Unión Europea
El giro Von der Leyen en política de fronteras y el 'modelo Ruanda'

“Nosotros debemos ser los que deciden quién viene a la UE”. Seria y golpeándose el pecho con el puño, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, hizo esta afirmación en rueda de prensa a principios de abril, justo después de que el Parlamento Europeo diese luz verde al nuevo Pacto de Migración y Asilo que endurece las condiciones de entrada al territorio comunitario y agiliza el proceso de expulsión de los solicitantes.

Aprobado con bastante debate y mucha polémica, esta nueva ley sigue la línea de blindaje de fronteras que la UE lleva aplicando en materia de inmigración durante la última década, desde que la crisis humanitaria desencadenada por la guerra en Siria provocó que decenas de miles de personas intentasen entrar en la Unión huyendo de la guerra y buscando amparo administrativo. El último episodio que puso a prueba a Bruselas fue la caída del gobierno de Afganistán en manos de los talibanes, lo que de nuevo ocasionó miles de desplazados y solicitantes de asilo. A esto hay que sumarle los continuos intentos de llegar a suelo europeo a través del Mediterráneo.

En todos los casos la respuesta de la UE siempre es la misma: migrantes hacinados en centros de detención y campos de refugiados; migrantes apaleados en las fronteras y devueltos forzosamente al país extracomunitario desde el que intentaban acceder; migrantes estafados y vejados por redes de traficantes de personas; migrantes deportados en vuelos chárter; migrantes ahogados en el mar o muertos de frío en un bosque recóndito de los Balcanes.

“El pacto adolece de una falta de respeto a los derechos humanos, especialmente en las fronteras, y no da respuesta a cuestiones como el reparto de responsabilidades y la solidaridad entre los estados”, afirma Nuria Díaz, coordinadora estatal y portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que augura en que “en este escenario tan incierto a nivel global es previsible que las migraciones se incrementen”, y la legislación de la UE “no va a frenar esta situación ni a dar respuesta a las necesidades actuales”.

Personas usadas como arma geopolítica

Actualmente, la política migratoria de la UE se sustenta en dos pilares: la construcción o ampliación de vallas y muros en sus estados limítrofes —como las de Melilla o Hungría—, y la cesión del control fronterizo y del flujo de migrantes a terceros países a cambio de dinero o de ventajas diplomáticas —como sucede con Turquía, Egipto o Níger—. De este modo la UE consigue contener la llegada de refugiados, pero a costa de violar la Convención de Ginebra al incumplir las garantías de derecho de asilo.

“Estas prácticas amenazan con atrapar a personas en estados donde sus derechos humanos correrán peligro, y hacen a la UE cómplice de los abusos que puedan cometerse en ellos, comprometiendo la capacidad europea de defender los derechos humanos más allá del bloque”, asegura Eve Geddie, directora de la oficina de Amnistía Internacional ante las instituciones europeas.

Tras la retirada de Estados Unidos y la toma del poder talibán, la UE financió con más de 200 millones de euros la construcción de un muro en la frontera turca con Irán

Un ejemplo claro de esta externalización de las políticas de migración se da precisamente en Turquía. En 2016, Bruselas negoció un acuerdo con Erdogan: 6.400 millones de euros de los fondos públicos de la UE a cambio de que las autoridades turcas desplieguen guardacostas y vigilen la frontera con Grecia para evitar el paso de migrantes hacia suelo comunitario. En 2021 el acuerdo se volvió a ratificar y Europa desembolsó otros 3.000 millones de euros.

Turquía también es un socio eficaz para Europa a la hora de frenar la llegada de refugiados afganos. Tras la retirada de Estados Unidos y la toma del poder talibán, la UE financió con más de 200 millones de euros la construcción de un muro en la frontera turca con Irán, dificultando que los migrantes entren en Turquía. Hoy, más de 2.000 kilómetros de alambre de espino y hormigón frena la llegada de migrantes al continente en lo que, de algún modo, supone un desplazamiento de la frontera suroriental de la Unión Europea. Los afganos que consiguen pisar suelo turco son recluidos en centros de detención también financiados por la UE, y otros muchos son devueltos forzosamente a Kabul a pesar de que allí sus vidas corren peligro, un procedimiento que infringe el derecho internacional.

