Opinión
Infiltrados en la democracia

Un nuevo caso de infiltración policial subraya la permanencia de una serie de prácticas que amenazan derechos fundamentales y tienen potencial delictivo.
Pablo Elorduy
14 may 2024 13:45

El octavo caso destapado de infiltración policial en los movimientos sociales en los dos últimos años confirma las sospechas de que ha existido un programa de esta clase surgido del Ministerio de Interior con el más que probable objetivo de “formar” a agentes en situaciones de espionaje. Curtirlos en una práctica que exige control mental, templanza y altas dosis de disociación afectiva y personal en entornos aparentemente “suaves”. 

La perversidad de la práctica es más evidente cuando estos agentes y estas agentes inician o buscan relaciones sexoafectivas con militantes de los espacios a los que espían, pero la vulneración de derechos y la huella emocional dejada por estas tácticas se extienden a muchas más personas, afectan a colectivos enteros y extienden la paranoia —otro objetivo no menor de la práctica— entre militantes.

El caso del infiltrado ‘Dani’ en Barcelona, en el que por primera vez se produjo una denuncia de seis víctimas por delitos de abusos sexuales, contra la integridad moral, de revelación de secretos y de impedimento del ejercicio de derechos cívicos, pone de relieve no solo la ilegitimidad sino la más que posible criminalidad de unas prácticas que, hasta esta última fase, los movimientos sociales y políticos daban por segura, pero que no habían podido desvelar en toda su crudeza.

Policía
Policía La respuesta de Interior a diez preguntas sobre los policías infiltrados
Desde que, en el último año y medio, haya destapado seis casos de infiltración de agentes en los movimientos sociales, el Ministerio de Interior apenas ha dado información, pese a que implícitamente ha reconocido los hechos.


Aun así, falta mucho para que esta práctica sea desterrada del repertorio policial. Las respuestas del Ministerio de Interior, las pocas veces que Fernando Grande-Marlaska se ha referido a ello, y el vago argumento de que “de producirse” se estarían realizando “bajo orden judicial” —y esas órdenes conducen a un laberinto de justificaciones que acaba en la persistente Ley de Secretos Oficiales de origen franquista—, muestran la nula voluntad política de erradicar un tipo de actuación que señala nítidamente una grave falta de democracia, en cuanto afecta a derechos fundamentales como el de la libertad de reunión y el derecho a la intimidad.

Por cuestión de cronología, todo indica que la hornada de agentes “de inteligencia” —como les gusta llamarlos a los mandos de Interior— procede de los gabinetes del Partido Popular, pero no cabe duda de que el PSOE, jugando su papel habitual de “partido del orden”, y concretamente Grande-Marlaska, no ha hecho nada por retirar a estos agentes. Interior no ha emitido ninguna señal que declare la intención de revertir estas prácticas y Marlaska ha defendido el “buen nombre” de estos agentes, por cierto, igual que el juez que exoneró al agente acusado de abusos sexuales sin mostrar ninguna consideración por sus víctimas.

Siguen siendo ultras por más que hayan pasado años, concretamente 46 desde la aprobación de la Constitución Española

Los argumentos habituales suenan ya a excusas. Se dice que la potestad para la infiltración obedece a un mandato destinado a salvarnos de “los malos”, y se refieren siempre los mismos supuestos: terrorismo, pederastia, narcotráfico, pero lo cierto es que lo que hemos visto en estos últimos años es a jóvenes salidos de la escuela de la policía investigando y espiando a otros jóvenes que se asamblean, que pintan pancartas, ayudan a parar desahucios, socializan, se manifiestan y protestan.

Incluso en el caso de que se planeen acciones de desobediencia civil o disturbios, el dispositivo de espionaje está injustificado en términos de ejercicio democrático: hay que recordar la vieja frase de que el pensamiento no delinque y explicar que la policía precog —la que resuelve crímenes antes de que se produzcan— es materia de ciencia ficción, especialmente si se quiere mantener la habitual retórica sobre el Estado de derecho. Tampoco se recuerdan, por ejemplo, procesos recientes en los que los testimonios de los agentes infiltrados hayan sido claves para la detección de un delito y, sin embargo, sí se han dado referencias de la incitación a cometerlos por parte de estos agentes encubiertos, algo contemplado en el Código Penal.

