Sevilla
La Junta expone que pondrá en marcha un seguimiento de la contaminación por metales en el Guadalquivir

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica de la Junta de Andalucía ha emitido una respuesta a las peticiones de la plataforma Marea Blanca, Facua y el catedrático Jesús M. Castillo al respecto del impacto en la salud de los vertidos mineros en el río Guadalquivir. En el documento oficial al que ha tenido acceso El Salto, la Dirección General explica que, tras el requerimiento, pondrá en marcha “un subprograma específico de vigilancia de los niveles de contaminantes en los productos pesqueros, crustáceos y moluscos bivalvos procedentes del estuario del Guadalquivir”, un protocolo que tendrá en cuenta “el programa que ya se implantó tras la rotura de la presa de Aznalcóllar”.

Una resolución en la que, según expone Castillo, “la Junta de Andalucía reconoce implícitamente la gravedad de la contaminación de metales en el Estuario del Guadalquivir”.

Una resolución en la que, según expone Castillo, “la Junta de Andalucía reconoce implícitamente la gravedad de la contaminación de metales en el Estuario del Guadalquivir”.  Una situación que, como expone el catedrático, se agravaría con los vertidos proyectados por las dos nuevas minas de la provincia de Sevilla, la Mina Los Frailes en Aznalcóllar y la Mina las Cruces en Gerena: “dos vertidos que se llevarían a cabo conjuntamente en los próximos años y que, según los estudios científicos, indicarían que contaminarían gravemente el estuario del Guadalquivir”. Según explica el experto, “los metales no salen disueltos en el agua al Golfo de Cádiz, sino que se unen a las partículas que se depositan en el fondo del estuario y desde ahí llegarían a la red trófica y podrían llegar a productos pesqueros y agrícolas”, por lo que insiste, “podrían llegar a destruir decenas de miles de puestos de trabajo”.

No se han dado más datos sobre en qué consiste este subprograma de vigilancia, y los receptores de esta respuesta institucional exponen que seguirán “el desarrollo y los resultados del mismo”. Las explotaciones mineras aprobadas por la Junta de Andalucía, como recuerda la Plataforma Salvemos el Guadalquivir, verterán más de 130.000 millones de litros al estuario del río cargados de metales tóxicos procedentes de su actividad productiva. 

El proceso de expropiación continúa

La Mina Los Frailes se encuentra preparando dos contratos para la construcción de la tubería de 30 km que llevará los vertidos desde Aznalcóllar hasta el Guadalquivir por el valor de 50 millones de euros, y la compañía encargada será Aqualia, una empresa denunciada en diversas ocasiones por vertidos al río Guadalete y en las playas de Sanlúcar.  Para poder construir el conducto, la Junta de Andalucía se encuentra en proceso de expropiar 249 fincas ubicadas en las localidades sevillanas de Santiponce, Aznalcóllar, Salteras, Valencina de la Concepción y Olivares. Para ello, el Gobierno andaluz se ha valido de dos leyes aprobadas durante el franquismo: la Ley de Expropiación Forzosa de 1954 y la Ley de Minas de 1973. Las cuestiones técnicas de estas expropiaciones que se pretenden realizar durante octubre y noviembre correrán a cargo de la multinacional Ayesa, que se encuentra en proceso de ser adquirida por un fondo de inversión privada como Apax, Goldman, HIG y Blackstone.

La ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, ha pedido a la Junta “que cualquiera de las actuaciones que emprendan se haga con la máxima garantía ambiental”. Por su parte, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, defendía las expropiaciones en el pleno andaluz del pasado jueves alegando que “cumplen escrupulosamente la ley”. Desde la oposición, la portavoz del grupo Por Andalucía, Esperanza Gómez, denunciaba que los vertidos “podrían escapar de la tubería e inundar directamente las parcelas agrícolas, con lo que hablamos de daños económicos irreversibles para los agricultores de la zona”.