Turismo
De Canarias a Baleares pasando por Cantabria: la lucha por la supervivencia en los archipiélagos del turismo

Las movilizaciones contra los pisos turísticos, la masificación y un modelo enfocado al turismo que ha chocado con sus límites recorren todo el territorio español.
La gran marcha de Mallorca del 25 de mayo estuvo precedida de multitudinarias asambleas ciudadanas.
La gran marcha de Mallorca del 25 de mayo estuvo precedida de multitudinarias asambleas ciudadanas.

Con el lema “Mallorca no es ven” (Mallorca no se vende), unas 25.000 personas se manifestaron por las calles de Palma el pasado 25 de mayo con una demanda, en principio, de máximos: “Queremos vivir en Mallorca sin ser ricos”. 

No es un caso aislado. Desde Canarias a Cantabria, pasando por País Vasco, Catalunya, Andalucía, País Valencià y algunos barrios de Madrid, las protestas contra la masificación turística, los precios de la vivienda y los macroproyectos hoteleros no han parado desde abril y prometen continuar durante el mes de junio. Todas ellas se centran en señalar límites: los del territorios, los de las ciudades, los de los recursos naturales y, también, los límites de la población local afectada, que “ya no puede más” y ha decidido decir “basta”.

Así lo explica a El Salto Joan Rigo, integrante del colectivo Banc de Temps (banco de tiempo) de Sencelles, una localidad mallorquina de apenas unos tres mil habitantes dispersos que se ha convertido en centro de atención internacional. 

Varias veces al día, medios españoles, alemanes e ingleses llaman a su teléfono para intentar entender cómo pudo surgir de estas tranquilas calles la mayor movilización de la historia de las islas contra la masificación turística y un modelo volcado al turismo. “Nos resulta insoportable ver cómo Mallorca y las islas se están transformando en un resort de lujo, donde solo aquellos que tienen dinero pueden comprar o alquilar”, decía el manifiesto del Banc de Temps de Sencelles 

Unas 25.000 personas se manifestaron por las calles de Palma el pasado 25 de mayo con una demanda, en principio, de máximos: “Queremos vivir en Mallorca sin ser ricos”

Este colectivo nació hace 15 años y desde entonces sirve de paraguas para todo tipo de actividades sociales y vecinales de la zona: desde un grupo de consumo a un colectivo antiespecista pasando por actividades de apoyo al pueblo sirio. En las reuniones y en el grupo de WhatsApp formado por 181 personas, empezaron a llegar relatos e historias personales inquietantes, especialmente en los últimos meses. Vecinos y vecinas que no encontraban pisos donde vivir con su sueldo, parejas separadas que se veían obligadas a vivir bajo el mismo techo, personas que tenían que irse a la Península porque no podían seguir pagando unos precios de la vivienda que se habían duplicado en la última década.

“Esta situación dramática se estaba generalizando a unos pasos increíbles y decidimos hacer un vídeo”, relata. En él, los vecinos hablaban de sus problemas para pagar unos alquileres que no bajan de 1.200 euros. Hablaban de la gente que “con dos trabajos no llega a fin de mes” y no les queda más remedio que irse de la isla. De cómo Baleares se está convirtiendo en un “paraíso para los ricos”. La llamada final a compartir el vídeo funcionó. A pesar de que el colectivo no tenía apenas seguidores en redes sociales, la pieza se hizo viral. 

El vídeo consiguió una gran repercusión social y mediática en pocos días. Con el ejemplo cercano de la movilización de Canarias del 20 de abril, desde el Banc de Temps de Sencelles se lanzaron a organizar una manifestación en Palma. “Nos dijeron que no podíamos hacer algo así con tan poco tiempo, pero no podíamos esperar, tenemos compañeros con depresión, amigas que están sufriendo, pasándolo muy mal. Nos vinimos arriba. Quizás nos estábamos precipitando, pero nos dio igual”, dice emocionado. 