Sin embargo, darle la gestión de las fronteras propias a países ajenos también propicia que se utilice a las personas migrantes como un arma geopolítica de presión contra la UE. En mayo de 2021, Rabat desafió al gobierno español dejando que en un par de días cerca de 10.000 migrantes intentasen cruzar las vallas de Ceuta y Melilla. Marruecos estaba molesto porque un mes antes España aceptó trasladar a un hospital de La Rioja al líder del Frente Polisario, el movimiento de liberación del Sáhara Occidental, antigua colonia española cuya soberanía reclama Marruecos. El chantaje funcionó, y semanas después el Ejecutivo español cesó a la ministra de Exteriores y Madrid reconoció al Sáhara Occidental como parte del territorio marroquí.

Según un informe de la ONG Danish Refugee Council (DRC), en 2023 se produjeron más de 28.600 devoluciones en caliente en las fronteras comunitarias

Hace dos años, Bielorrusia también intentó desestabilizar Europa utilizando a los migrantes como palanca de presión. Después de unas elecciones sin garantías democráticas donde Aleksandr Lukashenko revalidó el mandato que ostenta desde 1994, la UE impuso sanciones a funcionarios bielorrusos por presunto fraude electoral y reprimir las protestas que surgieron en el país. En respuesta, el gobierno de Lukashenko atrajo a unos 40.000 migrantes, la mayoría procedentes de Oriente Medio, y los envió a la frontera con Polonia. Las fuerzas de seguridad polacas llegaron a utilizar porras, cañones de agua y gases lacrimógenos para repelerlos, y unos meses después Varsovia finalizó la construcción de un muro de alta seguridad de 200 km en la frontera con Bielorrusia.

“Pagarle a terceros países convierte a las personas migrantes y refugiadas en moneda de cambio para los intereses políticos, insisten desde CEAR. “Es una práctica completamente inhumana que se lleva aplicando en España y la UE con más intensidad en los últimos años, y no es la respuesta adecuada ni a las necesidades de protección de estas personas ni a las causas de su huida. Lo único que consigue es externalizar responsabilidades en países que vulneran derechos humanos y donde los migrantes quedan atrapados en vez de recibir protección”.

Violaciones de derechos humanos

Para cerrar y controlar las fronteras de toda la UE se necesitaría un ejército de 200.000 efectivos, y Frontex, la agencia encargada de esta misión, solo cuenta con 1.500 a pesar de haberse cuadruplicado su presupuesto en menos de 10 años. Por eso, Bruselas intenta primero levantar diques de contención pagándole a terceros países para que mitiguen el flujo de migrantes sin importarle que no respeten los derechos humanos, y después aumenta y refuerza sus propios muros para evitar acoger a los que llegan. Según un informe de la ONG Danish Refugee Council (DRC), en 2023 se produjeron más de 28.600 devoluciones en caliente (devoluciones ilegales de personas con derecho a protección internacional) en las fronteras comunitarias.

Desde 2016, la UE ha multiplicado por cuatro el presupuesto destinado a Frontex, hasta rozar los 1.000 millones de euros actuales, y también se ha propuesto aumentar su presencia fuera de las fronteras comunitarias desplegando efectivos en esos terceros países como hace a través de programas como EUCAP Sahel, donde agentes europeos dan formación a policías autóctonos.

Al otro lado del Mediterráneo, la estrategia es exactamente la misma. Libia es una ruta importante de tránsito hacia Europa para los migrantes subsaharianos, y la UE ha firmado acuerdos con varias facciones del país tras la guerra que derroco a Gadafi después de la Primavera Árabe. Del mismo modo que en el caso turco, Bruselas paga para que las autoridades libias desplieguen guardacostas y guardias marítimos y se encarguen de controlar los flujos de migración por mar.

