Unión Europea
La obsesión por completar el mercado único

La pandemia ha demostrado la importancia de las instituciones públicas para el bienestar social. Se ha constatado la importancia de una sanidad pública y estado del bienestar fuertes para protegernos de shocks económicos y dificultades. Ya no se acepta esa idea, arraigada en Europa desde hace tres décadas, de que los retos sociales y medioambientales deberían ser delegados a los mercados y las grandes empresas; se reconoce el papel crucial de los gobierno para garantizar resultados justos y a la altura de las crisis.

Sin embargo, anunciar la “muerte del neoliberalismo” sería prematuro: más de un puñado de ideas de los “Chicago boys” se han inmiscuido en el establishment político y legislativo de la Unión Europea. Fuerzas poderosas, notablemente el lobby corporativo de los industrialistas europeos (European Round Table of Industrialists, ERT), continúan defendiendo doctrinas neoliberales y atando de pies y manos a las sociedades europeas.

La consumación definitiva de estas políticas sería la apertura al mercado del agua, la salud y la educación

Un ejemplo es la obsesión con “completar el mercado único”, lanzada en 1993, que permite el movimiento libre de bienes y servicios por los estados de la UE. La Comisión Europea (sobre todo su departamento DG GROW) busca constantemente expandir normas de mercado único a todas las áreas de la sociedad. La consumación definitiva de estas políticas sería la apertura al mercado del agua, la salud y la educación, mientras las autoridades públicas ven reducida su capacidad de regular la economía por el bien común.

Directiva de servicios

Tomemos como segundo ejemplo la “reforma del proceso de notificación de servicios”, propuesta en 2017 por la Comisión. Su nombre aparentemente inocuo esconde impactos potencialmente devastadores para la sociedad: habría reforzado la directiva de 2006 sobre servicios en el mercado interno (la “directiva Bolkestein”), que apuntaba a la máxima mercantilización al lilegalizar varios obstáculos a la “libertad de establecer y proveer servicios” en la UE.

La Comisión y el Tribunal de Justicia de la UE tratan continuamente de expandir el alcance de la directiva Bolkestein y socavar las exenciones de servicios públicos que se introdujeron hace 15 años

La Comisión y el Tribunal de Justicia de la UE tratan continuamente de expandir el alcance de la directiva y socavar las exenciones de servicios públicos que se introdujeron hace 15 años. Mediante procesos de violación, “opiniones razonadas” y otros mecanismos, la Comisión ataca normas y regulaciones que, en una interpretación neoliberal maximalista, considera contrarias a la directiva.Mandatos recientes del Tribunal han expandido asimismo el ámbito de la directiva para incluir el cuidado de la gente mayor, la planificación urbana y servicios de combate de incendios.

Ciudades como Ámsterdam, Berlín, Madrid, Barcelona, Budapest y Riga se opusieron a la reforma propuesta, que habría forzado autoridades locales, regionales y nacionales a notificar a la Comisión de cualquier regulación que afectara a la directiva con tres meses de antelación, en vez poder hacerlo a posteriori. Los alcaldes de estas ciudades enviaron incluso una carta a los negociadores de la UE, denunciando que reduciría su capacidad de regular por el interés público.

La provisión no solo habría implicado retrasos: habría dado a la Comisión mucho más poder para imponer su interpretación corporativista de la legislación del mercado único, y habría adquirido más control sobre un amplio rango de ámbitos de gestión pública: desde servicios de guardería, educación, formación y salud hasta el agua, el gas y la electricidad.

En una resolución de 2018, Ámsterdam describió la provisión como una “amenaza a la democracia”. Por poner un claro ejemplo, habría concedido a la Comisión el poder de detener las ambiciosas medidas de Ámsterdam, París y Barcelona para regular AirBnB y otras empresas que, en su expansión sin trabas, amenazan seriemente la vivienda accesible.

Una carta abierta en contra de la propuesta acumulaba, a principios de 2019, más de 160 firmas de grupos de la sociedad civil, sindicatos, alcaldes y partidos municipales progresistas. La Comisión la retiró en octubre de 2020. Esta fue una importante victoria, pero el núcleo neoliberal de la directiva permanece intacto. Continúa obstaculizando a las compañías públicas necesarias para garantizar servicios universales, e inhibe ciertos requisitos para las empresas, por ejemplo el mínimo de empleados en la salud privada.