Rellenaron en Delegación de Gobierno el papeleo para una manifestación de 2.000 personas. Acertaron pero con un cero de menos. El 25 de mayo a las 19h terminaron apareciendo por el Parc de les Estacions entre 20.000 y 30.000 personas. La marcha contó con el respaldo de la plataforma “Menys turisme, més vida” (menos turismo, más vida), creada en octubre como espacio de oposición a la cumbre europea de turismo. 

Joan Rigo, del Banc de Temps de Sencelles, sostiene que el turismo genera pobreza y precariedad: ¿cómo se explica, si no, que el sueldo medio de Baleares sea mil euros inferior al de la media española?

El resultado de esta movilización histórica no se puede entender, sostiene Rigo, si se da por válido uno de los mantras del modelo: que el turismo genera riqueza para toda la sociedad. “Que se lo digan a las kellys que tienen que tomar pastillas para el dolor porque cobran por habitación. Quien realmente vive del turismo son los hoteleros que se llevan el dinero fuera. El resto malvive del turismo”, dice. ¿Cómo se explica, si no, reflexiona Rigo, que el sueldo medio de Baleares sea mil euros inferior al de la media española?

Los altos precios de la vivienda están poniendo en peligro, incluso, el propio negocio hotelero: los representantes de las asociaciones hoteleras de Mallorca denuncian el boom de los pisos turísticos y no solo porque les quitan clientes, también porque están provocando falta de mano de obra. Según denunciaban a principios de mayo, a los hoteles les está costando completar sus plantillas ante la escasez y carestía de la vivienda. Los campamentos de caravanas con trabajadores precarios que no se pueden permitir una vivienda se han convertido en otra postal clásica de las islas.

El modelo basado en el crecimiento del turismo ha encontrado su límite —en toda España, el parque de pisos turísticos ha aumentado en 60.000 unidades en un solo año, según datos de Exceltur— y lo ha sobrepasado. “No encontramos casas para vivir, el alquiler turístico y normal está copado por estadounidenses o alemanes que se vienen a vivir o a teletrabajar, y ahora quieren que lleguen dos millones de personas más con nuevas urbanizaciones. Estamos en una isla, los límites se ven muy fácilmente”, explica. 

El modelo económico basado en el crecimiento del turismo ha encontrado su límite y lo ha sobrepasado. La gente también ha sobrepasado su propio límite y ha salido a las calles

Para Rigo, la palabra clave es “decrecimiento”, porque la “capacidad de carga de la isla está sobrepasada”, no solo en términos urbanísticos y de afluencia de visitantes —se esperan 20 millones en 2024 en Baleares—, sino también con respecto a los recursos hídricos, a la energía o a la movilidad. Entre las demandas de la gran movilización del 25 de mayo figuraban una moratoria de alquileres turísticos, la declaración de zona tensionada para regular los alquileres y limitar los precios o la prohibición de compra de viviendas a personas que no tengan un mínimo de residencia de cinco años, entre una larga lista.

Un día antes de la movilización en Palma, más de mil personas se manifestaban en Ibiza/Eivissa convocados por la plataforma “Prou” (basta), una iniciativa ciudadana apoyada por decenas de colectivos sociales, ecologistas, de inquilinos, incluso por la mayoría de los partidos políticos, para decir, según sus principales lemas, que “ya es suficiente”, que “Eivissa no puede más”. 

Los límites de las Islas Canarias

Esta reciente ola de movilización comenzó hace algo más de un mes en otro archipiélago, el canario. A principios de abril, la plataforma “Canarias se agota” lanzaba un ultimátum de diez días al Gobierno de Fernando Clavijo para negociar la cancelación de dos proyectos turísticos que amenazan algunos de los tesoros ambientales de la isla de Tenerife: el macrohotel La Tejita y el proyecto turístico de lujo Cuna del Alma.

Ante la falta de respuesta, el 10 de abril, seis activistas iniciaron una huelga de hambre respaldados por una gigantesca cadena humana. Mantuvieron el ayuno durante 18 días poniendo en riesgo sus vidas y llegaron incluso con su reclamo a las puertas del Congreso. “El 75% de los ingresos derivados del turismo se van fuera”, declaraba Víctor Martín, portavoz de “Canarias se agota”.  

