Violencia machista
Mucho más que una carpa: diez años de Puntos Violeta tras La Manada

Cuando hoy pensamos en un Punto Violeta es fácil imaginar una caseta instalada durante unas fiestas patronales. Un lugar al que acudir tras una agresión sexual, pedir información o recibir acompañamiento. Sin embargo, esa imagen apenas cuenta una parte de la historia.

Diez años después de que los Puntos Violeta comenzaran a extenderse por fiestas y municipios de todo el Estado, conviene detenerse a observar el camino recorrido. ¿Qué ocurre cuando una reivindicación nacida en el movimiento feminista deja de ser una protesta para convertirse en una política pública? ¿Hasta qué punto esa institucionalización ha cambiado realmente la forma de prevenir, detectar y atender las violencias sexuales? ¿Y qué queda de ella en un momento marcado por el avance de los discursos reaccionarios?

La historia suele contarse de forma sencilla. El caso de La Manada, las movilizaciones feministas y, después, la proliferación de Puntos Violeta. Pero esa cronología deja fuera décadas de trabajo previo.

Los Puntos Violeta no nacieron en una institución. Mucho antes de que el distintivo morado se hiciera reconocible para la mayoría de la población, colectivos feministas ya recorrían las fiestas denunciando las violencias sexuales

Los Puntos Violeta no nacieron en una institución. Mucho antes de que el distintivo morado se hiciera reconocible para la mayoría de la población, colectivos feministas ya recorrían las fiestas denunciando unas violencias que apenas encontraban reconocimiento institucional, acompañando a mujeres y reclamando que dejaran de ocultarse para no manchar la imagen de las fiestas.

En Navarra, la asociación Andrea —posteriormente Lunes Lilas— llevaba haciéndolo desde los años ochenta. “”No pasó de la calle a la institución. Pasó primero del movimiento feminista a la sociedad», resume Teresa Sáez Barrao, activista de Lunes Lilas, pedagoga y técnica de Igualdad ya jubilada. Solo después dio el salto a las instituciones.

Ese matiz es importante. Antes de que existieran protocolos, presupuestos públicos o dispositivos estables, tuvo que producirse una transformación cultural: dejar de considerar las agresiones sexuales un riesgo inevitable de la noche para entenderlas como un problema estructural que limitaba la libertad de las mujeres en el espacio público.

El asesinato de Nagore Laffage en los Sanfermines de 2008 y, años más tarde, la enorme sacudida social provocada por el caso de La Manada aceleraron un proceso que ya estaba en marcha. Lo que comenzó como una respuesta organizada desde el movimiento feminista fue ganando presencia en las fiestas populares hasta convertirse en una referencia para administraciones, entidades organizadoras y profesionales que trabajaban en estos espacios.

Diez años después de La Manada, aquella reivindicación nacida en la calle se ha convertido en una realidad presente en fiestas, festivales, universidades, centros educativos y otros muchos lugares. Su recorrido permite observar cómo un conocimiento construido por el movimiento feminista ha terminado incorporándose a las instituciones, modificando no solo los recursos disponibles, sino también la manera en que muchas administraciones entienden su responsabilidad frente a las violencias sexuales, incluso en un momento en que las políticas de igualdad vuelven a situarse en el centro de la disputa política.

La institucionalización de la carpa

Ese proceso de institucionalización tampoco consistió en trasladar sin más una experiencia del movimiento feminista a las administraciones. A medida que los Puntos Violeta se extendían, también lo hacía el conocimiento acumulado durante décadas por asociaciones, profesionales especializadas y teoría feminista. La intervención dejó de centrarse únicamente en la respuesta ante una agresión para incorporar cada vez más tareas de prevención, formación y planificación.

Es un trabajo que rara vez ve quien acude a una fiesta. Mucho antes de que se instale la carpa, los equipos participan en reuniones con ayuntamientos, entidades organizadoras y otros servicios para revisar cómo será el espacio. Se analiza la ubicación de los baños, los recorridos, la iluminación, la accesibilidad para personas con discapacidad, la atención en distintos idiomas, los protocolos de derivación o la coordinación con servicios sanitarios, cuerpos de seguridad y personal de organización. “La carpa es solo una parte”, explica Pili de Nicolás, técnica social del Punt Lila de Girona e integrante de Projecte Lilith, al describir un trabajo que comienza semanas antes de que empiece el evento.

