Residencias de mayores
Florentino Pérez gestiona cinco residencias públicas de Gipuzkoa entre recortes, huelgas y despidos

A finales de 2019, el grupo Clece, de Florentino Pérez, era ya el segundo mayor operador de residencias del Estado español por implantación autonómica, con 84 geriátricos. Distintas fuentes coinciden en señalar que a la vanguardia de la privatización de las residencias para personas mayores estuvieron el expresidente José María Aznar, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez. Su compañía fue una de las mayores beneficiarias de aquella política, cuyas consecuencias se vieron durante la pandemia. Clece, que pertenece a ACS, la constructora que preside Pérez, se compone de 13 filiales, entre ellas Zaintzen, con sede en el municipio vizcaíno de Leioa.

Con estas credenciales, el grupo de Florentino Pérez gestiona hoy el 25% de las residencias forales la entidad foral Kabia.  Este organismo autónomo adscrito al Departamento de Políticas Sociales de la Diputación de Gipuzkoa es responsable de 16 residencias públicas para personas mayores y ha externalizado a Florentino Pérez la gestión de cuatro: las de Pasaia, Zumaia desde 2019, la de Lasarte-Oria desde 2023 y, la última, la de Ordizia, desde noviembre de 2025. Desde ese mismo mes, los contratos de las cuatro primeras figuran en la plataforma de contratación a nombre de Clece Mayores, otra sociedad del grupo, que sucedió a Zaintzen como adjudicataria. Tras crecer con las privatizaciones del PP, el grupo se ha llevado las externalizaciones del PNV.

En Ordizia, siete meses después de la llegada de Zaintzen, el Gobierno municipal pidió a la Diputación que investigara la situación de la residencia San José. Denunciaba una reducción de plazas para personas mayores, quejas sobre el funcionamiento del centro y el despido de una trabajadora.

Una red pública que gestionan empresas privadas

Que una residencia sea pública en Gipuzkoa no significa que la gestione la Diputación. En 2014, el Gobierno foral creó Kabia, un organismo autónomo, para hacerse cargo de las residencias de titularidad municipal del territorio. Kabia es la propietaria de los edificios y de las plazas, pero en buena parte de los centros contrata a una empresa para que preste el servicio. La adjudicataria pone la plantilla –gerocultoras, enfermería, cocina, limpieza– y cobra por residente y día según el grado de dependencia. En Zumaia, Kabia paga 73,39 euros diarios por cada residente sin grado de dependencia reconocido, 90,34 por uno de grado I y 119,72 por uno de grado II o III. A estos concursos se presentan pocas empresas: a la residencia de Pasaia, una sola; a las de Zumaia y Lasarte-Oria, dos; a la de Ordizia, tres.

En 2016 la Diputación de Gipuzkoa gestionaba directamente apenas el 17% de las 837 plazas residenciales de titularidad foral

La gestión indirecta es la norma desde hace dos décadas. Un estudio del Centro de Documentación y Estudios SIIS publicado en 2016 por el Observatorio Social de Gipuzkoa constató que, de los diez centros de titularidad foral, solo uno se gestionaba de forma directa, lo que dejaba en manos de la Diputación apenas el 17% de las 837 plazas forales. Este mismo estudio recoge que, de las 1.207 plazas residenciales creadas en el territorio entre 2002 y 2009, solo el 9% se abrió en centros públicos. Hoy, según el Mapa de Servicios Sociales de Gipuzkoa 2024-2030, el 87,9% de las plazas residenciales son de “responsabilidad pública”, es decir, propias de la Diputación o concertadas con ella. Las paga el dinero público y, en su mayoría, las gestionan entidades privadas. El propio Mapa, aprobado por el Gobierno foral en diciembre de 2024, fija el rumbo: “Vamos a continuar apostando por la concertación de plazas en las comarcas más deficitarias”.

El modelo descansa sobre unas 5.000 trabajadoras, nueve de cada diez mujeres. ELA mantiene desde noviembre de 2025 una huelga indefinida en ocho residencias, entre ellas San Juan de Zumaia y San José de Ordizia, en la que participan más de 600 trabajadoras. Según el sindicato, casi la mitad de la plantilla del sector tiene un contrato a tiempo parcial que no ha elegido, la brecha salarial supera los 10.000 euros anuales y el servicio está financiado en un 90% por la Diputación, a la que reclama que asuma “la responsabilidad política que le corresponde”. El conflicto viene de lejos. Entre 2018 y 2020 las trabajadoras sostuvieron dos años de huelga indefinida, y en 2022 el convenio lo firmó UGT con el 7% de la representación. ELA resumió entonces su crítica a la Diputación: “Habla de residencias del futuro y es incapaz de gestionar las del presente”.

