Derecho a la vivienda
‘Supermartes’ de vivienda: el Gobierno y el PP chocan con sus apuestas para paliar la crisis

El bipartidismo ha leído las encuestas y entiende que obtendrá mayor rédito electoral quien conecte de manera más asertiva y astuta con uno de los principales temas de ‘las cosas del comer’ que dominan la conversación pública: la crisis social de la vivienda.

El presidente del Gobierno creó en 2023 el Ministerio de Vivienda y viene intentando liderar la iniciativa, empujado también por Sumar y los socios parlamentarios de las izquierdas. El líder de la oposición también hace el intento y le dedica cada vez más discursos aunque su propuesta es tan sencilla como resulta sospechosa: menos impuestos y más construcción privada.

En este marco, esta semana se aproxima un ‘supermartes’ en el que chocarán los paradigmas sobre cómo encarar esta crisis. El Gobierno aprobará al fin, tras varios meses de consultas y aportes, el plan quinquenal de 7.000 millones de euros, que queda lejos de topar precios y rebajar por decreto, como piden los socios.

Horas después, el grupo parlamentario Popular defenderá en el Congreso una proposición de ley que deroga varios aspectos de la ley de Vivienda de PSOE—Unidas Podemos, otorga facilidades al sector privado y tiene un inocultable sesgo neoliberal. Se votará una admisión a trámite pero cuidado: hace un año un proyecto casi idéntico contó con el guiño de Junts.

Los retratos

Esta semana quedarán expuestos los dos modelos en pugna que lideran las dos grandes formaciones del bipartidismo, en un tema que, cabe recordar, buena parte de su esquema legal es de competencia autonómica. El de Pedro Sánchez es más conocido, tanto por sus virtudes como por sus defectos. El plan nacional que aprobará el Consejo de Ministros lleva como golosina principal para el progresismo que prohíbe destinar “un solo euro”, al decir de la ministra Rodríguez, para viviendas públicas o asequibles que no sean permanentes o que tengan una rendija que permita alguna vez ser llevadas al mercado libre.

El plan quinquenal prevé fondos para rehabilitar viviendas que no estén habitables y hacerlas eficientes energéticamente, también compensaciones para propietarios que pongan a disposición una vivienda de alquiler asequible, construcción en el mundo rural y ayudas a jóvenes que quieran acceder a su primera vivienda, además, claro, de la construcción del parque público.

¿Qué no se puede esperar del plan de Sánchez? Lo que piden Sumar, Podemos, ERC y BNG: topes de precios, intervención directa en el mercado sin rebajas fiscales y una solución a la alarmante ecuación que siempre señalan los Sindicatos de Inquilinos: que la renta de alquiler siga devorando el 50 o 60 o hasta 70 por ciento de los salarios de millones de ciudadanos.

Pero este martes habrá otro retrato. El PP de Feijóo dejará plasmado en el Congreso su proyecto de vivienda, similar al que hace un año aprobaba en el Senado con su mayoría absoluta, la complicidad de Vox y la elocuente abstención de Junts.

¿Qué no se puede esperar del plan de Sánchez? Lo que piden Sumar, Podemos, ERC y BNG: topes de precios, intervención directa en el mercado sin rebajas fiscales...

En realidad más que similar es casi idéntico: el PP vuelve a hacer la táctica parlamentaria de intentar colar en el Congreso lo que la Mesa de Francina Armengol bloquea en el Senado. El equipo de la portavoz Esther Muñoz ha prácticamente copiado la proposición 34.340 que votó el Senado (no han cambiado ni los primeros párrafos de marco teórico) para llevarla al hemiciclo de diputados en el expediente 122/000253 y así forzar una nueva derrota legislativa.

La medida tiene como pilares facilitar los deshaucios de las viviendas de grandes tenedores y eliminar buena parte de la protección de las familias, facilitando medidas procesales para “la seguridad jurídica”, permitiendo juicios verbales rápidos para conseguir la “inmediata recuperación” de las viviendas presuntamente okupadas. Sería un recurso que ademas de las personas físicas ahora lo tendrían las jurídicas.

Asimismo, reduce a un mes la suspensión de los desahucios en el caso de propietarios físicos y, en una de las medidas más controvertidas, reduce de tres a 1,5 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltimples) mensual máximo, que funciona como indicador para que los tribunales consideren o no si una familia está en situación de vulnerabilidad económica. El IPREM es de 600 euros, por lo que todo hogar que ingrese más de 900 euros dejará de ser considerado vulnerable.

Por supuesto, la proposición desmantela muchos artículos de la ley de Vivienda, haciendo desaparecer las zonas tensionadas y los precios de referencia para alquiler, además de favorecer a las constructoras con una flexibilización en permisos mediante el silencio positivo.

“Lo que hace el PP es contraprogramar al Ministerio de vivienda, están marcando posición y se nota que hay dos modelos en pugna, dos tipos de enfoque y políticas que se están desplegando en diferentes administraciones. Uno neoliberal que dice que hay que tener más vivienda privada en el mercado y otro más socialdemócrata europeísta. En ningún lado que se aplique alguno las cosas están de maravillas así que también tendríamos que tener un poco de humildad”, dice en conversación con El Salto el director de la empresa pública de vivienda de Navarra, Javier Burón, que también fue gerente de Vivienda del Ajuntament de Barcelona en los ocho años de Ada Colau.