Especulación urbanística
Turistificación Canarias dice basta: activistas organizan una movilización histórica en las islas frente a la turistificación
Precarización, pobreza, desigualdad y dificultad de acceso a la vivienda, así como la enorme contaminación de los espacios naturales causada por el modelo turístico, son algunas de las problemáticas por las que Canarias sale a la calle el próximo 20 de abril.

Y el 20 de abril, una amplia coalición de organizaciones sociales y ecologistas bajo el nombre de “Canarias tiene un límite” sacaba 50.000 personas a las calles de Santa Cruz de Tenerife. La marcha tuvo multitudinarias réplicas en las ocho islas canarias y concentraciones de apoyo en Madrid, Málaga y otras ciudades europeas. 

Que Canarias tiene un límite no es algo nuevo. De hecho, fue un lema acuñado por Ben Magec-Ecologistas en Acción hace más de dos décadas, pero ahora “está más vigente que nunca”, dicen desde esta organización que participó como una de las impulsoras de la manifestación del 20 de abril. 

“Canarias tiene un límite” sacó 50.000 personas a las calles de Santa Cruz de Tenerife el 20 de abril. La marcha tuvo multitudinarias réplicas en las ocho islas canarias

El archipiélago canario, con 14 millones de visitantes en 2023, tiene cuatro veces más vivienda turística que el resto del Estado español, un 4,3% de media, y en algunas localidades turísticas, como Yaiza, en Lanzarote, o La Oliva, en Fuerteventura, más del 20%. “Necesitamos un territorio 27 veces mayor para satisfacer todas las demandas del modelo económico y desarrollo del archipiélago. Un modelo insostenible y cortoplacista abocado al fracaso”, resumían desde esta organización ecologista.

La supuesta riqueza generada por el turismo, señala a El Salto Pablo Díaz, de Ben Magec, no llega al conjunto de la población, presionada por el aumento del precio de la vivienda y la precariedad laboral. El 33,8% de la población canaria está en riesgo de pobreza, según el informe Arope de 2024, y se ha convertido en la segunda comunidad más pobre de España después de Andalucía. 

“La sensación general es que hemos llegado a un límite, de número de visitantes, de pisos turísticos, de ocupación del litoral, de utilización de recursos hídricos”, cuenta Pablo Díaz, de Ben Magec

“La población está viendo que la principal fuente de riqueza de las islas, el turismo, no les llega”, cuenta Díaz. El aumento del precio de la vivienda y de los pisos turísticos ha sido uno de los “detonantes” de estas movilizaciones, cuenta este activista, pero también la oposición a estos dos macroproyectos. En junio 2020, dos integrantes de la plataforma Salvar La Tejita pasaron once días encaramados en dos grúas en esta playa de Tenerife para protestar contra la construcción de un macrocomplejo hotelero. En la finca donde iba a ser construida la urbanización de lujo de Cuna del Alma, en las inmediaciones del puertito de Adeje, también en Tenerife, se instaló en 2022 una acampada popular.

“La sensación general es que hemos llegado a un límite: de número de visitantes, de pisos turísticos, de ocupación del litoral, de utilización de recursos hídricos”, cuenta Díaz. La gestión de los vertidos de aguas residuales —cacas de turistas para entendernos— está generando un “problema de primer orden”, dice, con playas cerradas por vertidos, intoxicaciones y un 72% de puntos de vertidos al mar sin licencia.

Para este ecologista, se trata de “una lucha viva” que tiene sus particularidades en cada isla. El 30 de mayo, día de Canarias, volverán las concentraciones y una “balconada” para recordar a los distintos gobiernos que “Canarias tiene un límite” y ya se ha sobrepasado.

