Turismo
Colectivos de toda España se unen para reivindicar ciudades y pueblos para vivir dignamente sin turismo

La plataforma Ciudades y Pueblos para Vivir ha anunciado una oleada de movilizaciones este otoño para pedir un cambio en el modelo turístico que se oriente hacia el decrecimiento.
Canarias se agota
Concentración de Canarias tiene un límite frente al Congreso de los Diputados.

Más de 40 organizaciones se han hermanado para defender la vida dentro de las ciudades y los pueblos, en estos momentos arrollada por un turismo desaforado y la extracción ilimitada de sus recursos naturales. Colectivos locales, regionales y de ámbito estatal aúnan sus esfuerzos para hacer frente a la turistificación que duramente golpea algunas ciudades españolas sin perder de vista las pequeñas luchas medioambientales que se gestan en municipios más apartados de las grandes metrópolis y que no siempre están presentes en la opinión pública.

Una de las organizaciones que forma parte de la plataforma, denominada Ciudades y Pueblos para Vivir (CPpV), es Ecologistas en Acción (EeA), y Cristóbal López es su portavoz: “En la primera reunión que mantuvimos ya vimos que hay un movimiento vivo en España que dice basta. Evidentemente, muchas organizaciones procedían de zonas muy tensionadas como Canarias y Baleares, pero todos hablaban desde su perspectiva. Algunos, desde el problema del acceso a la vivienda, otros, desde la repercusión ecológica de proyectos en sus municipios”.

Además, este movimiento contra la turistificación y la precarización de la vida ha anunciado una marea de movilizaciones este otoño en todo el Estado. Según un comunicado conjunto, tildan al turismo de ser “una industria que para seguir prosperando destroza espacios de alto valor natural, expulsa al vecindario de sus casas y sus barrios, se apropia del espacio público y convierte el patrimonio de nuestras ciudades en el negocio privado de una élite de privilegiados: grandes propietarios, touroperadores e inversores internacionales”.

El turismo, depredador e inviable

Así pues, su nacimiento está imbricado con su fin: acabar con los impactos sociales y ambientales nocivos del turismo, como parte de un modelo socioeconómico depredador e inviable, aseguran. Desde el movimiento declaran “inaceptable” un modelo turístico que precariza, explota y expulsa a la vecindad, a la vez que depreda los recursos naturales y el medio ambiente. Además, defienden que las vecinas y los vecinos “tienen derecho a decidir el modelo de ciudades y pueblos que quieren, donde prevalezca la vida digna de las personas, las relaciones comunitarias saludables y entornos sanos y seguros”.

“Es igual que cuando vas a un teatro en el que solo puede entrar un número determinado de personas. En las ciudades también hay aforo limitado”, explican desde Ecologistas en Acción

Para López, el portavoz de EeA, los límites tendrán que ser puestos por aquellas personas que los experimentarán. “Es igual que cuando vas a un teatro en el que solo puede entrar un número determinado de personas, porque si no las demás sufrirán ese incremento. En las ciudades también hay aforo limitado”, ejemplifica. De todas formas, el ecologista asume que “necesitamos un turismo de calidad, que no es sinónimo de un turismo de ricos”.

Canarias tiene un límite

Eugenio Reyes es integrante de Movimientos Insulares del colectivo Canarias tiene un límite. Desde su punto de vista, la gravedad del asunto está íntimamente relacionada con la afluencia masiva de turistas a las islas. Este año batirán el récord de 18 millones, se queja, mientras que en las islas viven dos millones de personas. “Encima, los turistas vienen en avión, lo que deja una huella de carbono desorbitada. Eso supone un alto nivel de logística en los aeropuertos con sus estrategias de suministro de petróleo. Somos la gasolinera del Atlántico medio”, apuntilla.

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Las personas que viven en las zonas del Estado con los procesos de turistificación más avanzados han dicho basta. Baleares, Canarias, Cantabria, Cataluña o Valencia prometen un estío de protestas sin precedentes para reclamar un cambio de modelo.

Los efectos negativos del turismo masivo tienen innumerables consecuencias. Una de ellas es el vertido de aguas residuales al mar. “Hemos denunciado más de 50 puntos en los que se llevan a cabo estos vertidos, incluso han acarreado graves multas europeas, pero el Gobierno canario prefiere pagarlas y recortar en sanidad, educación o servicios sociales que extinguir esos vertidos”, desarrolla el ecologista.

