Derecho a la vivienda
Varios activistas denuncian la brutalidad policial “salvaje” durante el desalojo de Sol

Las actuaciones desproporcionadas de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad contra manifestantes pacíficos en Madrid vuelven a estar en el punto de mira tras las denuncias de varios acampados en la Puerta del Sol el día de su disolución forzosa. Si la dimisión del ahora exdelegado del Gobierno, Francisco Martín Aguirre, se había producido en un contexto de creciente represión policial hacia jóvenes madrileños —muchos recuerdan las cargas brutales de la Policía Nacional en Ciudad Universitaria durante el primer día de huelga educativa— la historia poco a cambiado tras el nombramiento de Pilar Trinidad Núñez.

Días después de que se ejecutara finalmente, durante la madrugada del 3 de noviembre, el desalojo del campamento, han comenzado a aflorar los testimonios de activistas que recuerdan con horror la violencia sufrida aquella noche. Quienes se hallaban aquel día descansando en sus tiendas han desvelado las múltiples agresiones de las que fueron víctimas, agresiones que van desde amenazas e insultos hasta palizas. El saldo de aquella operación exprés contra las 334 personas que se encontraban pernoctando en el lugar fue de dos detenidos por desobediencia y resistencia a la autoridad, así como varios heridos de distinta índole.

El efectivo constó de 400 agentes, 220 agentes de la Policía Nacional y otros 180 de la Policía Municipal de Madrid. Las afectadas narran haber recibido insultos homófobos, racistas, vejaciones “salvajes” por parte de los agentes y denegación de la asistencia sanitaria durante el despliegue. En un momento de particular fragilidad interna por parte de la asamblea del 26S, donde la mayor parte de las comisiones de trabajo habían sido disueltas las jornadas previas por el desgaste acumulado, los activistas a penas tuvieron capacidad de reacción ni respuesta colectiva frente a los ataques brutales en muchos casos.

La Comunidad de Madrid había llevado a cabo semanas antes varios esfuerzos infructuosos por expulsar a esta vecindad autoorganizada: En un primer momento, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso (Partido Popular) solicitó de manera urgente a Delegación del Gobierno “disolución inmediata” de la protesta ante la Real Casa de Correos mediante la petición de medidas cautelarísimas ante el Tribunal Contencioso Administrativo. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó la medida. En aquel entonces el Tribunal consideró en su decisión el derecho de reunión de las personas acampadas y “las consecuencias irreversibles que podría tener para ellas un desalojo acordado mediante una medida cautelarísima”. La negativa del TSJM se produjo en varias ocasiones.

Carlos (nombre ficticio) es uno de los damnificados por el desalojo. Todavía inquieto por los acontecimientos acaecidos en un abrir y cerrar de ojos, conversa con El Salto sobre lo que vivió la madrugada del 3. “Había habido horas antes un ambiente muy bonito de celebración por lo que había significado la acampada todo este tiempo, la mayoría de la gente estaba durmiendo. Sobre las 3 de la madrugada se personaron cuatro antidisturbios en la puerta de repente y nosotras nos asustamos. Intentamos avisar a las compañeras para que se despertaran y estuvieran preparadas, pensando que íbamos a poder resistir pero de repente empezaron a aparecer más y más antidisturbios”, describe.

Acto seguido, los agentes fueron pasando por las tiendas a golpe de porra y vejando a los residentes. “Hubo gente que suplicó que les dejaran coger su inhalador antes de irse, que querían coger su insulina, pero les dieron palos, entre ellos a una compañera de solo 19 años”. La CGT expresó a través de un comunicado su denuncia ante la operación policial, que se desarrolló con total desproporción: “Se trata una vez más de dar una solución represiva a un problema de carácter estructural, del que por el momento ningún partido político se quiere hacer cargo”, destacaban. No es la única acampada en la que se han producido arrestos: en Lisboa varios antidisturbios de la Policía portuguesa detuvo a 13 personas, la mayoría de las cuales estaban acampadas en la capital lusa.

Las personas que resultaron heridas no pudieron obtener asistencia sanitaria al momento ya que se habían cortado para la operación no sólo la plaza sino toda la zona desde Gran Vía y no se permitía el paso de ambulancias. Los momentos de mayor tensión se produjeron cuando la Policía comenzó a rociar gas pimienta a los presentes: “Un guardia se dio la vuelta, abrió el spray pimienta y nos roció a todos. A mí me dio en los ojos y en la barbilla y me picaba mucho. Cuando salí de los palos y miré atrás, vi a un colega que estaba llorando, estaba súper agobiada porque no podía ver. Cuando le pedimos ambulancia, nos dijeron que no, que no, que no, que nos quedáramos inquietos”, traslada.

