Represión
Presentan una querella por tortura contra Ramón, policía infiltrado en València

El movimiento popular y colectivos del tejido asociativo de Benimaclet como Entre Barris, Cuidem Benimaclet, l’Assemblea Feminista de València o el CSO L’Horta han respaldado la presentación pública de una querella por tortura y por atentar contra la integridad moral y la intimidad de dos de las personas afectadas por el espionaje policial realizado por un funcionario del estado que pasó varios años infiltrado en diferentes colectivos del barrio.

La abogada de las querellantes, Maria Josep Martínez, argumenta que la querella por tortura tiene su base jurídica en que “ese delito consiste en la obtención de información por medios que causen unos padecimientos, unos daños, que no están justificados sobre una persona”.

Las dos querellantes denuncian que han sufrido lesiones psicológicas causadas por el impacto de descubrir que quiénes ellas consideraban un compañero de militancias, era en realidad un funcionario al servicio del estado

En este caso concreto, las dos querellantes denuncian que han sufrido lesiones psicológicas causadas por el impacto de descubrir que quiénes ellas consideraban un compañero de militancias, era en realidad un funcionario al servicio del estado. Una de las afectadas, de hecho, sigue todavía en tratamiento para controlar los cuadros de ansiedad. La otra víctima tuvo que pasar por un periodo de incapacidad temporal por el mismo motivo.

“Entendemos que también hay un delito contra la integridad moral porque se ha producido una cosificación e instrumentalización de las dos afectadas, que han sido utilizadas como fuente involuntaria de información y como vía de acceso a espacios que serían totalmente vedados a los agentes de policía en circunstancias normales”, explica la abogada Martínez, que forma parte de Alerta Solidària, la organización antirrepresiva impulsora del proceso.

La querella incide  en que el espionaje de este infiltrado entrañaría un acceso indebido a datos de carácter personal y político, tanto de las propias querellantes como de los colectivos y asambleas en los que participan

La letrada considera que “no existe una finalidad lícita que legitime la intromisión policial en los derechos fundamentales de las querellantes y los colectivos afectados, por eso entendemos que hay  un grave ataque a la integridad moral”. Este daño, aclara Martínez, “no necesita que haya un daño físico para entenderse que se ha producido, la instrumentalización de las víctimas en sí misma, sería el núcleo de ese ataque”.

La querella incide también en que el espionaje de este agente infiltrado entrañaría un acceso indebido a datos de carácter personal y político, tanto de las propias querellantes como de los colectivos y asambleas de los que ellas participan. “Espacios que son de carácter social y político, y de los que se han recopilado datos e información sin el consentimiento ni el conocimiento de ni de ellas ni de estas entidades”, explica Martínez. Precisamente, la recopilación de esos datos de carácter reservado sin la necesaria autorización judicial entiende la letrada “vulnera el derecho fundamental a la intimidad y el secreto de las comunicaciones”.

Escuela de infiltrados. Curso 2022-2023

Pablo Elorduy

Policía

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Los últimos casos de agentes encubiertos destapados por La Directa y El Salto muestran el despliegue de una nueva generación de policías.

Martínez defiende que esta infiltración “no ha sido amparada por la legislación vigente, ya que la única figura legal que hay es la prevista para el agente encubierto y en este caso entenderíamos que no  hay una finalidad constitucionalmente legítima y legalmente prevista, que es lo que vendría a exigir el tipo penal, además de no haber existido supervisión judicial”.

El espionaje de Ramón

Ramón, identidad tras la que se esconde el agente de policía R. M. F., llegó a València poco antes de la pandemia. A principios de aquel marzo de 2020, empezó a participar en Cuidem Benimaclet, una asamblea vecinal abierta que aglutina a familias, personas mayores y jóvenes y que como principal lucha en aquel momento, plantaba cara a la ejecución de un proyecto de desarrollo urbanístico en este barrio de València.

Poco después, se integra en el activismo del Centro Social Okupado Anarquista (CSOA) l'Horta, mediante su entrada en el grupo que practica el deporte de combate muay thai, y en Grama, la red de reparto de alimentos de Benimaclet.

Paralelamente, utiliza como carta de presentación una supuesta actividad política en la Izquierda del Eixample de Barcelona durante el proceso independentista, así como la predisposición a “ocupar la primera línea de lucha”. Varios testigos explicaron en su día para la Directa que Ramón Martínez fue uno de los impulsores del grupo de vecinas que algunas noches salían a tumbar las vallas que había colocado la promotora Metrovacesa en el perímetro de los terrenos del PAI y que él mismo echó abajo algunas.

La querella apunta a la cadena de mando

Entre las diligencias, además de solicitar la declaración del querellado, se pide conocer la cadena de mando de R. M. F., ya que “los mandos superiores que dieron las órdenes o aceptaron los hechos son los responsables de la operación y un indicio de que estaba amparado por sus superiores es que se le había dotado de una identidad falsa”. explica Martínez. De hecho, Ramon llegó a estar matriculado en la Universitat de València, en el grado de Trabajo Social, bajo esta identidad falsa, con documentación duplicada que sólo puede expedir el propio Ministerio del Interior.

Precisamente contra este ministerio se dirige también la querella, en calidad de responsable subsidiario tanto por los daños morales como por las indemnizaciones que correspondan a las lesiones psíquicas, en este caso sufridas por las querellantes.

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Desde que, en el último año y medio, haya destapado seis casos de infiltración de agentes en los movimientos sociales, el Ministerio de Interior apenas ha dado información, pese a que implícitamente ha reconocido los hechos.

Hasta ahora ya son tres las querellas interpuestas a raíz de las infiltraciones policiales —por los casos de Dani, Maria y Ramon— y una demanda contenciosa administrativa por el primer episodio de infiltración policial descubierto, el de Marc Hernàndez Pons, que está pendiente de resolución al Tribunal Constitucional. Además, también se ha presentado otra demanda por amenazas vertidas por Carlos P.M., infiltrado bajo la identidad falsa de Juancar.

Con relación a la querella del caso de Dani, la Fiscalía pidió al juzgado de instrucción 21 de Barcelona que no admitiera a trámite la querella criminal, puesto que consideraba que no se había cometido ningún delito. Meses más tarde, con un argumento similar al de Fiscalía, el juzgado de instrucción 21 de Barcelona también descartaba la comisión de ningún delito. Irídia y CGT, impulsoras de la querella, recurrieron a la Audiencia de Barcelona las inadmisiones de Fiscalía y el juzgado. En el caso de Girona, bajo la dirección letrada de Benet Salellas, la querella se presentó el noviembre de 2023 y el juzgado de instrucción todavía no se ha pronunciado.

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