Aunque esta “reforma” fue derrotada en última instancia, la Comisión implementó una de las demandas clave del sector privado: dar a los “stakeholders” (partes interesadas) el derecho a ver y comentar las nuevas medidas notificadas por las autoridades públicas. Se lanzó una página web en la que se publican todas las notificaciones de medidas relacionadas con los servicios de los diferentes niveles de gobierno de los Estados miembro de la UE. En noviembre de 2019, se recordaba al lobby de venta al por menor EuroCommerce de que los grupos de interés están “invitados a comentar las medidas”.

Las empresas presentan demandas como suprimir “barreras reguladoras” del mercado único o prevenir que se formulen nuevas

Las empresas presentan demandas como suprimir “barreras reguladoras” del mercado único o prevenir que se formulen nuevas. Mientras tanto, la mayoría de políticos repiten el mantra de “completar el mercado único”, aparentemente convencidos de que esta pieza clave de la UE ha llevado riqueza y prosperidad a todos -e ignorando, voluntaria o involuntariamente, sus considerables riesgos y desventajas.

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Una nueva directiva europea pretende que la Comisión Europea tenga la última palabra en las decisiones de las administraciones locales en temas como el suministro de agua, la electricidad o la gestión de residuos.

Las multinacionales

La ERT reúne a los ejecutivos de algunas de las 50 multinacionales más importantes de Europa. Con un profundo acceso a los gobiernos y la Comisión, la ERT tiene desde hace tiempo un gran poder para marcar la agenda en Europa. Tuvo un papel fundamental en la integración económica europea en los 1980s y los 90s, incluyendo la confección del mercado y la moneda únicos.

El pasado diciembre, la ERT lanzó un informe en el que exponía que había un serio problema con viejas y nuevas “barreras reguladoras” en el mercado único, y que era necesario un sistema de gobernanza europeo más fuerte para suprimir tales “obstáculos”. Aunque a menudo se justifican estas preocupaciones con el fin de promover la armonización europea, los “obstáculos” a los que se refiere la ERT pueden incluir medidas como la vivienda accesible y la vivienda social, iniciativas para el control de la contaminación del aire, leyes de zonificación urbana y regulaciones climáticas.

El informe reclama, por ejemplo, la eliminación de “restricciones proteccionistas a la venta al por menor, a nivel regional y local”. No se preocupan por cómo afectaría eliminar tales restricciones a las normas municipales para limitar la expansión de hipermercados en las afueras de las ciudades, que son esenciales para garantizar centros urbanos sanos y proteger la economía local.

La interpretación de la ERT sobre los planes de recuperación post Covid y las transiciones verdes y digitales los reduce a una pantalla de humo sobre lo que es, en realidad, un intento de debilitar iniciativas sociales y medioambientales en la UE, siempre que no estén alineadas, claro, con la agenda corporativa. Aboga por más poder para la Comisión, dada su lectura corporativista de la legislación del mercado único, y por un refuerzo mucho más estricto de la directiva de servicios -un intento de revivir la agenda desreguladora que había detrás de la última reforma fallida de la directiva.

Resulta particularmente problemática la demanda de la ERT de que le Semestre Europeo, así como las recomendaciones específicas por país que tiene asociadas, se usen para forzar a los gobiernos y otras autoridades públicas a abordar los “obstáculos para las empresas que tienen que suprimir”. La Comisión podría multar a los gobiernos si no siguen estas recomendaciones.

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El Parlamento Europeo guarda en el cajón la directiva que pretendía que la Comisión Europea pudiera vetar las decisiones de las administraciones locales en temas como el suministro de agua, la electricidad o la gestión de residuos.

Mucho más completo

Existe ya un sistema bien atado para reforzar el mercado único: el procedimiento SOLVIT, el acuerdo para gestión de demandas CHAP, el proyecto EU Pilot, el Marcador de Mercado Único y el Sistema de Información para la Regulación Técnica. La gran mayoría de quejas sobre “barreras” se solucionan rápidamente. Los casos oficiales de violación de leyes se han vuelto poco frecuentes, y más poco frecuente aún recurrir al Tribunal de Justicia Europeo. Además de todo esto, en marzo de 2020 se aprobó el Cuerpo Especial para el Refuerzo del Mercado Único.