Por fortuna una compañera de la afectada disponía de suero y pudo limpiarle al momento las heridas oculares. Pepe Hernández, portavoz de la acampada y miembro de la comisión de comunicación, también sufrió estas agresiones. “Nos separaron por números, yo era parte del 48 junto con más gente, nos dijeron que teníamos que hacerles caso porque si no pasarían cosas muy serias. A un colega le gasearon con gas pimienta, le separaron del resto durante dos horas, le quitaron las gafas de ver y el móvil”. Alega asimismo que “fue duro ver como a un compañero le aplastaba la cara un Policía contra un furgón policial”, mientras que a las personas racializadas se le atacaba con mayor virulencia.

Las afectadas señalan igualmente que numerosas personas perdieron sus documentos de identidad y teléfonos móviles, así como demás objetos personales, durante el operativo. Carlos destaca el caso de un compañero suyo, refugiado originario de Libia, que perdió esa noche el pasaporte y no pudo recuperarlo. “Yo he perdido el móvil pero hay gente sin hogar que ha perdido sus mantas y su documentación, lo cual es especialmente cruel porque ya eran personas vulnerables de antemano”, transmite.

En efecto, las personas sin techo que llevaban tiempo integradas en la acampada sufrieron una violencia todavía más acusada, tal y como denunció la Asociación de personas sin hogar. “Personas sin hogar, mayores, enfermas y especialmente vulnerables sufrieron maltrato y violencia. El desalojo se produjo incluso antes de que concluyera el plazo para recurrir la resolución”, impugnaban. Por su parte, CGT criticó la falta de alternativas habitacionales para estas personas una vez ejecutado el desalojo. “La Acampada de Sol ha sido el único refugio que ha logrado la gente sin hogar, que se han encontrado con el apoyo, calor, cuidado y solidaridad de miles de personas, algo que ninguna institución hizo por ellas antes. En Madrid, los servicios sociales están totalmente aniquilados y reducidos a la insignificancia”, alegó el sindicato.

Delegación del Gobierno niega las acusaciones sobre la violencia ejercida

Actualmente Carlos se enfrenta a posibles cargos por desobediencia ante la autoridad, a la espera de recibir una notificación escrita con el contenido completo de la acusación y la cita judicial. Su detención y posterior traslado a comisaría se desarrollaron entre insultos y golpes. “Vinieron cinco guardias directos a donde me encontraba. Me cogieron de los brazos, me dijeron que me levantara porque no me podía levantar y me llevaron con el jefe del operativo, que me dio un puñetazo en el pubis y me empezó a amenazar, por lo que me asusté bastante. Me pusieron las esposas tan apretadas que todavía sigo con dolor en la muñera y bastante hinchazón”, explica. Durante la detención le quitaron la mochila para que sacara sus pertenencias y, según su testimonio, rompieron las costuras de la misma con un cúter mientras se sucedían las descalificaciones.

Cuando varios de los presentes comenzaron a denunciar públicamente las agresiones, Delegación del Gobierno hizo público un comunicado negando la violencia ejercida y reiterando el carácter pacífico del desalojo. “A lo largo de este periodo, la actuación de la Delegación se ha orientado a garantizar el ejercicio pacífico de los derechos fundamentales, proteger a las personas y los bienes y recuperar el uso ordinario de la Puerta del Sol”, reza el escrito.

En él insisten en que “la Delegación había venido protegiendo el ejercicio del derecho fundamental de reunión y manifestación pero, no siendo este derecho ilimitado, había trascurrido un periodo de tiempo razonable en el que se ha podido hacer llegar sus reivindicaciones a la sociedad”. A su juicio, las actuaciones se habían producido “siempre bajo los criterios proporcionalidad y oportunidad”, pese a que los testimonios recogidos resaltan el uso de numerosas prácticas coercitivas por parte de los antidisturbios.

Una de las cuestiones que señalaban para justificar el desarme del espacio fue la “constancia del cambio de las circunstancias y naturaleza de la acampada de la que se han retirado algunas de las organizaciones participantes y conociendo que un gran número de pernoctaciones en el campamento es de personas sin hogar, así como otros colectivos vulnerables, perdiendo, por tanto, el objetivo inicial de la misma”. Una consideración subjetiva y aporofóbica que en su momento pareció justificar la vulneración del derecho de reunión.

