Agrotóxicos
La nueva propuesta de desregulación de la Comisión Europea permitirá plaguicidas tóxicos de forma ilimitada

Una nueva propuesta de paquete Ómnibus, la séptima que presenta la Comisión Europea en lo que va de año, plantea medidas para “racionalizar y simplificar la legislación de la UE” bajo las que se esconden nuevas concesiones a intereses corporativos. Así lo denuncian desde organizaciones ecologistas, capitaneadas por la Pesticide Action Network (Red de Acción Antipesticidas), una federación de 57 organizaciones de 29 países del continente preocupadas por los efectos de los agrotóxicos.

La propuesta, un “paquete transversal de medidas simplificará las normas y los procedimientos de toda la legislación aplicable de la UE, desde productos fitosanitarios y biocidas hasta piensos, controles oficiales y salud y bienestar animal”, según publicita la Comisión, es tachada de “retroceso de décadas en materia de seguridad alimentaria y protección ambiental”, en palabras de Clara Bourgin, portavoz de Soberanía Alimentaria de Amigas de la Tierra Europa.

“Con esta modificación del reglamento de plaguicidas, insecticidas tóxicos para el desarrollo del cerebro infantil como el clorpirifós no se habrían prohibido”, lamenta Kistiñe García

Amigas de la Tierra y Ecologistas en Acción denuncian que, “ante la presión de fuertes intereses corporativos”, la Comisión Europea concede a la mayoría de los pesticidas una aprobación indefinida. En concreto, el nuevo paquete elimina la obligación de reevaluar de forma periódica el peligro que suponen las sustancias activas establecido actualmente por el reglamento de plaguicidas, algo que, según resaltan, es esencial para detectar nuevos daños para la salud y el medio ambiente. 

De aprobarse la propuesta, el 90% de los plaguicidas dejarán de pasar por el proceso de renovación al que obliga el Reglamento nº 1107/2009 y las renovaciones sólo afectarían a las sustancias clasificadas como candidatas a la sustitución, que suponen el solo el 10% de las sustancias activas en la UE, según los datos que manejan estas organizaciones.

“Con esta modificación del reglamento de plaguicidas, insecticidas tóxicos para el desarrollo del cerebro infantil como el clorpirifós, que hasta hace pocos años era el residuo de plaguicida que se detectaba de forma más habitual en los alimentos españoles, no se habrían prohibido”, lamenta Kistiñe García, portavoz de Ecologistas en Acción. García añade que lo mismo habría pasado con los neonicotinoides, tóxicos para las abejas.

La Comisión argumenta que su propuesta podría suponer un ahorro de más de mil millones de euros

Hay que recordar que el proceso actualmente en vigor ha permitido la eliminación de 162 sustancias nocivas desde que entró en vigor en 2011. Entre ellas figuran “diez sustancias cancerígenas, mutágenas y tóxicas para la reproducción; siete disruptores endocrinos; 17 sustancias tóxicas para organismos no objetivo (como polinizadores); siete sustancias dañinas para la salud de las personas trabajadoras, consumidoras y residentes en los pueblos cercanos a los campos y nueve tóxicos para las aguas subterráneas”, enumeran desde las dos organizaciones.

Un regalo “envenenado”

“Estas Navidades la Comisión Europea nos regala pesticidas tóxicos, un regalo envenenado para la población europea, mientras la industria se frota las manos”, denuncia Bourgin. Para ella, “la aprobación indefinida de estos pesticidas supone un grave riesgo para la salud y la naturaleza”, destacando que entre estos “hay sustancias que provocan retrasos en el desarrollo infantil y problemas de fertilidad, y otras que conllevan la desaparición de polinizadores como las abejas”.

Desde estas organizaciones lamentan que estos pesticidas podrán permanecer en el mercado de forma indefinida, “incluso si se dan pruebas nuevas sobre sus efectos nocivos”, por lo cual exigen garantías para la salud y la biodiversidad.

La Comisión, por su parte, argumenta que su propuesta podría suponer un ahorro de más de mil millones de euros en costes de cumplimiento, incluyendo más de 428 millones anuales para las empresas de la UE y 661 millones anuales para las administraciones nacionales.

Desde la institución que preside Ursula von der Leyen aseguran que esto se conseguiría reduciendo los costes y las cargas administrativas “manteniendo al mismo tiempo los estrictos requisitos de la UE en materia de seguridad alimentaria y de piensos, salud y protección del medio ambiente”, algo que desde las organizaciones ecologistas desmienten.