Una ETT llamada sanidad pública

El 30% del personal sanitario no tiene contratos fijos. La temporalidad en fraude de ley, que provoca que algunos médicos y médicas lleven más de 10 años en situación eventual, y los problemas en la aplicación de la nueva Ley Iceta, cristalizarán en una huelga en Madrid.
Temporalidad Médicos Marañón
Bárbara Boyero Médicos y médicas especialistas de Madrid protestan por la alta temporalidad a las puertas del Gregorio Marañón.

Mónica de Miguel es médica anestesista pediátrica y lleva 18 años ocupando el mismo puesto sin una plaza fija. Tuvo que firmar 26 contratos hasta que en 2015 le hicieron interina. Luis M. Casero es anestesista y lleva diez años con contratos temporales. Hasta mayo de 2017 no le hicieron interino. María Calatayud lleva doce años como médica endocrina, ocupando la misma plaza estructural desde que entró: la de una persona que se fue de excedencia. Sin embargo, a día de hoy, se mantiene como personal temporal. Mar Santos es pediatra, especializada en enfermedades infeccionas. Lleva manejando pacientes muy complejos desde hace casi 15 años sin una plaza fija. Hasta 2015 no consiguió escalar hasta una interinidad. Estas cuatro profesionales trabajan todas en grandes hospitales de la Comunidad de Madrid, y mañana, 10 de mayo, irán a la huelga impulsada por la plataforma 'Médicos no fijos de Madrid'. Su vaso de la paciencia ya se ha colmado.

Esta región alberga el porcentaje más alto de personal no fijo en la sanidad pública. Desde CC OO afirman que en el total del Estado la temporalildad alcanza el 30%, mientras la ley marca un 8% como límite. Según los datos del Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda, Madrid encabeza el ranking, llegando a un 55,81% en 2021, 11,4 puntos porcentuales por encima del registro de 2020. Los profesionales esperaban que la Ley Iceta les permitiera estabilizar su situación. Pero un concurso oposición lanzado por el gobierno de Ayuso pocos días antes de que la ley entrara en vigor pone sus puestos en vilo.

El 28 de diciembre de 2021 se aprobaba la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, la conocida Ley Iceta. Estos facultativos tenían muchas esperanzas en ella. En su disposición adicional sexta establece un mecanismo excepcional para aquellos profesionales que lleven ejerciendo en la misma plaza desde hace más de cinco años. Para ellos prevé un concurso que consiste únicamente en la valoración de méritos, tal y como se especifica en el artículo 61.6 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

“Yo llevo 18 años especializada en anestesiar a neonatos y grandes prematuros. Pongo anestesia en niños que pesan 1,5 kilos. En una oposición generalista no puedo competir con alguien que acaba de salir de la carrera y tiene todo más fresco. Pero, si me despiden, no sé quién podrá realizar mis labores”

El 14 de diciembre, el gobierno de Ayuso sorprendía con la publicación de una Oferta Pública de Empleo (OPE). Facultativos y facultativas de especializaciones, agrupados en la plataforma 'Médicos no fijos de Madrid', se quejan de que esta OPE les obliga a pasar un examen general de 150 preguntas y, si se aprueba, luego se pasa a la fase de concurso de méritos. Por tanto, no pueden acogerse al mecanismo excepcional previsto en la Ley Iceta y deberán parar su actual especialización para volver a tomar los libros de la carrera. Denuncian además que esta decisión puede suponer la destrucción de equipos ya consolidados con profesionales altamente especializados.

Alta especialización

“Yo llevo 18 años especializada en anestesiar a neonatos y grandes prematuros. Pongo anestesia en niños que pesan 1,5 kilos o incluso menos, algo que ni siquiera mis compañeros actuales en ejercicio quieren hacer. En una oposición generalista no puedo competir con alguien que acaba de salir de la carrera y tiene todo más fresco. Pero, si me despiden, no sé quién podrá realizar mis labores”, explica Mónica de Miguel.

Opinión similar manifiesta Luis M. Casero quien ha desarrollado su carrera en la unidad de transplantes multiorgánicos. “A mí no me preocupa mi puesto de trabajo, yo sé que pase lo que pase en la OPE voy a tener trabajo, puedo renunciar e irme a la privada. A mí lo que me entristece es que unidades de altísimo rendimiento y especialización, si no se consolidan esas plazas, van a perder su valor. Si hay 15 personas en anestesia de trasplantes y nueve son eventuales, si desaparecen estos últimos, ¿qué va a pasar?”, se pregunta.

María Calatayud está especializada en enfermedades de la hipófisis y en tumores neuroendocrinos. “Trabajamos codo con codo con los neurocirujanos, tenemos un comité para revisar y debatir los casos y trabajo junto a oncología para tratar tumores. Estamos intentando ser centro de referencia en estas patologías. Si no consigo plaza, el equipo de trabajo multidisciplinar en el que participo debería adaptarse a una nueva persona que tenga el interés y las capacidades para esto”, explica, quien avisa de que “puede avecinarse un descalabro” en una unidad que hace seguimiento a pacientes crónicos donde la continuidad en la atención es muy importante.