En efecto, un estudio de 2021 muestra que el mercado único europeo es mucho más completo que el de Estados Unidos. Los autores destacan que la UE ha “eliminado o mitigado una creciente lista de barreras interestado que los americanos mantienen”, y que “la UE proclama y ejerce abiertamente más autoridad para requerir la apertura interestado de la que los Estados Unidos ha contemplado jamás”. El espacio legislativo para estados y municipios en Estados Unidos es mucho mayor que en la UE, y, sin embargo, el discurso de la “no-completitud” permanece en la agenda europea en curso.

El sistema de refuerzo del mercado único basado en quejas no es un tigre de papel. Los lobbies corporativos lo usan para prevenir o frustrar nuevas normas medioambientales y de protección social que emergen a nivel nacional. Un ejemplo reciente es la queja de aeropuertos franceses y a nivel europeo contra la prohibición francesa de vuelos domésticos de menos de 250 kilómetros con fácil alternativa ferroviaria.

La prohibición era parte de la ley francesa sobre Clima y Resiliencia, de julio de 2021, en parte una respuesta a la Convención Ciudadana por el Clima. Los lobbies aeroportuarios denunciaron que la ley violaba “uno de los principios de Europa, que es la libertad de proveer servicios”.

En diciembre la Comisión lanzó un proceso de revisión, lo que significa que la prohibición queda suspendida hasta que se decida si es “proporcionada” y “no discriminatoria”. El veredicto será un indicador importante de hasta qué punto la interpretación de mercado único de la Comisión obstaculiza medidas climáticas necesarias.

La prohibición francesa es solo un ejemplo más de iniciativas, grandes y pequeñas, para accelerar la transición a sociedades libres de carbono con una mejor calidad de vida. En los últimos años, y especialmente con la pandemia, cientos de ciudades europeas han introducido fuertes medidas para reducir la contaminación y crear más espacio para ciclistas y peatones.

Cuesta entender que tales políticas puedan causar grandes controversias cuando es ampliamente aceptado que prevendrían cientos de miles de muertes prematuras por la calidad pésima del aire. Sin embargo, la ERT considera estas iniciativas municipales un problema y llama a una gestión “armonizada y coordinada hacia la implementación de zonas de cero emisiones en las ciudades”.

Las iniciativas de ciudades, regiones y gobiernos son cruciales para la transición ecológica, asegurar el cambio genuino y generar poderosos ejemplos a seguir. Esta dinámica no debería ser socavada por regulaciones de mano dura del mercado único, ni por dar al poder privado todavía más poder para poner en jaque las regulaciones locales.

Legitimidad democrática

La campaña de la ERT es la contribución del lobby a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. La CoFuE, cuya clausura tendrá lugar en mayo, incluye a ciudadanos de la UE seleccionados aleatoriamente y aspira a reforzar la legitimidad democrática de europa. Según la vice-presidenta de la Comisión para democracia y demografía, Dubravka Šuica, en un anuncio a finales de enero: “Los ciudadanos de la UE [deben] ver y sentir que pueden influir en la política europea”. En contraste con estas declaraciones, las propuestas egoístas de la ERT son un intento de inmiscuirse en un espacio para la ciudadanía.

Expandir aún más el mercado único no solo perjudicaría a la democracia, pero también a la transición ecológica que Europa necesita. Lejos de ser demasiado débil, la gobernanza de mercado único es ya demasiado rígida, y da demasiado poder a las empresas privadas. Una Europa que dé su espalda al neoliberalismo debe transformar este sistema de gobernanza para revitalizar la democracia, proteger los servicios públicos y permitir la explosión de medidas locales y nacionales para la justicia social y una transición ecosocial radical.

*Este artículo se publicó originalmente en inglés en Social Europe. Olivier Hoedeman es investigador y activista en Corporate Europe Observatory, que co-fundó en 1997. Ha participado en varios libros, incluyendo Europe Inc, Reclaiming Public Water, Bursting the Brussels Bubble y Cities versus Multinationals.

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