Sevilla
Las familias andaluzas se movilizan por la falta de atención al alumnado con necesidades específicas

Los colectivos por la educación pública y las familias han organizado una nueva movilización por la educación pública el próximo sábado 17 de mayo en Sevilla y Málaga.

Continúan las movilizaciones ante la crisis que está viviendo la educación pública en Andalucía a causa de las privatizaciones y los recortes emprendidos por la Junta. “La situación es insostenible”, explica Rocío Bejinez desde la Federación provincial de Sevilla de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado, FAMPA, que añade que “el alumnado con necesidades específicas y sus familias son víctimas de una violencia institucional insoportable”.

Falta de inversión y profesionales, además de déficit de políticas específicas, hacen un combo que acaba repercutiendo en el día a día de un alumnado que representa el 13% del total de estudiantes matriculados en centros públicos andaluces; es decir, 174.400 alumnas y alumnos en los colegios andaluces tienen Necesidades Específicas de Apoyo Educativo según la propia Junta de Andalucía. “La atención al alumnado se hace imposible en aulas masificadas y con claro déficit de especialistas, es insuficiente y las condiciones de trabajo son lamentables, es el gran olvidado del sistema educativo andaluz”, sostiene Bejínez.

“El alumnado con necesidades específicas y sus familias son víctimas de una violencia institucional insoportable”, expone Rocío Bejínez desde la FAMPA

A pesar de la crítica que realizan las organizaciones de familia, la Junta de Andalucía defiende su gestión y expone, según las palabras de la consejera de educación María del Carmen Castillo, que “nunca antes el alumnado vulnerable había dispuesto de tantos recursos como en la actualidad” y que en la actualidad Andalucía “cuenta con la mayor plantilla de profesionales de atención a la diversidad de la historia”. Unas palabras que encajan con los discursos triunfalistas que las distintas consejerías tienen a la hora de hablar de presupuesto e inversiones.

Sin embargo, como expone Fran Fernández desde el sindicato educativo USTEA, “no hay fondos propios para la Junta de Andalucía para la atención a la diversidad, vienen de Europa; este año han venido con un recorte del 10% y la Junta no ha aumentado su aportación”. Un abandono de las instituciones que como recuerda Bejínez recae en el sobreesfuerzo de las mujeres de las familias de este alumnado “la falta de profesionales obliga a las abuelas y madres a suplir con su esfuerzo físico y mental la falta personal en este servicio público”.

El PP andaluz, al frente del gobierno en el territorio, ha mostrado en diversas ocasiones una falta de interés e incluso desprecio hacia este alumnado. El pasado curso, el 2023/2024, comenzó con decenas de centros en toda Andalucía sin profesionales para la atención a la diversidad. “Se está incumpliendo la ley, mi hijo tiene el derecho como cualquier otro a tener una educación de calidad”, exponía a este periódico una madre de un niño con necesidades específicas. 

En muchos centros andaluces siguen sin profesionales o hay profesionales que atienden a más de cuarenta alumnos con requerimientos educativos específicos. “Hay alumnos que están siendo atendidos en Andalucía solo una hora o dos a la semana; la educación es un derecho, no un privilegio”, expone Fernández.  Desde el sindicato CGT además exponen que “nada ha cambiado desde que la comunidad educativa llevó una ILP al gobierno andaluz, avalada por decenas de miles de firmas para la bajada de ratio y la atención a la diversidad a pesar de que multitud de centros educativos llevan dos años consecutivos saliendo a la calle”.

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No solo con gestos como estos, sino también con intervenciones públicas ha mostrado desprecio hacia el colectivo. El pasado enero, el delegado de la Consejería de Educación en Sevilla, Miguel Angel Arauz, exponía durante la visita a un centro educativo la siguiente frase: “¿Para qué quiere un niño con autismo una PTIS?, ¿para que le enseñe a mover la lengua enfrente del espejo?”. En marzo, la propia consejera de educación exponía durante una entrevista que el aumento del alumnado con necesidades específicas podría tener relación con que sean hijos únicos y añadía que “las vidas de estas familias giran en torno a ese hijo o hija”. Unas palabras que provocaron que colectivos por la educación pública y grupos políticos de la oposición pidieran la dimisión de la consejera. “Es inaceptable que una representante institucional cuestione el derecho a una educación pública y de calidad para todos los niños y niñas, independientemente de su origen o situación familiar”, exponía Ismael Sánchez desde Izquierda Unida.

El próximo sábado 17 de mayo, colectivos de familiares, sindicatos y organizaciones sociales saldrán a la calle en Sevilla y Málaga para reivindicar que la educación “no es un privilegio”, sino un derecho para todas y todos.

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