Tribunal Constitucional
El caso ERE, que desbancó al PSOE en Andalucía, se deshincha en el Tribunal Constitucional

Pocas caídas políticas tienen un punto de inflexión tan claro como el derrumbamiento de la hegemonía, de casi 40 años, del PSOE en el gobierno andaluz. El Caso de corrupción de los ERE lleva 15 años atormentando a los socialistas andaluces y fue una de las principales causas de la pérdida de confianza de una población que hasta entonces le había perdonado todo sin cesar en su apoyo a ultranza: recortes en servicios públicos y otras políticas más propias del centroderecha liberal que de un partido autoproclamado socialista. Una herida que aún supura también dentro del seno nacional del PSOE, al darse en uno de sus mayores bastiones-a pesar de estar actualmente en horas bajas- con más de 44.000 militantes en activo.

El Caso ERE fue también uno de los argumentos usados por parte del PP andaluz para hacer realidad el cambio político en Andalucía, llegar al Palacio de San Telmo y apuntalar su mayoría absoluta al frente del Gobierno andaluz. Esta semana el caso judicial, que lleva más de una década pasando por todas las instancias legales del Estado, se encuentra en el Tribunal Constitucional.

El TC atenderá a los recursos que han presentado cinco excargos de la Junta de Andalucía condenados por la Audiencia de Sevilla en 2019 y confirmados por el Tribunal Supremo en 2022 por malversación y prevaricación por el uso irregular de subvenciones para los expedientes de regulación de empleo (ERE).

El objetivo de los recursos y de la posible resolución del Tribunal Constitucional es la exoneración, es decir, la rebaja de penas ratificada por el Supremo. Un hecho que ha abierto una brecha entre ambas instituciones judiciales, al desestimarse varios postulados del Supremo por parte del TC.

Una brecha entre el Supremo y el Constitucional

La sentencia confirmada por el Supremo en 2022 recogía la creación de un “un instrumento jurídico ilegal” utilizado por la cúpula del gobierno andaluz socialista entre los años 2000 y 2009 para “intervenir” en los procesos de resolución de las partidas presupuestarias para conceder las ayudas sociolaborales a empresas amigas y “disponer” de dinero público de forma “arbitaria”. La institución judicial apunta que el gobierno andaluz enriqueció así a diversas empresas privadas utilizando 680 millones de euros de fondos públicos.

La condena del TS señalaba a 10 altos cargos de la Junta de Andalucía: el expresidente Jose Antonio Griñán (que no entró en prisión en 2023 esgrimiendo razones de salud) su número dos, Carmen Martínez Aguayo-que ha cumplido año y medio de cárcel- a ambos dirigente la resolución pide seis años de cárcel. Además, están condenados tres exconsejeros, dos exviceconsejeros y dos ex directores generales.

La postura del TC ha dado un vuelco inesperado en el caso al desmontar la teoría del supremo de la creación de un instrumento jurídico “ilegal”, ya que expone que el rescate a las empresas en crisis a través de dinero público estaba apoyado en “las leyes de Presupuestos autonómicas” lo que imposibilitaba “la malversación y la prevaricación”. 

En sus primeras resoluciones el TC indica que tanto la Audiencia de Sevilla como el Tribunal Supremo realizaron sus condenas sin tener razones suficientes para ello y que con sus decisiones “criminalizaron” la actividad política de la Junta.

Una posición que ya ha comenzado a anular y rebajar penas emitidas por el Supremo. Durante la jornada del martes, 2 de julio, Miguel Ángel Serrano, exdirector de la agencia IFA ha sido puesto en libertad, tras pasar 18 meses en la cárcel de Sevilla acusado de delitos de malversación, tras darse a conocer la sentencia anulatoria del Constitucional. Con anterioridad, el caso de Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía de la Junta de Andalucía, condenada en la sentencia del supremo por la elaboración de proyectos de las leyes de presupuestos de la comunidad autónoma de Andalucía desde 2002 hasta 2004 un hecho que el TC considera no es “constitutiva del delito de prevaricación”.

La institución judicial estará estudiando los recursos hasta el jueves 4 de julio para tomar la decisión de la absolución o de exonerar las condenas emitidas por el Supremo. La decisión también puede acarrear más modificaciones de condenas y la emisión de nuevas resoluciones a la Audiencia y al Supremo de la decenas de casos que quedan por resolver.

El PSOE andaluz vive estos días como un halo de esperanza para iniciar el camino de recuperación de su caída. Durante la jornada del lunes 1 de julio el líder del PSOE andaluz Juan Espadas tendió la mano a los, por ahora, condenados por el supremo y les invitó una vez se produzca la exoneración a devolverles el carnet del partido: “Se apartaron del partido. Si quieren solicitar su reingreso, estaremos encantados de recibirlos”.

Durante estos días el PP andaluz duda de “imparcialidad” del Tribunal Constitucional y se niega a abandonar el discurso de los ERE que ha apoyado su triunfo político. Moreno Bonilla el pasado lunes seguía haciendo referencia al caso como “una de las mayores corrupciones de la historia” o “Un fraude de 680 millones de euros en Andalucía”. Desde la oposición a la izquierda dentro del Parlamento andaluz, Maribel Mora portavoz de Adelante Andalucía, ha expuesto que “más allá de las cuestiones técnicas que valore el TC, los ERE fueron una auténtica barbaridad que no debe volver a pasar nunca”.