Incorporar la mirada feminista no significa añadir un dispositivo de seguridad al espacio público, sino replantear cómo se diseña, cómo se gestiona y quién puede habitarlo en condiciones de libertad

Ese trabajo permite entender los Puntos Violeta como algo más que un recurso de atención. Constituyen una infraestructura feminista formada por protocolos, formación, coordinación institucional, planificación del espacio y saberes acumulados durante décadas por el movimiento feminista. La geógrafa feminista Leslie Kern sostiene que las ciudades no son simplemente escenarios donde ocurren las desigualdades, sino espacios construidos desde determinadas experiencias y relaciones de poder. Desde esa perspectiva, incorporar la mirada feminista no significa añadir un dispositivo de seguridad al espacio público, sino replantear cómo se diseña, cómo se gestiona y quién puede habitarlo en condiciones de libertad. Esa es precisamente la lógica que subyace al trabajo previo de los Puntos Violeta.

Esa planificación va acompañada de otro elemento que ambas entrevistadas consideran clave: la formación. No solo de las profesionales que integran los Puntos Violeta, sino también del personal de seguridad, de las personas voluntarias, de quienes organizan las fiestas y de otros servicios que pueden intervenir ante una situación de violencia sexual. El objetivo no es únicamente ofrecer una respuesta adecuada cuando ocurre una agresión, sino generar entornos donde más personas sepan detectarla, actuar sin revictimizar y activar los recursos disponibles.

Ese es, probablemente, uno de los cambios más profundos de la última década. La imagen más conocida sigue siendo la de una carpa morada instalada en mitad de unas fiestas. Pero detrás de ella existe un trabajo mucho menos visible que ha ido permeando la organización de los espacios públicos. Los Puntos Violeta ya no son solo un lugar al que acudir; son también la expresión visible de un conocimiento construido durante décadas por el movimiento feminista que, con el tiempo, ha terminado incorporándose a las instituciones.

Un lugar donde hablar de lo que no se cuenta

Si algo comparten ambas entrevistadas es la idea de que la función más importante de un Punto Violeta no empieza cuando se produce una agresión. Empieza mucho antes. “La función principal es la sensibilización”, explica Pili de Nicolás. “Tenemos dinámicas donde las personas que se acercan pueden participar. Trabajamos igualdad, diferentes violencias, identidades diversas y, en algunos dispositivos, también educación sexual y drogas”. Solo después llega la segunda función: “la asistencia, por si hay algún tipo de agresión o cualquier problema que ocurra en la fiesta”.

Esa labor preventiva pasa, muchas veces, por conversaciones que difícilmente tendrían lugar en otros espacios. De Nicolás explica que utiliza la educación sexual como puerta de entrada porque es un tema que despierta interés entre adolescentes y jóvenes. “”Cuando hablas de sexualidad y hablas de placer, todo el mundo abre las orejas”, cuenta. A partir de ahí, la conversación deriva hacia el consentimiento, el respeto o la violencia sexual. “Intento ponerles información importante cuando ya estamos metidos en una conversación en la que están interesados”.

El dispositivo termina convirtiéndose en un espacio donde afloran violencias que permanecían ocultas y desde el que puede iniciarse una derivación a recursos especializados, explica Pili de Nicolás, técnica social del Punt Lila de Girona e integrante de Projecte Lilith

Ese enfoque pretende alejarse de los discursos construidos exclusivamente desde el miedo o la prohibición. “Intentamos reconstruir una alternativa de sexualidad mucho más libre, abierta, mucho más placentera”, explica. “Meter mucha información desde lo positivo y todo lo que pueden conseguir cambiando ese paradigma que tienen tan establecido”.

Pero quizá uno de los aspectos que más se repite durante ambas entrevistas es que muchas de las historias que llegan a un Punt Lila ni siquiera han ocurrido allí. “Dentro de la fiesta no son tantos casos”, explica De Nicolás. “Lo que más llega son cosas que te cuentan que han sufrido con su pareja, con su expareja, con el padre de sus hijos, casos que les han pasado en el instituto…”. El dispositivo termina convirtiéndose en un espacio donde afloran violencias que permanecían ocultas y desde el que puede iniciarse una derivación a recursos especializados.

Teresa Sáez Barrao coincide en señalar esa función. “Lo más importante de la caseta es que ahí aparecen denuncias que no aparecen en otros sitios”, explica. Pero insiste en que el objetivo no termina en recoger ese relato: “”Hay que garantizar que cuando aparecen no es solo tomar nota, sino acompañar a esa mujer hasta donde decida”.

Ese acompañamiento tampoco se limita a quien ha sufrido una agresión. A los Puntos Violeta llegan amigas que preguntan cómo ayudar a otra amiga, chicos que cuentan conflictos en sus relaciones, adolescentes con dudas sobre sexualidad o familias con niñas y niños pequeños. “”Lo que nos interesa es que empiecen a tener el símbolo de que es guay ir a un Punt Lila”, dice De Nicolás. “Que lo vinculen con algo chulo de la fiesta”.