En el último caso, destapado hoy por El Salto, el agente ‘Juancar’, infiltrado en Distrito 14, un colectivo de apoyo mutuo de Moratalaz, se comunicó con sus víctimas una vez se le hizo saber que se le había detectado. Entre amenazas veladas y poco veladas, añadió una frase “sigo siendo ultra por mucho que hayan pasado dos (sic) años”. Sea verdad o una bravata, el mensaje es revelador en cuanto denota la ideología que subyace en estas prácticas. No serían justificables si se tratase de agentes formados en democracia, pero no se trata de eso, sino de la extensión de una cultura del enemigo interno que es la que subyace detrás de esta práctica, y que es atribuible no solo a estos jóvenes agentes, meritorios en busca de ascensos, suplementos salariales y quien sabe si destinos en los servicios secretos, si no a los mandos que los forman y les asignan destinos. Siguen siendo ultras por más que hayan pasado años, concretamente 46, desde la aprobación de la Constitución Española.

Es urgente que los partidos políticos se tomen en serio estas informaciones. Es especialmente importante que lo haga Sumar, socio de Gobierno de Pedro Sánchez y Fernando Grande-Marlaska, y es clave que la sociedad civil organizada no deje de reclamar el final de estas prácticas, injustificables por mucho que se sobrevaloren las amenazas por parte de la Policía y del Ministerio de Interior, por mucho que la ficción y no ficción audiovisual haya instalado un imaginario romántico sobre los infiltrados.

Pero, por último, también es imprescindible que comience a infiltrar pensamientos democráticos entre los propios agentes. Una modesta proposición es infiltrar a personas que respetan los derechos humanos y los derechos fundamentales en las escuelas de formación policial que detecten e informen sobre los agentes y los mandos que ponen en marcha programas con potencial criminal. Quizá eso señale a los elementos que, aunque pasen los años, siguen siendo ultras.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra na túa conta.

Relacionadas

Opinión
Opinión “Tener correa” y la ridiculización del afecto
Existe una presión muy fuerte sobre los propios hombres para que no amen demasiado, no cuiden demasiado. El ideal de “libertad masculina” tradicionalmente se entiende como independencia, desapego, y muchas veces, desinterés.
Opinión
Opinión Las sáficas también somos trans, deseamos trans y amamos trans
Resulta irónico que a quienes tanto nos han cuestionado la identidad de “mujeres de verdad” en función de nuestra expresión de género o la vida que decidimos emprender no levantemos antorchas al ver el mismo odio operando con estrategias similares.
Opinión
Opinión IA: un proyecto tecnosupremacista
La pregunta que me hice hace algunos años fue: ¿Por qué existe un evidente interés en “crear la cuestión de la IA”, cuando las tecnologías y las lógicas que la componen están ya operativas desde hace años?
Javier Gallardo Vía
16/5/2024 18:14

Solo cita usted a PP y PSOE. Pero según lo que usted cuenta, también tuvo la aquiescencia de Sumar y Podemos, en su día, siendo parte del Gobierno; parece (pero no se dice).

1
0
#103762
15/5/2024 18:25

Defensa, Interior y Justicia parecen regirse fuera de los cauces democráticos, y si el corporativismo no alcanza para ocultar sus montajes, siempre tienen la zona de impunidad que se conceden con los "Secretos de Estado". Si en los manuales de las FFSS y FFAA se dicta que la OTAN es maravillosa, por ejemplo, ya no se enseña que la disidencia es democrática y permisible, sino todo lo contrario. Si, hay que revisar los temarios y los objetivos de la actuación de la Brigada de Información policial.

0
0
Laboral
Laboral Coidar sen dereitos: a loita das traballadoras nas residencias privadas de Galiza
Sen tempo nin medios para ofrecer uns coidados axeitados, alertan dunha situación insostible nos centros e denuncian a privatización dun servizo a costa do benestar das persoas maiores e dependentes.
Genocidio
Genocidio Activistas crean la embajada de Palestina en Bruselas mientras Israel prosigue con su asedio en Gaza
Mientras los ataques de Israel sobre la Franja de Gaza ya han dejado más de 51.490 muertos, activistas han rociado de sangre un edificio que simula ser la embajada de Palestina, dejando un rastro de pintura roja hasta la embajada del Estado sionista.
Análisis
Análisis La izquierda donde rompe la ola
El crecimiento electoral de un amplio abanico de fuerzas de extrema derecha desde hace unos años complica la consecución de decisiones a nivel de la UE.
Galicia
Galicia Vigo, A Coruña e Ourense mercaron material policial a Israel por medio millón de euros en só catro anos
O alcalde ourensán, Gonzalo P. Jácome, adxudicou un contrato por 70.000 euros días despois do sete de outubro. Abel Caballero asinou outro de máis de 200.000 euros e a alcaldesa da Coruña seguiu a estela cun contrato de 170.000 euros.