Más allá de las islas

Las protestas contra la masificación turística, los atentados al territorio y la especulación inmobiliaria asociada al turismo no están siendo exclusivas de los archipiélagos canario y balear. De hecho, las protestas en Barcelona llevan más de una década marcando el camino en un territorio que tiene el récord de presión turística: una ciudad con 1,6 millones de habitantes recibió 28 millones en 2023 y cuenta con 18.519 pisos turísticos, según Inside Airbnb

Las protestas de los barrios y las comarcas contra la turistificación, contra la Copa América de Vela en el puerto de Barcelona, contra la ampliación del aeropuerto del Prat o contra el proyecto de Hard Rock Café en Tarragona han sido vanguardia de las luchas por el territorio y contra la depredación de un modelo enfocado al turismo.

Las movilizaciones contra la gentrificación turística también tienen un largo recorrido en el País Valencià y han cobrado nuevo protagonismo. A principios de mayo, la asociación vecinal Cuidem Cabanyal-Canyamelar, de València, lanzó una iniciativa para mapear los pisos turísticos de la zona y señalar los pisos ilegales. Con los lemas “un turista más, un vecino menos” y “el barrio para quien lo habita” este movimiento se suma a otras iniciativas del País Valencià contra la masificación turística, como la de los vecinos del barrio de Carolinas en Alicante que el pasado 25 de mayo realizaron una “marcha fúnebre” para denunciar la turistificación y el aumento del precio de los alquileres.

El 1 de junio a las 18h, colectivos de vivienda, barriales, feministas y antirracistas han convocado una manifestación con el lema “Lavapiés al límite” para denunciar los pisos turísticos y las especulación inmobiliaria en el barrio madrileño

Dos días antes, el 23 de mayo, unas 10.000 personas se movilizaban en Cantabria, “hartos de la masificación turística y el pelotazo urbanístico”. Con el lema “Cantabria se defiende. Salvemos Loredo y Langre”, los manifestantes pretendían mostrar su rechazo a la construcción de un campo de golf y un desarrollo urbanístico en la costa cántabra.

Y el pasado 26 de mayo, lemas muy parecidos fueron repetidos en Donostia/San Sebastián, la ciudad con la vivienda más cara de todo el Estado español. Organizada por la coordinadora Donostia Defendatuz, la marcha pretendía poner en cuestión un modelo “orientado hacia el beneficio de una minoría” por unas decisiones municipales orientadas a favorecer los negocios del turismo, la especulación y el lujo, mientras “la ciudad entra en un proceso salvaje de turistificación, aumenta la emergencia habitacional, expulsa a las y los vecinos de sus barrios y destruye patrimonio arquitectónico y natural”.

El 23 de mayo, unas 10.000 personas se movilizaban en Cantabria, “hartos de la masificación turística y el pelotazo urbanístico” con el lema “Cantabria se defiende. Salvemos Loredo y Langre”

La expulsión de los vecinos, la destrucción de los barrios y el encarecimiento de la vivienda también lleva años generando movilización en Madrid, especialmente en el barrio de Lavapiés, donde una amplia plataforma de entidades barriales, feministas, antirracistas, sindicales y sociales ha convocado una manifestación bajo el nombre “Lavapiés al límite” el 1 de junio a las 18h. 

El 29 de junio le tocará a Málaga, donde el Sindicato de Inquilinos e Inquilinas de la ciudad ha convocado una gran marcha “por una vivienda digna y contra los procesos de turistificación y precarización de la vida”. Solo en el último año el precio de la vivienda ha crecido un 20% en esta capital andaluza y en la última década se ha duplicado. “Málaga se ha convertido en una ciudad invivible para quienes la habitamos. ¡Se acabó! Por una Málaga para vivir y no para sobrevivir”, dicen los convocantes.

Dichos y hechos

La demanda de una mayor regulación del turismo ha forzado a casi todos los partidos políticos a revisar su discurso. También al Partido Popular, que ha comenzado a adoptar la terminología y alguna propuesta aislada que viene de los colectivos sociales que han sacado miles de personas a las calles. La presidenta del Govern balear, la popular Marga Prohens, admitía el 9 de mayo que el modelo turístico de Baleares “ha llegado a su límite”. Algo que paradójicamente no implicaba la necesidad de variar de rumbo: “Este Govern entiende que no podemos crecer más, no hablo de cambio porque el modelo es el que es, pero sin duda ha llegado a su límite”, declaraba Prohens.

