Aborto
Las madrileñas que quieren ejercer su derecho al aborto en la Comunidad le dicen a Ayuso: “Nos quedamos”

Después de las polémicas declaraciones y actuaciones de las últimas semanas, tanto de la presidenta de la Comunidad de Madrid como del alcalde del Ayuntamiento de Madrid con respecto al derecho de las mujeres a abortar, la Comisión por el Derecho al Aborto de Madrid se pronuncia y convoca a una concentración para exigir nuevamente que las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se realicen en la sanidad pública, sin informaciones falsas, y la creación del registro de objetores de conciencia. La cita será este jueves, 23 de octubre, a las 19:30 h, frente a la sede del gobierno madrileño en la Puerta del Sol.

Los diversos colectivos y organizaciones feministas que forman la Comisión, así como ciudadanas en general, se movilizarán bajo el lema “No nos vamos, Ayuso, nos quedamos a abortar en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid”, con ello quieren “denunciar la ofensiva de ataques contra el derecho al aborto que la derecha y la extrema derecha está realizando en Madrid”. Entre los ataques a la libertad de las mujeres a abortar denuncian la negativa de la presidenta Ayuso a la creación del registro de objetores de conciencia, contemplada en la ley 1/2003. El registro, destacan las convocantes, es “imprescindible para acabar con la opacidad que permite que servicios enteros se declaren objetores. Dicho registro, obligatorio y anónimo, debe ser la excepción y no la norma”. Insisten en ello a partir de que el año pasado, solo el 0,47% de los abortos realizados en la Comunidad de Madrid se practicaron en centros de la red pública”.

Al mismo tiempo señalan al Ayuntamiento de Madrid que en el último pleno de la ciudad el PP, grupo político del alcalde Martínez-Almeida, votó a favor de una propuesta de Vox y que obligaría a informar, a través de los servicios municipales, a las mujeres de un supuesto síndrome postaborto, del que no hay respaldo científico, y que el mismo alcalde reconoció al día siguiente de haber aprobado tal moción. La Comisión considera esta actuación como parte del “desmantelamiento de los espacios de Igualdad, pilares fundamentales para la defensa de los derechos sexuales y reproductivos”, que el consistorio viene anunciando desde el año pasado. Ante ello, le exigen que cumpla la ley y se base en la evidencia científica.

Tanto Más Madrid como el PSOE registraron la solicitud para un pleno municipal extraordinario con el fin de revocar y dejar sin efecto tal disposición basada en bulos que defiende la ultraderecha conservadora con los que se afana para revertir los derechos de las mujeres. Más Madrid incluye en su iniciativa del pleno extraordinario “que el gobierno municipal no ejecute el acuerdo del plenario “por ser lesivo para el interés público y vulnerarlos derechos de las mujeres, así como iniciar la revisión de oficio de dicho acuerdo por posible nulidad al artículo 47 de la Ley 39/201.

“Los dos puntos que tiene el pleno tienen que votarse a favor y tiene que quedar claro que ningún trabajador municipal va a ser obligado a dar monsergas a las mujeres que quieren ejercer su derecho a la IVE ni propaganda de ningún tipo para informarlas de un síndrome que no tiene ninguna base científica y que solo se corresponden con las fantasías o las pesadillas de Carla Toscano u Ortega Smith”, declaraba el portavoz interino de Más Madrid, Eduardo Rubiño, en días pasados. La fecha de este pleno aún no está cerrada, pero el alcalde ya ha adelantado la intención del PP madrileños de, si bien, dar marcha atrás en “la obligatoriedad” de la medida pero sin retirar la mentira mayor :la del supuesto síndrome.

Las declaraciones de Almeida y Ayuso fueron contestadas inmediatamente desde el Ministerio de Sanidad. Al primero, la ministra Mónica García avisaba que estudiaría la legalidad de difundir “bulos” como el que el aborto provoca “depresión y alcoholismo”, para evitar que estos sean difundidos a través de servicios municipales. A la presidenta de la Comunidad de Madrid, Sanidad le ha dado un mes, desde el pasado 14 de octubre, para que cumpla con lo marcado en la ley de salud sexual y reproductiva a lo que Ayuso ha venido negándose, al menos en sus consecuentes declaraciones a medios de comunicación y en sus intervenciones en la Asamblea regional.

Las colectivas que forman la Comisión por el derecho al aborto en Madrid, además de la concentración han hecho público un manifiesto en el que denuncian –como lo reclamaron el pasado 28 de septiembre Día de acción global por el aborto legal y seguro– los innumerables obstáculos para ejercer este derecho, destacando especialmente las dificultades que genera la Ley de Extranjería para aquellas mujeres y disidencias sin tarjeta sanitaria.

La Comisión exige que el aborto sea una prestación garantizada en la red pública, sin trabas burocráticas ni listas de espera; la creación y regulación del registro de objeción de conciencia

Frente a la regresión en derechos que pretenden los gobiernos local y autonómico del PP, la comisión exige a nivel local y estatal: que el aborto sea una prestación garantizada en la red pública, sin trabas burocráticas ni listas de espera; la creación y regulación del registro de objeción de conciencia; la implementación de educación afectivo-sexual integral en todas las etapas educativas: la derogación de la Ley de Extranjería y finalmente, un Estado laico que proteja derechos frente a las imposiciones religiosas.

También, las feministas reclaman al Ministerio de Sanidad la elaboración de la Estrategia Estatal de Salud Sexual y Reproductiva, que lleva 15 años sin actualizarse. “Es una herramienta imprescindible para el pleno desarrollo de la ley y la garantía efectiva de este derecho”, apuntan.