Vivienda pública
Así externaliza el Gobierno Vasco la política de vivienda a consultoras mientras 104.000 personas esperan casa

La política de vivienda del Gobierno Vasco se piensa, en buena parte, fuera del Gobierno Vasco. Las encuestas que miden cuánta gente necesita una casa, los planes que fijan cuántas viviendas se van a construir, los procesos en los que se pregunta a la ciudadanía, los informes jurídicos para desarrollar la Ley de Vivienda, las evaluaciones de lo que ha funcionado y hasta las memorias con las que cada equipo hace balance de su legislatura salen de consultoras privadas que el Ejecutivo contrata, una y otra vez, desde hace más de una década.

El último ejemplo lo ha dejado por escrito el propio departamento. En el expediente con el que ha sacado a concurso la redacción del Plan Territorial Sectorial (PTS) de Vivienda –el documento que debe decidir cuánta vivienda protegida se reserva en cada municipio vasco y dónde–, el Departamento de Vivienda y Agenda Urbana que dirige el socialista Denis Itxaso reconoce que no puede hacerlo con su propia plantilla. “No se dispone de los perfiles profesionales necesarios para la redacción del documento”, firma el director de Planificación Territorial. Le faltan un geógrafo, un economista o sociólogo, un técnico de medio ambiente y un especialista en participación pública. El encargo, de un año y 250.000 euros más IVA, va camino de un arquitecto externo.

Cinco firmas han cobrado 3,56 millones de euros en 58 contratos del área de Vivienda desde 2015, y la mitad se adjudicaron sin concurso

Hordago-El Salto ha revisado en la plataforma de Contratación Pública de Euskadi los contratos que el área de Vivienda del Gobierno Vasco ha adjudicado desde 2015. Cinco firmas –las consultoras Ikertalde, Ikei, Ikerpartners y 97 S&F y el bufete Gómez-Acebo & Pombo– han cobrado 3,56 millones de euros en 58 contratos. La mitad se adjudicaron de forma directa, como contratos menores, sin concurso. Una de esas consultoras está sancionada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por formar parte del cártel que se repartía contratos públicos, mientras otras dos figuran en los Papeles de Panamá y en los Paradise Papers. Y la pieza más ambiciosa de la legislatura, el Fondo Social de Vivienda de 2.000 millones, la ha diseñado otra consultora, la madrileña AFI, afín al PSOE.

Todo ello mientras 104.280 personas o unidades de convivencia esperan una vivienda en Etxebide, el Servicio Vasco de Vivienda, según los datos del propio Gobierno Vasco a 1 de enero de 2026. Ocho de cada diez buscan un alquiler.

Un plan prometido en 1997 que el Gobierno no sabe redactar

El Plan Territorial Sectorial de Vivienda no es un documento cualquiera. Es el instrumento que traslada al mapa la política de vivienda: dice qué municipios deben reservar suelo para vivienda protegida, cuánto y con qué criterios, y obliga después a los planes urbanísticos de cada ayuntamiento. Las Directrices de Ordenación Territorial ya ordenaron redactarlo en 1997, y su revisión de 2019 lo volvió a exigir. Veintinueve años después, el Gobierno Vasco lo encarga fuera.

Para hacerlo, la ley obliga a justificar que la administración no tiene medios propios. El informe de insuficiencia de medios que firma el departamento ocupa una página. Sostiene que externalizar evita que el trabajo “afecte de manera importante al trabajo diario del personal propio” y que, como el encargo dura un año, “no es posible la ampliación del personal”. El razonamiento se muerde la cola: no se contratan técnicos porque el trabajo es temporal, y el trabajo sale fuera porque no hay técnicos.

El departamento de Denis Itxaso firma que no tiene geógrafo, economista ni técnico de participación para redactar el plan de vivienda protegida que Euskadi espera desde 1997

Al concurso se presentaron cuatro ofertas. Ganó la del arquitecto donostiarra Iñigo Peñalba Arribas, que no fue la mejor valorada en lo técnico pero sí la segunda más barata y la más rápida: se compromete a hacer el trabajo en siete meses y medio. Quedó por delante de Usandizaga Arquitectura y Urbanismo, de una unión temporal de empresas en la que participaba Ikei –otra de las consultoras habituales del departamento– y de Ezquiaga Arquitectura. La mesa de contratación propuso la adjudicación el 31 de agosto, según el acta publicada.

