Derecho a la vivienda
El racismo inmobiliario se ceba con las mujeres migrantes en toda España

El informe de Provivienda '¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler' muestra la doble discriminación que sufren en este ámbito las mujeres racializadas en el Estado español.
Desahucion en Vallecas - 2
Las mujeres de etnia gitana o de origen migrantes -con hijos a cargo- son las principales afectadas por la discriminación y el racismo a la hora de alquilar o adquirir una vivienda. Sara M. Ledesma
1 abr 2024 06:00

Rondaba el 2008, el primer año de la gran crisis económica española, cuando Sefora acudió a una inmobiliaria en Fabero (León), para solicitar el alquiler de una vivienda donde residir junto con sus dos hijos pequeños. Lo hizo junto a la hija de la anciana a la que entonces cuidaba por 500 euros a jornada completa. Sefora, que es integrante de la plataforma Gitanas Feministas y activista por los derechos de las mujeres de esta etnia, tomó la decisión de buscar piso con la recomendación de una paya después de haber sido rechazada en múltiples ocasiones anteriores por propietarios e inmobiliarias debido a los prejuicios racistas que todavía recaen sobre su comunidad y que sitúan  a las mujeres como 'inquilinas sucias, descuidadas y alborotadoras'. “No te alquilan aunque tengas un contrato de trabajo porque piensan que vamos a robarles los grifos para venderlos, que vamos a meter muchísima gente o que no vamos a pagar el alquiler”, explica la activista.

Este no es, ni mucho menos, ni el único ni el primer caso por el cual una mujer racializada encuentra impedimentos para arrendar una vivienda en España. De hecho, según el último informe publicado por la ONG Provivienda, ¿Se alquila? Racismo y xenofobia en el mercado del alquiler, las personas no blancas sufren a diario factores discriminatorios que llegan a obstaculizar o incluso impedir su acceso a un hogar digno. La investigación señala que “la doble discriminación de las personas racializadas, que también atraviesan opresiones como la de género”, es la que origina los problemas de acceso a un alquiler por parte de muchas personas en España. Y es que muchas de estas mujeres se encuentran solas a cargo de sus criaturas, lo que constituye en muchos casos un impedimento para que las inmobiliarias les alquilen. También porque muchas deben hacer frente a la búsqueda de un piso en alquiler después de haber pasado por situaciones de violencia de género que las impide retornar a su anterior vivienda de forma segura.

De acuerdo al informe, la discriminación se materializa en ocasiones de manera totalmente visible y perceptible, como ocurre con todas aquellas agencias inmobiliarias que, sin el mayor reparo, declaran abiertamente en sus anuncios que no alquilan a personas extranjeras o incluso aceptan únicamente a quienes disponen de DNI español. Las agencias que descartan a determinados solicitantes en base a parámetros racistas lo hacen casi siempre desde el momento en que hablan por teléfono con la persona y distinguen un acento distinto al castellano. También ocurre cuando se citan con el solicitante y ven su indumentaria, que en muchos casos denota la pertenencia a una etnia o creencia religiosa determinada. Sefora lamenta que, a día de hoy, muchas de sus compañeras “no pueden alquilar debido a sus rasgos gitanos muy marcados, ya que tienen la piel morena, con el pelo largo y rizado o llevan moño, todo ello aunque tengan másteres y carreras universitarias”.

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Islamofobia, otro prejuicio para no alquilar

Habitualmente, las violencias no se producen de manera aislada sino que interseccionan entre sí generando casos de discriminación múltiple, como ocurre con todas aquellas mujeres de fe musulmana, situadas en el centro de la diana de los discursos de la ultraderecha islamófoba que continúan proliferando en toda Europa. En ellas se une, por un lado, su situación de mujeres racializadas y migrantes y, por otro, la que sufren por motivos religiosos.