Criminalizar la acampada para legitimar los abusos policiales

El conjunto de los episodios del 3 de noviembre se comprenden mejor si se atiende a la cronología completa de la criminalización que los acampados llevaban sufriendo desde que el Sindicato de Inquilinas se retiró de Sol. El 26 de septiembre se instalaron las primeras tiendas tras el desahucio de Maricarmen como forma de protesta contra los efectos de la crisis habitacional. Hacía varias semanas que la fisonomía de la acampada se había transformado casi por completo: quienes poblaban Sol ya no eran en su vasta mayoría personas pertenecientes a colectivos sociales contra la especulación inmobiliaria, razón por la que se erigió inicialmente la acampada. La mayor parte de organizaciones fueron abandonando el campamento para trasladar la lucha por la vivienda a los barrios con la huelga general del 11N como horizonte inmediato.

Entre los nuevos perfiles comenzaron a figurar personas sin hogar, muchas de las cuales eran migrantes, que habían encontrado en Sol un lugar de refugio y acompañamiento

Los residentes no permanecían, como antes, para ejercer presión contra el Gobierno por sus políticas de vivienda, sino en aras de sostener una comunidad autogestionada en la que ensayar nuevas formas de convivencia desde la horizontalidad. Este cambio de propósito fue el germen de toda una campaña de descrédito hacia las presentes. Además, entre los nuevos perfiles comenzaron a figurar personas sin hogar, muchas de las cuales eran migrantes, que habían encontrado en Sol un lugar de refugio y acompañamiento. Se generalizó un falso relato de conflictividad, descontrol y desorganización que costó muchos apoyos a los activistas, incluso se llegó a cerrar temporalmente la estación de metro de Sol “por motivos de salud pública”.

Ayuso incluso llegó a alegar que trasladaría su actividad lejos de la Sede de Correos por falta de seguridad- las donaciones al espacio cayeron de forma vertiginosa. “Desde el principio el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, dijo que teníamos armas, cosa que es mentira porque somos un movimiento completamente pacífico”, infiere Hernández. Desde entonces, el enorme apoyo social que había ayudado a proteger durante su etapa inicial la acampada frente a posibles actuaciones policiales fue decreciendo considerablemente. Todo ello allanó el terreno para que el desalojo pudiera ejecutarse sin resistencia y con un silencio mediático atronador.

En el comunicado de Delegación del Gobierno subrayaban supuestos hechos “presuntamente delictivos” por parte de los acampados sin dar más detalle, así como “incidentes ocurridos en el interior o en el entorno inmediato de la acampada” que nunca han llegado a demostrarse. Así conseguían legitimar el desalojo forzoso “como último recurso”. “Las alteraciones del orden público comunicadas y el peligro concreto para las personas y los bienes determinaron la necesidad de proceder al desalojo y desmontaje como último recurso”, subrayaron.

Pero el carácter intrínsecamente pacifista y profundamente reivindicativo de la acampada -en contra de lo que se afirmó en las últimas semanas en algunos medios de comunicación alineados con la derecha madrileña- se refleja en el manifiesto político que sus integrantes terminaron de elaborar la víspera del desalojo. Se trata de un documento colectivo que destaca la relevancia del apoyo mutuo y las razones que llevaron a sus miembros a resistir estoicamente durante un mes.

“Existen muchas dificultades para encontrar una vivienda, especialmente en el caso de las personas migrantes o racializadas, las personas LGTBIAQ+, o las familias multiespecie o monoparentales. Esto lleva a una parte de la población a una situación de sin hogar o de irregularidad administrativa que nos hace carecer de multitud de derechos, relegades a la exclusión crónica. Necesitamos una solución persistente, no más abusos”, reflejaban.

También clamaban por proyectos de vivienda social accesible y una reestructuración de los barrios a través de un urbanismo que ponga en el centro la convivencia y los espacios de encuentro. “Queremos un cambio social real. Vivimos en un sistema que ha roto la confianza depositada en él por la soberanía popular y queremos que las instituciones se sometan de nuevo a las demandas sociales para mejorar las condiciones de vida. Abogamos por la conciencia colectiva y autocrítica, recuperando las redes comunitarias y de cuidados”, concluían.