance que estas entrañaban:  “Jose Luis Escrivá siempre dijo que una de las razones más importantes era cumplir este mandato de la Unión Europea de que hubiera una única renta o una base de rentas mínimas que asegurara lo mismo a toda España y que luego, ya a partir de ahí, que cada comunidad autónoma mejorara lo que pudiera mejorar. Si derivar  la gestión a cada una de las comunidades autónomas supone destruir esta base común, eso sería un retroceso”.

Borda también señala los problemas de gestión que tiene el IMV, gestión que el INSS descentraliza entre sus delegaciones provinciales de manera que los expedientes no se procesan necesariamente en la delegación de la provincia donde reside el solicitante. Por ejemplo, puedes haber solicitado tu prestación en Madrid y que tu caso se gestione en Alicante, señala: “Esto causa bastantes discrepancias, nosotros tenemos familias en las mismas situaciones que a unos les han dado la vital y a otros no, según dónde haya sido gestionada su solicitud”. Si ahora mismo ya existen criterios dispares en las direcciones provinciales bajo una misma administración, Borda teme que esta disparidad pueda profundizarse con las administraciones autonómicas, algo que dependerá del grado de independencia que el gobierno dé a cada comunidad y que aún está por definir.

“Estamos hartas de tener miedo a fin de mes, estamos hartas del maltrato institucional en la gestión del IMV, con extinciones por razones tan dispares como tener un bebé o cambiar de domicilio por un realojo”

La cuestión, recuerda Borda, es que todavía no existe un reglamento que sistematice la aplicación de la Ley, aprobada en 2021, y que la arbitrariedad sigue siendo una problemática que acompaña a la gestión de esta medida. Además, recuerda la existencia de comunidades “más retrógradas” gobernadas por pactos entre PP Y VOX —varias de ellas han pedido la gestión— para las que el IMV no es prioritario, poniendo como ejemplo la Comunidad de Madrid, que ha mostrado sus limitaciones para gestionar ayudas y prestaciones no solo con la RMI; sino muy recientemente con las becas de ayuda al comedor. “Si ahora empezamos a depender también del albur político de las 17 comunidades autónomas, pues creo que esto no va a redundar en una mejora”, concluye, considerando que la prestación no está “lo suficientemente madura” para delegar la gestión en las administraciones autonómicas.

Denunciar una gestión del IMV que consideran aporófoba, es el objetivo de la convocatoria de hoy, día de los Santos Inocentes. RMI Tu Derecho, ya protagonizó una protesta similar el año pasado en la misma fecha: “Estamos hartas de tener miedo a fin de mes, estamos hartas del maltrato institucional en la gestión del IMV, con extinciones por razones tan dispares como tener un bebé o cambiar de domicilio por un realojo”, denuncian en un comunicado. Los convocantes tienen la intención de registrar una solicitud para encontrarse con la nueva Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, “convencidas de que cuando conozca el dolor y la pobreza que la prestación del IMV causa en nuestras vidas abrirá un proceso de mejora de la Ley para que realmente sea una política eficaz para erradicar la pobreza”, apuntan. 

Una situación insostenible

Los colectivos y entidades que conforman RMI Tu Derecho, explica Luis Saenz de la organización Invisibles de Tetuán, quieren señalar, aprovechando la renovación en el ministerio, tanto las limitaciones de la ley, como una gestión “terriblemente agresiva”. Las organizaciones recibieron con cierta frustración el  hecho de que el anterior ministro, recuperado para esta segunda legislatura con otra cartera, no pagara ningún coste político por la caótica gestión del IMV. “Sería lamentable que los dos partidos que han formado este gobierno no supieran del caos del ingreso mínimo vital, pero si lo conocen, parece que lo avalan y no lo ven como un problema mayor”, señala Borda. 

La prestación, explica Borda, sí que supone un problema mayor para quienes conviven cotidianamente con su gestión: “no permite a la gente salir adelante, no cumple el objetivo básico que era hacer frente a la situación de pobreza”, desarrolla, señalando la dilatación de procesos (con esperas de 10 meses para gestionar una primera solicitud), y la inestabilidad de su concesión, pues es frecuente que la prestación sea reducida o interrumpida sin previo aviso.