La pandemia puso a prueba el modelo. En abril de 2020, al menos tres de cada cinco muertes por covid en Gipuzkoa se habían producido en residencias, según los datos forales que recogió Hordago, y un juzgado de lo social reconoció que se había vulnerado el derecho a la salud de las trabajadoras en dos centros, Lurreamendi, en Tolosa, y San José, en Ordizia. El 30 de noviembre de 2023, la primera huelga general feminista de Hego Euskal Herria, convocada por el Movimiento Feminista junto a ELA, LAB, Steilas, ESK, EHNE, Etxalde y CGT, reclamó un sistema de cuidados público y comunitario. En vísperas de aquella jornada, las trabajadoras de la residencia de Elizondo, en Baztan, anunciaron que su centro, privatizado en 2009, volvía a ser público.

En Ordizia ganó el precio

El 26 de septiembre de 2025, Kabia, el organismo autónomo de la Diputación que gestiona las residencias forales, adjudicó a Zaintzen la residencia de Ordizia hasta noviembre de 2027 por 2.980.830 euros al año. Eulen, que llevaba veinte años al frente del servicio, obtuvo 41,5 puntos por su memoria técnica y 5,72 por el precio; Zaintzen, 40,75 por la memoria técnica y 12,02 por el precio. La propuesta técnica y el precio pesaban lo mismo en el concurso, 49 puntos cada uno, y Zaintzen ofreció un 7,6% menos de lo que la Diputación había presupuestado para cada año. El precio decidió la adjudicación. Es el criterio con el que el grupo de Florentino Pérez gana los concursos, y el que sindicatos y Ayuntamiento relacionan con el deterioro de la atención a los residentes y de las condiciones de las trabajadoras.

Desde que llegó la nueva empresa, “la situación tanto de los residentes como de los trabajadores ha cambiado y empeorado”, subraya el sindicato ELA. La plantilla se sumó en enero de 2026 a la huelga indefinida que el sindicato mantiene en las residencias de Gipuzkoa. En junio, Zaintzen despidió a una trabajadora en huelga alegando motivos organizativos y sostuvo que la plantilla estaba sobredimensionada, aunque los pliegos del contrato fijaban el número de trabajadoras que había que subrogar. En agosto, ELA denunció nuevas amortizaciones de puestos y nuevos recortes anunciados por la empresa.

El alcalde de Ordizia considera que la adjudicación a Zaintzen redujo el control directo que hasta entonces ejercía la Diputación sobre el funcionamiento del servicio. Asegura haber recibido en los últimos meses numerosas quejas sobre la atención en la residencia: problemas en la cocina y el comedor, dudas sobre el seguimiento de las dietas terapéuticas y un menor uso de la calefacción durante el invierno. Advierte de que algunas medidas de ahorro podrían estar repercutiendo en la calidad de los cuidados.

Recortes y huelgas en Zumaia, Pasaia y Eibar

Lo que sucede en Ordizia ya había pasado en las otras residencias. Las trabajadoras de San José han estado en huelga indefinida junto a las de San Juan de Zumaia, que Zaintzen gestiona desde 2019, cuando se hizo con la residencia por un euro al día. En Zumaia, la empresa recortó en alimentos frescos y evitó invertir en reparaciones del edificio. Allí ELA llegó a convocar una huelga indefinida para reclamar una subida salarial que no llegaba desde 2019: en diciembre de 2022 las trabajadoras habían perdido un 11% de poder adquisitivo, mientras Zaintzen obtenía unos beneficios netos de 2,7 millones gestionando dinero público.

En 2022 las trabajadoras de Zumaia habían perdido un 11% de poder adquisitivo mientras Zaintzen ganaba 2,7 millones netos con dinero público

En la residencia de Pasaia, la empresa opera también desde 2019. Tras largas movilizaciones, el sindicato LAB arrancó en enero de 2023 un acuerdo con mejoras para toda la plantilla, entre ellas un incremento salarial del 12,76%. En el centro Egogain de Eibar, hoy en obras de rehabilitación, Zaintzen presta sus servicios desde enero de 2019. Nada más empezar, LAB denunció recortes en el servicio, despidos y la negativa de la empresa a subrogar a trabajadoras en excedencia, un derecho que tanto el convenio como los pliegos de la Diputación reconocían de forma expresa.

Los contratos de Pasaia, Zumaia y Lasarte-Oria vencen el 31 de octubre. La Diputación los prorrogó por primera vez en octubre de 2025 y los pliegos permiten una segunda prórroga de un año, de modo que en estos días tiene que decidir si mantiene al grupo de Florentino Pérez al frente de las tres residencias. Pese a todas estas quejas, en abril de 2025 la propia Diputación adjudicó a Clece el centro de día de Soraluze para personas mayores en situación de dependencia por 353.100 euros.

De la ayuda a domicilio a la limpieza de las escuelas

Las residencias son una de las tres patas de Zaintzen en Euskadi. La segunda es la atención a domicilio y en centros municipales. El servicio de ayuda a domicilio, que depende de los ayuntamientos, envía auxiliares a casa de personas mayores o dependientes para asearlas, ayudarlas a comer o acompañarlas, y en la Comunidad Autónoma Vasca llega solo al 1,6% de los mayores de 65 años, frente al 5% de media estatal, según un informe de la Fundación Manu Robles-Arangiz. Lo prestan casi siempre empresas.