Este es el caso de Fatima y Souad, vecinas de Getafe, quienes migraron hace varios años desde Marruecos con el fin de conseguir una vida mejor para ellas y para sus hijos. Debido a las constantes muestras de desprecio por parte de propietarios de viviendas y la eterna estigmatización de la que son víctimas, Souad llegó a plantearse seriamente en varias ocasiones abandonar un país donde todo a su alrededor parece rechazarla. De nada sirve demostrar igual o mayor formación que sus iguales nacidas en España y de raza blanca, “aunque tengamos carreras, nos apartan como si el hijab nos tapase la inteligencia y no sólo el pelo”, declara.

El Informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la UE señaña que el 42% de personas pertenecientes a la etnia romaní carece de agua corriente, conexión a la red de alcantarillado o electricidad en sus hogares.

A ello se suma, además, la presunción de que las mujeres migrantes desconocen el idioma local porque no trabajan en el mercado remunerado y dedican más tiempo que sus maridos al cuidado de sus hijos, algo que Souad, que habla castellano a la perfección, desmiente con rotundidad. En el caso de Fatima, ni la nómina de su marido, que disponía de un contrato de trabajo, ni la entrega de muchos otros documentos requeridos, evitaron que llegara a oír decir a los trabajadores de Tecnocasa por lo bajo, “pobrecita, se cree que le vamos a buscar piso”. Como señala Sefora, que destaca la sororidad que debe existir entre mujeres racializadas y unidas por una misma opresión de género y etnia, “las gitanas tenemos mucho en común con nuestras hermanas marroquíes y primas de otros lugares como Latinoamérica”.

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La discriminación directa relativa

Existe, de igual manera, una discriminación invisible que se produce a través de mecanismos como la imposición de cláusulas abusivas y requisitos inasumibles como condiciones para alquilar. Estas cláusulas desproporcionadas, como pedir al inquilino un número excesivo de documentos para acreditar su solvencia económica o la vida laboral, actúan como instrumento disuasorio, lo que se conoce como discriminación directa relativa. En otras ocasiones, explica Souad, “notas en las caras de los caseros, cuando vas a visitar la vivienda, que no quieren alquilarte, y te mienten diciendo que ya tienen mas o menos asignada la familia a la que se lo van a alquilar o directamente que el piso está casi alquilado”.

Según los datos del informe de Provivienda, las agencias llegan incluso a modificar los datos o refieren la disponibilidad de las viviendas en función de las personas interesadas. Este hecho se pone de manifiesto a través de una oferta sesgada en función del perfil del demandante de vivienda. A la persona española se le ofrecen de media 1,5 pisos más como complemento al piso inicial por el que se solicita información, mientras que a la persona extranjera la media es de 1,2 pisos.

Así pues, las únicas alternativas habitacionales al alcance de muchas personas estigmatizadas por su etnia o condición migrante son las viviendas precarias, casi siempre insalubres y en condiciones de hacinamiento situadas normalmente en la periferia. Como estipula el Informe de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea sobre antigitanismo de género, el 42% de personas encuestadas pertenecientes a la etnia romaní afirmaron carecer de agua corriente, de conexión a la red de alcantarillado o de electricidad en sus hogares.

“Cuando al final logramos acceder a una vivienda, éstas no cumplen con los requisitos y condiciones de habitabilidad”, destaca Sefora, quien explica que ha tenido que vivir con sus hijos en casas sin las condiciones sanitarias adecuadas, con muchísima humedad, sin calefacción ni agua caliente, por lo que ellos enfermaban habitualmente. Como corroboran los datos del Secretariado Gitano, debido a esta situación de desamparo institucional “el 12% de las personas de etnia gitana vive en infraviviendas o espacios que no reúnen condiciones adecuadas, en muchas ocasiones en asentamientos aislados de las ciudades que impiden también el acceso a las oportunidades”. No sorprende, en este sentido, que la esperanza de vida se sitúe entre 12 y 15 años por debajo de la media debido a la fuerte desigualdad social que atraviesa a esta comunidad.