Últimas

Medio ambiente
Medio ambiente Máis de 200 colectivos esixen transparencia sobre a mina Doade e piden a intervención do Parlamento Europeo
Organizacións de toda Europa, lideradas por SOS Suído-Seixo, esixen a Bruxelas acceso á documentación sobre a explotación prevista, denunciando opacidade, privilexios empresariais e risco ambiental en zonas protexidas de Galiza.
LGTBIAQ+
Juicio el 9 de mayo Lidia Falcón pide cinco años de cárcel a una mujer trans por un tuit de 2021 que no la menciona
La activista antiderechos Lidia Falcón denunció a Diana Juan Cano en 2021 por un tuit que apenas tuvo repercusión. La acusación pide una pena de cinco años de prisión y 50.000 euros de indemnización.
Ayuntamiento de Madrid
Paros en Madrid Fin de la huelga de basuras en Madrid
La plantilla ha votado a favor de la última propuesta, en un paro que comenzaba el pasado 21 de abril y con el que se demandaba la actualización de un convenio que se ha quedado obsoleto.
Francia
Francia Militantes e intelectuales exigen la absolución de Anasse Kazib, perseguido por su apoyo a Palestina
El Estado francés utiliza el tipo penal de “apología del terrorismo” para perseguir a personalidades y colectivos que han mostrado su apoyo a Palestina y su repulsa al genocidio cometido por Israel.
Más noticias
La vida y ya
La vida y ya Espacios de encuentro
Me contaba que, al final del día, le dolían mucho las manos y que había dejado de escribir. Que ya no llevaba el cuaderno pequeño que tenía para anotar ideas que luego se transformarían en artículos o poemas.
Gobierno de coalición
Gobierno de coalición Sánchez piensa en un paréntesis legislativo para evitar roces con los socios tras una semana explosiva
El choque bronco por el caso de las compras de balas israelíes a cargo de Grande Marlaska puso sobre la mesa como nunca la ruptura de la coalición, aunque nunca fue una opción.
Opinión
Opinión “Tener correa” y la ridiculización del afecto
Existe una presión muy fuerte sobre los propios hombres para que no amen demasiado, no cuiden demasiado. El ideal de “libertad masculina” tradicionalmente se entiende como independencia, desapego, y muchas veces, desinterés.
Que no te lo cuenten
Que No Te Lo Cuenten De armas y crisis climática
VV.AA.
Repasamos la actualidad política internacional y miramos los visibles efectos de la crisis climática en la costa mediterránea
Comunidad de Madrid
LGTBifobia Femen protesta contra las terapias de conversión en un acto de la familia de psiquiatras Rojas Estapé
El movimiento Femen ha querido denunciar públicamente la relación de esta familia con sectores ultraconservadores de la Iglesia y su postura abiertamente contraria a los derechos del colectivo LGTBIQ+

Recomendadas

Senegal
Migraciones El mito de la migración ordenada: la denegación de visados por el Consulado de España en Dakar
Maltrato institucional. Estas dos palabras son las más escuchadas cuando se pregunta a personas descontentas con el Consulado de España en Dakar. Cada vez más personas denuncian denegación de visados que no consideran justificados.
Guinea-Bissau
Internacional Guinea-Bissau arranca una ola de represión tras el sabotaje popular de una mina de arena en un parque natural
Una acción liderada por las mujeres del pueblo de Varela provocó un incendio en la bomba de extracción de la mina de arena pesada. El Gobierno ha llevado a cabo la detención de 16 personas, entre las que se encuentran líderes locales.
Turquía
Pinar Selek “Turquía sigue gobernada en base al miedo”
La profesora y socióloga turca, quien ha sufrido además de cárcel, un acoso judicial por 27 años, habla de la falta de independencia del poder judicial, del adoctrinamiento social y de la formación de la sociedad turca.