Violencia policial
162 personas murieron en actuaciones o bajo custodia policial en España entre 2015 y 2022

Stefan Lache fue detenido una noche de sábado por agentes de la Policía Nacional en el barrio de Carabanchel, en Madrid, por no llevar encima la documentación. Le llevaron al calabozo de la comisaría. “En la madrugada me llamó mi primo, que estaba con él; me dijo que la policía les paró para identificarles y se lo llevaron a comisaría porque no llevaba la cartera encima”, recuerda su viuda, Liliana Gheorghe. Al día siguiente, encontraron su cuerpo sin vida. Tenía 28 años. Fue el 15 de abril de 2018, y aún hoy su familia sigue reclamando que se investigue su muerte.

Lache fue una de las seis personas que murieron bajo custodia de la Policía Nacional o la Guardia Civil ese año, según los datos facilitados por el Ministerio de Interior. Su muerte fue clasificada como “natural”. Entre 2015 y 2022 fueron 162 las personas que murieron bajo custodia o en operaciones de la Policía Nacional, Guardia Civil, Ertzaintza y Mossos d’Esquadra, según datos aportados por estas instituciones. Es una cifra que no incluye a los al menos 23 fallecidos en Melilla en junio de 2022.

Tampoco las muertes relacionadas con los cuerpos de policía local, de los que el Ministerio de Interior no recopila datos, según asegura a Civio. Su número podría equipararse al de las muertes registradas en relación con la Policía Nacional, según estima Jorge del Cura, activista que lleva décadas haciendo seguimiento de este tema y que en 2019 recibió el Premio Nacional de Derechos Humanos de la Asociación Pro Derechos Humanos de España (Apdhe).

De las 162 muertes registradas en España entre 2015 y 2022, solo en 25 casos las administraciones han facilitado información sobre la nacionalidad de la persona fallecida, once eran extranjeros

En 2023, según la información facilitada a raíz de una pregunta parlamentaria del diputado de Bildu Jon Iñárritu, publicada por La Marea, hubo otras 17 muertes en actuaciones de Policía Nacional y Guardia Civil. De las 162 muertes registradas en España entre 2015 y 2022, solo en 25 casos las administraciones han facilitado información sobre la nacionalidad de la persona fallecida: en 21 de los 27 que tuvieron relación con los Mossos d’Esquadra, en tres de los cuatro con la Ertzaintza, y solo en uno de los 131 de la Policía Nacional y la Guardia Civil. En once de estos 25 casos, eran personas de origen extranjero. “Muchas veces ni ellos ni sus familias saben lo que ha pasado, no saben cómo ponerse en comunicación con colectivos de derechos humanos ni cómo actuar”, explica Del Cura, que señala que la gran mayoría de personas que mueren bajo custodia o en operaciones policiales pertenecen a colectivos vulnerables y sin medios, como personas migrantes en situación irregular.

Sufrir una enfermedad mental también es un factor importante. “Numerosas intervenciones policiales en las que ha muerto una persona están relacionadas con trastornos en la salud de estas personas y que por diferentes motivos se originan normalmente a requerimiento de familias o convivientes”, señalan desde la institución que dirige a los Mossos d’Esquadra. Desde 2015 hasta 2022 hay al menos 20 casos de muertes en contacto con las policías españolas en las que la persona fallecida sufría de una enfermedad mental o estaba en estado de agitación.

488 fallecidos entre 2020 y 2022 en trece países de la UE

Las cifras de muertes relacionadas con los cuerpos policiales en España son parecidas a las de otros Estados europeos. Entre 2020 y 2022, al menos 488 personas murieron bajo custodia o en operaciones policiales en los 13 países de la Unión Europea que han accedido a dar información o publican informes de acceso público. En números totales, según los datos obtenidos, Francia está a la cabeza: entre 2020 y 2022 contó 107. Le siguen Irlanda, España y Alemania, con 71, 66 y 60 respectivamente. Pero la información ofrecida por varios países es incompleta.

Los disparos con arma de fuego por parte de los agentes policiales son la primera causa de muerte en la UE. De las 487 personas fallecidas en contacto con la policía entre 2020 y 2022, estos trece países han dado datos de causa de la muerte en 262 casos. De ellos, 98 murieron por disparos de los agentes. 41 fueron en Francia y 27 en Alemania. Una cifra muy distinta a la registrada por España, donde solo se han registrado ocho muertes por esta causa en esos tres años, once desde 2015.

