Violencia policial
Revocan la prescripción del caso por las amenazas del policía infiltrado Juancar a un militante

La causa por las amenazas vertidas contra una víctima de su espionaje por el agente de policía Carlos P.M. (más conocido como Juancar, la identidad falsa que utilizó para infiltrarse en movimientos sociales de Madrid) se vuelve a reabrir. La justicia ha estimado el recurso de reforma contra el archivo por prescripción, considerando los argumentos del abogado de la víctima de que no se habían computado correctamente los plazos para cerrar la causa por este supuesto.

Y ya es la segunda vez que lo hace. Tras el archivo y sobreseimiento en primera instancia en junio de 2024 por el Juzgado de Instrucción de la capital, la Audiencia Provincial estimó un primer recurso ordenando la revocación del sobreseimiento. En esa primera ocasión se argumentaba en el texto jurídico que no quedaba justificada su perpetración.

Algo que, según explicó en ese momento el abogado de la víctima, Daniel Amelang, “se suele argumentar para archivar una investigación cuando el autor del delito es desconocido o cuando no existen indicios contra la persona denunciada. En este caso, el denunciante identificó al denunciado, aportó capturas de pantalla de los mensajes y asegura que los ha escrito el denunciado”. La Audiencia Provincial le dio la razón y argumentó que, existiendo estos indicios de delito, era procedente que se celebrase el juicio por delito leve para depurar responsabilidades.

Cabe recordar que el origen de esta causa son unas amenazas del citado agente policial hacia una de las personas del colectivo en el que más tiempo pasó infiltrado, Distrito 14. La intimidación se produjo tras destaparse en este medio su verdadera identidad. En su momento, la persona denunciante en esta causa recibió en una conversación privada de la red social Instagram mensajes como “si me cruzo un día contigo me voy a emparanoiar(sic), más como vaya con la navaja de mi abuelo”.

La víctima de las amenazas explica que no le ha sorprendido “la repentina 'prisa' para intentar archivar el caso, aunque sí es destacable que ni siquiera hayan disimulado y se saltasen sus propios tiempos judiciales”

En el documento judicial que se acuerda la reapertura del juicio, se detallada que se “han llevado a cabo diligencias consistentes en averiguar la identidad del autor de los hechos denunciados, en concreto del titular de la cuenta de la red Instagram desde la que se emitieron las amenazas, para ello, se acordó por resolución emitir mandamiento a la compañía Meta así como la traducción de la documentación correspondiente, estimando que dichas actuaciones han interrumplido el plazo de un año legalmente establecido para la prescripción”. 

La víctima de las amenazas explica que no le ha sorprendido “la repentina 'prisa' para intentar archivar el caso, aunque sí es destacable que ni siquiera hayan disimulado y se saltasen sus propios tiempos judiciales”. Relata que desde que interpuso la denuncia, “la estrategia por parte de la policía ha sido la de dilatar el proceso lo máximo posible (fundamentalmente con la diligencia de solicitar a Meta la identidad del perfil de Instagram desde el que se profirieron las amenazas) para poder así agarrarse a la excusa de los plazos procesales y archivar el asunto”.

Según argumenta, esta decisión “no cambia nuestra percepción del caso: desde el principio no hemos depositado ningún tipo de esperanza en obtener una 'victoria judicial' sino que ha sido más bien una forma de cubrirnos las espaldas, ya que el autor de las amenazas es policía, cuenta con impunidad, sabe dónde vivimos y tiene acceso a armas”. 

También ha querido destacar “la diferencia de actuaciones en este caso (dilatar el proceso, ningún interés en investigar y ganas de darle carpetazo cuanto antes) con el de la detención de un militante por investigar las infiltraciones policiales, donde ahí no están escatimando en recursos, mediadas y tiempo para investigar”, aunque no se ha mostrado sorprendido por este extremo. Cabe recordar que el denunciante de estas amenazas fue detenido el pasado julio, acusado de falsedad documental y revelación de secretos por su labor de investigación sobre funcionarios que espían a colectivos sociales y políticos.

Desde ahí fue trasladado a la comisaría y, tras pasar prácticamente 24 horas en el calabozo, declaró delante de un juez. Le acusaron de haber cometido falsedad documental por solicitar en el Registro de la Propiedad notas simples, “la tesis de la policía es que no fue sincero al incluir en el motivo de esa solicitud que era para una investigación jurídica”, explicó entonces su abogado, Daniel Amelang. Aunque, según argumenta el letro, no existe tal falsedad, puesto que esa investigación existe, ya que su defendido está valorando “presentar querellas y denuncias contra los policías que le han causado un perjuicio personal a él y que han espiado ilegalmente a gente que participa en movimientos sociales, por lo que forma parte de esa investigación”.

Por último, resalta que “sigue siendo llamativo que sea la policía la que tenga que investigar a un miembro de su propio cuerpo ya que así es imposible garantizar un mínimo de imparcialidad”. Un supuesto que se podría evitar, ya que “hay diversas entidades sociales que llevan años solicitando la creación de organismos independientes que fiscalicen la actuación de la policía en diversos ámbitos”.