Ocupar cómo último recurso

Tampoco es de extrañar que muchas familias opten por ocupar o subarrendar con tal de poder acceder a un techo en condiciones dignas. Ese fue el caso de Vivian, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y víctima de xenofobia desde que llegó a España desde Ecuador hace 24 años. Esta violencia sistémica se ha puesto de manifiesto, tanto por parte del propio mercado inmobiliario que la impide indirectamente alquilar una vivienda debido a los precios abusivos de los pisos como por parte de sus actuales vecinos.

Vivian reside sola con sus pequeños de 11 meses y 9 años en un piso social ubicado en el barrio madrileño de Usera, piso que hace unos años ocupó al verse sin alternativa habitacional y donde sus vecinos la hostigan a diario. “Me han dicho más de una vez que una latina no puede vivir en el edificio ni pertenecer a la comunidad de vecinos, otras veces veían a mi hijo con su padre y les gritaban por la ventana ‘iros a vuestro país’, incluso mi vecina de abajo me ha dicho muchas veces que no quiere que pase por su portal”.

A pesar de los ataques constantes que sufre por parte de sus convecinos, Vivian no dispone de opciones para abandonar su lugar de residencia: “La vivienda se ha vuelto un bien inaccesible, yo misma he buscado trabajo, casi siempre he trabajado en hostelería, cobrando 800 euros por más de una jornada completa a turnos partidos. Con ese sueldo y teniendo varios hijos me es imposible tanto cuidarlos bien como alquilar”.

Para ella, la solución a este problema estructural recae en la intervención de las administraciones públicas sobre la vivienda para impedir los precios alcancen cifras desorbitadas, lo que únicamente beneficia a los propietarios y su hambre especuladora que se nutre de la desgracia de miles de familias. Frente al relato que describe injustamente a quien ocupa como una suerte de delincuente que decide no pagar por un piso, Vivian recuerda que, la mayor parte de quienes viven en pisos ocupados, “somos familias y muchas de ellas somos monomarentales que no tenemos opciones de vida dignas para nuestros hijos”.

Muchas personas acaban asumiendo un estilo de vida itinerante, ya que allá donde consiguen residir acaban siendo expulsados o bien porque se les incrementa de un día para otro el precio de su vivienda o porque deben desalojar las viviendas ocupadas. El desplazamiento casi permanente de estas personas impide desarrollar redes de ayuda y cuidados colectivos en comunidad —que no dejan de ser mecanismos de supervivencia y apoyo mutuo para muchas comunidades históricamente estigmatizadas—, vincularse con su entorno y generar arraigo con los barrios.

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La principal vía de protección a la que pueden acceder las mujeres como Séfora, Souad, Fatima y Vivian es la Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación que obliga a las comunidades autónomas a tramitar denuncias por discriminación residencial, desarrollar reglamentos y a imponer sanciones a propietarios y inmobiliarias que lo practiquen. En concreto, el artículo 20 estipula que “las administraciones públicas (...) garantizarán que las políticas de urbanismo y vivienda respeten el derecho a la igualdad de trato y prevengan la discriminación, incluida la segregación”.

Desde el Sindicato de Inquilinas ya están manos a la obra para abordar organizativamente y de forma común este problema, hablando con los colectivos de personas racializadas ubicados en Madrid para trazar estrategias comunes y generar herramientas para hacer frente a la especulación. “Empezamos a ver que existe más violencia hacia los cuerpos racializados, al tiempo que veíamos que en nuestras asambleas no había mucha gente racializada, por lo que creímos importante acercarnos a la realidad de estas personas, que son las más afectadas por la problemática de la vivienda, para así conseguir que ésta se haga visible”, sostiene Assiatou, portavoz del sindicato. Estos colectivos antirracistas con los que llevan un tiempo manteniendo conversaciones transmiten al Sindicato sus vivencias, entre ellas la realidad de los requisitos abusivos y otras cuestiones ampliamente discriminatorias. La solución, explica Assiatou, pasa por la intervención en el mercado de la vivienda, ya que, como sostiene, “el especular para que el capitalismo financiero se lucre va acompañado de otras violencias como es el racismo y esto está totalmente amparado por las instituciones”.

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