En el caso de Canarias, la plataforma convocante del 20 abril tuvo una “decepcionante” reunión con el presidente del Gobierno autonómico, Fernando Clavijo, de Coalición Canaria. Pese a que había afirmado dos días después de las manifestaciones que había que “resetear el modelo turístico”, en el encuentro rechazó todas las propuestas: ni moratoria de nuevas plazas hoteleras y pisos turísticos, ni ecotasa, ni regulación de compra de vivienda por parte de extranjeros. Tampoco, por supuesto, asambleas de trabajo vinculantes ni la paralización de las obras del Hotel de La Tejita y de la Cuna del Alma. Mientras, sigue la tramitación de la ley canaria de alquiler vacacional que, según este integrante de Ben Magec, no pone coto a los alquileres turísticos sino que solo se propone legalizarlos con topes que pueden llegar al 20%.

Desde el Ministerio de Vivienda, Isabel Rodríguez ha amenazado con intervenir en la regulación de los alquileres turísticos si las autonomías no lo hacen. La medida propuesta es un registro de pisos turísticos... para 2025

Más allá de las palabras y declaraciones —como la del Ayuntamiento de Córdoba (PP), que está estudiando declarar una zona tensionada los alrededores de la Mezquita para reducir el número de pisos turísticos— nada se ha hecho por ahora desde los gobiernos locales afectados. 

Poco más que palabras también desde el PSOE, que no incluyó el alquiler turístico en la Ley de Vivienda que cumple estos días un año. En Catalunya, el PSC acaba de utilizar sus votos para tumbar la regulación de los alquileres de temporada, la ley más avanzada hasta el momento para poner freno a la principal vía de escape de los caseros que no quieren verse atados por los límites de las recientes regulaciones. Este tipo de contratos temporales también está siendo utilizado en Barcelona por los propietarios para blanquear pisos turísticos ilegales, tal como confirmó una investigación de ElDiario. “Satisfacción. Es el momento de volver a debatir y dialogar”, fueron las palabras de la patronal de los pisos turísticos de la Costa Dorada y las Tierras del Ebro tras la derogación del decreto.

Desde el Ministerio de Vivienda, Isabel Rodríguez ha amenazado con intervenir en la regulación de los alquileres turísticos si las autonomías no lo hacen: “Yo no quiero entrar en las competencias de las comunidades autónomas, pero esto es de mi incumbencia. [El alquiler turístico] está tensionando el mercado y hay que abordarlo”. 

Desde Sumar, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda, Pablo Bustinduy proponía atajar el problema persiguiendo la publicidad online de los pisos turísticos ilegales

Sin embargo, no hay sobre la mesa moratorias ni nada muy extremo. Apenas la propuesta de un registro estatal de pisos turísticos para 2025 pensado para mejorar la información disponible. Sumar acusó a la ministra de tomarse el tema con “calma”, frente a las prisas por sacar adelante la Ley del Suelo, algo que muestra dónde están las prioridades del PSOE, según denuncian.

Desde Sumar, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda, Pablo Bustinduy proponía atajar el problema persiguiendo la publicidad online de los pisos turísticos ilegales: “Si una vivienda no tiene licencia para su uso turístico, no puede ser publicitada como tal”, declaraba este 27 de mayo. Una supuesta prohibición de la publicidad en plataformas de intermediarios afectaría a gran parte de los pisos turísticos actuales. En Madrid, casi el 99% de los pisos son ilegales, según la oposición.

Podemos presentó el 18 de mayo, por su parte, una proposición de ley contra la especulación inmobiliaria que incluye ampliar la duración mínima del contrato de alquiler a diez años y 12 para las personas jurídicas y fijar un límite del 2% para las viviendas turísticas. 

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