“Desesperación”, eso es lo que sienten las familias a las que Rosa García acompaña en el barrio madrileño de Carabanchel. Esta trabajadora social cuenta que el pasado noviembre recibió en solo dos días la llamada de 26 familias perceptoras del ingreso: les habían reducido notablemente, o interrumpido, la prestación. Tras gestionar citas para todas ellas en la Seguridad Social, las cartas que les han entregado justificando el cambio en las cuantías son todas diferentes: “No hay ni un protocolo que puedas seguir. Tienes que estudiar bien cada caso. Hacemos reclamaciones previas para todas las familias, reclamaciones que deberían de tardar 45 días en resolverse. La realidad es que estamos hablando de seis meses y mientras tú tienes una reclamación previa, no puedes volver a solicitar la vital”.

En los últimos días, con las fiestas navideñas de por medio, ha vuelto a pasar, varias familias han escrito a García, tras pasar los días de cobro. La razón: ni han cobrado ni han recibido una carta que les notifique cuál es el problema

Esta situación de pérdida o reducción de la prestación, y espera sin prácticamente ingresos se extiende entre quienes han tenido la suerte de acceder al IMV, que no son la mayoría, pues desde que se aprobara el IMV, en general, solo se han concedido uno de cada cuatro IMV solicitados. En los últimos días, con las fiestas navideñas de por medio, ha vuelto a pasar, varias familias han escrito a García tras pasar los días de cobro, que suelen ser entre el 22 y el 26. La razón: ni han cobrado ni han recibido una carta que les notifique cuál es el problema. Los cambios en la unidad de convivencia, por emancipación de un hijo, por ejemplo, están entre los que generan más dificultades, porque, aunque las familias cumplan con lo establecido y comuniquen el cambio en el plazo obligatorio de 30 días, la Seguridad Social puede tardar meses en modificar la cuantía, y para entonces ya se ha generado una deuda a la que las familias deberán hacer frente aunque ellas hayan hecho lo que se les pedía.

“Este periodo siempre es mortal”, corrobora Saenz. Por un lado está el problema de que se tenga en cuenta los ingresos del año anterior para calcular la cuantía correspondiente, por lo que se resta a la cantidad que correspondería a la unidad de convivencia lo ingresado el año anterior. Por otro lado, esta actualización no se hace hasta finales de año, lo que se traduce en que, según la Airef, hasta un 80% se encuentren con que han cobrado durante meses una cuantía que no les correspondía, la mitad de ellos habrían cobrado de menos y la otra de más. “Así, quienes han cobrado de más, se encuentran con que les piden devolver a lo mejor miles de euros de repente, y quienes han cobrado de menos, les tendrán que pagar atrasos dentro de unos meses, pero ya han tenido que pasarse un año, a lo mejor, viviendo con 90 € al mes cuando quizás les correspondía 600”.

IMV: ansiedad burocrática y suspense para terminar un año difícil

Sarah Babiker

1

Renta básica

Ingreso Mínimo Vital IMV: ansiedad burocrática y suspense para terminar un año difícil

Sarah Babiker

1

Mientras la mayoría de las personas que vieron rebajada o suspendida su ayuda en noviembre aún no tienen respuesta sobre el por qué de la modificación, la seguridad social requiere documentación urgente a miles de perceptores en plenas fechas festivas.

Ingreso Mínimo Vital Ser más pobre 730 días después de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital

Preguntado sobre si en estos años han podido celebrar al menos alguna mejora, Saenz se muestra negativo. Un ejemplo de la limitación de los avances es la concreción de una de las propuestas contenidas ya en 2020: la de complementar el IMV con el trabajo, es decir, que el perceptor pueda retener algo de lo ganado mediante el trabajo, y que no le sea restado todo lo que percibe de la prestación que finalmente recibirá, algo que desincentiva el empleo. La regulación llegaría finalmente en los últimos meses de 2022, siendo aplicable en 2023, e introduce, denuncia el integrante de Invisibles, requisitos que reducen enormemente el alcance de la mejora, pues solo incluye a quienes han mejorado sus ingresos entre 2021 y 2022: “si una familia ganó 6.000 € en el 21, y 5.900 en el 22, no se puede quedar con nada de ese dinero, se lo van a restar todo del IMV que le corresponde. Pero si ganó 6.000 el 21 y 6.100 en el 22, se va a poder quedar con 100 €”, intenta explicar unos requisitos que además resultan demasiado complejos.