“Yo trabajo con pacientes complejos. Vemos infecciones complejas en la infancia. En mi equipo somos cinco personas y solo una persona es fija”

“Yo trabajo con pacientes complejos. Vemos infecciones complejas, por ejemplo relacionadas con dispositivos que se ponen en el hueso o niños con problemas oncológicos e inmunodeprimidos. En mi equipo somos cinco personas y solo una persona es fija. La primera responsabilidad de mi trabajo son mis pacientes, son pacientes complicados y cada día es un reto nuevo. No puedo parar para ponerme a estudiar una oposición porque pongo en riesgo su salud”, se queja Mar Solano, quien asegura que cuando sale del hospital cada día tiene que estudiar e investigar sobre las afecciones que se encuentra tratando en la actualidad.

Mecanismos de coordinación

Esta conflictividad laboral que se da en Madrid es la última consecuencia de años sin convocar y ejecutar oposiciones. Rosa Cuadrado, responsable de Acción Sindical Pública de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO, explica a El Salto que el abuso de temporalidad se viene dando desde la crisis del 2010-2012, cuando se empezaron a aplicar recortes a los servicios públicos y no se autorizaba la contratación indefinida.

“Las tasas de reposición estuvieron muchos años congeladas, no se reponían las plantillas. Como no podían reponer a todas esas personas, contrataban con carácter temporal por necesidades del servicio”

“Las tasas de reposición estuvieron muchos años congeladas, no se reponían las plantillas. Como no podían reponer a todas esas personas, contrataban con carácter temporal por necesidades del servicio. Esa dinámica nos ha hecho llegar a que tenemos en sanidad tasas de temporalidad del 30%”, explica Cuadrado. Aunque matiza que hay bastantes diferencias entre comunidades y pone de ejemplo de buenas prácticas a Andalucía, donde “ya tienen todas sus plazas convocadas, ejecutadas y a la gente en sus puestos”.

Hoy, la Ley Iceta establece como máximo un 8% de temporalidad en las administraciones vinculado, en palabras de Cuadrado, a un compromiso con Europa. Para esta representante de CC OO esta ley es mejorable porque se presta a muchas interpretaciones y no establece mecanismos de coordinación entre las Comunidades Autónomas.

“Cada administración está interpretando la ley de una manera. Las disposiciones adicionales sexta y octava, que son para los procesos excepcionales de estabilización del personal, admiten muchísimas interpretaciones. Nosotros pedimos que el Ministerio de Sanidad mande unos criterios para la aplicación de esta ley. Pedimos que Sanidad ejerza una labor de coordinación para intentar garantizar que estos procesos de estabilización lleguen a buen puerto, que por aplicaciones diferentes de la misma ley no haya una invasión de impugnaciones a los procesos o que no se consiga el objetivo que es que no haya esos altísimos índices de temporalidad”, concluye Cuadrado.

El fraude de ley

Desde la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) exponen que el perfil del médico que consigue ser fijo y formar parte del personal estatutario en este país es un profesional que suele tener alrededor de 50 años, tras haber pasado décadas con contratos temporales. Primero con contratos eventuales, que por ley no deberían superar los dos años pero se mantienen sine die en fraude de ley, y luego con contratos interinos que también se mantienen sin límite temporal.

Desde CESM exponen que el perfil del médico que consigue ser fijo en este país es un profesional que suele tener alrededor de 50 años, tras haber pasado décadas con contratos temporales

Para Tomás Toranzo, presidente de CESM, la nueva Ley Iceta “tiene que limitar los fraudes de ley y espero que dé sus frutos. De hecho incluye sanciones administrativas a las administraciones y a los responsables que no cumplan esta norma. Lo lógico es que la temporalidad disminuya de manera importante”, espera Toranzo.

Toranzo insiste en la idea de la necesaria coordinación del ministerio para evitar, entre otras cosas, que no queden plazas sin cubrir. “Si no hay una coordinación entre todos los servicios y el Ministerio de Sanidad no toma cartas en el asunto, puede darse la paradoja de que al final queden plazas libres. Una personas con muchos méritos puede optar a varias plazas y puede conseguir plaza al mismo tiempo en muchas comunidades diferentes y esto supone dejar plazas vacantes” explica.

Según la nueva ley, todos los procesos de oposición deben de estar cerrados antes de diciembre de 2024. En esa fecha, y si la ley se cumple, todos los servicios públicos habrían reducido su temporalidad hasta el ansiado 8%. Mientras, los profesionales de Madrid ven esa cifra una quimera. “Solo en el Hospital Doce de Octubre hay un 62% de temporalidad”, explica Mónica de Miguel, quien espera que su lucha se convierta en plazas estables para todas. Mientras tanto, irán a la huelga para conseguirlo.

Medicina
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Facultativos y facultativas de la Comunidad de Madrid irán a la huelga el 9 de mayo contra una Oferta Pública de Empleo que les impide acogerse a la Ley Iceta para estabilizar sus contratos.
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