El abogado bilbaíno recalca que 12 comunidades autónomas están gobernadas por el PP y que sus propuestas aparecen “como si no tuvieran nada que ver con lo que sucede” y ha pedido tener en cuenta “matices”: “No me parece mal que tengamos un shock de oferta pero las viviendas tienen que ser asequibles. Se equivocan de raíz si no es así, porque entre 1998 y 2008 hubo seis millones de viviendas de mercado y todos sabemos lo que pasó”.

“Lo del cambio del IPREM es un ejercicio de crueldad. Lo quiere bajar lo máximo posible para molestar lo menos posibles a los propietarios. Y también me parece relevante de todas las cosas que no habla la ley del PP, porque no habla de vivienda turística, no habla de habitaciones de alquiler, ni de precios ni de la especulación”, recalca.

Burón critica además las rebajas fiscales sin matices, sin tener en cuenta si es acceso a primera vivienda o tercera, en una posición “muy ideológica que es reducirle los impuestos lo máximo posible a los propietarios y las constructoras”, aunque cuestiona que la respuesta del PSOE sea a mitad de camino “con miedo a penalizaciones y solo en incentivos”, y a los partidos a su izquierda “que sólo les gusta la penalización fiscal”. “¡Tenemos que hacer un poco de todo! Incentivos y penalizaciones y vivienda cooperativa y también privada, porque los números nos ahogan. El 97% de la vivienda es privada en España”, enfatiza.

Sugiere que la bandera de la simplificación administrativa la izquierda “no debería cederla a la derecha” porque simplificar “no significa desregulación neoliberal”, ya que la normativa actual “es un infierno, pero es autonómica, por lo que el PP si quisiera podría cambiarla”. También alerta que los ejecutivos autonómicos no están pagando a los caseros las indemnizaciones para los casos en que sus inquilinos no pagan, algo que ha tachado de “escándalo” por lo que se podría “llevar al contencioso administrativo a los gobiernos del PP.

“De la gente que desde 1998 a 2008 nos llevó a una burbuja inmobiliaria que casi quiebra al país, no recibiría muchos consejos, es como pedirle a un pirómano consejos de cómo apagar incendios. Quieren volver a esos tiempos, España es un país ‘burbujil’ en búsqueda de la siguiente burbuja. son politoxicómanos”, concluye.

Un decreto sin apoyos

Mientras tanto, uno de los dos decretos de escudo social sigue sin ser ratificado por las Cortes y es justamente el de protección habitacional. Fuentes del equipo de Armengol han respondido a El Salto que sitúan la votación para el 28 de abril. Desde el Gobierno dicen que ha sido Sumar quien pidió liderar la negociación y recabar apoyos, por lo que el PSOE está observando pasivamente.

Desde Sumar explican que quien mantiene las negociaciones es el ministro Ernest Urtasun y que esperan que, en caso de ser necesario, Yolanda Díaz “rematará”. También dejan trascender que por ahora el PNV sigue en la abstención y Junts en el voto negativo.

La semana pasada hubo una polémica que agrieta en el electorado de izquierda: se filtró que los diputados de Sumar habían debatido la posibilidad de abstenerse en la proposición del partido de Carles Puigdemont para prohibir el uso del burka, a cambio de su abstención en el decreto de vivienda.

Una de las personas más cercanas a la ministra de Trabajo explicó a El Salto que quien trajo la propuesta al grupo fue el diputado por Barcelona, Gerardo Pisarello (Comuns). “Hubo una clara falla de comunicación en lo que trascendió porque él dijo que podía servir una abstención y todos le dijimos que no, que por una cuestión de principios no se podía acordar algo así”, señala quien estuvo presente en todos los debates.

Al ‘supermartes’ de vivienda le apareció un prólogo lamentable: el pacto de PP-Vox en Extremadura con “criterios racistas y xenófobos”, a decir del Gobierno, para otorgar accesos a vivienda pública

“El PSOE está en huelga de brazos caídos y a la ministra se la sopla, el Gobierno apuesta a la artillería de los millones del plan nacional y parece que esperan a decirnos ‘os lo dijimos’ cuando caiga el decreto”, se quejaba una legisladora de Sumar. Lo cierto es que la ministra Rodríguez ha tenido un perfil muy bajo en la defensa del decreto.

Pero su equipo dice lo contrario. Preguntados por El Salto, echan la culpa a que la prensa no titula con su defensa y citan varios medios de comunicación en los que pidió públicamente la aprobación del decreto. “La ministra no lo negocia porque los socios pidieron ser quienes negocien y se está respetando eso”, añaden.

Al ‘supermartes’ de vivienda le apareció un prólogo lamentable: el pacto de PP-Vox en Extremadura con “criterios racistas y xenófobos”, a decir del Gobierno, para otorgar accesos a vivienda pública. Un retrato fehaciente de lo que puede venir y que el martes, en el Congreso, volverá a irrumpir, como para que nadie diga que no pudo saberlo.