Represión
Casi nueve mil euros por protestar contra la industria militar

Un grupo de personas se rocía con pintura roja mientras sostienen carteles con los nombres de países que padecen guerras. Yemen, Sudán, Libano, Myanmarr, Ucrania. Hacen referencia a los escenarios en los que las empresas contra las que protestan generan dividendos. Por eso aparecen también dos activistas trajeados, que van lanzando billetes de 500 euros simulados. Mientras tanto, un grupo de apoyo despliega una pancarta con un lema claro, “No a la feria de armas”.

Organizada por Desarma Madrid y Alternativa Antimilitarista-MOC, junto a otros activistas de CGT, Bloke Bollero o La Enre, la acción tiene como objetivo visibilizar el rechazo a la industria militar que celebra en el interior del IFEMA la Feria Internacional de Defensa y Seguridad en Madrid (Feindef). “Según el Ministerio de Defensa español se sitúa entre las diez primeras ferias del sector en el mundo, es una referencia nacional e internacional, y la única feria que cuenta con el apoyo institucional del Ministerio de Defensa”, denunciaron en un comunicado los colectivos convocantes, quiénes pretendían manifestar su repulsa al papel de España en el comercio de armas internacional (es el décimo exportador mundial en este siniestro ranking) y cómo las ventas de la feria nutrirán la relación de víctimas futuras en conflictos bélicos.

La Feria de Armas es bienal, vivirá en 2027 su quinta edición y es organizada por la Fundación FEINDEF, con el apoyo institucional del Ministerio de Defensa y las principales asociaciones de fabricantes de armamento del Estado Español, TEDAE (Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio) y AESMIDE (Asociación de Empresas Contratistas con las Administraciones Públicas). El presidente de honor de la fundación organizadora es Julián García Vargas, ministro de Defensa con Felipe González. Y no es la única puerta giratoria con presencia en la feria, el presidente de la patronal y vicepresidente de la fundación organizadora es Ricardo Martí Fluxá, Secretario de Estado de Seguridad con Aznar.

“Utilizan lenguaje aséptico, jerga limpia y tratan de ocultar para qué sirve todo ese material con el que se comercia”, razona Enrique Quintanilla, portavoz de Desarma Madrid

“En su página web es casi imposible ver un arma”, apuntan los activistas.“Utilizan lenguaje aséptico, jerga limpia y tratan de ocultar para qué sirve todo ese material con el que se comercia”, razona Enrique Quintanilla, portavoz de Desarma Madrid. “Al final, son muertes, simplemente eso, asesinatos de gente, en su mayor parte civil, no beligerante”, lamenta. Pero si es difícil ver el material con el que se comercia, tampoco hacen público su volumen de negocio. Sabemos, eso sí, que contó con 628 expositores, 211 internacionales, y 68 países representados.

La perfomance con la que quieren señalar que el “desmedido presupuesto militar detrae recursos de las necesidades que realmente necesita la población”, es interrumpida por varias dotaciones de la Policía Nacional, que finalmente se llevará a doce personas a comisaría por no llevar encima ninguna documentación. Según relatan los propios activistas, el despliegue de furgonetas y efectivos interrumpió el tráfico interior del recinto ferial, pero los participantes se retiraron por su propio pie, sin empleo de fuerza por parte de la policía ni, por supuesto, por su parte. “En ningún momento se puso en riesgo la integridad ni de personas ni de objetos. La acción fue escrupulosamente noviolenta y así se comunicó a la seguridad privada en primer lugar y a la policía, cuando llegó”, afirman.

La protesta la desarrollaron dentro del recinto privado del Ifema, en una zona con tres carriles de los que, aseguran, solo ocuparon uno. Su perfomance no interrumpió siquiera el acceso con normalidad de los asistentes al evento. Pero en la sanción que han recibido las doce personas que fueron trasladadas a comisaría, de 700 euros cada una, 8.400 euros entre todas, se les acusa de haber cometido una infracción grave del artículo 36.3 de Ley de Seguridad Ciudadana,(la ley mordaza) por lo que se les imputa “causar desórdenes en las vías, espacios o establecimientos públicos, u obstaculizar la vía pública con mobiliario urbano, vehículos, contenedores, neumáticos u otros objetos, cuando en ambos casos se ocasione una alteración grave de la seguridad ciudadana”.

Unos supuestos que no encajan con lo sucedido aquel 15 de mayo de 2025 en la perfomance, y que será la argumentación principal para recurrir la sanción. Y no sería la primera vez que consiguen una victoria en este ámbito. En 2017, primer año que realizaron su protesta, fueron multados, en su conjunto, por un total de 11.500 euros, sanción que no llegó a aplicarse al no ser probados los argumentos que esgrimía la policía y que en aquel momento les acusaba de una infracción grave del artículo 26.6, que castiga los actos de “desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación”.

También está pendiente de resolverse en los tribunales la brutalidad policial que denunciaron en 2023. La actuación en la protesta de ese año de los agentes provocó la rotura de un dedo a una de las activistas, y no es la única vez que los activistas han acabado presentando partes de lesiones por el uso desmedido de la fuerza policial. “ La voluntad de sancionar una acción noviolenta, que es sólo una denuncia que se produce sin daños a nadie ni a objetos, es desincentivar volver a realizarla”, explica Quintanilla, pero es algo que no van a conseguir, puesto que piensan volver a desarrollarla en la próxima edición.“Si el gobierno no quiere que protestemos, que suspenda la feria, razona.

Denuncian otras sanciones que afectan al movimiento por protestar contra el genocidio de Palestina

“Mientras el Gobierno central enarbola un discurso pretendidamente pacifista, sus Delegaciones del Gobierno multan a quienes activamente se oponen a la guerra y a su preparación”, critican desde Desarma Madrid. Relatan que actualmente, existen peticiones de condena para las activistas que protestaron durante el trascurso de la Vuelta Ciclista en Valladolid, a las que piden 2 años a cada una. También hay ocho personas encausadas por la acción de boicot en la penúltima etapa de La Vuelta, a quien acusan de atentado a la autoridad, desórdenes públicos y resistencia. Son personas que se enfrentarán a petición de pena de prisión, de momento identificadas como las #8deBecerril.

Otras dos personas fueron sancionadas en la concentración del 20 de mayo de 2025 frente al Congreso por la Proposición de Ley del Decreto de Embargo de Armas a Israel. con 600 euros cada una. Algo que también sucedió en la concentración de repulsa en Madrid tras el ataque a la Flotilla a Gaza, en la que han sido multadas dos personas convocantes por realizar al comunicación a la Delegación de Gobierno con menos de 24 horas de antelación.