Hace unos años, tanto la ONU como varias ONG alertaron de que en los centros libios de detención de migrantes se estaban produciendo torturas, violaciones y asesinatos, así que la UE quiso evitar las críticas y se lanzó a presionar a Níger, un país más al sur, para que endureciese sus leyes de tránsito y continuara haciendo el trabajo sucio. Allí, de nuevo los migrantes acaban en centros financiados por la UE donde se les impone una condición: que acepten volver a sus países de origen, en algunos casos a cambio de una compensación económica que puede llegar a 1.400 euros. No obstante, muchos rechazan la oferta y prefieren jugarse la vida cruzando primero el desierto y después el Mediterráneo.

Cuando Europa cierra una ruta se abren otras vías mucho más peligrosas para las personas que lo arriesgan todo por llegar a Europa. Una de esas rutas alternativas es la conocida como Ruta de los Balcanes, que tiene a Serbia —un país no adherido a la UE— como protagonista. Aquí Bruselas ha aplicado los mismos métodos que en Níger: primero instó a Serbia a modificar su política de visados presionándola con retrasar o dificultar los trámites de su candidatura para ingresar en la UE, y luego envió a sus propias fuerzas policiales a pesar de tratarse de un territorio fuera de la Unión.

Dinamarca está impulsando el llamado “modelo Ruanda”, basado en deportar —y previo pago— al país africano a aquellos migrantes en situación irregular que soliciten asilo en el estado danés

La vecina Hungría tiene construida una valla de 175 km en su frontera sur, en el territorio colindante con Serbia. Igual que ocurre con quienes intentan entrar en Croacia, cada año miles de migrantes son expulsados a golpes por los policías fronterizos y abandonados a merced de los elementos y las bandas de traficantes de personas. Al ser una práctica ilegal, no hay datos oficiales de devoluciones en caliente y es difícil cuantificarlas, aun así, en 2023 la policía húngara dejó constancia de más de 60.000 personas “arrestadas y escoltadas a través de la valla”, aunque oenegés como la neerlandesa 11.11.11 hablan de casi 100.000 durante todo el año pasado.

“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Hungría por sus políticas de expulsión”, aclara el responsable de políticas de migración de la organización humanitaria, Flor Didden. “Sin embargo, no ha habido sanciones financieras ni de otro tipo, y lo mismo ocurre con Croacia, donde hay mucha documentación sobre violaciones”.

Radiografía de la ruta migratoria serbia: otro ejemplo de cómo Europa subcontrata sus fronteras

Jose Ángel Sánchez Rocamora Alona Malakhaeva

Fronteras

Fronteras Radiografía de la ruta migratoria serbia: otro ejemplo de cómo Europa subcontrata sus fronteras

Jose Ángel Sánchez Rocamora ,  Alona Malakhaeva

Las devoluciones en caliente o el trato degradante, constituyen prácticas normalizadas en las fronteras de los países balcánicos y Serbia, en el marco de una cooperación transfronteriza orientada a impedir a toda costa el tránsito de las personas.

Didden insiste en la opacidad de Bruselas a la hora de denunciar y penalizar estas prácticas: “La UE —tanto el Consejo Europeo como la Comisión— ha guardado mucho silencio sobre las violaciones de leyes por parte de los Estados miembros […] Hemos documentado devoluciones en caliente en la mayoría de las fronteras de la UE sin que la Comisión aportase una reacción adecuada. Hay muy poca responsabilidad”, añade.

Según datos de Frontex, de las más de 330.000 personas que entraron de manera irregular en la UE en 2023, 99.000 lo hicieron por las rutas balcánicas, y en lo que va de 2024 hay casi 200.000 migrantes varados en campos y centros de refugiados, la mayoría instalados en Serbia y Grecia, tal y como detalla un estudio de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dependiente de la ONU.

El modelo Ruanda

El nuevo pacto de Migración está diseñado para acelerar los trámites en las fronteras de la Unión y agilizar los procedimientos para detener o expulsar a aquellos solicitantes de asilo cuyas peticiones tengan estadísticamente menores posibilidades de éxito. “Este paquete de propuestas amenaza con someter a más gente, incluidas familias con niños, a detenciones de facto en las fronteras de la UE al negarles una evaluación completa y justa de sus necesidades de protección. La propuesta, además, pone a innumerables personas en peligro de sufrir devoluciones sumarias, detenciones arbitrarias y miseria en las fronteras europeas”, insiste Geddie.