Peñalba conoce bien el urbanismo que pactan PNV y PSE. En 2023, el Ayuntamiento de Barakaldo, gobernado por los dos partidos, adjudicó por algo más de un millón de euros la revisión de su plan general a la unión temporal que formaban “a partes iguales” Iñigo Peñalba y Santiago Peñalba Garmendia, según publicó Barakaldo Digital. Santiago Peñalba, exfuncionario del Gobierno Vasco y de la Diputación de Gipuzkoa, es uno de los urbanistas con más planes generales firmados en Euskadi: los de Donostia en 1995 y 2010 y el de Bilbao en 2022, y tiene en marcha los de Barakaldo y Sestao, según su currículum en los cursos de verano de la UPV/EHU.

Su carrera despegó en el Donostia del socialista Odón Elorza, donde codirigió la oficina del Plan General entre 2002 y 2010. En 2005, PP, PNV y EA tumbaron en el pleno el avance de aquel plan. En el mismo consistorio era concejal desde 2003 Denis Itxaso, entonces al frente de Medio Ambiente, Turismo, Deportes, Juventud y Cultura, y hoy consejero del departamento que adjudica el PTS.

Quién escribe los planes de vivienda

Los planes directores son la hoja de ruta de la política de vivienda vasca: fijan cuántas viviendas protegidas se promueven, cuánto se gasta en ayudas al alquiler y qué se hace con la vivienda vacía. Los tres últimos se elaboraron con la asistencia de consultoras privadas. Ikei Research & Consultancy, figurando en los Paraides Papers, asistió en el de 2018-2020. Una unión temporal de Ikerpartners e Ikertalde se encargó del de 2021-2023 y del Pacto Social por la Vivienda 2022-2036, el acuerdo que suscribió la patronal de la construcción pero no firmaron las asociaciones de inquilinas, las plataformas antidesahucios ni los sindicatos, salvo UGT.

El plan vigente, el de 2025-2027, es el que mejor retrata el método. Compromete 1.550 millones de euros en tres años y promete 7.000 viviendas de alquiler asequible. La asistencia técnica para elaborarlo se adjudicó a Ikerpartners en noviembre de 2024 como contrato menor, por 14.800 euros. La Ley de Contratos permite adjudicar servicios sin concurso hasta 15.000 euros. El plan del que depende la vivienda de los próximos años se encargó, por tanto, a 200 euros del límite que habría obligado a abrir una licitación. Ikerpartners, también donostiarra, ha trabajado para el departamento siempre por esa vía: sus seis contratos son menores, entre ellos el de la campaña de comunicación del Pacto Social por la Vivienda.

El plan que compromete 1.550 millones para la vivienda vasca se encargó por 14.800 euros, a 200 euros del límite que obliga a abrir un concurso

Las normas siguieron el mismo camino. La Ley 3/2015 de Vivienda, que reconocía el derecho subjetivo a la vivienda, se aprobó en junio de 2015. Tres meses después, el departamento contrató al bufete madrileño Gómez-Acebo & Pombo, implicada en los Papeles de Panamá, por un procedimiento negociado sin publicidad, para la “asistencia técnica para facilitar el posterior desarrollo reglamentario de la Ley de Vivienda”, y más tarde le pidió estudios sobre el régimen jurídico de la vivienda protegida y sobre el acceso al Servicio Vasco de Vivienda.

El resultado lo resumía Stop Desahucios Euskadi en 2021: la ley se había quedado en “papel mojado” y, en cinco años, “el único reglamento aprobado es el de depósito de fianzas”, según escribía la plataforma. Cuando Itxaso presentó el último plan director, EH Bildu acusó al PSE de “plegarse a los intereses del mercado inmobiliario”. El propio plan recoge entre sus principios la “colaboración público-privada social”.

La consultora que mide y la que evalúa

Para decidir una política de vivienda hace falta saber cuánta gente necesita casa, cuántas viviendas están vacías y cuánto se paga de alquiler. En Euskadi, esos datos los produce desde 2015 una misma empresa privada. Ikertalde Grupo Consultor, con sede en Donostia, se ha encargado de la Encuesta de Necesidades y Demanda de Vivienda, de la Encuesta sobre el Uso de la Vivienda –la última, adjudicada en junio de 2026–, de la encuesta a los hogares que viven de alquiler, de la de vivienda vacía y de los estudios del Observatorio Vasco de la Vivienda. Son 29 contratos y 2,75 millones de euros con el departamento. Lo que sabe el Gobierno Vasco sobre su crisis de vivienda lo sabe, primero, una consultora.

