Derecho a la vivienda
77 multas que suman 40.000 euros por parar desahucios en Carabanchel

40.000 euros en 77 multas en poco más de un año. Es el saldo que suma el Sindicato de Vivienda de Carabanchel por las acciones realizadas para defender el derecho a la vivienda. Unas cifras que muestran el aumento de la represión que sufre este movimiento y que llevan a una conclusión: “Hace falta una estrategia frente a la ofensiva sobre el derecho a la protesta”, señalan desde el sindicato.

Según detalla a El Salto Daniel Vega, portavoz del Sindicato de Vivienda de Carabanchel, las primeras de las 77 multas que afrontan ahora llegaron en noviembre de 2021, a raíz del intento de paralización del desahucio de Cristian y Aroa de su vivienda en la calle Fragata. Un desahucio en el que participaron diez furgones de antidisturbios. Dos decenas de personas fueron sancionadas por intentar que no perdieran su vivienda. El intento de parar otro desahucio en la calle Parador del Sol sumó otra veintena de sanciones. 

Pero el caso que más conmocionó al barrio fue el del desahucio de José Manuel y María, una pareja de más de 80 años de edad obligados a abandonar la vivienda en la que habían vivido durante medio siglo por una deuda de 800 euros. El Sindicato de Vivienda de Carabanchel se organizó para intentar evitarlo. En enero de 2022, la Asamblea de Vivienda de Carabanchel consiguió aplazar el desahucio de la pareja de ancianos de la vivienda en la que vivían en Vía Carpetana. Fue una primera batalla ganada a la que siguieron otras tantas. El Sindicato de Vivienda convocó una acción pacífica en la sede de la EMVS para intentar negociar una alternativa habitacional para el matrimonio, al que, como una solución, Servicios Sociales había ofrecido hasta entonces plazas en residencias. La acción acabó con otra veintena de sanciones. Y el desahucio, programado en segundo intento para el 18 de febrero, se celebró.

“El desahucio de José Manuel y María fue el más paradigmático, porque fueron varios intentos, muchas pequeñas victorias, y tuvieron que militarizar el barrio para poder con el Sindicato de Vivienda de Carabanchel”

Ese 18 de febrero Carabanchel amaneció “militarizado”, según recuerdan desde la Asamblea de Vivienda de Carabanchel. Al lugar acudieron, no solo militantes del colectivo de vivienda, también miembros del centro social Eko, activistas de la Asamblea de Vivienda de Moratalaz, jóvenes de colectivos de estudiantes... Un centenar de personas que fueron a arropar al matrimonio octogenario y que recibieron los golpes de los policías antidisturbios que llegaron en las catorce furgonas policiales que invadían la calle. El desahucio se realizó cuatro horas después, con otros 21 sancionados y dos personas detenidas para las que inicialmente se pedían de dos a seis años de cárcel, petición que ha bajado ahora, cuando el caso está pendiente de fijar fecha de juicio, a los nueve meses. “Ni siquiera piden indemnización, fueron detenciones arbitrarias”, afirma a El Salto su abogado, Diego Redondo. “Vamos a ganar este caso, es un montaje de vergüenza”, añade el abogado.

La policía pone a una pareja de octogenarios en la calle sin alternativa habitacional

Redacción El Salto

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Desahucios

Desahucio La policía pone a una pareja de octogenarios en la calle sin alternativa habitacional

Redacción El Salto

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Carabanchel ha amanecido con un enorme despliegue policial destinado a expulsar a Jose Manuel y María de la vivienda en la que han residido más de medio siglo. Decenas de vecinas y vecinos se han presentado en Carpetana, 109 para frenar el desalojo que, tras cuatro horas de resistencia, se ha ejecutado finalmente.

“El desahucio de José Manuel y María fue el más paradigmático, porque fueron varios intentos, muchas pequeñas victorias, y tuvieron que militarizar el barrio para poder con el Sindicato de Vivienda de Carabanchel”, recuerda Alfonso, otro de los miembros de este colectivo. "Fue una derrota material pero extrajimos muchas enseñanzas políticas, y en ese sentido tiene mucha relevancia”, añade.

Una batalla administrativa

“Están todas recurridas salvo las del desahucio del 18 de febrero de José Manuel y María”, relata Vega sobre las sanciones. Vega explica que, frente al cúmulo de multas de ese día, que sumaban más de 12.000 euros y de las que muchas recayeron en personas que no eran de la Asamblea de Vivienda, y el coste por el proceso judicial de los dos detenidos, decidieron hacer una campaña de recaudación y pagar las multas sin recurrir. 

“Todas están siguiendo su curso”, continúa Vega sobre las otras 56 sanciones. Vega detalla que las sanciones por la acción pacífica en la EMVS para buscar soluciones para José Manuel y María ya están en segundas alegaciones, por lo que esperan que, una vez acabada la vía administrativa, pasen a la vía judicial en el juzgado contencioso-administrativo. También las que se impusieron por intentar parar el desalojo de Salma. "Y las sanciones por el desahucio de Cristian creemos que vamos a ganar en fase de alegaciones, pero aún no lo sabemos”, prosigue Vega.

Un encuentro para buscar nuevas estrategias

El próximo 18 de febrero se cumple un año del desahucio de José Manuel y María, un aniversario que desde el Sindicato de Vivienda de Carabanchel van a honrar con un evento en el centro social Eko, en Carabanchel, con el que recaudar dinero para pagar las sanciones que acumulan pero también para crear un espacio de debate sobre cómo responder a la burorepresión.

Multas más efectivas que porrazos

Óscar J. Martín García

Hemeroteca Diagonal

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Óscar J. Martín García

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“Vamos a incidir en esta cuestión: vamos a seguir parando desahucios, organizando a las vecinas para proteger sus casas, pero hace falta algo más, un salto cualitativo, resaltar que no se solo el problema de la vivienda, sino el capitalismo general, y mientras que no armemos una estrategia va  seguir habiendo desahucios”, denuncia Alfonso.

El sindicato explica que el objetivo del encuentro en el Eko será “analizar por qué se produce ahora este incremento de la represión y cómo se le puede hacer frente desde los espacios de autoorganización de las trabajadoras”. Para ello contará con la participación de los sindicatos de vivienda de Valencia, Vitoria-Gasteiz y Raval (Barcelona), con los que presentarán su nueva campaña “El crimen es organizarse”, con la que pretenden responder a las constantes multas del último año. 

“Somos conscientes de que esto de nada sirve si no contamos con una estrategia que nos permita dar pasos determinantes que detengan la ofensiva sobre el derecho a la protesta de los grupos stop desahucios”

“El objetivo de la campaña no se limita a la autofinanciación”, reiteran desde el sindicato. “Somos conscientes de que esto de nada sirve si no contamos con una estrategia que nos permita dar pasos determinantes que detengan la ofensiva sobre el derecho a la protesta de los grupos stop desahucios”, concluye Vega.