Residuos
Luz verde a un proyecto de ley de residuos que desde las ONG califican de “no estar a la altura de la crisis ecológica”

El proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados ha pasado este martes su primera gran prueba. El Consejo de Ministros ha aprobado la normativa, que ahora seguirá su trámite parlamentario en las Cortes. El nuevo ordenamiento es la transposición española de la última directiva europea de envases y residuos y supone la restricción de los plásticos de un solo uso por primera vez en España, así como la creación de dos nuevos impuestos: uno para gravar los mencionados plásticos de un solo uso y otros para el vertido y la incineración.

El texto actual, sin embargo, no es del agrado de las organizaciones ecologistas. “Con este proyecto de ley, seguimos repitiendo las mismas fórmulas obsoletas de hace diez años, fórmulas que han demostrado ser fallidas, como demuestra el casi 70% de los residuos municipales que cada año acaban en vertederos o incineradoras”, señala Adriana Espinosa, responsable de Recursos Naturales y Residuos de Amigos de la Tierra.

“No pone solución al abandono masivo de envases de bebidas”, apuntan desde Retorna, entidad desde la que añaden que “poner impuestos aislados es tan solo una tirita que no curará una sistema de gestión de residuos enfermo de manera sistemática”.

Impacto en el entorno

El proyecto de ley es la actualización de la ley homónima de 2011 y supone un intento de fomentar la economía circular de y de sacar de la circulación utensilios realizados en materia plástica como pajitas, bastoncillos para los oídos, cubiertos, vasos, platos o recipientes de alimentos (que se consuman en el mismo envase). Se trata de una ley que, según fuentes del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, “tiene el objetivo de garantizar un modelo económico que reduzca su impacto sobre el entorno natural y que avance en nuestro modelo de producción y consumo”.

Entre los objetivos vinculantes del nuevo ordenamiento se encuentra la reducción en 2025 del 13% de los residuos generados con respecto a 2010, así como llegar a tasas de reciclaje de metal, envases de plástico, papel y vidrio del 50% en la misma fecha. Los productos de un solo uso incluidos en la ley deberán reducir su comercialización en un 50%para 2026 y en un 70% para 2030, prohibiéndose a partir del 1 de enero de 2023 la distribución gratuita de este tipo de utensilios.

El texto sin embargo, “no está a la altura de la crisis ecológica en España”, denuncian desde Amigos de la Tierra, entidad que lamenta que “la prevención y reutilización siguen estando ausentes de la propuesta del Gobierno, que pone el foco en la gestión de residuos, sin ni siquiera acometer los cambios necesarios para mejorar los actuales sistemas de gestión”.

Si bien los ecologistas señalan como avances notables la implantación del canon al vertido y la incineración de residuos, destacan la “falta de ambición y determinación” de la ley, señalando que “en ningún caso, se adoptan medidas concretas para reducir la cantidad y la toxicidad de los residuos que se generan cada año en España”, algo especialmente palpable en los productos plástico.

La mayoría de envases siguen exentos

“Aunque se incorporan las obligaciones de la Directiva europea no aborda la problemática de la mayor parte de los envases, los plásticos de un solo uso que también deberían prohibirse, y más aún los miles de productos que son imposibles de reciclar, como los envases multicapa o las monodosis”, denuncian desde la ONG.

Amigos de la Tierra califica además de “pérdida de oportunidad” el hecho de que, en lo relativo a los residuos orgánicos, fomentar la descentralización en la recogida y tratamiento de los biorresiduos o establecer requisitos sobre la calidad del compost han sido ignorados en el texto.

“Es hora de implementar la responsabilidad ampliada del productor, de modo que las empresas que ponen en el mercado productos que dañan el entorno rindan cuentas por sus impactos”, apuntan mientras recuerdan que España va tarde para la implantación de un sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR), único sistema que permitiría aumentar la tasa de reutilización y garantizar un 90% de recuperación de botellas, según el consenso de las organizaciones ecologistas. 

Según el Ministerio, “la Ley desarrolla las condiciones para establecer próximamente un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno para las botellas de plástico, que permita una mayor tasa de reciclaje y una mejor eficiencia en la gestión de residuos”. Sin embargo, está por ver si finalmente el Gobierno plantea un SDDR a nivel estatal como parte de su anunciada revisión de la responsabilidad ampliada del productor, una antigua demanda ecologista, que ve cómo entes como Ecoembes hacen negocio sin hacerse cargo de los residuos en los que venden sus productos.

En el texto actual, el proyecto de ley consta de 118 artículos e implica un impuesto a envases no reutilizables de 0,45 euros por kilogramo, según ha avanzado la ministra María Jesús Montero.

El nuevo ordenamiento rediseña también las botellas y envases de PET, que ahora deberán contener para 2025 un 25% de plástico reciclado y un 30% en 2030. Además, las tapas de estos deberán permanecer unidas al resto del recipiente.

La nueva ley de residuos y suelos contaminados debería entrar en vigor el próximo 3 de julio, si España quiere cumplir con las fechas señaladas por la UE.