Sevilla
Salvar el Guadalquivir: Ecologistas y población se rebelan para evitar los vertidos de las minas de Sevilla

En junio se daba el sí definitivo a la reapertura de la mina de Aznalcóllar tras años de vaivenes burocráticos, procesos legales y denuncias urgentes de las personas expertas, colectivos ecologistas y movimientos sociales. Mientras que desde la localidad sevillana siguen celebrando la noticia bajo la frase “el corazón de Aznalcóllar vuelve a latir”, la comunidad científica sigue denunciando que el proyecto minero de la compañía Grupo México pretende verter más de 85 millones de litros de aguas tóxicas al río Guadalquivir. El símbolo hídrico de toda Andalucía también se encuentra amenazado por otro proyecto minero que se establecerá en la localidad de Gerena y está propiciado por la Minera Las Cruces; este proyecto también tiene vinculado un vertido de al menos 44 millones de litros de agua con metales tóxicos. El movimiento contra la reapertura, compuesto por grupos ecologistas, colectivos sociales, alcaldes de localidades aledañas al cauce del río y agrupaciones de oficios dependientes de las aguas del Guadalquivir, se niega a darlo todo por perdido y sigue con acciones desde distintos flancos: el social, el judicial y el político.

El pasado domingo más de un millar de personas se manifestaban en Chipiona, donde se encuentra la desembocadura del Guadalquivir, contra los vertidos tóxicos bajo el lema “Las minas contaminan, el río muere, y nosotros con él”. Desde el colectivo convocante, la plataforma Salvemos el Guadalquivir lleva meses denunciando que los vertidos relacionados con ambas actividades mineras suponen un peligro “para nuestra salud, además que para nuestra agricultura, pesca y turismo”. Los alcaldes de algunas localidades aledañas al cauce del río se han posicionado contra los vertidos, señalando el prejuicio que puede suponer para sus localidades; entre ellos, el alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero Fernández de Retana, y el de Coria del Río, Modesto González Márquez, de la agrupación Andalucía X Sí, que durante la concentración ha exclamado que “no podemos permitir que un proyecto como este arruine nuestro entorno para siempre” y denuncia que los proyectos mineros “condenan a todo el estuario a una contaminación permanente, que es insostenible”.

Desde la plataforma Salvemos el Guadalquivir exigen al gobierno andaluz que, como en otros proyectos industriales de calado similar, se constituya un comité de expertos que analice los vertidos mineros al Guadalquivir y, hasta que no dictaminen una resolución, se paralicen

La Junta de Andalucía defiende ambos proyectos; el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, niega que se vayan a realizar vertidos tóxicos al estuario y expone que el proyecto cuenta con "una solución para depurar el agua” del proceso industrial, una supuesta depuración desmentida de forma continuada por la comunidad científica. Sin embargo, desde la plataforma Salvemos el Guadalquivir exigen al gobierno andaluz que, como en otros proyectos industriales de calado similar, se constituya un comité de expertos que analice los vertidos mineros al Guadalquivir y, hasta que no dictaminen una resolución, se paralicen. El Defensor del Pueblo andaluz ha avalado en distintas ocasiones esta petición para evitar una nueva catástrofe ambiental en el territorio. Desde la agrupación también señalan a otras instituciones como responsables de ambos vertidos: “Nos consideran zona sacrificable para la autonomía de los metales”. El pasado marzo, la Comisión Europea señalaba la mina de Gerena impulsada por Minera Las Cruces como uno de sus “proyectos estratégicos”.

Recurso de alzada contra la mina de Aznalcóllar

A principios de julio, el arzobispo de Sevilla celebraba una misa para “dar gracias a Dios” por la reapertura de la mina en Aznalcóllar. Una celebración religiosa, celebrada en la Catedral de la capital, a la que asistió el alcalde de la localidad sevillana, el consejero Jorge Paradela y la consejera de Cultura y Deporte,  Patricia del Pozo. El monseñor sevillano repitió durante el evento religioso que “se han cumplido, según las autoridades competentes, todos los requisitos para garantizar un desarrollo sostenible”.

No tienen tan clara esa afirmación del eclesiástico. En los mismos días que se celebrará la ceremonia, diversos colectivos ecologistas presentaron un recurso de alzada contra la activación de la mina. Amigas de la Tierra, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife y Greenpeace han solicitado, a través de ese recurso, la paralización de la mina hasta que se garantice un procedimiento completo con garantías que asegure que se desarrolle “conforme a la legalidad y en defensa del interés público y la protección del medio ambiente”.

El señalamiento burocrático se basa en una Autorización Ambiental Unificada (AAU) al proyecto “que incurre en nulidad de pleno derecho por irregularidades en el procedimiento y en la participación pública”. Además, los colectivos recuerdan que el proyecto, además de verter millones de litros de agua contaminada al Estuario del Guadalquivir, colinda con espacios protegidos por la Red Natura 2000 como Doñana.

Las organizaciones ecologistas señalan que, entre las razones para pedir la paralización del proyecto, se encuentran el incumplimiento de los procesos de evaluación ambiental y el impacto sobre las masas de agua y los ecosistemas. Según los tiempos estipulados de forma oficial, la administración andaluza deberá resolver el recurso de alzada en un plazo menor a los tres meses. 

No es la única resolución que se encuentra esperando el movimiento ecologista sobre la mina de Aznalcóllar. El pasado 15 de julio, concluía, tras cuatro meses el juicio que ponía el foco sobre la adquisición por parte de Grupo México del derecho a explotación de la mina de Aznalcóllar por un posible caso de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y malversación. Una proceso que ha investigado a 16 personas, y que actualmente se encuentra visto para sentencia. La acusación está compuesta por la empresa que perdió el concurso, Emérita Resources, así como por la asociación Andalucía Minig. Ecologistas en Acción encabeza la acusación popular que denuncia que la compañía ha incurrido en un posible delito de prevaricación ambiental.

La compañía acusada, Grupo México, a pesar de que el proceso judicial no se ha resuelto, será la encargada de llevar a cabo la reactivación de la mina a través de su filial Minera Los Frailes. Según el grupo ecologista el concurso público incluía como condiciones excluyentes del anteproyecto que este incluyese depósitos de lodos ni acumulaciones de residuos líquidos tóxicos susceptibles de provocar vertidos contaminantes, sin embargo el proyecto de Los Frailes cuenta con el vertido de millones de litros de aguas contaminadas al Guadalquivir. Además el colectivo denuncia que durante el proceso judicial no se evitado abordar esta cuestión.