Iridia consigue reabrir judicialmente el caso de una muerte por pistola taser policial

Tomás Muñoz

Violencia policial

Violencia institucional Iridia consigue reabrir judicialmente el caso de una muerte por pistola taser policial

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Es uno de los 56 casos en los que ha litigado la entidad de derechos humanos en 2023 y en los que hay un total de 156 agentes o funcionarios encausados.

A estas muertes se suman aquellas en las que se han empleado otro tipo de armamento no letal, como las pistolas táser, en ocasiones con protocolos de uso que no cumplen las recomendaciones del fabricante. Las administraciones españolas no han dado información sobre uso de táser en las muertes relacionadas con la policía, pero en uno de los casos, el Departament de Seguretat catalán ha confirmado que hubo un arma involucrada, sin concretar cuál. La persona fallecida era Antonio, vecino de Badalona que sufría de esquizofrenia y que murió en noviembre de 2021 tras recibir seis descargas de esta pistola eléctrica.

La causa de muerte más repetida en los datos facilitados por la administración española es la “natural”, con 65 personas fallecidas desde 2015, 27 de ellas entre 2020 y 2022

La causa de muerte más repetida en los datos facilitados por la administración española es la “natural”, con 65 personas fallecidas desde 2015, 27 de ellas entre 2020 y 2022. En al menos 16 de estos casos la persona murió cuando estaba siendo reducida por los agentes, y en cuatro de estas los datos facilitados confirman que la persona había consumido drogas. La mayoría de estas 65 muertes consideradas naturales —36 en concreto— han tenido lugar en los calabozos policiales pero no hay más datos sobre el contexto en el que se produjeron.

“En una contención física a una persona que está de coca hasta las cejas, puede tener un ataque al corazón. Sabemos que pasa y tiene un nombre: el ‘síndrome del detenido’”, apunta Del Cura. “Hay que formar a los policías para que puedan afrontarlo”, añade. También conocido como el síndrome de delirium agitado, el Ministerio de Justicia lo contempla en su Guía de buenas prácticas para la actuación médico-forense en situaciones de muertes en custodia, pero no se cita en la instrucción sobre el proceso de detención policial.

La Agencia Nacional de Mejora de la Policía británica (NPIA por sus siglas en inglés) recomienda en una guía sobre seguridad en detenciones no realizar ningún tipo de contención o reducción a personas que puedan sufrir un delirium agitado.

Stephan Lache fue una de esas personas. El atestado policial afirma que Lache estaba en una actitud agresiva y los agentes de la Policía Nacional llamaron al Samur. Las imágenes grabadas por las cámaras de la comisaría muestran que, a las 5.46, tres efectivos del Samur y dos agentes agarran a Lache y lo inmovilizan contra el suelo para ponerle una inyección que, según refleja la documentación que llegó a los juzgados, contenía 10 miligramos de Midazolam, un sedante que, según explica el Centro de Información Online de Medicamentos de la AEMPS (CIMA), solo debe administrarse cuando se disponga de equipos de reanimación.

A preguntas sobre la actuación en el caso de Lache y sobre el protocolo cuando se administra medicación de este tipo, desde la Subdirección General del Samur señalan que, cuando no se considera necesario el traslado, se incluye como recomendación que, “si el paciente empeora, se vuelva a llamar al 112, no que se traslade por otros medios al hospital”, con una nota en el informe que dice: “Usted ha sido valorado por sus lesiones y/o molestia por este Servicio y no precisa más asistencia de urgencia por dichas causas. Siga las instrucciones/recomendaciones que le ha dado nuestro personal. Si se modifican, empeoran o aparecen nuevos síntomas o molestias, debe llamar al 112 o acudir de inmediato al centro de urgencia más cercano portando nuestro informe de asistencia previa”.

El juzgado se niega a reabrir la investigación sobre la muerte de Stefan Lache en la comisaría de Carabanchel

Ter García

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La Audiencia Provincial ya recriminó a la magistrada que se niega a investigar la muerte de Lache haber archivado la causa por el borrado de los discos duros de Bárcenas sin haber realizado diligencias de investigación.

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Según los datos aportados, entre 2018 y 2022, al menos cuatro personas en España murieron después de que la policía les redujera y los servicios médicos les administraran sedantes. Tres de estas muertes tuvieron lugar solo en 2022. Pero entre estas personas fallecidas no se incluye el caso de Lache, catalogado por el Ministerio de Interior como una “muerte natural” bajo custodia policial, sin aportar más datos sobre las circunstancias de la muerte.