Derecho a la vivienda
Una familia con dos menores será desahuciada en Donostia el día de la Huelga General por la vivienda

Una familia vulnerable residente en Larratxo, en el barrio donostiarra de Altza, se enfrenta a una orden de desahucio prevista para el próximo 11 de noviembre, durante la jornada histórica de Huelga General por la vivienda. En la casa residen dos menores de edad, de 3 y 7 años, su madre embarazada y su padre, que padece problemas de salud, se encuentra a la espera de una operación y según han comentado desde el Sindicato Socialista de Vivienda, se ha visto obligado a aceptar empleos precarios. Las instituciones no han ofrecido ninguna alternativa habitacional a la familia, pese a su situación de vulnerabilidad. Desde la organización han hecho un llamamiento a impedir que dejen en la calle a esta familia y a paralizar los desahucios.

“Esta familia es un ejemplo más de que el derecho a la vivienda no está garantizado, ni siquiera en las situaciones más graves”, han explicado. El sindicato ha dado a conocer el caso durante una comparecencia en la que ha advertido de que situaciones similares se repiten en Altza, Larratxo y los barrios de alrededor, donde reina la dejadez institucional, según han denunciado. Solo durante 2026, la organización ha atendido 29 casos relacionados con problemas de vivienda en Altza y Bidebieta, que afectan, entre otras personas, a 14 menores de edad.

“Esta familia es un ejemplo más de que el derecho a la vivienda no está garantizado, ni siquiera en las situaciones más graves”

Se han encontrado, han explicado, con cláusulas abusivas, alquileres sin posibilidad de empadronamiento, viviendas subarrendadas, familias obligadas a residir en una única habitación y procedimientos de desahucio por finalización de contrato.

La organización ha relacionado estas situaciones con las condiciones económicas de los barrios orientales de Donostia, que se encuentran entre las zonas con menores ingresos de la ciudad. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), publicados en octubre de 2026 y correspondientes a 2024, la renta media ronda los 16.000 euros en Larratxo y sus alrededores. Los ingresos de numerosas familias de la zona se sitúan un 22 % por debajo de los niveles de referencia de los hogares donostiarras, mientras deben hacer frente al encarecimiento de los alquileres y del coste de la vida.

Críticas al Ayuntamiento por favorecer el negocio inmobiliario

El Sindicato Socialista de Vivienda ha situado la especulación inmobiliaria en el origen de estos problemas y ha rechazado que la falta de viviendas sea su principal causa. Según los datos, en Donostia existen alrededor de 13.000 viviendas que no se utilizan como residencia habitual, una categoría en la que ha incluido viviendas vacías, alojamientos turísticos y propiedades en manos de fondos de inversión.

En este contexto, el Sindicato acusa al Ayuntamiento de Donostia y a los partidos que integran el Gobierno municipal, PNV y PSE-EE, de favorecer los intereses del sector inmobiliario. A su juicio, las medidas anunciadas por las instituciones no cuestionan el funcionamiento del mercado de la vivienda y permiten mantener las “oportunidades” de negocio mientras aumentan las dificultades de acceso para la población trabajadora.

La organización ha señalado específicamente al alcalde, Jon Insausti, por su participación en la adjudicación de un concurso público para la construcción de 236 viviendas a la promotora privada Amenabar. También ha cuestionado la propuesta municipal de facilitar la conversión de locales comerciales en viviendas, una de las medidas planteadas para ampliar la oferta residencial. Como publicaba Hordago recientemente, el Gobierno Vasco ha pagado a Blackstone 196.000 euros por cada VPO de Benta Berri construida sobre suelo público.