Para Saenz, esta rigidez va de la mano de la sospecha y los prejuicios que presentan a la gente empobrecida como personas que no quieren esforzarse para trabajar: “Son ellos los que no incentivan a la gente. Porque si se te van a restar todo lo que consigues trabajando y encima tienes sólo los gastos y las dificultades de cuidado familiares… no tiene sentido aceptar un empleo”. 

“Para las deudas generadas por el IMV aplica un sistema en que si recibes 1.000 € al mes, te voy a quitar 700 y a ti te voy a dejar solo 300, para pagar una deuda. Eso es usura aplicada a las personas empobrecidas”

Además, al tiempo que se reglamentaba esta complementariedad con el trabajo tan limitada, se introducía un sistema específico para regular las devoluciones de cobros indebidos, es decir, el dinero que la administración reclama a las personas tras actualizar sus cuantías y comprobar que no coinciden con lo que les correspondería, y que, por deberse a una disfunción de la administración, desde RMI Tu Derecho llaman “pagos indebidos”. Pues bien, este sistema permite reducir las prestaciones hasta un 70% para poder cobrarse la deuda: “Si tú dejas de pagar cualquier otra deuda en la Seguridad Social tienes un sistema garantista que siempre te va a mantener la prestación no contributiva, que no va a retirarte más del 15 o 20% de tus ingresos para cualquier tipo de deuda”, explica Borda, “pero para las deudas generadas por el ingreso mínimo vital, aplica un sistema en que si recibes 1.000 € al mes, te voy a quitar 700 y a ti te voy a dejar solo 300, para pagar una deuda. Eso es usura aplicada a las personas empobrecidas”. El pasado otoño RMI tu Derecho puso en marcha una campaña para influir en la reforma del procedimiento del Régimen General para la devolución de deudas a la seguridad social, en vista de que se abrió un periodo de consultas. Sin embargo, la excepción del 70% se mantuvo para los perceptores del IMV.

IMV: una campaña aborda el problema de los cobros indebidos que asfixia con deudas a miles de perceptores

Sarah Babiker

Renta básica

Ingreso Mínimo Vital IMV: una campaña aborda el problema de los cobros indebidos que asfixia con deudas a miles de perceptores

Sarah Babiker

Hasta ayer 14 de noviembre, el Gobierno recogía sugerencias para la modificación de la normativa que regula la devolución de cobros indebidos de la Seguridad Social, una situación que afecta gravemente a miles de perceptores del IMV.

Tantas dificultades condenan a las personas perceptoras a invertir ingentes cantidades de tiempo a lidiar con una gestión llena de sorpresas desagradables e incertidumbres, y a quienes les acompañan desde colectivos y organizaciones, a emplear su tiempo en resolver los desaguisados creados por la prestación. Es el caso de García, quien lleva un “servicio de atención básica normal”, es decir, que debería dedicarse a informar sobre los recursos disponibles, y, sin embargo, afirma, “ahora me siento en emergencia social”. Los problemas con el IMV llevan a la gente a tener que pedir ayuda por alimentos, en un marco en el que los bancos de alimentos atraviesan periodos difíciles por la demanda de ayuda que procede de guerras como la de Ucrania. “Nuestra línea de trabajo siempre va a ser el empleo para que no dependan de las prestaciones, porque al final las prestaciones es un tema político que está muy sujeto a cambios”, apunta esta trabajadora social, que también es consciente de que no es fácil acceder al mercado laboral, y que los salarios muchas veces no alcanzan a cubrir las necesidades básicas de las familias. Así, la escasez económica, lamenta García, lleva a la gente a tener que elegir ente comer y pagar el alquiler: “llevamos desde octubre, noviembre, diciembre en emergencia, porque han aumentado también mucho los desahucios, impagos, y complicaciones con el alquiler.