Ikertalde trabaja también al otro lado de la ventanilla. Ha redactado para ayuntamientos como Errenteria, Irun, Galdakao, Gasteiz y Portugalete los informes con los que solicitan al Departamento de Vivienda ser declarados zona tensionada, la figura de la ley estatal que permite contener los alquileres y que en Euskadi estrenó Errenteria. La misma empresa prepara la petición de los ayuntamientos y elabora los datos del departamento que debe resolverla. Su relación con el Gobierno de coalición va más allá de la vivienda: el vicelehendakari socialista Mikel Torres le encargó en 2025 el estudio sobre el salario mínimo vasco, según publicóNaiz.

Ikertalde redacta las peticiones de zona tensionada de varios ayuntamientos y produce los datos del departamento que tiene que resolverlas

La rendición de cuentas también se contrata. Ikei, la consultora que asistió en la redacción del plan director de 2018-2020, es la que el departamento contrató después para evaluar la política de vivienda de 2019-2020 y, en diciembre de 2025, la de 2024-2025. Quien ayudó a diseñar el plan es quien después juzga sus resultados.

Ikei escribe incluso el relato oficial. Las memorias con las que la Viceconsejería de Vivienda hace balance de cada mandato –las de 2012-2016, 2016-2020 y 2020-2024– se le encargaron por contrato menor. Este verano aspiraba también a redactar el PTS, dentro de la unión temporal que quedó tercera en el concurso.

La participación ciudadana, en manos de una consultora del cártel

Cuando el Gobierno Vasco ha querido escuchar a la ciudadanía sobre vivienda, a menudo ha pagado a una consultora para que organice la conversación. 97 S&F, con sede en Bilbao y creada por un exalto cargo del Gobierno Vasco, ha dinamizado la participación ciudadana del plan director de 2018-2020, la plataforma de participación Etxebizitza y el proceso del decreto de vivienda vacía, y ha organizado jornadas sobre la Ley de Vivienda y misiones institucionales sobre alquiler asequible. Diez contratos desde 2016, nueve de ellos menores.

97 S&F es una de las empresas que la CNMC sancionó en mayo de 2021 por el cártel de las consultoras, una red que durante años se repartió contratos públicos presentando ofertas de cobertura ficticias y que tenía en Bilbao su sede norte. La multa a la firma bilbaína sumó 131.593 euros.

Uno de los contratos que documenta la resolución es, precisamente, de vivienda. En 2010, el Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Patxi López licitó un proyecto de participación ciudadana para elaborar su política de vivienda. Según la CNMC, el 8 de enero de ese año un empleado de 97 S&F envió a su director “la propuesta para Deloitte” para ese mismo concurso. La consultora preparó la oferta de su supuesta competidora y se quedó con el contrato.

Dos años después de la sanción, en 2023, el Departamento de Vivienda volvió a contratarla.

Del plan al fondo: dos partidos, una misma dependencia

La externalización atraviesa a los dos partidos del Gobierno Vasco. El PNV preside el Ejecutivo y el PSE dirige la cartera de Vivienda desde 2016, primero con Iñaki Arriola y desde 2024 con Itxaso. Los primeros contratos de esta serie se firmaron en 2015, cuando la Viceconsejería de Vivienda dependía del consejero jeltzale Juan María Aburto, y el contrato manipulado por el cártel es de 2010, con Patxi López de lehendakari. En once años de gobiernos de coalición, ninguno de los dos partidos ha construido dentro de la administración los equipos capaces de medir, planificar y evaluar la vivienda en Euskadi.

Esa dependencia llega ahora a la operación más grande. El Fondo Social de Vivienda que presentaron el lehendakari Imanol Pradales e Itxaso el 21 de septiembre pretende reunir 2.000 millones de euros para levantar 10.000 viviendas de alquiler “asequible”, con el Gobierno Vasco como socio minoritario: aportará entre el 25% y el 30%, y entre el 70% y el 75% del vehículo quedará en manos de entidades privadas. Las bases del fondo las diseñó la consultora madrileña Analistas Financieros Internacionales (AFI), afín al PSOE y que cobrará también por desarrollarlo, según publicó Gara. Al otro lado de la mesa se sentará una patronal de la construcción que ha tenido tres presidentes vinculados al PNV desde 2006, como ya documentó esta revista.

Desde luego, este no es un caso aislado en la administración vasca. Hordago-El Salto ha seguido a las consultoras hasta el modelo público-privado de Lanbide, el reparto de los fondos Next Generation y la transformación digital de Osakidetza. En vivienda, el circuito va de la encuesta que mide la necesidad a la memoria que cierra la legislatura, pasando por el plan, la ley, la participación y el dinero. Y el documento que debe decir dónde se construye vivienda protegida en Euskadi, pendiente desde 1997, lo escribirá un arquitecto externo, porque el departamento responsable firma que no tiene a nadie para hacerlo.