Universidad pública
La universidad pública madrileña sale a la calle para defender su futuro

Estudiantes, profesores y sindicatos hacen un llamamiento para acudir el día 19 a la Asamblea de Madrid para denunciar la “asfixia económica” que sufren los centros públicos con un presupuesto insuficiente.
Concentración Universidad Pública Asamblea de Madrid - 5
Concentración de la Comunidad de Madrid frente a la Asamblea de Madrid el pasado jueves 5 de diciembre. Edu León

La foto que se tomó el pasado jueves donde un sonriente consejero de Educación, Ciencia, y Universidades del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, posa al lado de la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y los rectores de las seis universidades públicas madrileñas no supone ni mucho menos un punto y final para las reivindicaciones de la comunidad universitaria. Aunque la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, rectificó al rechazar el programa, los centros formativos siguen exigiendo un aumento del presupuesto. La firma del programa María Goyri, donde el Gobierno central destina 117 millones de euros para la creación de 656 plazas de profesores/as ayudantes doctor junto al aporte regional que se traducirá en 1.091 plazas totales en la Comunidad de Madrid, no supone más que un parche para docentes, estudiantes y sindicatos.

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Por eso, anuncian movilizaciones para este próximo día 19 de diciembre donde piden a toda la comunidad universitaria de las seis universidades públicas madrileñas que acudan a una concentración a las 12 de mañana en la Asamblea de Madrid. “Es el día que se van a aprobar los presupuestos y es importante que estemos presentes para mostrar que nos oponemos radicalmente a una fascinación tan irrisoria”, explica Luis Lloredo, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, que recuerda que es “solo para mantener todo como está son 200 millones y se dan 47 millones”. “Es un signo mal de la infrafinanciación que llevamos sufriendo años”, explica e indica que cree que es importante unirse y constituir una plataforma universitaria pública para dejar de apoyar la privada. Seis frente a quince centros privados actualmente en la Comunidad de Madrid, recuerda.

“Es un signo mal de la infrafinanciación que llevamos sufriendo años”, explica Luis Lloredo, profesor de Filosofía del Derecho de la UAM

Al llamamiento de salir a la calle se han unido sindicatos como CGT, CCOO o UGT. El primero de estos señala en un manifiesto que “a pesar de la permanente insuficiencia financiera a que les somete el gobierno regional, las Universidades Públicas de Madrid constituyen una de las señas de identidad de nuestra Comunidad y el motor de la investigación científica y de su desarrollo, al tiempo que garantizan una educación superior de calidad y en igualdad para los ciudadanos”. “El desprecio de la Comunidad de Madrid hacia la universidad pública viene de largo” y recuerdan que “esta región es la comunidad autónoma en la que las familias pagan más de matrícula” y la que “menor parte del PIB per cápita destina a la universidad pública de todo el país: 13,9%, frente al 27,8% de media nacional”, indican.

La catedrática de la UCM, Eva Aladro explica que quieren “un compromiso real de la Comunidad de Madrid con los contratos a cinco años del programa María Goyri porque son el futuro de la universidad”

“En la Universidad Complutense de Madrid tenemos un problema de financiación crónico porque desde 2009, hace quince años, se dejó de financiar como es debido por la crisis. Pero cuando se produce la subida de inflación, el presupuesto no sube, lo que consideramos es que se ha bajado un 15% de poder adquisitivo”, comenta a El Salto la catedrática de la UCM, Eva Aladro. “Pedimos que la subida no sea un parche para pasar el año, si no para mantener dignamente la calidad de la enseñanza” y explica que quieren “un compromiso real de la Comunidad de Madrid con los contratos a cinco años del programa María Goyri porque son el futuro de la universidad”. Aladro también pone el foco en la Ley de universidades autonómica que ha anunciado Viciana, que según esta profesora de la UCM, será “muy restrictiva en cuanto a la libertad de la comunidad, que plantea restringir la capacidad de manifestarse de los estudiantes y del profesorado al considerar que cualquier maniobra de protesta perturba la vida universitaria y podrá sancionar a las universidades donde se hagan acampadas o acciones de opinión”. “Otra faceta de la mala relación que tiene el Gobierno de Ayuso con la universidad pública madrileña”, opina.

Para Rubén Juste, profesor de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Carlos III, explica que las transferencias de fondos de la Comunidad de Madrid han bajado del 90% de coste de personal al 60% que cubre ahora en su centro. Esto, indica, también se traduce en acciones como quitar grados, competir con la privada. “Se ha visto el crecimiento del 120% de la privada y lo que hay detrás de esta infrafinanciación de la pública es fomentar la privada, sin basarse en que sean mejores, solo que sean un negocio”, indica.

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“Supone forzar a la universidad a financiarse de otros lados, que es su idea, que lo público no sea público”, explica, muy en línea con lo que señala Eva Aladro con la nueva ley autonómica. “Pone en bandeja a las empresas o fundaciones que quieran desgravarse impuestos entrando en los servicios públicos, como pasó en EEUU cuando empezaron las donaciones y supuso una privatización y un acceso con criterio no objetivos”. El modelo anglosajón o el modelo de ‘universidades garaje’, que abren rápidamente y cierran igual de rápido, “muy comunes en Latinoamérica”, explica Juste.

“No solo me preocupa la falta de recursos, sino también la incertidumbre laboral a la que te sometes, y ya ni hablar de la falta de apoyo que tenemos por parte del resto de la sociedad”, afirma Álex Mármol, estudiante de la UAM

“Parece que pretende echarnos, que, en lugar de llenar las aulas de alumnos de diferentes entornos y realidades, busca vaciarlas, dejando a un tipo de estudiante muy concreto, mediante un sesgo bien marcado”, explica Irene Calvo Gómez, estudiante de la UAM. “Yo soy, para mi suerte o mi desgracia -explica Álex Mármol, estudiante también de la Autónoma-, una de esas personas que les gustaría emprender la carrera investigadora. En la UAM, por supuesto. Y la verdad es que me aterra, me aterra el hecho de que estoy enfocando mi etapa estudiantil a seguirla de una carrera investigadora que no sé si se me permitirá hacer, ni las condiciones en las que podré hacerla. No solo me preocupa la falta de recursos, sino también la incertidumbre laboral a la que te sometes, y ya ni hablar de la falta de apoyo que tenemos por parte del resto de la sociedad”.

“Este abandono de las universidades no significa únicamente el abandono de los trabajadores y los estudiantes, sino también de ese centro clave, origen de diversidad, ideas y movimientos. Lo que es precisamente posible gracias a su carácter público, que permite ese acceso a un mayor número de personas”, opina Calvo Gómez. Preguntado por qué necesita la universidad para funcionar, Mármol lo tiene claro: “Recursos, sobre todo recursos. Pero también credibilidad. Necesitamos poder pagar a todas las personas empleadas sin tener que apretarnos el cinturón, y no sólo eso, necesitamos poder pagar también todas las reformas que nuestras infraestructuras necesitan, pues no podemos estudiar con el miedo de que se nos caiga un techo en la cabeza, porque está ocurriendo”. “Si desde los cargos más importantes se nos intenta humillar públicamente -prosigue-, el apoyo público que tenemos disminuye, y eso es peligroso a la hora de la difusión y aplicación de los resultados de las investigaciones. Necesitamos que nos tomen en serio”.

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