“El 93% de los alimentos que se consumen vienen de fuera. El turismo ha roto la cadena de producción de cercanía, lo que ha llevado a tener unos precios elevadísimos”, expresan desde Canarias tiene un límite

Otra de las consecuencias de este modelo turístico tiene que ver con los precios. Así lo explica Reyes: “El 93% de los alimentos que se consumen vienen de fuera. El turismo ha roto la cadena de producción de cercanía, lo que ha llevado a tener unos precios elevadísimos para los ciudadanos residentes que sí se pueden permitir los turistas”. Además, incide, la riqueza que genera la industria tampoco se reparte entre las familias trabajadoras. Según los datos que aporta, el 36% de la población canaria está en riesgo de exclusión social, sobre todo localizada en barrios marginalizados.

Lo ocurrido en torno a la escasez del agua colmó la paciencia de muchos canarios este pasado verano. Mientras la población superaba como podía dos episodios de emergencia hídrica, los turistas ni se percataron de ello. “El modelo permite que al turista se le pueda suministrar el doble de agua. Al ciudadano le permiten unos 200 litros al día, mientras que ellos pueden disfrutar de 475 litros al considerar el turismo una actividad industrial”, denuncia este ecologista canario. Es decir, mientras los autóctonos no podían ni lavar su ropa, los turistas podían seguir bañándose en las piscinas de sus hoteles.

Dejar de sobrevivir en Málaga para poder vivir en ella

Por otro lado, el impacto de la turistificación en la vivienda es uno de los efectos negativos del turismo más denunciado por las asociaciones, que insisten en que la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) repercute gravemente en el derecho a una vivienda asequible. Por ello, exigen la declaración de zonas tensionadas, el cierre de todas las VUT ilegales y una moratoria a nuevos permisos de apertura.

Notorio es lo que sucede en la Costa del Sol. Marta Orosa, portavoz de Málaga para Vivir, reivindica la “vivienda como hogar y no como un medio para hacer dinero”. Este movimiento vecinal autoorganizado nacido tras la manifestación desbordante por el derecho a la vivienda del pasado 29 de junio comprende la recuperación del tejido vecinal como uno de los primeros pasos para hacer frente al modelo turístico que les expulsa de sus casas a la vez que necesita de esa masa trabajadora que funcione.

“Ya no solo solicitamos medidas a las instituciones, sino que nos concebimos como protagonistas y sujetos políticos con agencia propia para generar cambios”, destaca Orosa. Estos primeros meses de acercamiento, tanto entre las activistas malagueñas como con otros movimientos por el derecho a la vivienda, les han valido para hacer el músculo necesario de cara afrontar el otoño. “Estamos concentradas en el 9 de noviembre, que volveremos a inundar las calles”, vaticina.

“Estos 75 campos de golfo consumen la misma cantidad de agua que una población de 600.000 habitantes”, denuncian desde Málaga para vivir

Su lucha, además, no solo es por una vivienda digna. Sin ir más lejos, en la Costa del Sol se da la mayor concentración de campos de golf del mundo. La provincia de Málaga posee 75 de los 109 que hay en toda Andalucía. “Estos 75 campos de golfo consumen la misma cantidad de agua que una población de 600.000 habitantes”, denuncia la propia Orosa, quien reitera una y otra vez que, actualmente, “en Málaga no se puede vivir, solo sobrevivir”.

Un turismo precarizador

Además, desde CPpV inciden en que el turismo se sustenta en la precarización y explotación de los trabajadores. Por eso, exigen también medidas para el fin de la economía sumergida, salarios justos, la no externalización de servicios (como el de las camareras de piso), el reconocimiento de las enfermedades profesionales, la renovación de los convenios colectivos conforme al aumento real de la inflación y el derecho a la vivienda de los profesionales de la hostelería.

Por último, la Plataforma apuesta por que el modelo turístico “asuma la senda del decrecimiento y renuncie a unas prácticas que contaminan, derrochan, esquilman recursos y deterioran el medio ambiente”. Se opone, asimismo, a la ampliación innecesaria de infraestructuras, como aeropuertos y puertos, así como a la llegada desregulada de cruceros, que contribuyen de manera importante a la contaminación de los territorios y al calentamiento global.

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