Derecho a la vivienda
“Comiendo espetos frente al tsunami”: fuego amigo tras la comparecencia de la ministra de Vivienda

A petición de ERC, EH Bildu y el BNG, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha comparecido en el Congreso de los Diputados en la mañana de este 23 de octubre para dar explicaciones por el aumento del precio del alquiler y una crisis de acceso a la vivienda que no tiene solución a la vista.

Entre las propuestas deslizadas en su discurso, la ministra insistió en la necesidad de que la vivienda protegida no pueda venderse. “Es necesario blindar el parque de vivienda”, dijo, para que los suelos públicos “sirvan al interés general para siempre”.

Como ejemplo de gestión, la ministra de Vivienda habló de la Operación Campamento, recientemente desbloqueada por la colaboración entre el PP y PSOE, un pelotazo urbanístico que apenas acogerá un 7% de alquiler asequible

No es una medida nueva. De hecho, esta disposición, con algunas excepciones, ya estaba incluida en el artículo 16 de la ley de vivienda aprobada en abril de 2023. Sin embargo, este apartado fue anulado en su totalidad el pasado mayo por el Tribunal Constitucional. Según un informe del Gabinete Económico de Comisiones Obreras, si no se hubieran entregado al mercado las viviendas públicas construidas en los últimos 20 años, España estaría a la cabeza de Europa en parque público, con 4,7 millones de pisos, y no a la cola, como ocurre actualmente, con apenas 290.000.

Qué hubiera pasado con otra política de vivienda: España tendría un parque público de 4,7 millones de pisos

Martín Cúneo

Derecho a la vivienda

Derecho a la vivienda Qué hubiera pasado con otra política de vivienda: España tendría un parque público de 4,7 millones de pisos

Martín Cúneo

La venta de las viviendas protegidas en el mercado y 162.000 millones de euros dedicados a la compra de vivienda privada dejan a España a la cola de Europa, con apenas 290.000 viviendas protegidas, según un reciente informe

Derecho a la vivienda Inquilinos para siempre: el 70% de la población que alquila no cree que pueda comprar o heredar una vivienda

La ministra Isabel Rodríguez ha respondido a las críticas y a las demandas de dimisión expresadas desde los sindicatos de inquilinos sin autocrítica. “Lo que hemos hecho, tanto esta ministra como el conjunto del Gobierno, es no parar de trabajar”, declaró. Como ejemplo de gestión, la ministra de Vivienda habló de la Operación Campamento, recientemente desbloqueada por la colaboración entre el PP y PSOE, un pelotazo urbanístico que apenas acogerá un 7% de alquiler asequible y en donde la totalidad de sus pisos se venderán en el mercado libre en 15 años.  

“Tengo la sensación de que la ministra está en una playa comiendo espetos, le viene un tsunami y todavía no se ha enterado”, valoraba Ione Belarra, líder de Podemos, tras la comparecencia

Rodríguez ha hablado sobre los “aprendizajes” de la política de vivienda en los años de democracia: “Si reconocemos lo que no funcionó, podremos evitar los errores”, reconoció. Sin embargo, no ha habido críticas hacia los avales, deducciones y otros tipos de ayudas públicas para la compra de vivienda en el mercado libre, unas políticas de vivienda que ha compartido tanto el PSOE como el PP y que han supuesto, según el informe de CC OO, una enorme oportunidad perdida: entre 1982 y 2023, el Gobierno central invirtió 200.000 millones de euros en desgravaciones fiscales en el IRPF, un dinero que habría bastado para construir dos millones de pisos protegidos. Como contraste, la ministra ha reconocido que “más vivienda no garantiza mayor asequibilidad si no hay regulación”. 

“Comiendo espetos frente al tsunami”

“Tengo la sensación de que la ministra está en una playa comiendo espetos, le viene un tsunami y todavía no se ha enterado”, valoraba Ione Belarra, líder de Podemos, tras la comparecencia. La diputada acusó a la ministra de no ser “consciente del enorme malestar y el enorme cabreo que tiene la gente ahí fuera”. Rodríguez “no es consciente”, continuó Belarra, de que miles de personas se manifestaron el pasado 13 de octubre por el derecho a la vivienda y que muchas de ellas “también pidieron su dimisión”. La ausencia de medidas que permitan abordar este problema, dijo la secretaria general de Podemos, “es uno de los grandes déficits que tiene este Gobierno”. El motivo de esta inacción, aduce, es que el Gobierno es “incapaz de enfrentarse a Blackrock, a Blackstone y a los especuladores y a los rentistas”. En rueda de prensa, Belarra criticó que la ministra haya vuelto a apostar por la colaboración público-privada, “que no es más que regalar dinero público a los especuladores”. 

