Violencia machista
2025 marca un hito en la conversación pública sobre poder y violencia sexual: Errejón, Salazar, Suárez…

El ciclo que empezó en abril de 2018 con la primera sentencia de La Manada y que llevó a una conversación pública sobre violencia sexual que acabó cristalizando en la aprobación de la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual ha alcanzado un hito en 2025. 

El año empezó con el comienzo del juicio a Íñigo Errejón a mediados de enero. A finales del año, el juez, que recibió cientos de quejas por su interrogatorio a la denunciante, acordó procesarlo y la Fiscalía pidió el archivo de la causa. En las mismas semanas, una avalancha de denuncias a políticos de varios partidos puso en evidencia lo que las feministas y las estadísticas llevaban tanto tiempo denunciando: que lo que conocemos es solo la punta del iceberg.

La denunciante de Suárez explica en su escrito de denuncia que en 1983, cuando ocurrió el primer episodio: “No supe poner nombre a lo que había pasado”

El conocimiento de una denuncia contra el expresidente Adolfo Suárez, esa figura que en el imaginario popular representa el consenso, el corazón de la transición española, cerró el círculo. La líder de Podemos, Iones Belarra, se expresaba así: “Cuántos padres de la democracia que nos han dicho que había que admirar en realidad eran agresores sexuales y pedófilos”. “Presiento que estamos a las puertas de un #MeToo en el ámbito político de proporciones inimaginables”, decía Bárbara Tardón.

Este es el resumen de un año que solo se entiende por el cambio de mirada sobre la violencia sexual. La denunciante de Suárez explica en su escrito de denuncia lo que sintió en 1983 cuando ocurrió el primer episodio: “No supe poner nombre a lo que había pasado”. En 2025, cada vez somos más las que sabemos poner nombre a las cosas. Y eso tiene consecuencias.

Errejón, Salazar, Suárez

El 9 de diciembre de 2025, una mujer presentó una denuncia contra e expresidente del Gobierno Adolfo Suárez. En ella relataba varios episodios de violencia sexual continuada que empezaron en 1981, cuando ella tenía 17 años y él 50, y que se prolongaron a lo largo de tres años. 

La mujer describe en la denuncia cómo conoció a Suárez tras ser citada en su despacho. Ella le había escrito una carta mostrando su admiración. Le pedía consejo sobre qué estudiar: “Para poder ayudar a mi país y a mi gente”. Esa primera vez, él le recomendó estudiar política. Le dijo que la podría ayudar. En medio de la conversación, relata, “me preguntó que si tenía novio y que si usaba anticonceptivos”. Al día siguiente, la volvieron a llamar del despacho. Él le prestó unos libros. Unos meses después, se produjo la cita que la mujer dice recordar con “horror”. Un episodio que dio comienzo a tres años en los que Suárez, según explica, usó su evidente posición de poder “para someterla”, unos hechos que han marcado su vida para siempre, dice la mujer en su escrito de denuncia: “Llevo 43 años sufriendo una revictimización constante”.

Diciembre llegó también con titulares sobre el caso Errejón. El 16 de enero de 2025 dio comienzo el juicio. El caso había saltado en octubre de 2024 tras una denuncia anónima publicada en la cuenta de Instagram de la periodista Cristina Fallarás. Gracias a las redes, se hizo público que Íñigo Errejón era el nombre de la persona a la que se refería la mujer y Errejón acabó presentando su dimisión. Un día después, la actriz Elisa Mouliaá presentó una denuncia contra el político. 

Es a mediados de enero cuando tanto Errejón como Mouliaá son citados a declarar en los Juzgados de Plaza Castilla en Madrid. Allí, Errejón negó todas las acusaciones de la denunciante, que también declaró ese día. La comparecencia no estuvo libre de polémica por el tono del juez Adolfo Carretero con la actriz durante la vista. El CGPJ llegó a abrir una investigación contra el magistrado tras recibir más de 900 denuncias por la manera en la que se dirigió a ella.  

En noviembre, Carretero decidió procesar a Errejón por un presunto delito de agresión sexual por considerar “coherente” y “sin vaguedades ni contradicciones” el testimonio de la actriz. El 17 de diciembre, se hizo público que la Fiscalía anunció que pediría el archivo de la causa.

La violencia sexual también ha tenido consecuencias este año en el PSOE. El socialista Francisco Salazar, que iba a ser nombrado adjunto a la Secretaria de Organización después de que saliera a la luz el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, renunció a su cargo después de que elDiario.es hiciera público el testimonio de una mujer acusándole de acoso sexual. Varias mujeres describían comportamientos “de acoso sexual” a sus subordinadas en el partido y en el Gobierno y un ambiente de trabajo sexualizado e “irrespirable”.

No es el único caso que ha afectado al PSOE. El alcalde de Almussafes, en Valencia, Toni González, fue suspendido de militancia en diciembre a raíz de una denuncia. Ocurrió lo mismo con el secretario general del PSOE de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, y con el alcalde Belalcázar, en Córdoba, Francisco Luis Fernández Rodríguez. El PSOE abrió en diciembre un expediente además a Javier Izquierdo, miembro de la ejecutiva socialista federal y exsenador por Valladolid. El alcalde de Barbadás en Ourense, Xosé Carlos Valcárcel Doval, fue denunciado por acoso laboral, después de, presuntamente, haber presionado a una víctima de acoso sexual por parte de un miembro de su equipo.