Saenz constata que la vivienda es un factor central de la pobreza, y, sin embargo, a pesar de que ya en 2020 se hablaba de que el IMV incorporaría medidas para facilitar el pago del alquiler, eso nunca se reglamentó. “El gasto fundamental de las familias para tener una vida en condiciones dignas es la vivienda, si no tienes donde vivir malamente vas a poder construir el resto de las cosas”, aporta por su parte Borda, quien recuerda, que más allá de que no existan las medidas mencionadas, los criterios respecto a lo que es una unidad de convivencia afectan negativamente a aquellas familias que, tras ser desahuciadas, acaban residiendo en las viviendas de otros familiares, pese a aplicarse excepciones en estos casos: “la semana pasada una familia me contaba que finalmente un juez ha leído el artículo que dice que cuando una familia desahuciada se va a vivir con los padres tienen que ser dos unidades de convivencia distintas. Una cosa tan simple que estaba escrita, hemos tenido que llegar a un juicio para que nos den la razón”

Balance para el futuro

A la espera de que se determine en qué se traduce esa oferta del gobierno para transferir el IMV a las comunidades autónomas, lo cierto es, recuerda Saenz, que la pobreza en el Estado está muy difundida y dispersa, con una de cada cinco personas en esta situación, y una de cada 11 sufriendo pobreza severa según el último informe de EAPN. Unos datos que el IMV no ha conseguido revertir. “Estamos hablando, según EAPN, de cerca de cuatro millones de personas con graves dificultades, privaciones materiales y sociales, etcétera”, enfatiza el integrante de Invisibles. Existe, apunta, una parte de la población que no ha pedido el IMV por falta de información o carencia de acompañamiento para tramitarlo, pero también “porque ha oído las historias de sus vecinos y tienen miedo de pedirlo”.

Haciendo un poco de memoria histórica vemos cómo el Ingreso Mínimo Vital, cuyo diseño inicial contó con la participación primordial del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido en ese momento por Pablo Iglesias, devino rápidamente una prestación gestionada por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, bajo la batuta de Escrivá: “Una persona que viene de la banca”, resume tajante García.

“Lo que ahora mismo tenemos es una prestación para erradicar la pobreza, echa de espaldas a los problemas de las personas empobrecidas”

Poco tiempo después de tomar su cargo, el nuevo ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustunduy, durante una entrevista, situaba la mejora del IMV entre sus principales objetivos, mientras que destacaba su intención de poner en el centro los derechos de todos. “Si eso fuese así y las intenciones positivas de las primeras declaraciones se trasladaran a la concepción y la gestión del ingreso mínimo vital, eso sería estupendo, porque lo que ahora mismo tenemos es una prestación para erradicar la pobreza, echa de espaldas a los problemas de las personas empobrecidas”.

Sin saber aún cómo actuará la nueva ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones o de qué manera se traducirá el traspaso de la gestión del IMV a las comunidades Autónomas, Borda sí tiene algunas ideas urgentes que trasladar al Ministro de Derechos Sociales: la primera medida sería dejar de tener en cuenta la situación administrativa de los miembros de la familia. Actualmente, denuncia, si uno de los miembros cae en situación de irregularidad toda la unidad de convivencia pierde el IMV.  Respecto a las unidades de convivencia, considera urgente que su concepción se ajuste a la realidad de las personas empobrecidas, en las que varias personas comparten casa sin por ello compartir economía: varias unidades familiares que conviven en la misma vivienda no pueden ser una sola unidad de convivencia, enfatiza. La última mejora tendría que ver con la gestión administrativa e implicaría por un lado dejar de penalizar a los perceptores cuando es el INSS quien paga indebidamente por no actualizar la información a tiempo, y por otro lado “la incorporación de un programa informático que no hiciera que cada cambio en el padrón suponga tres, cuatro, cinco meses de pobreza”. Una serie de mejoras, en definitiva, extraídas de aprendizajes comunes tras cuatro años lidiando con una medida contra la pobreza que está dejando a demasiada gente atrás.