Para ambas, esa normalización constituye una de las transformaciones más importantes de la última década. Ya no se trata únicamente de disponer de un recurso cuando ocurre una agresión, sino de que exista un lugar reconocible donde hablar, pedir ayuda, recibir información o simplemente empezar una conversación que, de otro modo, quizá nunca habría tenido lugar.

Lo que ya ha echado raíces

Diez años después de La Manada, los Puntos Violeta siguen enfrentándose a críticas y a un contexto político menos favorable que el de hace unos años. Sin embargo, las dos entrevistadas coinciden en que hay cambios que difícilmente pueden deshacerse. No solo porque existan más dispositivos, sino porque la forma de entender las violencias sexuales ha cambiado también entre quienes organizan las fiestas.

Ese cambio también puede observarse en la extensión que han alcanzado estos dispositivos. En la última década, numerosas comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos han desarrollado protocolos específicos para fiestas y eventos multitudinarios, mientras que los Puntos Violeta han pasado de ser experiencias impulsadas por colectivos feministas a incorporarse de forma habitual en la programación de celebraciones locales, festivales y grandes eventos. Aunque no existe un registro estatal unificado que permita cuantificarlos, su presencia se ha generalizado en buena parte del territorio español.

Pili de Nicolás explica que hoy son los propios ayuntamientos quienes solicitan este servicio de forma habitual y que cada vez existen más entidades especializadas capaces de ponerlo en marcha. “”Cada vez hay más demanda”, resume. Lo que comenzó como una reivindicación del movimiento feminista forma parte hoy de la planificación ordinaria de muchas fiestas y eventos. No significa que el trabajo esté terminado, pero sí que ha dejado de ser una iniciativa excepcional para convertirse en un recurso que numerosas administraciones consideran necesario.

Ese cambio también se percibe en quienes comparten el espacio de trabajo. De Nicolás explica que, con frecuencia, personal de seguridad o de organización que inicialmente podría parecer ajeno a estos planteamientos acaba implicándose de forma activa y colaborando con el Punto Violeta cuando detecta una situación que requiere atención. Teresa Sáez Barrao insiste en que esa implicación no puede recaer únicamente sobre el personal del Punto Violeta: la prevención y la respuesta ante las violencias sexuales requieren la participación coordinada de todas las personas y servicios que hacen posible una fiesta. La prevención deja así de depender únicamente del Punto Violeta para convertirse en una responsabilidad compartida.

Teresa Sáez Barrao, activista de Lunes Lilas, insiste en que el reto no consiste únicamente en mantener estos recursos, sino en evitar que se conviertan en un gesto simbólico vacío

Pero esa responsabilidad compartida no surge de manera automática. Teresa Sáez Barrao insiste en que el reto no consiste únicamente en mantener estos recursos, sino en evitar que se conviertan en un gesto simbólico vacío. Un Punto Violeta requiere profesionales especializadas, formación específica para todas las personas implicadas en el dispositivo, evaluación y coordinación entre servicios. De lo contrario, advierte, corre el riesgo de quedarse en un distintivo sin capacidad real de transformar nada.

La politóloga Carol Bacchi sostiene que las políticas públicas no solo responden a los problemas, sino que también contribuyen a definir qué problemas existen y cómo deben abordarse. En ese sentido, la consolidación de los Puntos Violeta refleja un cambio más profundo que la creación de un nuevo servicio: supone que muchas instituciones han incorporado una forma distinta de comprender las violencias sexuales, desplazando el foco desde la reacción ante una agresión hacia la prevención, la responsabilidad colectiva y la transformación de los espacios festivos.

Para Teresa Sáez Barrao, ese desplazamiento va incluso más allá de las propias violencias sexuales. En San Fermín, explica, el movimiento feminista terminó abriendo debates sobre quién sostenía realmente la fiesta, quién asumía los trabajos de cuidados o quién lavaba la ropa blanca después de cada jornada. La discusión dejó de limitarse a las agresiones para cuestionar el propio modelo de celebración y las desigualdades que lo atravesaban.

Aun así, ambas comparten una misma convicción. Aunque el contexto político haya cambiado y los discursos reaccionarios hayan ganado espacio en los últimos años, hay aprendizajes colectivos que difícilmente pueden borrarse. Durante más de una década, el movimiento feminista no solo ha conseguido impulsar nuevos recursos, sino también modificar la manera en que muchas instituciones, profesionales y buena parte de la sociedad comprenden las violencias sexuales y la responsabilidad colectiva para prevenirlas. Como resume Teresa Sáez Barrao, “”lo que ya ha entrado en el cuerpo, difícilmente puede borrarse”.