Sevilla
¿Por qué Sevilla, Málaga y Cádiz se movilizan este 9N por el derecho a la vivienda?

Ana Cortés es una vecina de toda la vida de Málaga, se crió con su familia en una corrala de vecinas del barrio de El Molinillo. Sin embargo, los años que ha habitado la ciudad no le ha sido un escudo contra la crisis de la vivienda, la han desahuciado dos veces. En 2019 por primera vez, de la casa que había sido de sus padres por subidas reiteradas del alquiler, “estuve tres años okupando porque tenía que decidir si comer o pagar el alquiler”, explica. A pesar de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba el desahucio fue inevitable “el juez me echó a la calle con dos hijos, un bebé y otro que venía en camino”, recuerda Cortés. No fue la única que corrió esa suerte “todas estábamos igual, nos echaron a todo el edificio salvo a un vecino”.

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Aurora Báez Boza

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A Ana la desahuciaron una segunda vez de un piso propiedad de la Junta de Andalucía “te quitan la casa dos veces y encima no te dan opciones”. Cortés cree que los desahucios han sido la peor experiencia que ha vivido en su vida: “no me he sentido tan fracasada, tan humillada, tan culpable y con tal sentimiento de impotencia, de decir Dios mío tanto he trabajado, tanto he luchado y no tengo como darle techo a mis hijos”.

Bea Linares portavoz de Málaga para vivir cree que: “independientemente de las grandes financieras que compran edificios, el problema es cualquier persona que crea que la vivienda es un bien con el que se puede especular”

En 2023 se produjeron en Málaga 1.151 desahucios, es decir tres desahucios al día, de los cuales 936 eran causados por incapacidad de pagar los alquileres por parte de los inquilinos, según el informe de la Red Andaluza de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social. El precio del alquiler en toda la provincia de Málaga lleva varios años de subida consecutiva hasta alzarse como uno de los más elevados dentro del Estado español, en los últimos 12 meses según el informe inmobiliario de Fotocasa ha subido un 20% llegando a los 1.195 euros al mes por una vivienda. Esta semana CCOO presentaba un informe que exponía que en Málaga el 42,3% de la población asalariada, es decir, más de 291.000 personas no pueden alquilar ni comprar una vivienda.

“El acceso a la vivienda es imposible en esta Málaga basada en el monocultivo del turismo, es realmente una emergencia”, explica Bea Linares portavoz de Málaga para vivir plataforma que impulsa la manifestación por el derecho a la vivienda en la ciudad el próximo 9 de noviembre, siguiendo el impulso de la multitudinaria manifestación del pasado 29 de junio donde las malagueñas exigían poder vivir en su ciudad.

La plataforma también identifica dos problemáticas en el caso malagueño que repercuten en que la ciudad “nos expulse de los barrios” es además de la imposibilidad de acceso a la vivienda, la precariedad y estacionalidad de los trabajos y que “el territorio no deja de explotarse, por lo que la ciudad es insostenible”, puntualiza Linares. Además, desde la plataforma ponen el foco sobre el régimen de propiedad en la ciudad y creen que es un problema más allá de los grandes fondos buitre que tiene propiedades en el territorio “independientemente de las grandes financieras que compran edificios, el problema es cualquier persona que crea que la vivienda es un bien con el que se puede especular”.

Una ley para beneficiar al mercado inmobiliario

En este contexto la Junta de Andalucía prepara una nueva ley de vivienda en el territorio que según expone el borrador sustituye la vivienda como “bien social” por la denominación de “bien patrimonial” y que además según han expuesto desde el propio Gobierno andaluz busca bajar impuestos para reactivar el mercado inmobiliario.

En ningún momento del proyecto se habla de la problemática del acceso de la vivienda de los andaluces, pero si reserva un apartado para la creación de un organismo de vigilancia ante los impagos de alquileres a través de una “comisión de coordinación en materia de desahucios y lucha contra la ocupación ilegal e inquiocupación”, según expone el documento en su art. 43.

En toda Andalucía los colectivos por la vivienda reivindican la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública, como expone el informe Acceso a la Vivienda: Objetivo Andalucía de Culmia. En Sevilla, este informe expone que la ciudad necesita al menos 15.000 viviendas asequibles para solventar la falta de acceso a un hogar. Además, según los datos del Consejo General del Poder Judicial en el cuarto trimestre de 2023 en la ciudad se realizaron más de 500 desahucios.

“Hay un parque de vivienda pública muy escaso que se ha dejado de lado durante muchos años, EMVISESA solo tiene 4000 viviendas, además son muy antiguas y son muy pocas para una población en expansión”, sostiene Jaime Jóver, portavoz del Movimiento por la Vivienda en Sevilla, que además añade que uno de los problemas en el parque de vivienda pública es que tras unos años en régimen público puede salir al mercado inmobiliario “la vivienda pública no es para siempre, una vez se descataloga se puede comprar y especular con ella”.

En este contexto la Junta de Andalucía prepara una nueva ley de vivienda en el territorio que según expone el borrador sustituye la vivienda como “bien social” por la denominación de “bien patrimonial”.

El Movimiento por la Vivienda de Sevilla ha convocado un bloque crítico en el marco de la manifestación del 9N, convocada por el colectivo Sevilla para vivir, bajo el lema de “lo queremos todo” y con discurso claro contra las medidas del Gobierno que creen “buscan blanquear su complicidad en la gestión de la crisis habitacional”. El colectivo Sevilla para vivir expone en su convocatoria que la ciudad atraviesa “una crisis de vivienda sin precedentes causada por la especulación, la mercantilización del suelo urbano y la turistificación”, lo que está provocando que “el derecho a la vivienda sea un auténtico privilegio y no un derecho”.

Cádiz es otra de las ciudades en las que vivir se ha vuelto imposible. “Nos están exterminando”, sostiene Antonio Gallardo vecino del gaditano barrio de El Popúlo y parte del colectivo Cádiz Resiste que organiza la manifestación del próximo sábado en la ciudad. Gallardo cree que el turismo además de hacer que los gaditanos pierdan su casa “también están perdiendo sus historias”. Gallardo además se queja de que quiere una ciudad “en la que se vuelva a oler a potaje, haya vecinas y no todo el rato te estén pegando en la cara los turistas con sus maletas”.

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La ciudad es además una de las capitales con mayor densidad de pisos turísticos, es una con la mayor tasa de desempleo 18,13% y el sueldo medio bruto de 17.804 euros según los datos del INE. “Dicen que la especulación inmobiliaria da dinero, pero solo se lo da a los caciques”, se queja Gallardo que además hace hincapié sobre que se trata de una problemática que afecta a toda la ciudad “es un problema de toda Cádiz, de los carnavaleros, de los cadistas, de los cofrades, de los sindicatos y de los colectivos LGTBIQ, nadie se salva de que le llegue un fax para desahuciarle”.

Durante el mes de noviembre se replicaran las manifestaciones por la vivienda en otras partes del territorio andaluz, el próximo 23 será en Cádiz y el Sindicato de Vivienda de Granada ha lanzado una convocatoria para el día 30.