Opinión
La sociedad civil pide a España dar la batalla por un presupuesto europeo verde y social

Mientras la atención pública sigue centrada en las guerras, las crisis políticas y los vaivenes de los mercados, en Bruselas se está negociando una decisión que condicionará buena parte de las políticas europeas de la próxima década: el presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034. La próxima cita clave tendrá lugar los días 18 y 19 de junio, cuando el Consejo Europeo celebre un primer debate político sobre el futuro presupuesto. Aunque todavía no se tomarán decisiones definitivas, empezarán a definirse las posiciones de los Estados miembro y las prioridades que marcarán el resto de la negociación. En este contexto, una coalición de 19 organizaciones de la sociedad civil hemos enviado una carta al Gobierno español para reclamar una posición más ambiciosa en favor de la transición ecológica, la cohesión social y el impulso de las tecnologías limpias.

Y es que la disputa no gira únicamente en torno a cuánto dinero habrá para cada cosa. Frente a la falta de confianza en la gestión comunitaria y las reticencias a aumentar adecuadamente el tamaño del presupuesto, la pregunta que resta es quién asumirá el coste de las nuevas prioridades europeas. Defensa, industria y competitividad reclaman cada vez más espacio presupuestario con menos salvaguardas ambientales, mientras cohesión territorial, Política Agrícola Común (PAC) y transición justa pierden protagonismo.

La propuesta de la Comisión Europea, siguiendo el esquema de los Next Generation, presenta un presupuesto artificialmente inflado, que se queda corto si se descuenta la inflación y el pago de la deuda común pendiente. Además desencadena una profunda reorganización de los fondos europeos mediante los nuevos Planes de Colaboración Nacionales y Regionales (PCNR), que concentrarían en una única rúbrica instrumentos hasta ahora separados.

Se ha criticado mucho la centralización en los Estados y la Comisión el diseño e implementación de varios fondos clave, como agricultura, pesca o cohesión. Aunque se han incorporado enmiendas que refuerzan el rol de las regiones y ciudades, tratando de asegurar la participación de actores como la sociedad civil en el proceso, siguen siendo insuficientes y vagas en los párrafos claves de la regulación.

Además la tensión entre la flexibilidad que se gana al reagrupar muchos fondos en uno sólo, y la predictibilidad y garantías que permitían un presupuesto más compartimentado, está siendo un foco intenso de debates, en los que tanto el Parlamento Europeo, como los estados miembro (especialmente a través del Consejo Europeo), quieren hacer valer sus intereses.

Frugales contra amigos de la cohesión

La principal línea de fractura enfrenta a los llamados países “frugales” —Alemania, Países Bajos, Suecia o Dinamarca— con los denominados “Amigos de la Cohesión”, entre los que se encuentra España junto a varios países del sur y del este de Europa. Los primeros, acogiéndose a un cálculo simplista de cuánto reciben y cuánto aportan, rechazan ampliar significativamente las aportaciones nacionales basadas en el PIB y presionan para contener el gasto tradicional de la UE, sin tener en cuenta las múltiples formas en las que los beneficios de estas políticas retornan a sus países (tanto al exportar más como al poseer empresas en el resto de países que tributan en el suyo).

Los segundos defienden que la cohesión y la PAC sigan siendo pilares del presupuesto europeo y rechazan cualquier recorte. Consideran que la propuesta actual los debilita al integrarlos en los nuevos PCNR con una financiación insuficiente, obligando a ambas políticas a competir entre sí por mantener su peso presupuestario. Además, reclaman que las nuevas prioridades se financien mediante nuevos recursos propios europeos —impuestos recaudados directamente por la UE— o mediante deuda común, en lugar de a costa de otras partidas.

Mientras que propuestas de mayores impuestos a combustibles fósiles, viajeros de avión frecuentes o transacciones financieras no acaban de lograr situarse como alternativas con amplio apoyo, sí lo están haciendo propuestas como una nueva tasa a las ganancias de la especulación con criptomonedas o a las provenientes de juegos de azar, que podría recaudar hasta 13.000 millones de euros (poca cosa comparado con los aproximadamente 2 billones totales).

Respaldamos la petición del Parlamento Europeo de aumentar el tamaño del presupuesto en al menos un 10% y reclamamos que España defienda nuevos recursos propios europeos inspirados en el principio de “quien contamina paga”

Las nuevas prioridades europeas no deberían financiarse a costa de las políticas climáticas, sociales o territoriales. Respaldamos la petición del Parlamento Europeo de aumentar el tamaño del presupuesto en al menos un 10% y reclamamos que España defienda nuevos recursos propios europeos inspirados en el principio de “quien contamina paga”, además de mantener abierta la puerta a nuevos mecanismos de deuda común para financiar bienes públicos europeos a la escala que nos exige esta policrisis.

La letra pequeña que decide qué cuenta como verde

Pero es que más allá de cuestiones de gobernanza o estructurales hay un aspecto crucial a menudo olvidado que tiene que ver con el control y la medición del impacto del gasto. En la negociación del Reglamento de Rendimiento se están definiendo los indicadores que determinarán qué parte del gasto europeo puede contabilizarse como contribución climática, ambiental y social.

