Tribuna
Que la escuela pública sea pública

Atendiendo a las numerosas declaraciones de la nueva consejera de Educación, Begoña Pedrosa, en este inicio de curso se implementará la Ley 17/2023 de Educación aprobada en el Parlamento con el único apoyo de PNV y PSE. Dicha implementación supondrá la aplicación de nuevas Órdenes y Decretos que regularán lo que la nueva ley define como el “Servicio Púbico Vasco de Educación”, prestado a través de los centros públicos y privados.

A decir verdad, esta ley rechazada por gran parte de la sociedad, por todos los sindicatos y por múltiples agentes educativos a causa de su carácter privatizador, se lleva implementando de manera unilateral por el anterior Departamento de Educación desde mucho antes de ser aprobada. La publicación unilateral de Órdenes y Decretos para dar nuevas ventajas a la escuela privada concertada respecto a la escuela pública se han sucedido constantemente. Muestra de ello son la aprobación en 2022 de varias Órdenes con vigencia desde el curso 23/24. 

Un informe jurídico del Gobierno vasco tumba la principal base del Pacto Educativo

Zuriñe Rodriguez Lara Gessamí Forner

Educación

País Vasco Un informe jurídico del Gobierno vasco tumba la principal base del Pacto Educativo

Zuriñe Rodriguez Lara ,  Gessamí Forner

El Consejo de Gobierno presenta hoy el proyecto de ley para la educación vasca: mantiene la red dual, aumenta la financiación de la concertada y pone a competir a todos los centros para conseguir mayor financiación a través de los programa contrato.

Por un lado, la Orden de conciertos educativos, que reducía de 18 a 13 el alumnado mínimo para la concertación de aulas. Por otro, las Órdenes para la admisión y la escolarización del alumnado fuera del proceso ordinario de escolarización, que establecen criterios para derivar alumnado “vulnerable” de la escuela pública a la concertada. También debemos mencionar en este apartado el proceso iniciado el pasado 24 de julio para la modificación de la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2024, que inyectará 68 millones más a la red concertada.

Es evidente que la nueva ley y sus precursores pretenden privatizar el sistema educativo vasco otorgando a los centros concertados responsabilidades, recursos, derechos y deberes propios de la escuela pública.

Pero además, en su hoja de ruta, también pretenden introducir normas, valores y lógicas del sector privado en el funcionamiento de la escuela pública vasca. No buscan tan solo  igualar las dos redes, sino también generar un sistema educativo que se rija por principios mercantilistas, que implante en las escuelas públicas el un funcionamiento empresarial. La Consejera de Educación afirmaba días atrás que el Departamento está trabajando ya en la implementación de un “Decreto de Autonomía de los Centros” que permita a las direcciones proponer y decidir el perfil  de profesional que necesitan en función de su proyecto pedagógico. En otras palabras, se va a imponer que la escuela pública vasca pase de un modelo democrático y colaborativo a otro  gerencial y meritocrático.

Las fórmulas que el sistema educativo vasco necesita para garantizar la igualdad de oportunidades, la euskaldunización e inclusión de nuestro alumnado son bien distintas a las que se nos plantean. Mencionaba la nueva Consejera, complaciente, la inminente puesta en marcha de un plan estratégico para la escuela pública vasca.  ¿Es este el plan al que se refiere?  Nos parece que el plan ya está en marcha hace tiempo y los objetivos no son los que dicen ser.

Priorizar la Escuela Pública Vasca sin eufemismos, garantizar el funcionamiento colaborativo y democrático de sus centros, y una mejora sustancial de los recursos y condiciones laborales de sus trabajadoras son pilares irrenunciables que el Departamento de Educación está obviando y debería reconsiderar.