También en diciembre, trascendió que un juzgado de Segorbe investigaba al alcalde del pueblo castellonense de Jérica, Jorge Peiró, del PP, por sendos delitos de agresión sexual a dos víctimas menores de edad. En Vox, Javier Esteban, responsable de redes sociales de Vox, dimitió después de que ABC publicara que había sido denunciado por acoso sexual a un militante que entonces tenía 16 años y al que, según su testimonio, tocó con ánimo sexual y sin su consentimiento.

La justicia y el consentimiento

En marzo de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) absolvió a Dani Alves del delito de agresión sexual por el que había sido condenado a cuatro años y medio de cárcel en 2024. El exfutbolista brasileño había sido condenado por un delito de violación a una mujer de entonces 23 años ocurrida en los baños de un reservado de la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022. El tribunal estimaba así el recurso presentado por la defensa del futbolista y desestimaba otros dos recursos: uno de la Fiscalía, que pedía elevar la pena a los nueve años de prisión, y otro de la acusación particular, que pedía subirla hasta los 12 años. Se pronunció así, remitía el juzgado, por “las insuficiencias probatorias”.

La sentencia es simbólica porque el de Alves fue el primer juicio que alcanzó notoriedad pública tras la aprobación de la Ley Orgánica 10/2022 de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. La primera sentencia dio plena credibilidad a la denunciante en texto que ponía el consentimiento en el centro y valoraba en profundidad el testimonio.

Renovación del Pacto y Macroencuesta

Este año el Ministerio de Igualdad ha presentado la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024, la mayor operación estadística sobre violencias machistas en España, que arroja que una de cada tres mujeres en España, el 30,3%, ha experimentado al menos un tipo de violencia por parte de su pareja o expareja. Eso sería 2,7 millones de mujeres. 

Sobre violencia sexual, la encuesta muestras que el 14,5% de las mujeres residentes en España de 16 o más años ha sufrido violencia sexual fuera del ámbito de la pareja a lo largo de la vida y el 7,4% la han sufrido en la infancia. Además, el 3,1% de las mujeres ha sido víctima de una violación. Sobre la relación de las víctimas con los agresores, la macroencuesta muestra que la mayor parte de las violaciones son cometidas por hombres que la mujer conocía de forma previa a la agresión. El 23,1% de los agresores fueron familiares, el 62,7% amigos o conocidos y el 12% desconocidos. Igualmente, el 10,4% de las mujeres que ha soportado violencia sexual fuera del ámbito de la pareja, sufrió agresiones en las que participó más de una persona.

Las denuncias de violencia sexual se han producido en el año en el que el Congreso aprobó la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia se Género. Fue el 26 de febrero de 2025. El Pacto amplía las medidas que incluía en 2017 de 46 a 290. Además, incluye el reconocimiento de nuevos ejes: violencia vicaria, violencia económica y violencia digital. 

En ese mismo lugar, el Congreso que aprobaba la renovación del Pacto de Estado, tuvo lugar en septiembre la jornada Ideología de género y denuncias falsas España/Argentina, de la mano de Anavid. Esta asociación ha celebrado ya otras dos jornadas, siempre con la misma tesis: los hombres son víctimas de las leyes de violencia de género. Ese tipo de asociaciones no son nuevas, pero nunca han tenido tanto espacio institucional ni tanta ventaja: al contrario de lo que ocurre con las organizaciones de mujeres, a estas redes nadie las acusa de trama criminal.

Violencia sexual en la infancia

Y precisamente una de las batallas de Anavid es la que mantiene contra las madres protectoras. Mientras estas mujeres se ven envueltas en procesos judiciales que las machacan cuando denuncian la violencia que sufren sus hijos e hijas, este año hemos conocido algunos datos sobre violencia sexual intrafamiliar, un tipo de violencia no tan presente en el debate público, y donde las madres tienen un papel fundamental como denunciantes de esta violencia, algo que de algún modo reconoce el Ministerio de Infancia con su propuesta de reforma de la Ley de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. 

En esta reforma se plantean medidas como ampliar el derecho de niñas, niños y adolescentes a ser escuchados o garantizar defensa letrada propia. El borrador que se conoció a finales de año es fruto del trabajo de un grupo de expertas de ámbitos como la judicatura, la psicología, la sociología, la pediatría o el trabajo social con un destacado enfoque en perspectiva de infancia y de género, algo que se refleja en las medidas relacionadas con el del Síndrome de Alienación Parental: prohibir medidas coercitivas que fuercen al niño a mantener un vínculo con el progenitor que rechaza y hacer una investigación exhaustiva para confirmar que no hay violencia o control coercitivo detrás de ese rechazo es uno de los objetivos de la reforma. La reforma de los aspectos que tienen que ver con el Ministerio de Justicia se plantean como el principal reto.