De momento el objetivo propuesto por la Comisión de que al menos el 35% del presupuesto tenga impacto climático o ambiental resiste frente a presiones de reducirlo amparadas en un supuesto exceso de regulación y carga administrativa, gracias en parte a que la evidencia científica de los costes de la inacción climática y de la dependencia de la energía fósil se amontonan. Sin embargo, organizaciones ecologistas y organismos públicos especializados (como la corte de auditores de la UE) llevan meses alertando de que servirá de poco mientras algunos coeficientes atribuyen beneficios climáticos a partidas cuya contribución real es totalmente discutible.

Será clave que España defienda indicadores más rigurosos y comparables para medir el impacto climático, ambiental y sanitario del gasto

Por ahora existe resistencia dentro del Consejo a revisar en profundidad el sistema de indicadores, por miedo a desatar una tormenta que complique aún más estas complejas negociaciones. Pero los riesgos de sobre-estimar el impacto son tan grandes en algunos casos que varios Estados miembro mantienen la presión para endurecer al menos los criterios ambientales aplicados a la PAC, una reivindicación histórica de los verdes.

Será clave que España defienda indicadores más rigurosos y comparables para medir el impacto climático, ambiental y sanitario del gasto, así como una corrección de los coeficientes que actualmente permiten contabilizar como “verdes” inversiones incompatibles con los objetivos ambientales. Diversos análisis muestran que retrasar la acción climática tiene un coste económico muy superior al de actuar ahora. Un estudio de New Economics Foundation (NEF) estima que, en un escenario business as usual, la ratio de deuda pública sobre PIB de la UE podría alcanzar el 280% en 2070 debido a los impactos económicos del cambio climático. En este contexto, elevar del 35% al menos al 50% el objetivo horizontal de gasto climático y ambiental, acompañado de metas específicas para biodiversidad y contaminación cero, no es solo una cuestión ambiental, sino también de prudencia fiscal.

La competitividad europea debe construirse sobre la descarbonización, la innovación limpia, la reducción de dependencias fósiles y la movilización de inversión privada hacia tecnologías estratégicas

Al mismo tiempo, en el Parlamento Europeo han surgido nuevas tensiones. Sectores conservadores se han sacado de la manga un objetivo específico de gasto en competitividad, prácticamente inalcanzable, que podría desplazar ingentes recursos políticos y financieros de los compromisos climáticos. El problema no es la competitividad en sí, sino la visión reduccionista de la misma que impera en los promotores de esta ocurrencia. La competitividad europea debe construirse sobre la descarbonización, la innovación limpia, la reducción de dependencias fósiles y la movilización de inversión privada hacia tecnologías estratégicas, y no mediante una relajación de las salvaguardas ambientales o de los mecanismos de rendición de cuentas.

Participación regional y salvaguardas ambientales, en riesgo

Los borradores para el diseño de los nuevos PCNR están generando preocupación en varios frentes. Aunque incorporan algunos avances, como el reconocimiento del papel de las comunidades energéticas y una mayor presencia de los capítulos regionales, faltan los mecanismos concretos para garantizar una participación efectiva de regiones, municipios y sociedad civil en todo el proceso. Se trata de concretar y garantizar estos principios más allá de las buenas intenciones y las redacciones ambiguas, con mecanismos claros de comprobar si se cumplen y medidas claras en caso de que no.

Especialmente preocupante es el debilitamiento del principio de “no causar un perjuicio significativo” al medio ambiente mediante excepciones ligadas a defensa e investigación, así como la desaparición de la revisión intermedia del presupuesto, una herramienta clave para hacer un seguimiento efectivo y vinculante a mitad de periodo.

España debe defender una gobernanza verdaderamente multinivel, con participación temprana y vinculante de regiones, entidades locales, interlocutores sociales, academia y sociedad civil. También debe exigir reforzar el principio DNSH (“no causar un perjuicio significativo”), evitando que las excepciones terminen vaciándolo de contenido.

Existen programas con una eficacia demostrada que podrían perder peso o protección presupuestaria en la nueva arquitectura del presupuesto europeo. El caso más evidente es LIFE, principal instrumento de la UE para la acción climática y ambiental. En paralelo, diversos actores científicos y parlamentarios han reclamado preservar la autonomía y la financiación de Horizonte Europa. Es clave que ambos programas cuenten con presupuestos suficientes y garantías claras para cumplir sus objetivos.

Mucho más que una discusión presupuestaria

Lo que se negocia estos meses no es únicamente un reparto de fondos. El debate refleja una disputa más amplia sobre el rumbo de la Unión Europea: si las nuevas prioridades geopolíticas acabarán desplazando los compromisos sociales y climáticos o si Bruselas será capaz de identificar qué inversiones nos llevan simultáneamente a sostener ambas agendas, aunque eso signifique enfrentar los intereses económicos de grandes lobbys.

La reunión del Consejo Europeo de esta semana será una de las primeras oportunidades para comprobar hasta qué punto el Gobierno español está dispuesto a traducir en posiciones negociadoras concretas sus habituales declaraciones en favor de la transición ecológica, la cohesión territorial y la autonomía estratégica europea.