La OIM señala que en 2023 llegaron de forma irregular a las fronteras de la UE casi 300.000 personas, y el bloque comunitario recibió más de un millón de peticiones de asilo, de las que hay más de 800.000 pendientes de resolver, según datos de la Comisión Europea, que el año pasado también registró casi medio millón de deportaciones.

Desde la Plataforma por la Cooperación Internacional sobre migrantes indocumentados (PICUM) aseguran que “ahora cualquier persona que llegue a Europa sin documentos válidos probablemente será detenida en instalaciones fronterizas, sin excepciones en cuanto a edad, incluidas las familias con niños”, y alertan de los procesos acelerados de deportación, el desamparo legal en los procedimientos administrativos en las fronteras, o la posibilidad de ser deportadas mientras se resuelve el recurso de expulsión.

Sin embargo, además del marco jurídico que establece el nuevo Pacto, algunos países de la UE han ido un paso más allá en el endurecimiento de la política migratoria. El caso más claro es el de Dinamarca, que está impulsando el llamado “modelo Ruanda”, basado en deportar inmediatamente —y previo pago— al país africano a aquellos migrantes en situación irregular que soliciten asilo en el estado danés, sin importar su procedencia.

Dinamarca es uno de los países que más ha endurecido sus políticas migratorias en la última década, y aunque pueda parecer impropio, esta propuesta nace de una promesa electoral del partido socialdemócrata, que le sirvió de impulso para conseguir mantenerse en el poder frente al ascenso de la extrema derecha, con quien comparte los principales planteamientos en materia de inmigración. También sorprende que la medida fuese defendida por el ministro de Inmigración, Mattias Tesfaye, que es hijo de un refugiado etíope.

“La mayor parte de la sociedad civil danesa ha criticado sistemáticamente esta propuesta por el riesgo de violar los derechos de los refugiados y los solicitantes de asilo, y por poner en peligro el sistema de protección internacional”, afirman desde Danish Refugee Council. La ONG insiste en que “Dinamarca no ha firmado ningún acuerdo con Ruanda ni con ningún otro país para trasladar allí a los solicitantes de asilo”, aunque reconocen que en el país “ha habido una dura retórica política contra los extranjeros durante muchos años, incluidos los refugiados, pero al mismo tiempo existe un fuerte apoyo y compromiso de la sociedad civil para ayudar a los refugiados y los solicitantes de asilo”.

En Italia ya se aplica una receta similar. El gobierno ultra de Giorgia Meloni negoció con su homólogo albanés —al igual que Serbia tampoco está en la UE aunque es candidato a ingresar— el rescate del Mediterráneo y posterior traslado a la costa de Albania de los migrantes procedentes de países considerados seguros. Esta selección se hará en alta mar, y la intención es que los solicitantes de asilo se queden en centros de acogida en suelo albanés de gestión conjunta con Italia.

Arrojadas al mar o abandonadas a la deriva: la Guardia Costera griega contra las personas migrantes

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Una investigación de la BBC documenta decenas de muertes causadas por los guardias costeros en Grecia entre 2020 y 2023.

Diferencia de trato con los refugiados ucranianos

La violencia en las fronteras y la dureza de las leyes migratorias que la UE aplica a los migrantes sirios, afganos o subsaharianos contrasta con el trato que se le da a quienes solicitan acogida en el bloque comunitario y provienen de Ucrania. La invasión terrestre del país acometida por Rusia en febrero de 2022 desencadenó una crisis humanitaria que ha dejado más de seis millones de desplazados, según ACNUR. Muchos de ellos huyeron hacia la frontera con Polonia, y la UE en seguida les ofreció protección jurídica y les otorgó el derecho de residencia, acceso a la educación o al trabajo y otros beneficios sociales.

“La migración siempre ha sido un hecho en Europa y siempre lo será. A lo largo de los siglos ha definido nuestras sociedades, enriquecido nuestras culturas y moldeado muchas de nuestras vidas”. Estas fueron las palabras de Von der Leyen hace menos de cuatro años, cuando se presentó el Pacto sobre Migración y Asilo que acaba de reformarse. Hoy, esos valores de solidaridad y acogida se han transformado en muros y violencia institucional.