En Bizkaia, una de las que más peso tiene es Urgatzi, del grupo URVIBA, el mayor operador de cuidados del territorio, cuyo hombre fuerte formó parte de la candidatura del exedil del PNV Ricardo Barkala a la presidencia del Athletic. Zaintzen tiene peso en dos grandes ayuntamientos, Gasteiz y Barakaldo.

El Ayuntamiento de Gasteiz pagó a Zaintzen cerca de 13,8 millones por la ayuda a domicilio de dos de las cuatro zonas de la ciudad entre 2022 y 2024

En Gasteiz, Zaintzen gestionó entre 2022 y enero de 2024 dos de los cuatro lotes del servicio de ayuda a domicilio, por los que facturó cerca de 13,8 millones de euros. Desde marzo de 2026 y hasta marzo de 2027 está a cargo de la atención de mañana y el servicio de tarde de la Plaza del Renacimiento, dirigidos a personas mayores en riesgo de dependencia o con dependencia reconocida de grado 1, por 426.952 euros.

En Barakaldo, Zaintzen gestiona desde enero de 2020 la vivienda comunitaria, el centro de día y el centro social de personas mayores, además de los recursos residenciales de acogida para mujeres y personas dependientes a su cargo. En diciembre de 2027, cuando termine la contratación prevista hasta el momento, habrá facturado al menos 9,2 millones por estos servicios.

En un solo verano, la filial de Florentino Pérez ha sumado 11,5 millones en contratos para limpiar los edificios municipales de Donostia y Hernani

La tercera pata es la limpieza de edificios públicos, otro sector feminizado y precario. Colegios, ayuntamientos y sedes del Gobierno Vasco la adjudican por lotes a un puñado de grandes empresas: en el último concurso de limpieza de centros educativos, los lotes de Bizkaia fueron para ISS Facility Services y Sacyr Facilities. En Osakidetza, la mayor subcontrata de limpieza es Garbialdi, dirigida por un exdirigente del PNV. Pese a haber sido condenada por vulnerar la libertad sindical y a acumular denuncias por coartar el derecho a huelga, Zaintzen se llevó en 2023 el lote de Donostialdea y la costa de Gipuzkoa del servicio de limpieza de los centros públicos docentes del Departamento de Educación del Gobierno Vasco, por 9,6 millones de euros en dos años. Este verano ha sumado otros dos: la limpieza de los edificios municipales de Donostia, por 7,4 millones en un año, y la de los de Hernani, por 4,1 millones en dos.

“El dueño de España”

Florentino Pérez ya había hecho grandes negocios en Euskadi, como cuando adquirió la compañía Tecsa, en la que había trabajado el actual presidente del PNV, Aitor Esteban. Sus relaciones alcanzan a tres expresidentes del Athletic de Bilbao. ACS, la empresa de cabecera de Pérez, se hizo cargo de parte del grupo empresarial de Javier Uría cuando atravesaba dificultades. Uría es expresidente del Athletic, exalcalde del PNV en Zeberio, fundador del grupo Urazca y padrino político de la carrera de Aitor Esteban y de su esposa, Itxaso Atutxa. El sucesor de Uría en Urazca y en el Athletic, Ignacio Ugartetxe, descrito en las investigaciones del periodista Pepe Rei como miembro de la “fontanería del PNV”, terminó fichando como directivo de ACS. Un tercer expresidente del club, Fernando Lamikiz, abogado de la máxima confianza del PNV, prestó sus servicios a Florentino Pérez en su fallido intento de hacerse con el control de Iberdrola.

A estas cifras de negocio hay que añadir lo que facturan en Euskadi las sociedades de cabecera de Florentino Pérez. A través de Dragados o de ACS ha logrado, entre otros, los contratos del helipuerto de la Ertzaintza, la remodelación del Parlamento Vasco y obras de gran tamaño promovidas por Bilbao Ría 2000 y Metro Bilbao. En ACS ocupa el puesto de directora de Participadas, Operaciones y Sostenibilidad la bilbaína Cristina Aldámiz-Echevarría, hermana de Covadonga Aldámiz-Echevarría, subdelegada del Gobierno en Bizkaia nombrada por el PP y cesada en julio de 2018, en los años en que el PNV apoyó los presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy.

“Parece el dueño de España”, dijo de él Andoni Ortuzar, entonces presidente del PNV, cuando Pérez se negó a ceder el Santiago Bernabéu para una final de Copa que acabaría ganando el Barcelona. Un empresario del sector consultado por Hordago lo resume a su manera: “Tras externalizar al tal Pérez buena parte de las residencias guipuzcoanas, solo falta izar la bandera del Real Madrid en la Diputación de Gipuzkoa”.