La exministra de Derechos Sociales recordó en su declaración en los pasillos del Congreso que las medidas que Podemos ha exigido al Gobierno para apoyar los presupuestos “son lo mínimo imprescindible para que este Gobierno sobreviva". Entre las medidas que la formación morada solicita para apoyar las cuentas de 2025 figura, además de la ruptura comercial y militar con Israel, figura la reducción en un 40% de los alquileres, la prohibición de compra de vivienda que se utilice como residencia habitual o la ilegalización de las empresas de desokupación. 

Ibáñez i Mezquita, de Compromís, advirtió a la ministra que debía decidir de forma urgente de qué lado del problema deseaba estar: “Si no está del lado correcto, le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en idealista”

El diputado Alberto Ibáñez i Mezquita, de Compromís y Sumar, criticaba la apuesta de la ministra por el ladrillo y por la nueva construcción. “Si un fondo buitre puede comprar un bloque de pisos, señorías, ¿no les parece normal que lo pueda hacer una administración?”, decía en referencia al poder que tienen las administraciones de utilizar el tanteo y retracto para comprar de forma preferente viviendas para agrandar el parque público. También exigió la movilización de las 200.000 viviendas de la Sareb, de las cuales solo 15.000 están en “alquiler asequible”. El diputado también exigió una reforma fiscal “para que no se pague más impuestos por ir a currar que por recibir las rentas de haber heredado el piso del abuelo”. Ibáñez i Mezquita advirtió a la ministra que debía decidir de forma urgente de qué lado del problema deseaba estar: “Si no está del lado correcto le queda más tiempo que a un piso de 600 euros publicado en idealista”.  

Gabriel Rufián, portavoz de ERC, acusó a la ministra de Vivienda de limitar sus propuestas a “frases motivacionales” propias de una taza de café, “cheques para los caseros”, “negocio para los promotores”, que “los caseros sean solidarios” y “más ladrillo”, en un país con cuatro millones de viviendas vacías. Según Rufián solo hay tres soluciones: “intervención del mercado, intervención del mercado e intervención del mercado: topen precios, expropien viviendas, sobre todo de fondos buitre y cabreen un poco a la derecha y la ultraderecha de una vez”.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Oskar Matute, enumeró todas las políticas y medias que se pueden tomar en materia de vivienda y que mejorarían la vida de millones de personas, pero que no se adoptan por “falta de voluntad política” y de “autocrítica”. Entre el listado de políticas mencionó la expropiación de vivienda vacía o la posibilidad de que los ayuntamientos puedan tramitar la declaración de zona tensionadas y aplicar los topes al alquiler sin esperar a una aprobación de unas administraciones autonómicas en su mayoría en manos del PP. 

Por fuera de los aliados parlamentarios habituales del Gobierno, en el movimiento de inquilinos las palabras de la ministra de Vivienda solo han reforzado los argumentos para pedir su dimisión. Para Víctor Palomo, portavoz del Sindicato de Inquilinos de Madrid, Isabel Rodríguez debe entregar su cartera de ministra por su “nefasta gestión” para resolver la crisis habitacional. “A día de hoy, solo está proponiendo una política de ladrillazo, la misma que el Partido Popular y la patronal inmobiliaria”, denuncia. Mientras, Palomo acusa a la ministra de “no estar escuchando el clamor de la calle que está pidiendo que la vivienda sea un derecho”. Por todo esto, desde los sindicatos de inquilinos, piden a la ministra que “suele la mano de los Jesús Gil” que acudieron a la reunión de este 21 de octubre en La Moncloa —en encuentro al que decidieron no ir los Sindicatos de Inquilinos por la presencia de la patronal inmobiliario— “y que empiece a tomarse en serio este tema”. 

Para este activista del movimiento inquilino, la solución a la actual crisis pasa por la prohibición de los pisos turísticos, la derogación de la ley de socimis “para que los fondos buitres ya no puedan especular”, que los contratos sean indefinidos por defecto o que se movilicen las viviendas vacías. Para ello, llama a movilizarse el 9 de noviembre en Málaga y Sevilla, y el 23 en Barcelona.